Todo el mundo conoce la teoría del Estado de derecho. Nadie está por
encima de la ley que impera suprema, y hay una estricta separación de
poderes. Todo el mundo conoce también la práctica del Estado de derecho
hoy en España. Hay gente por encima de la ley y, si es necesario, se
cambia esta a capricho del gobernante. Porque no existe separación sino
fusión de poderes. El gobierno controla el Parlamento por el simple
mecanismo de la mayoría absoluta. Controla igualmente gran parte del
poder judicial si bien no con un mecanismo tan simple sino con uno más
complicado que articula muy diversas piezas: la tendencia conservadora
mayoritaria en la judicatura es la esencial.
La perpetuación de las
pautas manipuladoras heredadas del franquismo y que no se depuraron
durante la transición viene a continuación. El uso partidista de los
mecanismos institucionales de la administración de Justicia, práctica
compartida en parte con el PSOE, pero en la que el PP es consumado
maestro. España no es un Estado de derecho porque los poderes no están
separados ni se respeta el imperio de la ley. El gobierno tiene el
Parlamento a sus órdenes y buena parte del Poder Judicial a su servicio.
Pero
si lo primero puede enmendarse cambiando la mayoría parlamentaria
mediante unas elecciones, lo segundo es mucho más difícil porque los
jueces no son electos, tienen regímenes especiales que suelen incluir la
inamovilidad y sus renovaciones dependen de plazos muy diversos que
controlan los partidos políticos, cosa que, al menos el PP, hace siempre
que puede y le interesa. Basta recordar cómo consiguió bloquear durante
tres años la renovación del Tribunal Constitucional para perpetuar una
mayoría conservadora que no reflejaba la correlación real de fuerzas
políticas. Esto es, si los yerros legislativos pueden remediarse con
relativa facilidad, no así los judiciales, los de la administración de
Justicia.
Y,
sin embargo, esta, la Justicia, es el punto central, el meollo del
Estado de derecho y de la democracia. Si el meollo, el núcleo, está
podrido, todo lo estará. Y es el caso.
La
noticia de que dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel,
el caso del PP, son personas estrechamente vinculadas por todo tipo de
lazos al partido no debiera ni llegar a los periódicos porque los
afectados tendrían que haber anunciado ipso facto su voluntad de
inhibirse si les correspondía actuar en ese caso concreto. Las pruebas
de que Enrique López está tan contaminado como si le hubiera caído un
bidón de chapapote las desgrana El Plural Enrique López: de ariete del PP contra leyes socialistas y ‘enchufado’ en el Poder Judicial a juez en el caso Gürtel. Es imposible entender cómo alguien con un átomo de sentido común pueda admitir que una persona así pueda juzgar la Gürtel.
Y hasta cabe sostener que ningún otro asunto: un individuo multado por
conducir ebrio y sin casco es un peligro público. No un juez. En cuanto a
la otra magistrada, Concepción Espejel, aparece adornada por similares
atributos de cercanía, simpatía, empatía e intimidad con los jefes del
partido cuyos supuestos delitos deberá juzgar. Algo increíble,
ciertamente.
Pero,
se dirá, el caso ha correspondido a estos magistrados por razón del
azar, siempre imparcial, del reparto de trabajo. Ignacio Escolar
explica, sin embargo, cómo fue la propia Espejel la que, al parecer,
manipuló dicho reparto para asegurarse de que correspondiera donde a
ella le interesara. Lo hace en un artículo titulado Humor negro en la Audiencia Nacional
en el que asimismo completa el cuadro de las razones por las que
Enrique Martínez es más militante del PP que verdaderamente un
magistrado.
Es
obvia la absoluta falta de respeto a las formas en el funcionamiento de
la justicia. Esa Fiscalía que no vio delito en la Infanta ni en media
docena más de presuntos delincuentes, lo ha visto a la velocidad del
rayo ahora como consecuencia de un hecho acaecido en 2011 en una capilla
de la Complutense. Como si hubiera actuado la máquina del tiempo. Si el
proceso de instrumentalización de la administración de justicia ha
llegado a este extremo, no arriendo la ganancia a Artur Mas, que puede
encontrarse inhabilitado en un par de semanas o quizá algo peor.
Pero lo de los dos magistrados chapapoteados por su presunta proximidad personal y material a quienes deben juzgar es, sin duda, lo más grave y lo más inaceptable. Bárcenas recusará a la presidenta Espejel por manifiesta amistad con Cospedal. Algo absolutamente lógico. Nadie en su sano juicio puede permitir que lo juzgue un amigo íntimo (Concha) de la parte contraria.
A su vez, el PSOE también anuncia que recusará a los dos magistrados presuntamente vinculados al PP,
como parte en el proceso que es. Obvio también. Esta farsa no puede ni
comenzar. Y no basta con recurrir. El PSOE debe anunciar que no aceptará
desestimación alguna, sino que seguirá recurriendo y, si la vía se
agotara, llevará el asunto a dónde haga falta, a Europa o a la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, porque esta intención es un atentado
contra el fundamento mismo del Estado de derecho, la independencia
judicial. Ningún Estado puede llamarse civilizado si los jueces están
sometidos a la arbitrariedad del poder político y le sirven de escudo y
tapadera.
Algunos
piensan que soy un pesado con la petición de una moción de censura al
gobierno. Tengo mis razones. Sánchez ya es el candidato indiscutido a la
presidencia del gobierno. Tiene el poder y tiene la autoridad. Pero
también tiene la responsabilidad. Y esta lo obliga a considerar que los
seis meses hasta las generales de noviembre van a ser un infierno. La
derecha, como siempre, no acepta el resultado adverso de las elecciones
y, desalojada del poder, ahora no tiene nada que hacer (ni expoliar)
salvo entorpecer todo lo posible los gobiernos de izquierda, azuzando la
malsana pasión de estos por las broncas internas. Escándalos reales,
inventados, retorcidos, manipulados, puras invenciones, insultos en los
medios, agresiones en la calle. Tiempo libre para incordiar.
El
gobierno y su partido tampoco tienen nada que hacer, pues no hay tiempo
material para ello, pero sí para incordiar y encizañar. La manipulación
de los procedimientos judiciales, las malas prácticas procesales, las
trampas, van a caer en cascada para torcer cuanto se pueda el curso de
la justicia. El recurso a la represión va a intensificarse y el uso de
la vía penal para enfrentarse a cuestiones puramente políticas, como el
proceso soberanista catalán, también.
Tienen
mucho tiempo libre, infinidad de medios y no necesitan cuidarse del
frente parlamentario en donde reina el rodillo de la mayoría absoluta.
Por eso, lo más oportuno que puede hacer Sánchez es abrir ese frente al
gobierno para obligarlo a atenderlo, lo que mermará sus fuerzas en los
otros. Es su obligación, además, oponerse. La moción se perderá, por
supuesto, en la votación parlamentaria, pero se ganará en la calle, en
términos de conocimiento y popularidad de un candidato que recién se
estrena pero trae un programa alternativo. La moción de censura le da
tiempo ilimitado para exponerlo. Y eso es lo que la gente está
esperando: un programa alternativo, viable y claro que todo el mundo
entienda frente a las magias potagias y el hocus pocus de una imaginaria recuperación que Rajoy se saca de la chistera entre corrupción y corrupción.
Es
la ocasión de dar un relieve particular al programa electoral, género
francamente desprestigiado. La solemnidad del lugar de la exposición
debiera ser el símbolo del propósito de cumplirlo. Un conjunto de
medidas de derogación de todo lo injustamente legislado por decreto y
rodillo, de devolución a la gente de los derechos recortados o
suprimidos, de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática
con un plan de reactivación económica con aumento de la productividad
sin merma de rentas salariales o servicios públicos.
Tener
al gobierno del Estado y la oposición parlamentaria debatiendo sobre
asuntos de interés general a cinco meses de unas elecciones legislativas
que pueden resultar en un cambio de mayorías no es una ocurrencia ni
una aventura de inexperto, sino algo que cualquier colectividad haría
para prepararse en caso de un hipotético cambio. Ello sin contar con
que, en realidad, tal debate no se ha hecho nunca en la legislatura,
pues los del Estado de la nación se han dedicado a otros asuntos.
La
moción de censura es una obligación democrática. La única razón para no
plantearla, cabe intuir, es que, en el curso del debate sea preciso
hablar de la cuestión catalana, cosa nada del gusto de los partidos
españoles cuando otean elecciones. No haya cuidado. Mas señaló una vía
en esa entrevista de Iñaki Gabilondo.
Me atrevería a sugerir a los socialistas que siguieran su ejemplo:
aguarden a ver qué resultado dan las elecciones del 27 de septiembre y,
en función de esos resultados, hagan ustedes sus propuestas. Mientras
tanto, piénsenlas porque todos nos jugamos mucho.
En
fin, hagan lo que quieran pero no es absurdo elevar un tanto el nivel
del debate a las cuestiones de interés general. No seamos solo objeto de
la atención y pasmo de Europa por el hecho de que dos magistrados
presuntamente afines a un partido se apresten a juzgar a dicho partido
en un procedimiento penal.
La justicia del príncipe nunca será Justicia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
