Un decreto obligará en la Región a informar de los cambios de propiedad de los terrenos urbanizables

MURCIA.- El Gobierno murciano piensa darle mayor transparencia a los proyectos urbanísticos para evitar pelotazos y situaciones conflictivas. Para ello va a presentar en la Asamblea Regional un decreto que obligará a las empresas promotoras a informar sobre los cambios de propiedad en los últimos cinco años de aquellos terrenos que se pretendan urbanizar, según "La verdad".

El modelo urbanístico fue uno de los asuntos tratados ayer entre el presidente Valcárcel y el líder de los socialistas murcianos, Pedro Saura. El Gobierno regional ha aprovechado la adaptación de la ley nacional del suelo a la regional para extender sus cautelas a los futuros proyectos urbanísticos con más exigencias y controles, tal como propone la normativa nacional.

Además de declarar la identidad de los propietarios de los terrenos en los últimos cinco años -con el fin de conocer las transacciones patrimoniales que se hayan producido- el Ejecutivo murciano también obligará a que esa información se haga pública mediante el periodo de exposición correspondiente. Asimismo, los promotores deberán presentar ante la Consejería de Obras Públicas una memoria que justifique el proyecto urbanístico que se pretende llevar a cabo.

Que un terreno pase por varias manos en un corto periodo de tiempo supone en la mayoría de los casos una revalorización que roza a menudo al especulación. Sobre todo si ese terreno pasa de rústico a urbanizable, o cuenta con expectativas reales de ser urbanizado. En estos casos su precio se multiplica astronómicamente. Lo mismo sucede con terrenos que están protegidos por la Red Natura 2000 y que son sometidos a un proceso de desclasificación para librarse de la etiqueta de LIC y ZEPA.

Saura propuso pactar la elaboración de una nueva ley regional del Suelo y su adaptación a la nueva ley estatal. «Ante la dificultad no caben reproches y ahora toca arrimar el hombro», dijo sobre la desaceleración del mercado inmobiliario el líder del PSOE, quien propone la construcción de 6.000 viviendas de promoción pública al año para incentivar la oferta y ayudar al sector de la construcción, del que, subrayó, «representa directa o indirectamente más del 50% del empleo y de la economía regional».

Saura le explicó a Valcárcel que «el PSOE considera su obligación seguir denunciando las irregularidades que descubra». En cuanto al crecimiento urbanístico en la Región, dijo que “el modelo de la Comunidad Autónoma “tiene problemas”, ya que, “poner todos los huevos en la misma cesta puede crear problemas”. Además, añadió que “la burbuja inmobiliaria tiene sobre los ciudadanos una consecuencia inmediata: que no pueden acceder a una vivienda”.

Después de más de hora y media de reunión, los tres principales aspectos en los que ayer hubo acuerdo fueron la necesidad de adaptar y armonizar la Ley del Suelo regional a la estatal, la defensa del trasvase Tajo-Segura con ampliación de caudales y una reforma del Estatuto de Autonomía consensuado por todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Regional.