lunes, 27 de febrero de 2017

La competitividad territorial de la Región de Murcia, entre las más bajas de la Unión Europea

LUXEMBURGO.-La Región de Murcia, junto con Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ofrecen los peores registros en el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea.

En este sentido, la Comunidad de Madrid y el País Vasco son las dos únicas regiones españolas situadas por encima de la media europea en el Índice, según los datos publicados este lunes por la Comisión Europea.
Madrid, en el puesto 83 de las 263 regiones sometidas a examen por Bruselas es la región española con mejor posición en el conjunto de la UE, seguida de País Vasco (119), que también aprueba, y de Navarra (148) y Cataluña (153), estas dos últimas ya por debajo de la media comunitaria.
Por debajo de la media pero aún a poca distancia, se colocan también las comunidades autónomas de la mitad norte del mapa, Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León y también la Comunidad Valenciana.
Como novedad este año, la Comisión Europea ha lanzado un mapa interactivo que permite conocer en detalle los resultados de cada región y compararlos con los territorios vecinos o de características similares.
Con este índice, el Ejecutivo comunitario quiere medir cuán "atractivo y sostenible" es el entorno que ofrece cada región a las empresas y ciudadanos para que se instalen en su territorio.
Para ello, se sirve de once indicadores que van desde motores "básicos" para la economía como la estabilidad macroeconómica, la sanidad y la educación, hasta la dimensión más avanzada que atribuyen a la innovación, pasando por claves para la eficiencia, como la eficiencia del mercado laboral y la formación superior.
Londres y alrededores es, en el plano europeo, la región que obtiene la puntuación máxima de 100 puntos y que lidera del índice de competitividad regional, por delante de la también británica Berkshire (97,67), la holandesa Utrecht (97,63) y Estocolmo (97,21).
España no es el único país en donde los resultados de este índice recoge grandes diferencias entre la capital y el resto de regiones del país. Bruselas ve con "cierta preocupación" la disparidad, pero no con alarma, según fuentes comunitarias, que también apuntan el impacto de la crisis económica sobre todo en los países del sur y la tendencia a la recuperación en la mayoría de regiones.
"Se empiezan a ver cambios, hay pocas regiones del sur en las que se sigue deteriorando la situación", han explicado las fuentes, sobre la salida de la crisis de las regiones europeas.

El murciano tiene que pagar más de 65.000 euros para heredar 800.000


MADRID.- Un andaluz, soltero, de 30 años, que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, paga hasta 164.049 euros de impuesto de sucesiones, mientras que si la situación se traslada a Canarias, la cantidad a abonar sería de 134 euros, con una cifra en Murcia de 65.619,7, la sexta más alta por regiones.

Así se desprende del estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017, presentado hoy en rueda de prensa por el presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pich, en el que se ha subrayado la necesidad de acometer una reforma global del sistema de financiación autonómica dado que el modelo actual es "anárquico, desigual e indescifrable".

En este escenario, el Consejo de Economistas ha planteado acercar el impuesto de sucesiones entre comunidades autónomas, dada las radicales diferencias que existen, al tiempo que han defendido acabar con el tributo del patrimonio, que ya se paga por medio del impuesto de bienes inmuebles.

Según este estudio y en relación a las rentas del trabajo, Cataluña es la comunidad autónoma que más IRPF paga en ingresos medias anuales de 30.000 euros, 273 euros más que los madrileños que, en este tramo de renta, son los que menos aportan y casi 61 más que en Murcia, donde tributaría 5.042,2, la tercera cifra más alta por comunidades junto a la que registra Aragón.

En IRPF y en este tramo de ingresos, además de Cataluña, Extremadura es la que más aporta, comunidad esta última que también lidera, junto con Aragón, los pagos cuando se trata de tributar por un patrimonio de 800.000 euros, cifra que en Murcia es de 240 euros, la sexta mayor por regiones, junto con las de Andalucía y Galicia.

Por contra, Madrid mantiene su liderazgo como la comunidad con los impuestos más bajos en un escenario de subidas fiscales, que para los economistas es "más político que técnico".

En la rueda de prensa, tanto el responsable del Consejo General de Economistas como el presidente del Registro de Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, han dicho observar "cierta teatralidad" en las modificaciones tributarias aprobadas por los parlamentos autonómicos.

Ambos han coincidido en que "hacer impuestos" vale mucho dinero y han recordado a las comunidades que los tributos propios sólo representan el 2,2 % de la recaudación.

En concreto, el presidente del Consejo General de Economistas ha lamentado que las comunidades autónomas jueguen a "subir o bajar" impuestos.

Pich ha comentado que, en realidad, la incidencia que esto tiene en el presupuesto regional "es mucho menor que la que puede tener de cara a los votantes".

Además, ha explicado que esto de "yo subo, yo bajo es muy mentiroso" y, por ello, ha sostenido que un cambio en el sistema de financiación autonómica, al menos en las comunidades de régimen común, es fundamental.

El presidente del Consejo de Economistas también ha dicho que "no se puede pedir a los impuestos que lo arreglen todo" y ha recordado que hay muchos contribuyentes que "por mucho que se suban los impuestos están en otra onda", al tiempo que asegura que lo que realmente resuelve todo es que "la economía crezca".

A su juicio, lo que de verdad recauda son los grandes impuestos. "No hay que hacer piruetas".

Del estudio presentado hoy, tanto el Consejo de Economistas como el Registro de Analistas Fiscales concluyen que las desigualdades entre comunidades son muy diferentes según los impuestos y las autonomías han usado mucho su capacidad normativa estableciendo multitud de reducciones, deducciones o bonificaciones.

'Ecologistas en Acción' reclama en Murcia mayor distancia entre las gasolineras y zonas residenciales


MURCIA.-Ecologistas en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Murcia reclamando una modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Murcia para que establezca una reserva de suelo específica con distancia de seguridad entre las gasolineras y las zonas residenciales, como ya han hecho ciudades como Vitoria y Valladolid.

Y es que la organización advierte que el hidrocarburo aromático Benceno (C6H6) "es un poderoso contaminante carcinógeno que puede producir leucemia y cáncer de colon", según informaron fuentes de esta organización ecologista en un comunicado.
La exposición de larga duración a altos niveles de benceno, según la Asociación, "también puede causar daños hematológicos, inmunológicos y sobre el sistema nervioso central". La Organización Mundial de la Salud (OMS) "no establece un valor límite por el hecho de que no hay un nivel por debajo del cual se elimine el riesgo derivado de la exposición al benceno".
Señalan que las principales fuentes de benceno son las emisiones del tráfico rodado, las emisiones de determinadas actividades industriales, así como los procesos de carga y descarga de combustible en las gasolineras.
Sin embargo, en el municipio de Murcia, la estación de San Basilio no mide benceno, "a pesar de que en la década de los noventa, la ciudad de Murcia tuvo un grave problema de contaminación por benceno, asociada al tráfico rodado", recuerda Ecologistas en Acción.
La organización aludió también al estudio de 2010 del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia (UMU), sobre la contaminación asociada a las estaciones de servicio, que demostraba que la calidad del aire en las gasolineras y sus inmediaciones está afectada, sobre todo, por las emisiones procedentes de la evaporación de los combustibles de automoción derivadas de las operaciones de carga y descarga, repostaje y fugas líquidas.
El estudio determinaba que las concentraciones de benceno y el hidrocarburo n-hexano, llegaban a distancias de influencia próximas a 100 metros, aunque la media de distancias en lo que afecta la contaminación es de cerca de 50 metros. En las estaciones de servicio se registraban niveles de algunos compuestos orgánicos en el aire, como el benceno, "superiores a los medidos en localizaciones urbanas donde la principal fuente de emisión es el tráfico rodado".
La investigación recomendaba que debería respetarse una distancia "mínima" de 50 metros para viviendas y de 100 metros para actividades "especialmente vulnerables", como hospitales, centros de salud, colegios o centros de la tercera edad. "Lo ideal sería respetar la distancia de 100 metros a la hora de planificar la construcción de viviendas", añade la organización ecologista.
Para Ecologistas en Acción es fundamental que se controle la actividad de las gasolineras en las zonas urbanas, uno de los mayores emisores de benceno en la ciudad, y se impida la apertura de nuevos surtidores en las cercanías de zonas sensibles (colegios, institutos, centro de salud, geriátricos, centros de la tercera edad, parques y jardines, etc.).
Por ello, la organización ha solicitado al ayuntamiento de Murcia el desarrollo de medidas y actuaciones de vigilancia y control de las gasolineras, el cumplimiento de permisos licencias así como los horarios de apertura y cierre.
Así como la necesidad de que la estación de San Basilio mida los valores del contaminante benceno, y la colocación de una nueva estación medidora fija en Murcia Este, dentro de la red regional de vigilancia atmosférica.

La nueva ley de estibadores afectaría a 17 empleados del Puerto de Cartagena


CARTAGENA.-El Real Decreto que reforma el sector de la estiba para liberalizarlo para dar cumplimiento a una sentencia europea afectaría 17 empleados del Puerto de Cartagena y a unos 2.000 trabajadores de la zona de Levante, según ha manifestado José Francisco Alamar, responsable de puertos del Levante en el Sindicato Estatal de Trabajadores del Mar.

Empleados del sector de la estiba se han reunido esta mañana con diputados del grupo parlamentario Podemos para abordar la situación en la que quedarían los estibadores tras la entrada en vigor del Real Decreto. Había
representantes de la estiba de Cartagena, Gandía y Valencia. 
Entre ellos, José Francisco Alamar, responsable de puertos del Levante y cabecera de la zona de Valencia, José Castell presidente del Comité de Alicante, José Luis Carretero, del Comité Sagunto y Andrés Sánchez delegado de Cartagena. 
Según el diputado de Podemos Andrés Pedreño, lo que se propone es "sustituir" los trabajadores estables por empleados de Empresas de Trabajo Temporal, lo que afectaría a la "formación" del sector, ya que, según han expuesto en los puertos ya se trabaja con empleados de apoyo que provienen de ETT, pero que no tienen la misma cualificación que los estibadores.
Asimismo, han advertido que se "miente" al asegurar que la entrada en vigor del Real Decreto es para cumplir con una sentencia europea. "Nos quieren hacer ver que es Europa la que no nos deja hacer y eso no puede ser", apuntan. Según han explicado, la subrogación de los trabajadores y el acceso a la profesión "con seguridad" que ellos reclaman "ya funciona en 10 países de la Comunidad Europea.
Estos países han blindado un sector que es estratégico para ellos", ha añadido expresando que el sector está "abierto" a negociar para que sus requerimientos "lleguen a buen puerto".
La Sociedad de la Estiba de Cartagena cuenta solo con 17 trabajadores. Alamar ha remarcado que cuando en 2010 se transformaron las sociedades de estiba en Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), la de Cartagena no se acogió para evitar tener que cerrar debido a un problema legal.
"Supuestamente esto no nos afectaría, pero según esto en el plazo de seís meses se extinguiría la sociedad", afirman recordando que el 51% del accionariado de esta sociedad corresponde a la Autoridad Portuaria a la que piden que asuma a los 17 trabajadores de la sociedad.
"Lo que tienen que hacer las empresas es subrogar esos contratos y que no sea el estado el que subvencione los despidos", reclaman.
Aseguran que ellos están "abiertos" a las negociaciones. De momento tienen un mediador con el que trabajan para llegar a un acuerdo con las distintas empresas; las negociaciones con el Ministerio están paralizadas.
En la rueda de prensa también ha estado presente Juan Carlos Alcaraz, representante del Comité de Empresa del aeropuerto de Murcia-San Javier, que ha manifestado su apoyo y solidaridad con esta situación.

Pedreño ha explicado que Podemos ha presentado una moción para que el Pleno de la Asamblea Regional aborde la situación de los trabajadores y trabajadoras de la estiba. "Desde nuestro grupo parlamentario", ha dicho el diputado de Podemos, "lo tenemos muy claro, mostraremos toda nuestra solidaridad a este colectivo que vive momentos de incertidumbre respecto a su futuro labora. La competitividad de nuestros puertos depende de la garantía de servicios y eso solamente es posible con la profesionalidad de los trabajadores y no con las ETT's".
Entre otras peticiones, como ha contado Andrés Pedreño, la iniciativa de Podemos pide al gobierno regional del Partido Popular que exija a la Autoridad Portuaria de Cartagena que proceda a la mejora de las condiciones laborales de los estibadores "con una plantilla adecuada y el reconocimiento de la estabilidad y profesionalidad del trabajo".
Asimismo, el parlamentario regional de Podemos ha afirmado que el ministro de Fomento debe demostrar que "como patriota no puede criminalizar a los que con su trabajo han llevado a los puertos españoles a ser una de los sectores estratégicos del país. Por ello, le exigimos que deje sin efecto la aprobación del borrador del Real Decreto-Ley por el que modifica el régimen legal del servicio de manipulación de mercancías. Queremos que se impulse un proyecto normativo que cumpla la sentencia sin destruir empleo ni precarizar las condiciones de trabajo en un sector de alta productividad y competitividad internacional como la estiba portuaria".
Andrés Pedreño ha incidido en que Bruselas "no dice en ningún sitio que se tenga que precarizar el trabajo de la estiba y Fomento se sigue amparando en la Unión Europea para desmantelar el trabajo estable y bien remunerado de los profesionales de la estiba".
En relación al Puerto de Cartagena, Pedreño ha añadido que es el único puerto de España en que la sociedad de la estiba continúa como tal y no se modificado para cumplir con la legalidad vigente y esto ha hecho que la Autoridad Portuaria "controle de la sociedad de la estiba fomentando las redes clientelares, el amiguismo, la persecución sindical y el incumplimiento del derecho laboral".
Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Podemos ha señalado que en el Puerto de Cartagena "hay carga de trabajo suficiente para 70 estibadores estables, y sin embargo, como resultado de las políticas de precariedad, la plantilla se reduce a 17. Son innumerables las sentencias judiciales desde 2005 que constatan despidos improcedentes, altos índices de siniestralidad laboral, liquidación de la formación al trabajo, prestación ilegal de servicios, numerosas irregularidades detectadas por la Inspección del Trabajo, etc".

En síntesis, según el sindicato


- El Sindicato coordinadora acepta la aplicación de la sentencia al régimen de gestión de los puertos españoles, cuyo modelo ya está vigente en otros puertos europeos.

- La patronal del sector ANESCO y las grandes navieras no ven problema en adaptarse a la nueva situación.

- Estas últimas ven con preocupación que se altere el régimen actual que se basa en la plena disponibilidad de los estibadores en turnos de seis horas, prorrogables a otras seis en el caso de necesidad. También dejan claro que su único interés radica en que la profesionalidad, formación y destreza mostrada hasta el momento por los trabajadores de los puertos españoles permite que sus barcos sean cargados y descargado en el tiempo y forma necesarios. Al tiempo que está garantizado el uso de sus medios técnicos en sus terminales.

- El decreto no aplica la sentencia del Alto Tribunal Europeo.

- El ministro falta a la verdad.

- No hay sanciones hasta junio. Por lo que hay tiempo de negociar.

- El decreto debe ser ratificado por las Cortes y en este momento el PP no tienen los apoyos suficientes

- A juicio del Sindicato, el decreto busca degradar las condiciones laborales en el sector como paso previo a la privatización del sistema portuario español a un precio de saldo a los Fondos Buitres encabezados por J.P. Morgan que ya ha sido sancionada en USA y UE por malas prácticas. Dejar en manos privadas la gestión del sistema portuario implica aumentar la vulnerabilidad de la economía española y el rebajar el control de los puertos ante el crimen organizado. 

Ciudadanos no pone plazos al PP para la dimisión de PAS

MADRID.- Ciudadanos no pondrá ningún plazo al PP para que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimita por estar investigado en el denominado caso Auditorio y se limitará a exigir el cumplimiento del acuerdo de investidura que permitió a los populares gobernar la región.

"No concedemos ningún plazo, exigimos el cumplimiento del acuerdo", ha dicho hoy la portavoz de C's, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre hasta cuándo seguirán esperando a que Sánchez dimita, como han solicitado.

Según Arrimadas, esa pregunta debe contestarla el PP y el propio presidente de Murcia. "El PP es quien gobierna en Murcia y el presidente es del PP, no es de Ciudadanos", ha dicho.

Ante la reunión del próximo jueves en la que C's les pedirá que propongan un candidato alternativo, ha dicho que le preocupa el mensaje "implícito" del PP al mantener aún a Sánchez, pese a que el 6 de marzo tendrá que declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En su opinión, parece que no disponen de nadie preparado para gobernar y que no esté imputado por corrupción. "¿De verdad es ese el mensaje: que no tienen candidato alternativo?", ha preguntado.

La portavoz de C's ha insistido en que no habrá "sorpresas" en la reunión del jueves con el PP murciano, porque volverán a pedir a Sánchez que cumpla con su palabra, con el acuerdo de investidura y con la ley.

Además, le recordarán que ya hay compañeros suyos que creen que debe dar un paso al lado y dimitir.

Ha insistido en que C's siempre estará dispuesto a dialogar y tender la mano para que la estabilidad regrese a Murcia, pero ha recalcado que no son ellos quienes debe dar explicaciones por el hecho de que el presidente no dimita.

"Si el presidente de Murcia fuera de Ciudadanos y estuviera en esa situación, le aseguro que ya hubiera dimitido", ha afirmado Arrimadas, que ha subrayado que el PP tendrá que acabar tomando una decisión.

Preguntada por si aceptarían apoyar una moción de censura impulsada por el PSOE y Podemos, se ha limitado a decir que no valoran hipótesis que "con toda probabilidad no se pongan en marcha ni sucedan".

CTSSP pide anular el contrato ante las presuntas donaciones de 'Hidrogea' al partido nacionalista de Mas


CARTAGENA.- Ante las últimas noticias aparecidas en la prensa sobre las presuntas donaciones de Hidrogea al partido de Artur Más (60.000 euros en 2012), el grupo municipal en el Ayuntamiento, 'Cartagena Sí Se Puede' (CTSSP), manifiesta lo siguiente en un comunicado:

"Es evidente que la empresa tiene de rehén a los ayuntamientos, y ahora nos enteramos que también a los partidos. Resulta inadmisible que un monopolio privado intervenga en la vida política de un territorio, repartiendo presuntas prebendas a costa del dinero de los usuarios de otros municipios. Si se comprobara que se han realizado las donaciones habría que preguntarse por qué razón se hicieron. ¿Acaso los partidos devuelven luego estos incentivos? ¿Qué contraprestaciones recibió la empresa a cambio?
De ser ciertas las denuncias investigadas en prensa cabe preguntarse si el recibo del agua de Cartagena es uno de los más caros de España por causas estrictamente técnicas, o por el contrario, se debe a los desvíos que la empresa realiza para financiar campañas electorales que nada tienen que ver con Cartagena.
Desde CTSSP comprendemos mejor aún la renuencia de la empresa a integrarse en la Mesa de la Tarifa del Agua: prefiere pasar por los despachos de los grupos políticos antes que sentarse con todos los agentes sociales del municipio.
El Gobierno municipal ha dicho en varias ocasiones que el precio del agua no se negocia sino que se calcula. A tenor de los últimos acontecimientos desde CTSSP nos preguntamos si realmente se calcula, si se negocia con C’s o con la empresa por separado en base a sus propias cuentas. ¿Es que acaso el Ayuntamiento va a dar por buenos los números de un monopolio que al parecer participa en la trama del 3%?
A la vista de todos estos antecedentes desde CTSSP exigimos, hoy más que nunca, la realización de una auditoría que ponga negro sobre blanco los costes del servicio del agua; la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Agua para que el Gobierno informe al detalle de cuál es su propuesta tarifaria para el año 2017; la inclusión del servicio del agua en el Presupuesto Municipal; la conversión del agua en Tasa y la anulación de la ampliación del contrato hasta 2042.
Asimismo exigimos la investigación por parte del Gobierno municipal de las irregularidades aparecidas en prensa, en concreto si estas presuntas tramas de financiación irregular también han alcanzado al Ayuntamiento de Cartagena y que se investiguen los posibles sobrecostes del servicio en nuestro municipio, tal como se ha hecho en Lorca".

'Cambiemos Murcia' pide a la Fiscalía que investigue la posible implicación de 'Aquagest' en la 'Operación Petrum'

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha presentado hoy un escrito dirigido al jefe de la Fiscalía Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, para que inicie una investigación, en el marco de la Operación Petrum, sobre las supuestas donaciones que Aquagest Región de Murcia, empresa satélite de Aguas de Barcelona, realizó a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

La formación municipalista basa su petición en informaciones publicadas en distintos medios de comunicación que apuntan a la existencia de dos pagos por parte de Aquagest al partido de Artur Mas, el primero de 40.000 euros, cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento catalán en 2012, y el otro de 20.000, catorce días después.
Además, Cambiemos Murcia ha pedido al equipo de Gobierno que impulse una comisión municipal de investigación para que, de forma urgente, se esclarezca si existió malversación de caudales públicos y depurar así las responsabilidades políticas que se derivaran.
El portavoz del grupo municipal, Nacho Tornel, ha asegurado que este asunto es "muy grave" y que requiere ser estudiado "a fondo" porque "podríamos estar hablando de la utilización de dinero público, de todos los murcianos y las murcianas, para un fin privado".
Cambiemos Murcia ha denunciado en repetidas ocasiones la ausencia de control financiero de las cuentas Emuasa por parte de la Intervención Municipal del Ayuntamiento.
Asimismo, la formación ha propuesto a través de mociones el control público preferente en la gestión de esta empresa, en un 51% municipal, como un primer paso hacia la progresiva remunicipalización y gestión pública completa del agua.

La comunidad de regantes del Campo de Cartagena comienza a recibir los primeros caudales de agua de la desalinizadora de Escombreras


MURCIA.- La comunidad de regantes del Campo de Cartagena ya ha comenzado a recibir los primeros caudales de agua procedente de la Desalinizadora de Escombreras, conforme a lo previsto en el contrato suscrito por ambas parte en el segundo semestre del 2016.

El acuerdo entre Desalinizadora de Escombreras y la comunidad de regantes del campo de Cartagena prevé la entrega de una dotación mínima de ocho hectómetros cúbicos de agua en un plazo aproximado de dos años. La entrega se realizará en el Canal del Trasvase, junto a la carretera RM F21, que comunica Torre Pacheco y Roldán.
El director general del Agua, Andrés Martínez, y el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Francisco Sáez, visitaron hoy la zona en la que tiene lugar la conexión entre la desaladora y el canal del trasvase. Martínez destacó que estas aportaciones "son fruto del trabajo que el Gobierno regional está llevando a cabo, en estrecha colaboración con los agricultores, para poner a disposición de los regantes del campo de Cartagena los recursos que precisan".
Para llevar a cabo dicha entrega de agua era preciso ejecutar la acometida, que ha sido realizada y sufragada por la comunidad de regantes, que cuenta con los permisos correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Para la puesta en marcha, la comunidad de regantes ha esperado a que las condiciones del canal fueran las adecuadas, puesto que la Confederación ha realizado una limpieza exhaustiva del mismo.
Tras la comunidad de regantes del Campo de Cartagena, Desaladora de Escombreras espera que, en breves fechas, se incorpore también la comunidad de regantes Arco Sur, pendiente de la finalización de las obras de construcción de la conducción de transporte de agua desalada a sus instalaciones.

Los alcaldes del Campo de Cartagena se alian para la defensa de sus intereses comunes


LA UNIÓN.- El alcalde de Cartagena, José López, ha participado este lunes en una reunión con los alcaldes de los ayuntamientos de La Unión, Torre Pacheco y Fuente Álamo, y el teniente de alcalde de San Pedro del Pinatar, en la que se han debatido los pasos a dar hacia el objetivo de desarrollo comarcal, a través de diferentes propuestas como la de mancomunar diversos servicios para propiciar un ahorro a las arcas municipales.

El alcalde de Cartagena ha anunciado que el próximo 15 de marzo se va a presentar en la Universidad de Murcia (UMU) un proyecto de comarcalización para el Campo de Cartagena.
Así, el profesor de Derecho Constitucional de la UMU, Francisco Manuel García Costa, será el encargado de presentar este proyecto, que encargó hace meses el Ayuntamiento de Cartagena, y que refleja los intereses de la ciduad portuaria y las indicaciones de los técnicos de la universidad pública sobre qué pasos hay que seguir para poner en marcha y desarrollar el proyecto.
José López ha asegurado que “no hay municipios más importantes que otros en el Campo de Cartagena, solo municipios más grandes que otros por su índice poblacional” y ha subrayado que esta reunión busca “mancomunar todos los servicios que la ley nos deja”, para lo cual “la disposición del Ayuntamiento de Cartagena es máxima para ayudar, colaborar y participar con el resto de ayuntamientos a hacer una Comarca más próspera y mejor”.
Además, ha recordado que aunque el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma permite vertebrarla en municipios o comarcas, “apenas se han desarrollado las comarcas en la Comunidad Autónoma, solo algunas pequeñas mancomunidades en el noroeste y en el sector del turismo, pero nada más” y ha asegurado que “no es posible que estemos permitiendo desde la CARM y desde el Campo de Cartagena esa mancha en la huella de carbono que se produce al llevar los residuos de otros municipios hasta Ulea, cuando hay un vertedero en Cartagena, que se puede mancomunar”.
El alcalde de La Unión, Pedro López Milán, ha calificado la reunión como histórica, puesto que, según palabras del primer edil unionense, todos los Ayuntamientos que componen el arco de Cartagena y Mar Menor, deben ir de la mano en materias como turismo, medio ambiente, seguridad, entre otras, que aprovechando los recursos que cada uno tiene puedan ofrecerse a los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios de los mismos.
El alcalde, también ha hecho referencia al proyecto de regeneración de la Bahía de Portman, en el que ha incidido sobre la importancia de dotar presupuestariamente con el dinero suficiente para acometer una obra de especial importancia para toda la Comarca.
En estas declaraciones, López Milán, se ha mostrado muy reivindicativo con este tema, exigiendo al Gobierno Central que para este año la inversión en Portman debería ser de diez millones de euros.
También ha hablado de la importancia de la Sierra Minera y de un proyecto turístico común que debe ser de La Unión y Cartagena.
También los alcaldes han hecho referencia al Servicio de Bomberos y a las infraestructuras y la red de carreteras. Así, José López ha considerado “importantísima” una red de carreteras que vertebre la comarca ya que, como ha lamentado, “es más fácil llegar desde cualquiera de nuestros municipios a la capital que entre nuestros municipios”.
En este sentido, se ha hablado de la carretera en al que recientemente se produjo el accidente mortal que costó la vida a cinco jóvenes de Torre Pacheco, sobre la que el alcalde ha dicho que “no hay que traer esta vía por el trágico accidente” sino que hay que avanzar en toda la red de carreteras y en el transporte público de la Comarca, incluyendo el ferrocarril y el FEVE, ya que “nuestras infraestructuras son del siglo XIX y es un problema de toda la Comarca”.
Respecto a este tema, el alcalde de Torre Pacheco ha recordado que la vía entre Cartagena y el municipio que dirige, con la variante de La Palma “es una infraestructura que se viene demandando desde ambos municipios”, al tiempo que ha subrayado que su construcción “está a la mitad” por lo que solo quedarían ocho kilómetros de vía por hacer.
Además, el primer edil de Torre Pacheco, Antonio León, que ha sido el alcalde que ha convocado este encuentro, ha asegurado que “tenemos muchísimas cosas en común e infraestructuras propias que entre todos podemos potenciar”. En este sentido, ha hecho hincapié en la defensa del recinto ferial de Ifepa como “único recinto ferial de la Comunidad Autónoma”.
Por parte del teniente de alcalde de San Pedro del Pinatar, Ramón Luis García, ha subrayado la necesidad de poner la atención en el sector turístico en el Mar Menor, ya que “las aguas están volviendo a un estado de aptitud para el baño”.
De este modo, García ha anunciado que “la claridad es de un metro y medio a dos metros, aunque hay zonas de la laguna que están más perjudicadas”, y se ha mostrado de acuerdo con el alcalde de Torre Pacheco en la urgencia de tratar el tema de las inundaciones que se han producido en los últimos meses en la zona, al tiempo que ha valorad oque “estas reuniones sirven para aunar fuerzas y poder llevar a cabo proyectos que van en beneficio de la ciudadanía”.
Por su parte, el alcalde anfitrión, José López, ha calificado la reunión que se ha realizado este lunes como “histórica” para el Campo de Cartagena y el Mar Menor y se ha mostrado satisfecho al haberla realizado en el municipio que dirige ya que “partimos con la idea de ayudarnos porque hay muchos servicios que podemos mancomunar”.
Asimismo, ha explicado que “somos municipios colindantes y vivir de espaldas no tiene sentido”, de modo que se busca ofrecer “más servicios con un menor costo”. A su vez, el alcalde de Fuente Álamo, Antonio Jesús García, se ha mostrado de acuerdo con el resto de alcaldes y ha agradecido a los primeros ediles de La Unión y Torre Pacheco su invitación. Así, ha hecho hincapié en la necesidad de “estudiar qué servicios es posible mancomunar o, al menos, establecer fórmulas de colaboración que permitan prestarlos con mayor eficacia y eficiencia”, como el servicio de limpiezas y el tratamiento de residuos urbanos.
Los primeros ediles han convenido la necesidad de crear una agenda común, en la que se incluirán temas que constituyen nexos de unión entre las localidades, de modo que tendrán cabida asuntos como el Mar Menor, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y Bomberos, y residuos urbanos, entre otros.
Asimismo, la alianza entre municipios se constituye como una estrategia en la vigilancia de los intereses comunes ante organismos y diferentes instituciones en ámbitos que redundan en un beneficio para el conjunto de la Comarca. 
En este sentido, se enmarcan la reclamación de una mayor atención de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hacia los municipios de la cuenca del Mar Menor; la necesidad de impulsar la Zona de Almacenamiento Logístico (ZAL) en Los Camachos; la potenciación de polos industriales y empresariales como el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, o reforzar la actividad generada en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región (IFEPA) en Torre-Pacheco.

Puntualización desde San Pedro

En cuanto a la reunión mantenida en La Unión hoy por los alcaldes de Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco y el teniente alcalde de San Pedro del Pinatar, Ramón Luis García, el edil pinatarense quiere aclarar que en ningún caso el Ayuntamiento se ha posicionado sobre un proyecto concreto de comarcalización, sino que se ha acudido para poner en común los proyectos, intereses y demandas de municipios limítrofes. Ramón Luis García ha añadido que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha estado presente en esta reunión, convocada por el alcalde de Torre Pacheco, para mostrar la voluntad del Equipo de Gobierno de colaborar con otras administraciones, pero ha aclarado que "la comarcalización no es una cuestión que este sobre la mesa del Equipo de Gobierno".
Así, ha manifestado en esta reunión la necesidad de un impulso común del Mar Menor y el sector turístico, así como actuaciones para paliar los efectos de las últimas inundaciones y ha lamentado que "se utilicen estas reuniones en las que se han abordado temas de interés para la ciudadanía, para mandar mensajes particulares sobre la comarcalización, que desvirtúan el contenido de las mismas".

C's exige al alcalde José Ballesta la inmediata revisión de los grandes contratos si quiere mantener la estabilidad de su gobierno en el municipio de Murcia


MURCIA.- El grupo municipal de Ciudadanos ha vuelto a denunciar “la ineptitud de José Ballesta o tal vez sea indiferencia” por investigar los grandes contratos millonarios que el Ayuntamiento de Murcia mantiene con empresas como Tribugest, Cespa, Terra Natura; o las subcontrataciones de la empresa pública Emuasa con empresas privadas de AGBAR.

“Hablamos de relaciones contractuales que están claramente en entredicho”, ha denunciado el portavoz de C's, Mario Gómez, quien, en este sentido, ha puesto como ejemplo el  contrato con Tribugest,  investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo ante un posible tráfico de influencias; o las denuncias en torno a las adjudicaciones a empresas vinculadas con AGBAR, algunas de ellas objeto investigación judicial.
“Mientras todo esto ocurre”, ha señalado Gómez, “el alcalde de Murcia no adopta ninguna decisión firme, todo lo contrario, al más puro ‘estilo Rajoy’ mira para otro lado y espera que el temporal escampe”.
Así –ha proseguido- los pactos con el PP local están resultando un claro fiasco. “La Comisión de Vigilancia de la Contratación no se reúne desde la primavera pasada; y José Ballesta sigue sin tomar medidas para depurar responsabilidades políticas con su edil Roque Ortiz, por el caso del jet privado, donde sigue sin aportar facturas; o con la concejala Maruja Pelegrín, imputada en el caso del derribo de la guardería de La Paz,  a la que no cesa: pero tampoco le retira las competencias delegadas”.
"En el caso de Roque Ortiz", ha explicado Gómez, "hemos pedido por activa y por pasiva al alcalde de Murcia que haga algo, desde la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre la vinculación de Urbamusa con el constructor Ramón Salvador Águeda y sus sociedades, así como la justificación de los gastos de viaje a Estambul del que fue gerente de la empresa pública entre 2005 y 2015, y hoy es primer Teniente de Alcalde de Fomento; hasta su cese del Consejo de Urbamusa y retirada de competencias sobre obras y servicios relacionados con la empresa urbanizadora municipal".
Tampoco ha hecho nada –ha añadido- en lo referente a la falta de transparencia que rige la gestión de Aguas de Murcia, ni ha puesto en marcha  la Comisión de Investigación de los contratos directos de Emuasa y su vinculación con las incompatibilidades.
Todo un despropósito que  -a juicio de Gómez- está llegando a su fin si José Ballesta quiere aprobar los presupuestos municipales y pretende seguir teniendo estabilidad política en La Glorieta.
“Nuestra responsabilidad”, ha concluido el portavoz naranja, “es exigirle una vez más que abandone esta actitud y no siga eludiendo su responsabilidad como máximo representante de este Ayuntamiento; y recordarle, por si le falla la memoria, que sigue sin tener un cheque en blanco, a pesar de las oportunidades que hasta el momento le hemos dado”.
El grupo Ciudadanos ha solicitado por escrito una reunión urgente con José Ballesta para cerrar los presupuestos y abordar estos temas de forma definitiva. La semana pasada  ya reclamó información al edil de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez Oliva, pero a día de hoy no ha respondido.

Urralburu: "Hacer oposición es limpiar la corrupción del PP"

MURCIA.- El secretario general de Podemos Región de Murcia ha señalado que "por mucho que le pese al Partido Popular y a Pedro Antonio Sánchez, Podemos tiene una estrategia clara frente a la corrupción y es la de expulsar a todos aquellos que han expoliado nuestra Región".

Óscar Urralburu ha afirmado que va a ser la oposición la que se haga cargo de sacar al Partido Popular "el partido de la corrupción sistémica" del gobierno de la Región de Murcia que se encuentra "paralizado por la corrupción, desnortado y sin iniciativa. Lo único que conocemos de este gobierno desde hace meses son sus escándalos y sus paseos por los juzgados".
El secretario general y portavoz parlamentario ha dicho que ante la estrategia del presidente Pedro Antonio Sánchez de "seguir en su huida hacia delante, lanzar balones fuera y repetir mentiras una y otra vez, nuestro trabajo pasa por construir un gobierno alternativo y por eso hemos emplazado a PSOE y a Ciudadanos a reunirnos esta semana".
Lo que tenemos muy claro, ha concluido Óscar Urralburu, es que "se acabó el tiempo del PP en la Región de Murcia. Entre otras, Podemos llegó a la vida política para poner contra las cuerdas a los que se han aprovechado de la gente de esta Región y se han vivido a costa del erario público. Eso es lo que hemos hecho, trabajar intensamente en todos los ámbitos, desde el parlamentario, el partido y nuestros servicios jurídicos para abrir la primera brecha en 20 años de prácticas corruptas en los despachos de San Esteban y no vamos a descansar hasta que tengamos una Región libre de corruptos".

El PP se enroca con PAS a tenor de lo dicho hoy por Maillo

MADRID.- El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha ratificado hoy el total apoyo de su partido al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Martínez Maillo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del PP, ha reiterado que los estatutos de su partido para exigir la renuncia a un cargo fijan el momento en la apertura del juicio oral, algo que también defiende Pedro Antonio Sánchez.
"Nosotros seguimos apoyándole", ha recalcado.
Pero no sólo le apoya para mantenerse como presidente de Murcia sino para presentar su candidatura como presidente del PP en la región en el próximo congreso del partido en esta comunidad.
Ha recordado que sólo se ha presentado él tras haber conseguido 5.000 avales para ello y ha remitido a los afiliados del PP en Murcia para que tomen la decisión.
"Pedro Antonio Sánchez no tiene ningún tipo de imposibilidad interna ni legal que le impida ser el presidente del PP de Murcia", ha añadido Martínez Maillo.
 
 

La fiscal general Madrigal no siguió por rechazar las presiones de Catalá para cambiar a López Bernal


MADRID.- El Gobierno rechazó mantener a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público. Las propuestas de modificación fueron planteadas directamente a Madrigal por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en diversas reuniones y en conversaciones telefónicas, revela hoy 'El Mundo'. 

Según confirman las fuentes consultadas, el Gobierno explicó a la fiscal general que eran necesarios cambios en varias de las plazas de la cúpula fiscal pendientes de renovación. Conforme avanzaban los encuentros, el interés mostrado por el Gobierno se fue centrando en ciertas plazas. Las conversaciones incluían las más delicadas: las jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional. También otras como el jefe de la Unidad de Apoyo -clave en las relaciones entre la Fiscalía y el Ministerio- y la jefatura Superior de Murcia.
En esos encuentros, el ministro ya respaldó expresamente la opción de que Manuel Moix ocupara la jefatura de Anticorrupción, como finalmente se acordó el pasado miércoles. Madrigal tenía previsto designar a Alejandro Luzón, un histórico Anticorrupción que Madrigal tenía a su lado como teniente de la Secretaría Técnica. Sin embargo, también consideraba aceptable la propuesta de Moix.
Ni en este puesto ni en otros como la renovación de la jefatura de Murcia -que la Fiscalía General también quería cambiar- hubo problemas. Donde según las fuentes consultadas se produjo el choque determinante para que Madrigal no renovara en el cargo fue en la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El ministro transmitió a la fiscal general que era necesario apartar de ese puesto clave a Javier Zaragoza. Las conversaciones no se centraron tanto en poner a alguien concreto como en quitar a Zaragoza. 
Madrigal objetó que no encontraba motivos para justificar una decisión así ante una carrera fiscal que iba a tener que dirigir en los siguientes cuatro años. La fiscal general mantuvo esa postura en los diversas conversaciones con el ministro sobre los puestos a renovar.
El proceso culminó con una última reunión en el Ministerio, ya de cortesía, a primera hora del viernes 11 de noviembre, día en que el Consejo de Ministros debía nombrar al fiscal general de la nueva legislatura. Catalá comunicó a Madrigal que no iba a continuar en el puesto y horas después se anunciaba el nombramiento del magistrado José Manuel Maza.
Antes de que la insistencia en los cambios torciera las cosas, Catalá había hecho saber a Madrigal que iba a proponer al Gobierno su renovación, dado que era legalmente posible al no haber cumplido aún los dos años en el puesto. El ministro también comunicó ese criterio en otros ámbitos tras su toma de posesión el día 4 de noviembre, apenas una semana antes del cambió en la Fiscalía General.
Preguntada directamente por los encuentros con Catalá y los términos en los que se produjeron las conversaciones sobre los puestos, Madrigal no quiso hacer comentarios a este diario.
El Ministerio de Justicia, por su parte, niega «rotundamente» que el ministro mantuviera reuniones con Madrigal en las que tratara «los nombramientos», así como la supuesta «connivencia» con la Fiscalía General para algunos de ellos. Insisten en que Catalá «no se reunió ni con Madrigal ni con Maza» para tratar las designaciones. «Nosotros nos limitamos a hacer nuestras las propuestas del Consejo Fiscal», afirman, añadiendo que conocen los nombres de los propuestos por el fiscal general incluso «más tarde» que los medios de comunicación.
La jefatura de la Fiscalía de la Audiencia fue uno de los puestos clave de los 35 nombramientos que el miércoles abordó el Consejo Fiscal encabezado por Maza. El otro, el de jefe de Anticorrupción, que ofrecía un margen más amplio a la hora de escoger a un candidato porque la plaza se encontraba vacante desde la jubilación de Antonio Salinas.
Por contra, en el caso de la Audiencia había que justificar la salida de un fiscal jefe que llevaba dos mandatos. Aunque no se lo había llegado a transmitir al propio interesado, Madrigal había decidido mantener a Zaragoza un tercer mandato. La entonces fiscal general estaba muy satisfecha con su trabajo, que además contaba con el respaldo de sus asesores directos. Los dos miembros natos del Consejo Fiscal habían hecho saber a Zaragoza que contaba con su apoyo, que iba a sumarse a tres votos seguros de los miembros electos del Consejo Fiscal. Obtuvo cinco votos frente a los seis del finalmente nombrado, Jesús Alonso.
Zaragoza llegó al puesto en 2006 a propuesta de Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011 volvió a obtener su respaldo para otros cinco años y desde mayo del año pasado estaba en funciones a la espera de que la conformación de nuevo Gobierno reactivara los nombramientos pendientes en el Ministerio Público. Como sucedió con su llegada para ocupar el puesto de Eduardo Fungairiño, su salida ha llegado con polémica.

El murciano Gaspar Ros, nuevo presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria

MURCIA.- La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) eligió al profesor Gaspar Ros Berruezo, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, presidente de la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición de su Comité Científico.

Este es el órgano de evaluación de riesgos que asume las funciones de proporcionar a la Agencia dictámenes científicos, así como de definir y coordinar los trabajos de investigación que ésta necesita, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.
La Sección que dirigirá el profesor Ros está integrada por 20 miembros de reconocida competencia científica en ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición.

La juez advierte de que detendrá al exalcalde de San Javier si no comparece

SAN JAVIER.- El exalcalde de San Javier José Hernández (PP), uno de los investigados en un presunto caso de corrupción urbanística destapado hace ahora más de seis años, podría ser detenido si no acude a declarar como investigado el próximo 28 de marzo.

Así se recoge en un auto dictado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número uno de San Javier, que desestimó el recurso de reforma que presentó su letrado contra la providencia del pasado 17 de enero que lo llamó a declarar "con apercibimiento de detención" si no cumplía esa orden.
Esa advertencia provocó la reacción del letrado defensor de Hernández, José Antonio García, que negó que las incomparecencias producidas con anterioridad fueran debidas a una actitud premeditada y obstruccionista de aquel, sino, por el contrario, a deficiencias del propio Juzgado instructor.
Ahora, la magistrada que investiga los hechos, María Soledad Ruzafa, en la resolución que acaba de ser notificada a las partes, en la que se desestima el recurso de reforma, indica que los supuestos defectos expuestos por algunos letrados defensores no están justificados.
Y añade que aunque los mismos existieran, como el referido al foliado de la causa, los mismos no causarían indefensión alguna, ya que el exalcalde conoce los hechos presuntamente delictivos que se le atribuyen, ya que constan en el escrito que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia presentó hace ahora más de tres años.
En cuanto a lo alegado también por las defensas de que no tuvieron acceso a toda la documentación contenida en las diligencias, la magistrada dice que "solo con acudir al Juzgado" sería suficiente para conocer su contenido íntegro.
El auto señala, por otra parte, que el recurso que se desestima contó con la adhesión de otro de los investigados, el empresario Santiago Martínez Esparza, al que defiende el letrado José Pardo Geijo.
Tras el rechazo de los mismos, será ahora la Audiencia Provincial de Murcia la que deba pronunciarse sobre el tema, ya que también se presentó el recurso de apelación.
Hernández fue detenido por la Guardia Civil en junio de 2010, lo mismo que los empresarios Jaime Navarro y Antonio Sánchez, además del ya citado Martínez Esparza.
En esta causa se investiga un presunto trato de favor de José Hernández en su tiempo de alcalde de San Javier por el PP a las empresas de los otros investigados con la presunta adjudicación de obra pública y el supuesto beneficio que habría obtenido con ello.

Piden recusar a la juez que investiga el fraude de las obras del AVE

MURCIA.- Dos de los investigados en la operación César, de presunta corrupción en el tramo de las obras del AVE comprendido entre Crevillente y Murcia, recusaron a la juez de esta última ciudad que investiga los hechos al considerar que ha perdido su imparcialidad y que retiene la causa sin justificación alguna.

Se trata del ingeniero agrónomo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela José Manuel Fernández Pujante y de su hermano, Antonio José Fernández Pujante, señalados por otro de los investigados, el subcontratista de las obras, Juan Ortín, como presuntos beneficiarios de comisiones ilegales que él mismo habría entregado personalmente al segundo.
En un recurso que su abogado defensor, el letrado Antonio García Montes, entregó en el Juzgado de Instrucción se pide a su titular, la magistrada Olga Reverte, que se inhiba en favor de los Juzgados de Orihuela, por ser en esta población alicantina donde se realizaron las obras de reposición de redes hidráulicas afectadas por el trazado del AVE.
Sobre ese extremo, expone que en noviembre pasado admitió a trámite la solicitud de inhibición planteada por el abogado defensor de otro investigado, sin que lo haya resuelto todavía.
El escrito pide que, en caso de que la magistrada no se desprenda de la causa de forma voluntaria, se tramite la recusación que formalmente se contiene en el recurso.
El documento señala que la propia juez habría reconocido que no era competente para seguir con la tramitación de la causa, en unos comentarios que vertió momentos antes de tomar declaración a uno de los investigados.
Esos supuestos comentarios, se dice en el escrito, habrían sido escuchados por el letrado de los hermanos Fernández Pujante y por los letrados de otros dos investigados.
Para el abogado García Montes, Reverte no debe seguir siendo la instructora de las diligencias porque al mantener su competencia sobre ellas ha perdido la imparcialidad al demostrar esa actitud "un interés directo" en el proceso.
El recurso se refiere también a que la magistrada no atendió la petición hecha de que ordene la transcripción de las declaraciones prestadas en la causa.
Afirma el abogado que las partes tienen derecho a recibir las declaraciones en papel, y no en vídeo, para lo que se acoge a lo acordado por un pleno no jurisdiccional del pasado enero de los magistrados de lo Penal de la Audiencia Provincial de Murcia en otro asunto de presunta corrupción urbanística.
El recurso se queja de que la instructora bloquease las cuentas bancarias de sus defendidos, en lugar de proceder a fijar la cuantía que correspondiera para afrontar las responsabilidades civiles que pudieran declararse en su día, lo que considera no está ajustado a Derecho.
Para abundar en ese extremo, cita lo acordado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz respecto de Luis Bárcenas, "del que solo acordó el bloqueo de sus cuentas 36 días después de haberle exigido la previa prestación de fianza y únicamente para impedir que pudiera trasladar capitales de un país a otro fuera de su jurisdicción".
La operación César investiga si en las obras del AVE del tramo citado pudo cometerse un fraude por un importe superior a los 9 millones de euros con la emisión de facturas falsas o con otras infladas.

José Molina: «Hay una necesidad urgente de reformar la Ley de Transparencia»

CARTAGENA.- La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, trasladará este martes a la Junta de Portavoces, la demanda del presidente del Consejo Regional de Transparencia, José Molina, de reformar la Ley de Transparencia regional, para que dicha entidad adquiera personalidad jurídica propia, y plena capacidad de actuación en todo lo relativo a esta materia.

Rosa Peñalver explicó que las modificaciones de la Ley de Transparencia fueron demandadas a su vez por distintas entidades como la Federación regional de Municipios, el Ayuntamiento de Murcia y un foro ciudadano, y consideró conveniente que la Asamblea Regional, lugar en el que deben realizarse esos posibles cambios, se pronuncie cuanto antes ''en el sentido que los Grupos Parlamentarios consideren adecuado y pertinente''.
La información fue facilitada al término del encuentro mantenido por la presidenta de la Asamblea y el presidente y el secretario del Consejo Regional de Transparencia, José Molina y José Cobacho, respectivamente.
La necesidad ''ineludible y urgente'' de reformar la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, tiene entre otros objetivos el de ''lograr un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno regional, realmente independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuar en las diversas formas y manifestaciones de la transparencia, como la publicidad activa, el ejercicio del derecho de acceso a la información, el fomento e implicación de la participación ciudadana en el gobierno abierto, potenciación del control y vigilancia sobre las reglas del buen gobierno y el aseguramiento de la rendición de cuentas''.
La configuración del Consejo como un auténtico órgano independiente de control de todas las Administraciones y Entidades Públicas que forman los Sectores Públicos Autonómicos y Locales es otro de los objetivos destacados junto con la atribución de facultades sancionadoras por incumplimientos de la Ley regional de Transparencia, o la elaboración de una ley complementaria que proteja al denunciante y facilite el conocimiento público de los hechos contrarios a la ley.
''Si queremos que la transparencia funcione -dijo José Molina- es sin ponerle obstáculos, porque si no queremos que funcione, lo mejor es suspender la ley hasta que estemos de acuerdo. No podemos estar con cortapisas, porque la ciudadanía no lo entiende…La transparencia es ponerse con las manos en la masa y decidle a la ciudadanía que estamos dispuestos a construir ese gran edificio para que ellos puedan entrar por la puerta principal, y para entrar por la puerta principal no hay que tener obstáculos. Y entonces tendremos que hacer unas leyes para que realmente podamos circular sin obstáculos. Ese es el espíritu. Es el momento, no podemos tardar más, dejándonos cualquier otra interferencia, otras tormentas que realmente existen por ahí. Esto es otra cosa: esto son valores, esto son principios, y esto es educación. Esto es lo que ahora mismo está demandando la ciudadanía''.

La Fiscalía investigará al Ayuntamiento de Murcia por posible prevaricación con 'Nueva Condomina'


MURCIA.-La Fiscalía investigará si el Ayuntamiento de Murcia cometió un delito de prevaricación al no exigir a los promotores de Nueva Condomina la construcción de un campo de golf y otras instalaciones deportivas valoradas en 7,4 millones de euros, tal y como se estableció en el convenio urbanístico.

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación en este caso, que parte de una denuncia presentada por el grupo municipal Ahora Murcia, que considera que "existen hechos que podrían ser constitutivos de hasta tres delitos de prevaricación, uno de los cuáles podría ser, alternativamente, de malversación".
Así lo ha planteado la concejala Ángeles Moreno, que ha lamentado que ni el ex alcalde de la ciudad Miguel Ángel Cámara, ni el actual primer edil, José Ballesta, "han hecho absolutamente nada para que se ejecutara la contraprestación del campo de golf para el municipio que establecía el convenio a cambio de la recalificación de terreno que obtuvieron las empresas" promotoras del estadio Nueva Condomina.
El convenio firmado con los promotores en 2011 para la urbanización de la zona establecía como contraprestación la construcción de un campo de golf y otras instalaciones deportivas valoradas en 7,4 millones de euros sobre las que "no existe ninguna garantía de que se vayan a construir", ha lamentado la edil, que cree que el equipo de Gobierno pudo incurrir en prevaricación al "ignorar, una y otra vez, la obligación de presentar en el momento estipulado el proyecto de ejecución del campo de golf y la de prestar garantía que cubriera dicha ejecución".
El partido ha pedido también a la fiscalía que investigue si también podría ser delito de prevaricación la propuesta de modificación del plan parcial "restando proporcionalmente la edificabilidad, lo que supone un flagrante incumplimiento de la normativa urbanística, además de que causaría un perjuicio a las arcas municipales" y "un enriquecimiento ilícito de la Junta de Compensación", según Moreno.
En concreto, esa propuesta supone reducir la edificabilidad correspondiente a la superficie del campo de golf en lugar de eliminar "el incremento de edificabilidad que supuso multiplicar por cuatro el índice inicial, en virtud del incumplimiento del acuerdo", ha alertado.
Asimismo, considera que "podría ser delito de prevaricación o de malversación el que se hayan dirigido las acciones supuestamente tendentes a recuperar el equilibrio económico únicamente frente a una de las empresas beneficiadas, con conocimiento además de su insolvencia, ya que está en liquidación tras concurso de acreedores".
Así, aunque en el pleno del pasado mes de noviembre se aprobó una moción con los votos de PP, PSOE y Cambiemos Murcia para iniciar acciones contra la sociedad de Jesús Samper que firmó el Convenio Nueva Condomina con el Ayuntamiento, Moreno ha recordado que esa empresa "se encuentra en concurso de acreedores, por lo que es imposible que abone los 7,4 millones de euros".
En su opinión, se debe actuar contra toda la Junta de Compensación, que fue la que finalmente firmó el Plan Parcial y "se benefició de un enorme aumento de la edificabilidad".
Moreno también ha criticado que no se aplicaran los avales disponibles para el global de la urbanización, por importe de 11 millones de euros, a la construcción del campo de golf y el resto de instalaciones deportivas, y ha pedido su ejecución inmediata para ese fin.


El Ayuntamiento envía documentación

El Ayuntamiento de Murcia trasladó a la fiscalía de la Región toda la documentación relacionada con el convenio de Nueva Condomina y el incumplimiento de los promotores de ese plan urbanístico en su apartado de construir un campo de golf y otras instalaciones deportivas.
Así lo indicaron este lunes fuentes municipales tras hacerse público que la fiscalía investigará, a raíz de la denuncia de Ahora Murcia, si el Ayuntamiento cometió un delito de prevaricación al no exigir la construcción de esas instalaciones, valoradas en 7,4 millones.
El consistorio ha puesto ya en manos de la justicia informes técnicos y expedientes administrativos "que contienen los diversos requerimientos realizados a la promotora para que acometiera la construcción de la instalación deportiva".
Esos documentos se entregaron en cuanto se conoció la denuncia, a la vez que el pleno municipal había aprobado también a propuesta de la concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta iniciar el procedimiento de declaración de incumplimiento del convenio.
El acuerdo fue firmado en 2001 con la empresa Sports Management and Project (denominada entonces Desarrollos Nueva Condomina), que preveía la construcción de diversas instalaciones ligadas al nuevo campo de fútbol del Real Murcia, entre ellas, uno de golf de 18 hoyos que no ha llegado a ejecutarse.
Ese expediente de incumplimiento, señalaron desde el ayuntamiento, "se inició una vez que terminaron las obras de urbanización, en mayo pasado, sin que se hubiese cedido la instalación deportiva", y el pleno municipal aprobó la decisión con el voto favorable de todos los grupos municipales, excepto Ciudadanos, que se abstuvo.

Toni Cantó (C's) cuestiona que López Bernal hablara de "presiones" al ser relevado

MADRID.-El presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso y diputado por Ciudadanos, Toni Cantó, ha admitido este lunes que le extraña que el fiscal superior saliente de Murcia Manuel López Bernal que encabezaba la causa contra el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, hable ahora de "presiones" y no antes de que se decidiera su relevo.

Así lo ha señalado Cantó en los pasillos de la Cámara Baja preguntado por la comparecencia del fiscal general, José Manuel Maza, el próximo miércoles en la Comisión de Justicia para explicar el criterio del Ministerio Público en casos de corrupción donde hay implicadas autoridades y también sobre los últimos relevos de fiscales que ha llevado a cabo.
Una ocasión en la que la oposición aprovechará para preguntarle por los casos que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y al expresidente riojano Pedro Sanz, ambos del PP, pero también por los últimos relevos de fiscales que ha decidido el Ministerio Público.
Cantó ha defendido que era necesario llevar a cabo un relevo de fiscales, si bien ha evitado entrar a pronunciarse sobre alguno en concreto porque considera que se trata de un asunto "complejo".
Eso sí, se ha cuestionado por qué el fiscal saliente de Murcia, Manuel López Bernal, ha denunciado las "presiones" que dice haber recibido ahora que se ha conocido su relevo y no antes.

Aprobada la petición del PP de solicitar un contingente permanente de la UME para Cartagena


CARTAGENA.- La comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea de la Asamblea Regional ha dado luz verde a la petición del Partido Popular de solicitar al Gobierno de la Nación la instalación permanente en Cartagena de un contingente de la Unidad Militar de Emergencias. La iniciativa ha sido aprobada con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y el voto en contra de Podemos.

Domingo Segado ha explicado que en la actualidad, el III Batallón de la UME existente en Bétera (Valencia) donde hay destinados 600 efectivos es el que da cobertura a la Región de Murcia,nuestra propuesta es que un destacamento de efectivos vinculados al batallón de Valencia pueda instalarse en Cartagena sin dividir la fuerza, hablamos de un destacamento de primera intervención.
Para el diputado popular, la ciudad dispone de instalaciones militares suficientes para acogerlo y su presencia sería positiva ya que permitiría reducir los tiempos de respuesta para atender situaciones de emergencia. La idea es que de cobertura a toda la Región e incluso a la provincia de Almería, ha dicho.
El diputado regional del PP ha recordado las capacidades operativas de la UME en intervenciones como la lucha contra los incendios forestales, seísmos e inundaciones, sus efectivos han sido determinantes en intervenciones como los terremotos que sufrió Lorca en el año 2011 o las recientes inundaciones en Los Alcázares, ha dicho.
Por otro lado, Domingo Segado ha afirmado que la Región de Murcia es la única comunidad de toda España que ha integrado el sistema de alerta del servicio 112 en la Red Nacional de Emergencias, existe un gran coordinación y ser pioneros en este aspecto supone un salto cualitativo en la gestión de emergencias gracias al intercambio de información lo que permite reaccionar con mucha más rapidez y celeridad ante una situación crítica.
Segado ha hecho un reconocimiento explícito a los militares y ha destacado que la UME evidencia su gran vocación de servicio a la sociedad.

Los centristas de C's pedirán esta semana la dimisión del acosado presidente de Murcia / José Hervás *

Los estrategas de los partidos siguen mirando con lupa el efecto de cada uno de sus movimientos de aproximación a los partidos hermanos. El PP se ha puesto como objetivo recuperar los votos perdidos en las dos últimas elecciones generales. El mensaje más claro que lanzó la secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, el pasado domingo día 12, apuntaba a Ciudadanos.

Es el par­tido al que han ido a parar una gran parte de los sim­pa­ti­zantes in­sa­tis­fe­chos con las tar­días me­didas de lucha contra la co­rrup­ción. La for­ma­ción na­ranja, por su parte, co­no­ce­dora de que su ba­talla contra la co­rrup­ción le está dando ré­di­tos, pre­sionan para que di­mita el pre­si­dente de la Comunidad de Murcia.

La mi­nistra de Defensa, se­cre­taria ge­neral del Partido Popular y can­di­data a pre­sidir a los po­pu­lares de Castilla La Mancha, tras cargar contra los po­pu­lis­tas, llamó a re­cu­perar a los vo­tantes per­didos para se­guir siendo la re­fe­rencia del cen­tro-­de­recha en España. El primer ob­je­tivo que marcó a todos los com­pro­mi­sa­rios reunidos en la Caja Mágica fue ganar las elec­ciones au­to­nó­micas y mu­ni­ci­pales del 2019. Siempre que pre­via­mente no se ce­le­bran nuevos co­mi­cios.

En las de­mo­cra­cias oc­ci­den­tales se con­vocan elec­ciones ge­ne­rales cuando no se pueden aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, tras ha­berlos pro­rro­gado una vez. Y este po­dría ser el caso de España, aunque desde el PP ase­guran que, una vez apro­bado el techo de gasto y el nivel de deuda, no ha­bría de­ma­siados pro­ble­mas.

Por ello, los lí­deres de Ciudadanos, cons­cientes de que el ob­je­tivo de Cospedal es re­cu­perar esos votos que les han dado a ellos una im­por­tante pre­sencia de 32 es­caños en el Congreso de los Diputados, están tra­tando de en­fa­tizar lo que más les dis­tingue de su par­tido her­mano. Por eso están dando un ace­lerón en su es­tra­tegia a lo que más les ha de­fi­nido hasta ahora: su lucha contra la co­rrup­ción.

El sondeo que ha pu­bli­cado este do­mingo el diario ca­talán ‘El Periódico’ les ha es­ti­mu­lado en este sen­tido. Lo pri­mero que van a hacer el pró­ximo jueves es tras­ladar al pre­si­dente de la Comunidad de Murcia su deseo de que deje la pre­si­dencia del go­bierno au­tó­nomo. Algo que llevan pi­diendo desde que ha sido impu­tado.

Según Ignacio Aguado, el pró­ximo jue­ves, man­ten­drán una reunión con el pre­si­dente mur­ciano, al que pe­dirán un plan de es­ta­bi­lidad para los pró­ximos dos años de le­gis­la­tura y que pro­pongan a un nuevo pre­si­dente que no esté impu­tado.

Aguado ha aña­dido que, si es así, cum­plirán con sus acuer­dos, en caso con­trario bus­carán otras vías.

En tér­minos si­mi­lares se ha ma­ni­fes­tado el nuevo por­tavoz de C´s en Cataluña, Carlos Carrizosa, con­ven­cido de que el pre­si­dente de Murcia di­mi­tirá y el PP pondrá a otra per­sona que no tenga nin­guna impu­tación ju­di­cial por co­rrup­ción".

Según Carrizosa, Sánchez de­bería haber di­mi­tido desde el mo­mento en que fue lla­mado a de­clarar como in­ves­ti­gado.

El PP, en cam­bio, in­siste en apoyar al pre­si­dente de la Comunidad de Murcia, de quien re­cuerda que no se le ha de­jado ex­pre­sarse hasta ahora ni ante el fiscal ni ante los tri­bu­nales y que lo­grará de­mos­trar su inocen­cia.

Mientras, se agu­dizan las di­fe­ren­cias por la re­con­quista del voto de centro entre PP y C´s, los son­deos apro­ximan a los po­pu­lares hacia la ma­yoría ab­so­luta si se ce­le­braran elec­ciones en estos mo­men­tos, según los datos del primer 'Barómetro de España' pu­bli­cado ayer por diario El Periódico.

El PP man­ten­dría una hor­quilla de entre 135 y 138 es­caños, en la ac­tua­lidad cuenta con 137, gra­cias a un 32,2 % de los vo­tos. Le se­guiría el PSOE que ob­ten­dría los peores re­sul­tados de la de­mo­cracia con entre 79 y 82 es­caños frente a los 85 ac­tuales y un 21,1% de los vo­tos.

Unidos Podemos ten­dría unas dé­cimas más que el PSOE en las vo­ta­cio­nes, el 21,7 % pero es­taría por de­trás de los so­cia­listas en es­caños con entre 71 y 74 es­caños. En la ac­tua­lidad cuenta con 71 ac­tua­les.

Finalmente, Ciudadanos pa­sa­rían de los 32 es­caños ac­tuales a entre 34 y 38 y un 14% de los vo­tos. Son buenos datos los de los son­deos para Ciudadanos, bien es cierto que tam­bién lo fueron antes de las elec­ciones ge­ne­ra­les, pero luego no se con­fir­ma­ron.

Con todo, los son­deos se in­cor­poran a partir de ahora a ten­sionar más la lucha po­lí­tica hasta que se aprueben los pre­su­puestos o se con­vo­quen las pró­ximas elec­cio­nes.


(*) Periodista

Fiscales a la greña / Luis Herrero *

No hace falta ser un lince para saber lo que pasará el día 1, durante el asedio parlamentario a José Manuel Maza en el Congreso de los Diputados. La oposición le acusará de ser un lacayo del Gobierno. Le dirá que los nuevos nombramientos de la carrera fiscal han salido de la chistera del ministro de Justicia. Denunciará purga de afiliados a la UPF. Clamará al cielo por los favores al presidente de Murcia y, de postre, pedirá su dimisión. 

Como Maza es un Fiscal General tirando a cachazudo, aguantará el chaparrón sin inmutarse y cuando le llegue el turno dirá estas tres cosas: que es independiente, que ha nombrado a los mejores y que el procedimiento utilizado para promover los cambios no ha podido ser más ortodoxo. ¿Quién tiene razón? Del todo, nadie. En parte, los dos. Depende de cómo se mire. Pero, en lo gordo, la oposición.

Consuelo Madrigal no siguió en la Fiscalía General del Estado porque se negó a secundar los planes de Catalá. Sé de lo que hablo. El ministro desplegó delante de ella el organigrama de la carrera fiscal y puso el dedo índice en las casillas que el Gobierno quería renovar aprovechando el término de algunos mandatos. Luego sacó un papel, inspirado en gran parte por dos de sus consejeros más influyentes, Manuel Marchena y Emilio Frías -el primero en la Sala Segunda del Supremo y el segundo en la rebotica del ministerio- y sometió a su consideración los nombres que figuraban en él. 

Madrigal, con suma elegancia, eso sí, vino a decirle que se metiera el papel por la popa. Y no porque los nombres que figuraban en él fueran calamitosos -que no lo eran en absoluto-, sino porque por encima de todo debía preservar la independencia del Ministerio Público. El fuero y el huevo. Catalá o la virtud. Madrigal eligió la virtud y se quedó sin el puesto.

Habrá quien diga, no sin parte de razón, que detrás de esta historia lo que subyace, más que una alcaldada del PP, es una estrategia legítima de la Asociación de Fiscales para arrebatarle a la UPF las colinas profesionales a las que ellos llegaron en tiempos de Conde Pumpido con la ayuda de Zapatero. No me meto en eso. Tal vez. ¿Pero de verdad era preferible ganar la batalla por goleada antes que preservar la independencia que la asociación mayoritaria había conquistado frente a los gobiernos del PP tras muchos años de esfuerzo? Si yo fuera Concha Talón miraría la cara de disgusto de algunos de sus ilustres asociados, la compararía con la cara de entusiasmo del ministro Catalá y luego haría examen de conciencia.

Lamento alguna de las bajas que ha provocado esta refriega. No es buena noticia que Calparsoro deje el País Vasco, por ejemplo. Ni que Zaragoza abandone la Audiencia Nacional. Por mucho que se diga, en la lucha contra el yihadismo era una pieza clave. Hay otras bajas, en cambio, muy razonables. La de López Bernal en Murcia, sin ir más lejos. Se la había ganado a pulso. 

Por lo que respecta a las altas, tal vez lo mejor de todo sea la llegada de Manuel Moix a la Fiscalía Anticorrupción. Se ha dicho de él, para denostar su nombramiento, que era el único de los postulantes al cargo que no estaba vinculado a la institución. A mí me parece, en cambio, que eso redundaba en su favor. Nadie mejor que alguien de fuera para poner orden en una casa de instrucciones eternas, intereses espurios, injerencias policiales y protagonismos narcisistas.

Las intenciones de Moix no pueden ser más saludables. En su programa de actuación ha puesto por escrito: "Es necesario tener claro, y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial como a la Agencia Tributaria, que en las diligencias de investigación son ellos quienes actúan bajo la dirección del fiscal y no viceversa". 

Parece una nimiedad pero es un propósito revolucionario. Si lo consigue acabará de un plumazo con dos de las peores lacras de nuestra Administración de Justicia: el automatismo acrítico del corta y pega que muchos fiscales hacen de los informes de sus peritos en sus escritos y la apertura de investigaciones basadas en conjeturas policiales más o menos aventuradas, y a menudo teledirigidas por intereses inconfesables, para ver si suena la flauta por casualidad. Sólo por eso merece la pena hacerle la ola.


(*) Periodista, ex eurodiputado del PP e hijo de ex fiscal general del Estado


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Será cruenta la batalla por el trono de Ferraz / Antonio Casado *

Palabras mayores en la distancia corta de uno de los pretendientes al trono de Ferraz. Dice Patxi López que en el proceso de renovación interna (primarias en mayo, congreso federal en junio), se ventila algo más que el futuro político del PSOE: “El partido se está jugando el ser o no ser”.

Y el partido no será o dejará de ser lo que fue (“imprescindible para vertebrar España” y amparar a “millones de ciudadanos maltratados por la derecha”), si sigue siendo su peor enemigo. Así lo ven millones de votantes consternados por el espectáculo de los últimos años.

Según él, la remontada solo será posible desde la pacificación. Y la pacificación será imposible sin la unidad reclamada por una “mayoría silenciosa” de la militancia, harta de la agresividad entre los propios dirigentes. Un virus que envenena los interiores del PSOE desde la caída de Zapatero a finales de 2011, como saben sus sucesores. Antes Rubalcaba, luego Sánchez, lo sufrieron desde el minuto uno de sus respectivos reinados.

Con estos presupuestos mentales entró en la carrera el exlendakari y expresidente del Congreso. Su bandera es la de intermediar en la desgarradora polarización del partido entre susanistas y pedristas, endurecida a raíz del penoso comité federal del 1 de octubre, donde una maquinación urdida en Andalucía desalojó a Pedro Sánchez del liderazgo y dio lugar a una comisión gestora presidida por el asturiano Javier Fernández.

Cada una de las tres candidaturas (la de Susana se formalizará el próximo 11 de marzo) ya ha alzado su banderín de enganche. Es el primer elemento de discordia: Patxi, pacificador; Sánchez, rojo y plurinacional, y Susana, ganadora. Pero a los seguidores de López y de Sánchez les molesta que Díaz diga que lo dará todo por “un PSOE ganador”, como si ellos estuvieran trabajando por un PSOE casado con la derrota. 

A los seguidores de Susana Díaz les molesta que Patxi López se sitúe en la equidistancia para ejercer de costurero, como si la andaluza no valorase la unidad interna. López y Díaz se irritan por la confesada apuesta pedrista por un partido “de izquierdas, que escuche a los militantes y alejado del PP”, como si el aspirante vasco y la aspirante andaluza quisieran silenciar a la militancia y hubieran abrazado de pronto el pensamiento conservador.

“Todos en el PSOE somos de izquierdas”, viene diciendo Susana Díaz en sus últimas apariciones públicas. Esa declamación se acompasó hace unos días al malestar de los principales barones del partido. Estos ven “radical y ajeno al PSOE” el proyecto que Sánchez presenta como “autónomo y de izquierdas”.

La respuesta no se hizo esperar: “Sí, nuestro color favorito es el rojo del PSOE”, con el consabido asentimiento coral de sus seguidores en las redes sociales. Orgullosos de ser y sentirse 'rojos'. Lo cual incluye una crítica más o menos velada a la comisión gestora, por su presunto acercamiento al PP y haber situado al PSOE “en tierra de nadie” (Sánchez 'dixit').

Son las líneas de fuerza que se cruzan en estos tanteos previos a la batalla final por la secretaría general del PSOE. Será cualquier cosa menos tranquila. Demasiadas facas camufladas. Demasiadas heridas abiertas. Y demasiado incierta la esperanza de reconducir hacia la pacificación, como antesala de la unidad, el profundo antipedrismo que se respira entre los dirigentes, aunque no en todos. Solo comparable al profundo antisusanismo que se respira entre los militantes, aunque no en todos.

Y una conclusión poco esperanzadora de cara al futuro. Habida cuenta de que hay tres pretendientes y que Patxi López (el único que podría hacerlo) me jura que no piensa retirarse de la contienda por pacto con alguno de los otros dos, el PSOE tendrá un secretario general elegido por menos del 50% de los militantes. Mala cosa.


(*) Periodista