CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, ha afirmado que la adquisición del antiguo Hotel Peninsular en la calle Cuatro Santos era una decisión del antiguo Gobierno municipal que ha ejecutado el actual por un millón de euros menos.
López ha comparecido a primeras horas de esta
tarde para explicar las circunstancias de la compra de este inmueble que
se utilizará para ampliar las dependencias del Edificio
Administrativo y poder albergar a los servicios municipales que
actualmente ocupan el de las antiguas Graduadas, que se destinará sólo
a actividades relacionadas con la educación y la cultura.
La declaración realizada por el alcalde ha sido la siguiente:
"Comparezco
ante ustedes porque un partido de la oposición ha convocado a los
medios esta mañana para sembrar dudas sobre la labor de este gobierno y,
en particular, de este Alcalde.
En este caso sobre la adquisición
del inmueble denominado "Hotel Peninsular", finca sita en calle Cuatro
Santos, números 3 y 5, según acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 29
de diciembre de 2016.
Como es conocido, es la alternativa que
resultó viable después de que "Altamira", inmobiliaria del grupo
Santander, modificara la negociación con este Ayuntamiento para
transmitir el cine Central al ejecutivo regional, que era la primera
opción del gobierno local.
La cantidad de en torno a los 500.000 €
de que disponía presupuestariamente el Ayuntamiento antes de final de
año se decidió destinar a otra adquisición o adquisiciones para el
patrimonio municipal, puesto que es conocido que es necesario ejecutar
las partidas presupuestarias, de hecho el mismo grupo de la oposición lo
ha demandado estos días.
Como manifesté públicamente al conocerse
la adquisición del Cine Central por la Comunidad Autónoma, tuvimos
que retomar varias alternativas que durante el año se habían estudiado,
unas han trascendido y otras no, pero todas como la que se ha llevado a
cabo buscando la dinamización, la inclusión social y la optimización de
los recursos públicos.
La que se ha materializado ha sido ésta,
por resultar obligada (desde hace 11 años está en la mesa de los
gobiernos anteriores), y la más funcional para la administración, además
de la que se ajustó a las valoraciones de los técnicos municipales.
Este
inmueble podrá ponerse en uso de modo inminente, este año 2017 para los
servicios municipales como equipamiento administrativo que es.
¿Qué quiere decir que es equipamiento administrativo?
Que en
el año 2005 este terreno se incluyó como sistema general de
equipamiento administrativo por unanimidad del pleno, en concreto el 7
de noviembre de 2005, desestimando la alegación de los propietarios de
que se considerara equipamiento, quienes defendían mantener el que era
su negocio.
El 5 de julio de 2006, siendo concejal de
urbanismo Agustín Guillén, se inicia el expediente de expropiación, por
resultar obligada tras haberse considerado equipamiento administrativo.
Durante
estos 11 años ha estado pendiente de resolver ese expediente, y han
existido contactos con todas las corporaciones, incluidas las que han
tenido como concejales de urbanismo a quienes hoy en un alarde de
hipocresía salen en rueda de prensa a presumir de su
incapacidad, Joaquín Segado y Francisco Espejo.
La valoración ha
sido la establecida por los técnicos municipales, sin que hayamos
negociado el precio con los propietarios, sino simplemente trasladado la
valoración para la operación, y así fue aceptada.
Como dato
decirles que estos propietarios han llegado a cifrar en escritos al
Ayuntamiento su reclamación en un millón y medio de euros.
La
adquisición se enmarca dentro del plan de reorganización del patrimonio
municipal, y permitirá utilizar las graduadas como espacio cultural y
reubicar a personal municipal que trabaja en ese edificio y otras
oficinas en el edificio administrativo de San Miguel, mejorando el
servicio al ciudadano.
Y servirá también para mejorar la zona
donde se ubica el propio inmueble, degradada por la prostitución, que se
implantó en el Casco histórico sin que la anterior corporación lo
atajara.
La incapacidad del anterior gobierno para solucionar los
problemas nos obliga una vez más a un desembolso económico y tratan de
aprovecharlo para arrojar dudas.
Les explico, y con esto
termino, la operación que se ha efectuado es la que debió hacerse en
estos 11 años. Son los anteriores responsables quienes deben dar una
explicación, de por qué hay operaciones como ésta, muchas, en los
cajones, y el porqué esta administración incumplía con los ciudadanos.
El expediente
está impoluto, estoy seguro, porque es el que los técnicos han
confeccionado, para cumplir con la obligación del Ayuntamiento de
adquirir la propiedad, porque así lo decidió el gobierno de Pilar
Barreiro, con sus concejales Agustín Guillén, Joaquín Segado y Francisco
Espejo.
Si hay algo irregular que lo expliquen y que se exijan,
aunque ahora años después, las responsabilidades por incapacidad y
negligencia, o que al menos sean capaces de dejar de mentir y entorpecer
con ello la labor de un gobierno que además de mejorar e ilusionar a
Cartagena lleva 18 meses pagando sus deudas y sus facturas, que como
esta adquisición aparecen a diario y en cantidades muy importantes.
Al
recabar el acuerdo plenario de 2005 también nos hemos encontrado con
que en ese mismo pleno la anterior corporación rebajó la protección del
Cine Central, otro ejemplo de cómo se actuaba antes.
Lo de hoy,
una vez más, es muestra de la frustración y sintetiza el peor de los
estilos, el de la mentira y la insidia, que es donde mejor se encuentran
quienes hoy han puesto en duda el trabajo municipal.
Queda claro
que los actuales dirigentes del principal partido de la oposición están
en ella por las tramas delictivas por las que se les investiga, y
también por su incapacidad para gestionar, sirva de ejemplo que 11 años
después no se había expropiado esta propiedad."
