LORCA/MURCIA.- El diputado regional socialista Manuel Soler ha calificado de "chapuza"
la tramitación de los acuerdos del Memorándum sobre el Tajo-Segura por parte del Gobierno de
Rajoy, al que exige "una solución urgente a fin de no crear más
incertidumbre entre los agricultores de la Región de Murcia".
Soler ha criticado la falta de rigor que el PP ha tenido a la
hora de dar trámite legislativo a los acuerdos del Memorandum, y ha
lamentado que, en algo tan importante para la Región como es el Trasvase
Tajo-Segura, se cometan errores de este calibre que han dado lugar a
que el Tribunal Constitucional estime parcialmente un recurso de las
Cortes de Aragón obligando al Ministerio de Agricultura a empezar por el
principio en lo referente a ciertas normas que regulan el
funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura.
"El PSRM ya se opuso en
su día al incremento de las existencias no trasvasables en la cabecera
del Tajo, pasando de 240 a 400 hm3", ha recordado el diputado
socialista, "pero el Gobierno regional del PP no se opuso a su propio
partido".
En opinión de Manuel Soler, "es el momento para que el
Ministerio aproveche este traspié que el PP ha dado para conseguir que
las existencias de agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía no
trasvasables continúen en los niveles anteriores de 240 hm3".
"Ahora
que el Gobierno de España tiene que enviar a las Cortes la Ley de
Evaluación Ambiental que dio cobertura a los acuerdos del Memorándum a
fin de realizar las enmiendas pertinentes, debe quedar claramente
contemplada la compra de derechos y los bancos de agua, de manera que no
sea necesario la publicación de un Real Decreto de Sequía para poder
acceder a la compra de agua tanto en la propia cuenca como en otras", ha
finalizado.
Diez pueblos de Teruel que suman 1.120 habitantes y que representan el 0,43% de la superficie de la cuenca del Tajo, una pequeña parte de la cuenca del Tajo adscrita a dicha comunidad, concretamente en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, donde nace el Tajo, han dejado en evidencia al Ministerio y han puesto en jaque al Trasvase. El Memorándum del Tajo-Segura tendrá que volver a pasar por el Congreso de los Diputados para subsanar cinco disposiciones que acaba de anular el Tribunal Constitucional, que ha admitido de forma parcial el recurso de las Cortes de Aragón.
La intranquilidad y malestar de los regantes son patentes por este revés. El Ministerio de Agricultura omitió darle audiencia a Aragón para que informara, por lo que el Constitucional considera nula, aunque con efectos diferidos, la regulación del Trasvase en lo que afecta a las nuevas reglas de explotación, la reserva de 400 hectómetros y la 'ley Narbona' que sustituía agua del Tajo por desalinizadoras, tal como recuerda hoy 'La Verdad'.
El Ministerio de Agricultura respondió anoche que la sentencia «avala el Trasvase» y que el tribunal solo aprecia «un defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria, que será subsanado con la máxima agilidad y las mayores garantías». Responsabilizó indirectamente al Grupo Parlamentario del PP a través de enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
El Ministerio, a través de un comunicado, informó que subsanará «con la máxima agilidad» y las «mayores garantías» el «defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria» detectado por el Constitucional. Según el Ministerio, el Tribunal avala la constitucionalidad del Trasvase.
También destaca que se ha desestimado el resto de motivos aducidos por Aragón, como la cesión de derechos. Subraya que se confirma la constitucionalidad del contenido del acuerdo ratificando la regulación del acueducto aprobada por el Gobierno y respaldada por el acuerdo de las cinco comunidades autónomas afectadas por el trasvase en las cuencas cedente y receptora.
Los redactores que dieron cuerpo legal al Memorándum -sobre el que trabajaron durante más de un año con las cinco comunidades autónomas cedentes y receptoras del agua del Tajo, todas del Partido Popular-, no repararon en que tenían que haberle consultado a Aragón. El recurso fue presentado por todos los grupos parlamentarios de aquella comunidad, entre ellos el PP de Luisa Fernanda Rudi, por entender que existía un vicio de nulidad al no haber sido consultadas todas las comunidades autónomas afectadas.
Diez pueblos de Teruel que suman 1.120 habitantes y que representan el 0,43% de la superficie de la cuenca del Tajo, una pequeña parte de la cuenca del Tajo adscrita a dicha comunidad, concretamente en la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, donde nace el Tajo, han dejado en evidencia al Ministerio y han puesto en jaque al Trasvase. El Memorándum del Tajo-Segura tendrá que volver a pasar por el Congreso de los Diputados para subsanar cinco disposiciones que acaba de anular el Tribunal Constitucional, que ha admitido de forma parcial el recurso de las Cortes de Aragón.
La intranquilidad y malestar de los regantes son patentes por este revés. El Ministerio de Agricultura omitió darle audiencia a Aragón para que informara, por lo que el Constitucional considera nula, aunque con efectos diferidos, la regulación del Trasvase en lo que afecta a las nuevas reglas de explotación, la reserva de 400 hectómetros y la 'ley Narbona' que sustituía agua del Tajo por desalinizadoras, tal como recuerda hoy 'La Verdad'.
El Ministerio de Agricultura respondió anoche que la sentencia «avala el Trasvase» y que el tribunal solo aprecia «un defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria, que será subsanado con la máxima agilidad y las mayores garantías». Responsabilizó indirectamente al Grupo Parlamentario del PP a través de enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
El Ministerio, a través de un comunicado, informó que subsanará «con la máxima agilidad» y las «mayores garantías» el «defecto de procedimiento en la tramitación parlamentaria» detectado por el Constitucional. Según el Ministerio, el Tribunal avala la constitucionalidad del Trasvase.
También destaca que se ha desestimado el resto de motivos aducidos por Aragón, como la cesión de derechos. Subraya que se confirma la constitucionalidad del contenido del acuerdo ratificando la regulación del acueducto aprobada por el Gobierno y respaldada por el acuerdo de las cinco comunidades autónomas afectadas por el trasvase en las cuencas cedente y receptora.
Los redactores que dieron cuerpo legal al Memorándum -sobre el que trabajaron durante más de un año con las cinco comunidades autónomas cedentes y receptoras del agua del Tajo, todas del Partido Popular-, no repararon en que tenían que haberle consultado a Aragón. El recurso fue presentado por todos los grupos parlamentarios de aquella comunidad, entre ellos el PP de Luisa Fernanda Rudi, por entender que existía un vicio de nulidad al no haber sido consultadas todas las comunidades autónomas afectadas.
Habla el T.C.
El alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso que presentó el
año pasado las Cortes de Aragón y ha declarado inconstitucional cinco
preceptos de dicha ley, que afectan directamente a la regulación del
Trasvase Tajo-Segura. La norma fue aprobada en diciembre de 2013 en el
Congreso de los Diputados.
El recurso de Aragón iba contra siete disposiciones de la Ley de
Evaluación Ambiental, que son aquellas que tienen efectos sobre todas
las cuencas hidrográficas, y no solo las del Tajo y Segura.
Los aspectos sobre los que el Constitucional declara su nulidad se
centran en los informes preceptivos que debe emitir la Comunidad de
Aragón en aspectos relacionados con el agua, según se recoge en su
Estatuto de Autonomía, ya que hay una parte de la cuenca del Tajo que
toca a su territorio, aunque mínima. En resumen, quienes confeccionaron
la ley se olvidaron de consultar al Gobierno de Aragón. El Ejecutivo
central tiene un año de plazo para subsanar la ley, ya que de lo
contrario se declarará nula, con lo que eso supone para la nueva
regulación del Trasvase Tajo-Segura. La nueva regulación del acueducto
seguirá vigente hasta que el Gobierno subsane la deficiencias observadas
por el TC. Los preceptos afectados por la sentencia incumben a las
nuevas reglas de explotación y a la reserva de 400 hectómetros.
El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite en abril del
año pasado el recurso de inconstitucionalidad presentando por las Cortes
de Aragón contra varias disposiciones de la ley de Evaluación Ambiental
que dio cobertura al Trasvase Tajo-Segura. Los partidos aragoneses,
incluido el PP, están en contra de que se liberalicen los bancos de agua
porque creen que la compraventa de caudales entre cuencas hidrográficas
deja la puerta abierta al Trasvase del Ebro.
La norma fue aprobada en diciembre por el Congreso de los Diputados
garantizando la continuidad del acueducto Tajo-Segura a través del
Memorándum respaldado por el Ministerio, los regantes y las regiones
implicadas: Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad
Valenciana. Los bancos de agua permitirán al Sindicato Central de
Regantes y a otros usuarios del Segura completar sus dotaciones
adquiriendo derechos concesionales de forma provisional en otras
regiones.
Las Cortes de Aragón decidieron recurrir la ley en febrero de 2014
por entender que incurría en un vicio de inconstitucionalidad, ya que
modificaba el Plan Hidrológico Nacional sin contar con la participación
de las autonomías.
El informe de los servicios jurídicos de dicha comunidad aseguró que
la ley hace posibles los trasvases sin tener en cuenta los planes
hidrológicos, además de que establece que es el Gobierno el que
determinaría el volumen de desembalse para necesidades propias, lo que
"vulnera el principio constitucional de cooperación".
Los partidos aragoneses señalaron que la Ley de Evaluación Ambiental
incluye una disposición que permite realizar trasvases de agua entre
cuencas con una simple autorización de la Dirección General del Agua,
sin necesidad de pactar con autonomías ni organismos de cuenca.
