MURCIA.- El aeropuerto de Corvera, que a finales
de este mes cumplirá cuatro años cerrado, ha generado un gasto superior a
los 30 millones de euros entre las facturas del mantenimiento y la
seguridad, los intereses financieros y las gestiones destinadas a
conseguir las autorizaciones de Aviación Civil y de la Agencia Española
de Seguridad Aérea (Aesa) necesarias para empezar a operar, resalta hoy 'La Opinión'.
La anterior
concesionaria, Aeromur, terminó las obras en enero de 2012, pero fue
dilatando la apertura del aeropuerto con el propósito de conseguir que
el Gobierno regional mejorara las condiciones del contrato, en un
intento por eludir las pérdidas a las que se veía abocada a causa de la
crisis. El TSJ dio la razón a la Comunidad el pasado mes de octubre y
avaló la rescisión del contrato con Aeromur, pero lo más probable es que
las flamantes instalaciones tengan que seguir vacías otro año a la
espera de los primeros pasajeros.
La inversión total realizada por
Aeromur ha alcanzado los 280 millones de euros, según los cálculos
ofrecidos por la empresa concesionaria, que asegura haber aportado unos
50 millones del bolsillo de sus socios, entre los que figura Sacyr, que
es el accionista mayoritario, BMN, Sabadell y otros grupos empresariales
de la Región, como Fuertes, Montoro e Hijos y Cementos La Cruz.
El
Ejecutivo siempre ha mantenido que tratará recuperar los gastos
ocasionados por el aeropuerto cuando liquide la cuenta con Aeromur, pero
la docena de pleitos interpuestos desde que la consejería de Obras
Públicas le adjudicó el contrato en el año 2007 no permiten augurar
muchas posibilidades de entendimiento en el reparto de las facturas
acumuladas durante cuatro años.
El coste del mantenimiento y la
seguridad de las instalaciones rondan los 5.333 euros diarios y alcanzan
los 160.000 mensuales. En cuatro años la factura de la conservación se
eleva por encima de los 7,6 millones. La Comunidad tendría que costearla
a partir de octubre de 2013, cuando reclamó a Aeromur las llaves del
aeropuerto e intentó tomar posesión de las instalaciones, una vez
rescindido el contrato, porque el TSJ optó por aplazar su resolución,
pero dejó en manos de Aeromur las tareas de mantenimiento.
Los
servicios de seguridad han tenido que emplearse a fondo para mantener a
salvo la inversión realizada en Corvera, pero no han podido evitar el
robo de cable de cobre que se produjo en 2014 y la utilización de los
canales de drenaje de sus instalaciones exteriores como pista de
patinaje.
Al mantenimiento hay que sumar los 16 millones de euros
que la Administración regional ha tenido que pagar por los intereses del
aval de 182 ejecutado en diciembre del pasado año 2013. El sindicato
bancario liderado por La Caixa que había financiado la obra a Aeromur no
tuvo inconveniente en traspasarle al Gobierno el crédito a tres años,
con un coste financiero de 24 millones.
La amortización de parte
de este crédito con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha
suavizado la factura de los intereses que la Comunidad debe pagar en
este momento, dado que los préstamos concedidos por el Estado a la
Región salen más baratos, lo que reducirá los costes financieros por
debajo de los 24 millones, pero el aval sigue engrosando la deuda
regional, que a finales de 2015 rozaba los 8.000 millones.
A los
gastos que genera la conservación de las infraestructuras construidas en
Corvera y la factura financiera hay que sumar el dinero que han costado
las gestiones realizadas por Aeromur a lo largo del año 2014, después
de perder la concesión, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno
regional para intentar conseguir la apertura del aeropuerto mediante un
crédito participativo, que finalmente la Unión Europea no llegó a
autorizar. Sacyr cifra este desembolso realizado en unos ocho millones.
