LORCA.- El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, pidió hoy la dimisión del presidente, Ramón Luis Valcárcel, "por su complicidad en los casos de corrupción urbanística", entre ellos Zerrichera, y denunció además en rueda de prensa la construcción de un campo de golf en la sierra protegida de Almenara.
Señaló que del decálogo de transparencia urbanística de Valcárcel a día de hoy no se ha llevado a cabo en ninguno de sus puntos, "cuando era ya de por sí light para abordar la lucha contra la corrupción urbanística", indicó.
Del decálogo subrayó que los ediles con intereses personales debían de abstenerse en los expedientes urbanísticos que conlleven una recalificación, "ni se ha colgado en las páginas web ni en los tablones municipales los expedientes", ni existe un reglamento de gestión de los convenios urbanísticos, ni el consejo sectorial urbanístico.
Respecto al campo de golf, indicó que se construye en las proximidades del paraje La Zerrichera, en el término municipal de Lorca, y que su construcción fue aprobada por la corporación lorquina.
Junto al campo iba a construirse un hotel, el Villa Real, pero el proyecto se paralizó con la denuncia de IU al descubrir esta formación que parte de los terrenos era zona protegida o Lugar de Interés Comunitario (LIC).
En este sentido, Pujante pidió al PSRM-PSOE coherencia en sus denuncias contra la corrupción urbanística "y se apliquen al cuento" en Almenara, y advirtió a esta formación que esa sierra "no tiene frontera infranqueable" entre los términos municipales de Aguilas, donde gobierna el PP, y de Lorca, donde lo hace el PSOE.
Pujante mostró hoy su apoyo a la Fiscalía de Murcia en su trabajo en el caso Zerrichera, al tiempo que criticó "el vergonzoso acoso del PP contra sus actuaciones. Es totalmente indecente el anuncio de denuncia" de esa formación, y un "acoso manifiesto que recuerda la época de Chicago años 20", agregó.
Tras varios meses de investigaciones y toma de declaración a una treintena de personas, la Fiscalía presentó el pasado día 24 la querella contra siete personas, en un procedimiento sobre el que el decidirá a partir de ahora el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Lorca.
Éste deberá establecer si existe base suficiente para admitir a trámite la querella, lo que daría origen a una investigación judicial, o a considerar el archivo.
El titular del Juzgado 3 de Lorca estudiará el contenido de la querella y, si cumple la Ley de Enjuiciamiento y si aprecia materia de ilícito penal, la admitirá a trámite, momento en el cual se procederá a comunicarlo a los querellados.
Por el contrario, si aprecia defectos de forma o no hay materia punible, será el mismo juez el que la desestime.
Preguntado por la presentación del alcalde de San Javier en las municipales de mayo, Pujante respondió que es "inaceptable" porque "hay indicios más que suficientes de la colisión de intereses de lo público y lo privado, así como de su amistad con el dueño de Urdemasa".- (EFE)
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Irregularidades de calado; dejación de competencias y atribución incorrecta de otras; ilegalidad en los plazos administrativos; indebida aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio; prisas y graves errores en el expediente; ignorancia y minusvaloración de informes técnicos desfavorables; «interés inexplicable» para reclasificar los terrenos; desprotección ilegítima de un hábitat de especies protegidas sin que exista justificación de interés público... Son los principales supuestos sobre los que se basa el fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, para querellarse contra el alcalde y un ex concejal de Águilas; tres altos cargos del Gobierno regional, un funcionario y una ex directora general.
Este cúmulo de presuntas anomalías, que tenía como fin último facilitar la urbanización de la finca bajo una apariencia de total legalidad, conforman a juicio del fiscal los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.
La querella presentada en el juzgado decano de Lorca le pasado jueves, y a la cual ha tenido acceso La Verdad, revela que la investigación ha puesto la lupa sobre aspectos llamativos: ¿Entra dentro de la normalidad que desde la Consejería de Medio Ambiente se envíe un fax al Ayuntamiento de Águilas, anunciado que hay luz verde para la desprotección de los terrenos, justo horas después de que se hayan solicitado unos informes técnicos que la ley considerada obligatorios, y para los cuales se había dado menos de 24 horas de plazo? Y sin esperar a que hubiera respuesta.
Sin firmar
¿También es normal que se intentara colar un documento sin firmar, pero favorable a la la urbanización, ante la Comisión Técnica que debía aprobar la recalificación, justo un día antes de reunirse? La querella sostiene que la Declaración ambiental que permitió la recalificación de los terrenos protegidos de La Zerrichera «es nula de pleno derecho». También son «ilegales» los plazos de 24 horas que se dio a los técnicos de Medio Natural para pronunciarse, lo cual se considera «un dislate lógico y jurídico».
Cree el fiscal asimismo que el Gobierno regional «no actuó contra los infractores» que degradaron los valores medioambientales de la finca con la plantación de lechugas; sino que al contrario, facilitó la desprotección de parte de los terrenos.
Apunta que el director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, asumió unas competencias que no le correspondían; mientras que la responsable de Medio Natural, Encarna Muñoz, «hacía total dejación de sus competencias». Indica igualmente la Fiscalía que la Consejería de Medio Ambiente siguió adelante con la recalificación pese a que no existía un acuerdo favorable de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, a la cual se presentó un informe sin firmar, tal como ha venido publicando La Verdad.
Añade la querella que existió un «interés inexplicable» del director general de Calidad Ambiental «en favorecer la reclasificación de la finca La Zerrichera». Sobre este alto cargo, el fiscal jefe sostiene que se desdijo sobre todo lo actuado anteriormente cuando el Gobierno regional decidió paralizar todo el proyecto en mayo del 2006, cuando ya se había producido el relevo en la Consejería de Medio ambiente. Literalmente, la querella indica que Alvarado actuó en este punto «cumpliendo órdenes superiores o reelaborando inopinadamente su pensamiento».
De La Verdad
El magistrado del Juzgado número 3 de Lorca deberá decidir primero si admite a trámite la querella y si accede a las peticiones del fiscal jefe del TSJ de que se tome declaración a los querellados. López Bernal puntualiza en su escrito que la querella no se limita sólo a los sospechosos ya conocidos, sino que se ampliaría a todas aquellas personas que en el curso de la instrucción «puedan aparecer como responsables por autoría directa, por inducción o complicidad de los hechos».
También solicita la Fiscalía que se pida al Ministerio, concretamente a la Dirección General para la Biodiversidad, toda la documentación relativa a las zonas LIC de la Región, incluyendo la primera lista sobre los lugares de interés comunitario elaborada por la Comunidad Autónoma y las posteriores modificaciones. Asimismo, reclama que el Ayuntamiento de Águilas y las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas aporten toda la información sobre el plan parcial de La Zerrichera.
De La Verdad
¿Permite la Directiva europea sobre hábitats desclasificar terrenos protegidos para su posterior urbanización? ¿Cómo deben proceder los Estados miembros ante estas propuestas? ¿Cómo se debe interpretar la Directiva en estos casos? Estas preguntas, que conforman parte del meollo político y jurídico relacionado con el caso de La Zerrichera, pueden tener su respuesta en la jurisprudencia de sentencias al caso.
El fiscal jefe aporta en su querella, entre otras, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de fecha de septiembre del año pasado basada en un caso planteado en Alemania, el cual sería aplicable al asunto de La Zerrichera. Reza así: «El Tribunal de Justicia resuelve la cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. La Sala declara que el régimen de protección apropiada aplicable a los lugares incluidos en una lista remitida a la Comisión, exige que los Estados miembros no autoricen intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de tales lugares, teniendo la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar intervenciones que puedan alterar significativamente las características ecológicas de los lugares protegidos».
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El escrito de querella redactado por el fiscal jefe se cierra con un apartado dedicado a las conclusiones, que enumera de manera tan concreta como contundente. La primera de las conclusiones que establece López Bernal es que el proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Águilas, en lo referente al Plan Parcial La Zerrichera, «es inviable desde el punto de vista urbanístico, por impedirlo las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial, siendo de superior jerarquía al plan municipal, que prevé su consideración como suelo de protección ambiental y exige unos previos instrumentos de desarrollo no existentes a día de hoy».
La segunda es que «se debería de haber iniciado en su caso un nuevo procedimiento», ya que el anterior había sido archivado. También señala que, aún en el caso de que se hubiera querido continuar con el expediente anterior, «existen irregularidades de suficiente calado, en la tramitación de la declaración de impacto ambiental, como para ser anulada». Además deja constancia de que, si no procede la reclasificación del suelo, tampoco tiene sentido la declaración de impacto ambiental». Como el PGOU de Águilas clasifica los terrenos como no urbanizables-5, no procede clasificación alguna. Por último deja constancia de que, como la reclasificación afecta a hábitats de especies prioritarias, «no existe justificación de interés público para su descatalogación y posterior reclasificación».
De La Verdad
Araceli Acosta
En un momento en el que el urbanismo avanza de manera imparable, amenazando incluso a parques nacionales existentes y otros que están por venir, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que está preparando el Ministerio de Medio Ambiente antepone la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística. Éste es uno de los «principios inspiradores» que se recogen en el preámbulo del último borrador del anteproyecto.
Sin embargo, el hecho de que ambas materias sean competencia de las administraciones autonómicas y los ayuntamientos puede dejar esta «prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística» en un simple enunciado teórico. Coinciden en esta apreciación las fuentes consultadas.
Esta ley, que el Ministerio de Medio Ambiente presentó el lunes a las comunidades autónomas y que, tras valorar las aportaciones que éstas han hecho, pretende llevar a Consejo de Ministros en unas semanas, viene a derogar la ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Lo primero que hay que hacer es conocer el estado de nuestro patrimonio natural. Por eso el Ministerio elaborará, con la colaboración de las comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico, el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde se recogerá «la distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización de dicho patrimonio natural». El Ministerio se compromete a actualizarlo cada año.
De La Verdad
El día 24 de octubre del 2005 es una fecha clave, en opinión del fiscal, para comprender cómo se tramitó el expediente sobre La Zerrichera y algunas de las supuestas irregularidades -quizás las más evidentes, siempre en opinión de López Bernal- que pudieron ser cometidas.
Fue ese día, según el relato de hechos contenido en la querella, cuando entró en la Consejería de Medio Ambiente el denominado Informe de Evaluación de Repercusiones sobre Red Natura 2000, aportado por el promotor urbanístico de La Zerrichera, el Grupo Inversor Hispania. Este documento serviría de base al jefe del Servicio de Calidad Ambiental, Sánchez Gelabert, para elaborar el Informe-Propuesta de Evaluación, así como para la Declaración de Impacto Ambiental, que firmó el director general de Calidad Ambiental, Alvarado Pérez.
Pues bien, ese mismo día, Alvarado remite dos notas internas, una a la directora general de Medio Natural y otra a la secretaria general, solicitando sendos informes en el plazo máximo de 24 horas. En uno pedía que se emitiese una declaración de impacto ambiental, y advertía de que si no llegaba en 24 horas, se tendría en cuenta el estudio del promotor para elaborar esa declaración ambiental. El segundo escrito pedía informe sobre las competencias del Servicio de Calidad Ambiental para emitir la evaluación de repercusiones y advertía, asimismo, de que de no emitirse respuesta en ese plazo, se considerarían asumidas esas competencias.
De entrada, el fiscal considera que dar un plazo tan breve es, de por sí, «un dislate lógico y jurídico». Pero es que además asegura tener pruebas de que ni siquiera el propio Alvarado, junto a Gelabert, esperó a ese plazo, ya que esa misma tarde «cometieron un grave error»: haber redactado ya el Informe Propuesta de Evaluación de Repercusiones y la Declaración de Impacto Ambiental, y los enviaron por fax al Ayuntamiento de Águilas. Ambos fax fueron recogidos por el secretario municipal, que recientemente, al ser llamado a declarar por el fiscal, ha aportado ambos documentos.
De La Verdad
El 13 de febrero del 2006, el expediente de La Zerrichera llega a su punto y final. O, al menos, así lo parecía. Es entonces cuando el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, elabora la propuesta de aprobación definitiva de ese plan parcial y, ese mismo día, la eleva al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, Joaquín Bascuñana, que firma la aprobación definitiva. A partir de ese instante sólo faltaba, aparentemente, conocer el momento en que iban a comenzar a ponerse los primeros ladrillos.
Pero, según relata el fiscal jefe, «las sorpresas de este expediente no habían terminado». Dos meses y veinte días después de que se hubiese publicado en el BORM esa aprobación definitiva, el director general de Calidad Ambiental, «cumpliendo órdenes superiores o reelaborando inopinadamente su pensamiento», dirige un escrito al alcalde de Águilas, en el que reconoce contradicciones con respecto a los contenidos de la Declaración de Impacto Ambiental. En plena polémica ya sobre el asunto y con la Fiscalía investigando, el proyecto queda en suspenso. Así sigue.
De La Verdad
Hay que ver como está machacando La verdad los intereses de Trinitario Casanova, por ser el editor de El Faro, y exclusivamente por eso. Ya veremos si es tan diligente cuando lleguen las querellas por Lo Poyo y Nueva Cartago.
El actual alcalde de Águilas será el cabeza de la candidatura del MIRA si al final el PP prescinde de él, tal como se dice por el pueblo. Ramirez le echa la culpa a Valcarcel del tema de la Cerrichera y el presidente ya tiene en su cajón una candidatura alternativa completa porque no piensa volver a contar con un Ramirez que no deja de amenazar con tirar de la manta.El bloque "cerrichero" quedaría asi formado por Ramirez, Alfonso García en el MIRA y Pedro Gil, expulsado del PSOE con su MASd. Tres buenas piezas si el fiscal quiere venir por aquí un sábado.
Ya empieazan a tener problemas de financiación algunas promotoras inmobiliarias.
NO se vende. El problema añadido es que esos terrenos ya recalificados NO se podrán usar de otra forma de la que dicte su calificación, esto es, serán inutiles de aquí a poco. Peor todavía sería que se siguera construyendo y QUE SE VENDA POCO por que a los propietarios se les deberían seguir dando servicios, aunque solo hubiera un piso habitado en cada calle, con el consecuente gasto para la comunidad.
Esta fiebre del ladrillo asemeja a otras que se han visto en la historia, como la del oro, en EEUU y Australia, la del caucho, que convirtió la Amazonía en una suiza brasileña, o más cerca, la minería de mazarrón y La Unión. Tras la cresta de la ola vino la bajada, que en muchos sitios todavía se puede ver, ciudades fantasmas, o, a la sumo, pobladas de unos pocos habitantes, la sombra de lo que fue la fiebre.
El modelo de desarrollo INSOSTENIBLE elegido por nuestros actuales gobernantes ( y, no olvidemos su alternativa más "homologable") nos lleva a TODOS a un estado similar: Tras el pelotazo, la ruina.
IMPIDEN A LA PLATAFORMA CIUDADANA DE TOTANA EL REGISTRO INDIVIDUAL DE ALEGACIONES AL PLAN GENERAL PROVISIONAL
Hoy por la mañana Jóvenes de la Plataforma Ciudadana se presentaron en el Ayuntamiento para presentar las más de 1300 alegaciones recogidas de los vecinos contra el Plan General de Ordenación Urbana.
Las alegaciones eran presentadas una a una con la fotocopia correspondiente para ser sellada en el Registro de Entrada, sin embargo los empleados Municipales, por órdenes superiores, se han negado a recibir las alegaciones una a una, argumentando que eso no lo contempla la ley administrativa.
La representante de la Plataforma África Puerta Hernández se dirigió a la Secretaria del Ayuntamiento, solicitando el artículo en donde se especifica que la entrega de alegaciones no puede ser individual, con esa información y teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos, los servicios jurídicos de la Plataforma están consultando dicha Ley para estudiar una denuncia contra el Ayuntamiento de Totana por vulnerar los derechos ciudadanos a presentar las alegaciones correspondientes, considerando este hecho un impedimento del ejercicio de libertades, con las responsabilidades individuales que correspondan.
La Plataforma denuncia al mismo tiempo el robo de una pancarta que se encontraba en una calle céntrica del municipio y la convocatoria de un Pleno Municipal a las 8 de la mañana para tratar el Referéndum sobre el Plan de Ordenación Urbana, el horario establecido es una maniobra, cuyo objetivo está encaminado a que haya menos público posible.
Además miembros de la Plataforma recibieron denuncias de los vecinos de Los Secanos quienes han observados movimientos de tierra en la zona de Las Cabezuelas de manera acelerada, ante la inminente paralización del Plan General.
Según algunas fuentes en Totana, mañana se van a presentar además de las alegaciones recogidas por la Plataforma , otras 3000 más, los que equivaldría a un total de 4000 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana en la Aprobación Provisional , hecho histórico en la Región de Murcia y en España., y más teniendo en cuenta que en la aprobación inicial se presentaron más de 3250.
Plataforma Ciudadana No a este Plan Urbanístico
Totana, 27 de febrero de 2007
LORCA.-El coordinador regional de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, encabeza la candidatura de esta formación política en Lorca a las elecciones municipales del 27 de mayo, que ha sido aprobada por unanimidad en una asamblea a la que ha asistido un centenar de personas.
Fuentes de IU señalaron que la candidatura, de la que forman parte 12 mujeres, será presentada públicamente el próximo viernes en el transcurso de una cena que se celebrará en un restaurante de la huerta de Lorca.
Pujante, candidato a la alcaldía, tiene 42 años es licenciado en Filosofía, profesor de Educación Secundaria y además de coordinador regional de IU en Murcia es miembro de la presidencia federal del partido, concejal del Ayuntamiento de Lorca, fundador del Sindicato de Estudiantes de Murcia y miembro del primer claustro democrático de la Universidad de Murcia.
El número dos de su candidatura lo ocupa el actual concejal José García Murcia, también profesor de Secundaria y el número tres Pedro Sosa, actual coordinador de IU en Lorca y miembro activo del sindicato CCOO.
Completan la candidatura Dori Peñas, Isabel Quiñonero, María Antonia Cuadrado,
Andrés Giménez, Eulalia Sánchez, María Jesús Caro, Elena Ramírez, José Luis Fernández, Juan Jesús Gómez, Ana Elena Martínez, Raquel Reinaldos y María Jesús Millán.
También forman parte de la candidatura de IU José Ferra, Miguel Parra, José Antonio Guerao, Juan Carlos Rodríguez, Maribel López, Pedro González, Amable García, Ginés Bravo, Javier Fernández, Enrique González, Antonio Reinaldos, José Giménez y Ana Emilia Martínez.- (EFE)
El PP se opuso a la iniciativa de IU en pro de una moratoria a los campos de golf en la Región de Murcia porque “sería renunciar a un elemento de primer orden en el objetivo de alcanzar un turismo de calidad”, según explicó el diputado popular Manuel Marcos Sánchez.
La propuesta del diputado de IU, Cayetano Jaime Moltó, iba encaminada a que cese “la subordinación del desarrollo a una política que prima el crecimiento de la demanda e incentiva los usos que más la hacen crecer”.
Sin embargo, Molto ni siquiera logró el apoyo del PSOE a la moratoria y vio como el PP tumbaba el resto de sus propuestas acerca de la modernización completa e inmediata de regadíos y a la vigilancia de regadíos ilegales.
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