La Eurocámara acepta a trámite una denuncia de Diego de Ramón sobre el urbanismo murciano

MURCIA.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado a trámite una denuncia del abogado Diego de Ramón en la que solicita una moratoria urbanística para la Comunidad Autónoma de Murcia.

Hace unos meses, la organización "Greenpeace" denunciaba, en su informe anual sobre la situación del litoral español, que en la Región de Murcia está proyectada la construcción de 330.000 viviendas visadas por el correspondiente Colegio de Arquitectos, en una franja que no llega a los 300 kilómetros de longitud, lo que supondría el levantamiento de 1.135 viviendas por kilómetro de costa. Una cifra increíble si se la compara, por ejemplo, con las 50 del litoral en Asturias.

Además de estos datos, las sospechas de corrupción urbanística han salpicado a varios ayuntamientos en los últimos años, y los tribunales de Justicia estudian casos en catorce municipios sobre los que planea la sombra de la corrupción.

Ahora, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada ante esta institución por el abogado y presidente del partido Unión Democrática de la Región de Murcia, Diego de Ramón Hernández, en la que advierte sobre la situación del Levante murciano y solicita, por este motivo, una moratoria urbanística, al entender que los futuros desarrollos, tales como La Zerrichera y Lo Poyo, los de Polaris en el Mar Menor y Nueva Cartago y Zincsa en Cartagena, provocarán una “gran concentración” de viviendas y de población “en tan sólo unas decenas de kilómetros de la costa mediterránea”.

Además, el letrado señala, en su petición, que siempre fomentan financieramente “de forma monopolística” estos proyectos las mismas entidades financieras de teórico objetivo y fin social (Caja Murcia, Caja Mediterráneo, la ‘Kutxa’Caja de Ahorros de Guipúzcoa), a las que acusa de beneficiarse sin repercutir proporcionalmente en las inversiones sociales a las que están obligadas por ley las cajas de ahorro.

Por ello, la petición reclama la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico de la Región de Murcia.

El abogado murciano solicita también que la Unión Europea fiscalice las ayudas que concede, para que “no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental”.

Por último, Diego de Ramón, pide la creación de una plataforma de países mediterráneos de la Unión Europea para ordenar el crecimiento urbanístico en la costa y la fijación de directivas que “controlen dichos desarrollos desproporcionados”.

El precedente valenciano

Pero no es la primera vez que la Unión Europea investiga la situación urbanística en una comunidad autónoma española. El año pasado varios europarlamentarios visitaron en diversas ocasiones la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, y el pasado 21 de julio la Eurocámara aprobó una resolución en la que reclamaba a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que “reconozcan los derechos legítimos de los particulares a la propiedad legalmente adquirida y establezcan, por ley, criterios definidos con más precisión, para evitar y prohibir los abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales”.

También pidió a la Comisión Europea que examine las “posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE” a los ciudadanos afectados por la “urbanización extensiva”.

Cuestionó asimismo “los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos” atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios. Además, reclamó la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pidió “la creación de comisiones administrativas especiales”, en las que participen los defensores del pueblo locales y los habitantes, y que cuenten con “servicios independientes” de investigación y de arbitraje para dirimir las demandas de afectados por abusos.

La resolución también añadía que “cuando deba compensarse la pérdida de propiedad inmobiliaria”, ésta se calcule en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta resolución, en la que el Eurocámara expresaba su condena a los proyectos urbanísticos descontrolados, ha sido ahora adjuntada a la aceptación a trámite de la petición que el ex-candidato a la Asamblea Regional por UDeRM ha presentado ante el Parlamento Europeo.
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