Caritas critica que "1.000 personas sigan sin tener un hogar en la Región de Murcia en pleno siglo XXI"

MURCIA.- El director de Caritas Diocesana en Murcia, José Luis Leante, criticó, durante la presentación de su campaña nacional de concienciación en Navidad 'No tener hogar significa mucho más que estar sin techo', que "cerca de 1.000 personas sigan sin tener un hogar en la Región de Murcia en pleno siglo XXI".

Leante estuvo acompañado en la presentación de la nueva campaña de Navidad por el secretario general de Cáritas Diocesana en Murcia, Antonio Sánchez, quien recordó que en la Región existen familias que se encuentran en situación de pobreza extrema que subsiste con tan solo 300 euros al mes.

En este sentido y ante la celebración, el domingo, del 'Día de los sin techo', Leante lamentó que "en un país como España que se proclama fuerte económicamente sigan sin tener una vivienda más de 30.000 personas, un derecho que ampara la Constitución Española en su artículo 47".

Además, explicó que la campaña nacional de Caritas quiere ser una llamada al interior de las personas, de las administraciones públicas, de las organizaciones e instituciones, para denunciar públicamente el difícil acceso que existe a una vivienda digna y adecuada, primer paso para construir un hogar".

Y es que para, Caritas, más allá de las definiciones económicas y sociales utilizadas por organismos oficiales, "hogar significa que me puedo trasladar sin renunciar a mi identidad; es donde tengo mi espacio y mi intimidad, conformado por bienes, mis vecinos, mis amigos; es parte de mi formación y educación, donde aprendo y ayudo a aprender".

Al hilo, Sánchez señaló que desde que comenzó la crisis económica "Caritas ha sufrido un incremente del 40 por ciento en la petición de ayudas, es decir, que de las 60.000 peticiones recibidas en el año 2007 se ha pasado a las 84.000 recibidas en lo que llevamos de año", al tiempo que añadió que "también han aumentado la peticiones de ayudas de personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas".

En este sentido, el secretario general de Caritas recordó que según el último informe de la fundación Foesa "el cuatro por ciento de la población vive en situación de pobreza extrema, una cifra de exclusión que, pese al crecimiento económico registrado en los últimos años, se ha mantenido en España y en la Región de Murcia".

Igualmente, señaló que la crisis actual "ha hecho que los colectivos habituales con los que Caritas trabajaba (inmigrantes y excluidos socialmente), se amplíen a otros que, antes de la crisis, estaban en una situación de vulnerabilidad y que ahora se encuentran en situación de pobreza".

Respecto a las medidas que las administraciones públicas adoptan frente a estos colectivos que sufren pobreza extrema, el director de Caritas afirmó que, "nunca, ni si quiera cuando la economía estaba en situación de bonanza, los presupuestos destinados a estas acciones sociales han sido suficientes y así lo hemos venido denunciando públicamente".

Desde los 140 centros que Caritas tiene distribuidos por la Región de Murcia "no podemos hacer frente a todas las peticiones de ayuda, aunque sí procuramos estar cerca de los necesitados para escucharlos y brindarles la ayuda de expertos", una ayuda que para Leante "es, en ocasiones, más efectiva que las económicas".

Finalmente, y con motivo de la celebración el domingo del 'Día de los sin techo', Caritas se ha sumado a la iniciativa de la ONG 'Solidarios para el desarrollo' de realizar hoy una 'dormida en la calle' en el jardín de Santo Domingo de Murcia, "para reivindicar y solidarizarse con todos los que viven sin hogar", subrayó Sánchez.

Por otro lado, Sánchez explicó que además de las plazas que Caritas tiene en la Región de Murcia para que los solicitantes puedan dormir, comer, asearse, y recibir ayuda psicológica, existen una serie de pisos alquilados por la entidad católica para hacer frente a esta demanda.

En este sentido, hay que destacar la labor que Caritas realiza con los menores de edad que lleguen a las costas murcianas en patera, "unos jóvenes que al cumplir los 18 años son considerados por la Administración como autónomos y, por lo tanto, dejan de ser tutelados".

Con estos jóvenes, Caritas realiza una labor de formación en centros como el que tienen las Hermanas Reparadoras en la pedanía murciana de El Raal, donde les ayuda a completar su labor formativa para, después, ir derivándolos a talleres educacionales para que encuentren empleo.

De este modo, el total de plazas de acogida que tiene Caritas en la Región de Murcia, entre pisos alquilados e instalaciones propias, asciende a 300, "una cantidad insuficiente" por lo que Leante hizo un llamamiento a la Administración regional para que, en el 2009, se pueda ampliar el número.

El Coordinador Comarcal de IU en el Guadalentín exige a Valcárcel que actúe, sin contemplaciones

TOTANA.- Tras la detención, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del alcalde y el primer teniente de alcalde del municipio de Librilla, "se pone de manifiesto que, los casos de corrupción ligados con el Urbanismo, implantado por el PP, no son casos aislados, ante los que el Presidente de la Comunidad y del PP regional, no puede seguir mirando hacia otro lado como si el asunto no tuviese graves responsabilidades políticas", dice un comunicado de IU en la comarca del Guadalentín.

A las detenciones en Totana, las graves imputaciones a Juan Morales, se suman la de otro cargo público que, "como mínimo, tiene una grave responsabilidad política en los repugnantes hechos que están investigando la Justicia y la Guardia Civil".

“Los ciudadanos de los pueblos de la comarca se preguntan cuál será el próximo Ayuntamiento registrado por la UCO y hasta cuando va a permitir los desmanes urbanísticos el presidente, Valcárcel…”, ha manifestado Juan José Cánovas, el coordinador comarcal de IU.

"La exigencia de honestidad y transparencia en la función pública, exige la paralización de los Planes Urbanísticos “contaminados” por la corrupción y la separación inmediata de políticos y funcionarios sobre los que recaen las sospechas de actuaciones corruptas", concluye el también responsable de Política Municipal de IU en la Región de Murcia.

Desde IU, se recuerda que el Gobierno Regional, anunció hace un año, una querella contra Juan José Cánovas, por denunciar los casos de corrupción que hoy, de nuevo, son portada en los medios regionales y nacionales. La querella, contra el concejal de IU en Totana, anunciada por el entonces portavoz, De Heras, no llegó a presentarse.

La Guardia Civil detiene al alcalde de Librilla por el presunto cobro de comisiones ilegales

MURCIA.- La Guardia Civil ha detenido hoy a mediodía, en su despacho oficial, al alcalde de Librilla, José Martínez García, del PP, y posteriormente al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, del PP, y en Murcia a un asesor jurídico del Ayuntamiento y profesor de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Cesáreo Gil de Pareja Otón, por el supuesto cobro de comisiones ilegales y por su presunta pertenencia a una trama de corrupción, según habrían declarado los otros cinco detenidos.

Gil de Pareja, director del máster de Urbanismo que se imparte en la UCAM y director del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Mula, ha sido cesado hoy mismo por acuerdo de los tres grupos municipales, PP, PSOE e IU, presentes en el Consistorio. Los datos aportados por este letrado sirvieron de base en su día para iniciar estas pesquisas a instancias de la Fiscalía del TSJ. Ahora, los detenidos anteriormente pueden, en sus declaraciones ante la Guardia Civil, haberle imputado alguna práctica delictiva. Su domicilio también ha sido registrado.

Las detenciones se enmarcan en las investigaciones de la denominada "Operación Biblioteca", que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, porque su titular, Andrés Carrillo de las Heras, ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y blanqueo de capitales, tras un supuesto beneficio ilegal cercano a los siete millones de euros.

Las detenciones, practicadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han producido a raíz de las declaraciones prestadas por las cinco personas arrestadas el pasado martes en la misma operación, en la que se investiga una trama de corrupción urbanística, y de la relevante documentación intervenida y analizada.

Según las fuentes consultadas, los indicios que han provocado las tres detenciones de hoy han sido hallados por los investigadores en las últimas horas, entre la documentación incautada en la primera fase de la operación.

Entre los cinco primeros detenidos estaban el ex funcionario autonómico José Luis Cano Valverde, considerado el cerebro de la trama, y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa Acadi (ahora en suspensión de pagos) que redactó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla, así como su gerente, Domingo Cabrera.

José Martínez, alcalde de Librilla desde 1991 a excepción de una legislatura socialista entre los años 2003 y 2007, ha acompañado posteriormente a los agentes de la UCO en el registro de su vivienda, una casa antigua en planta baja, por espacio de más de cuatro horas, al igual que el teniente de alcalde al registro de la suya.

El primer edil, dueño de una administración de lotería de la localidad, también acompañó el pasado martes, durante cuatro horas, a la Guardia Civil en el registro que ésta efectuó en la sede consistorial a raíz de la detención de los primeros cinco implicados.

Ese día, el alcalde aseguró a los periodistas que había colaborado "voluntariamente" con la Justicia, y que "en ningún momento" había estado detenido.

Librilla, población de casi 4.000 habitantes, es un municipio agrícola situado en el valle del Guadalentín, en las faldas de Sierra Espuña, y su Ayuntamiento está integrado por seis concejales del PP y cinco del PSOE.

IU exige la dimisión

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, exigió hoy la dimisión "inmediata" del alcalde de Librilla y del concejal de Urbanismo de esa localidad --ambos detenidos hoy por la Guardia Civil por su presunta relación con un caso de corrupción en ese municipio-- e instó al presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, a que "ataje con contundencia" la corrupción en esta comunidad autónoma.

Pujante hacía estas declaraciones tras conocer que el regidor del municipio librillano, José Martínez, el edil Pedro Martínez y un asesor jurídico del Ayuntamiento han sido detenidos hoy por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presunto cobro de comisiones ilegales, según informaron fuentes de la coalición de izquierdas en un comunicado de prensa.

Es este sentido, lamentó que el caso de Librilla sea "uno más de los registrados en la Región en los últimos años", y consideró que, con independencia de la decisión judicial que se adopte en torno a esta trama, "la ética fundamental que debe respetar todo cargo público no permite mezclar los intereses públicos y los privados".

Asimismo, indicó que Izquierda Unida "luchará contra las actuaciones corruptas y en defensa de la transparencia y el cumplimiento de la ley", al tiempo que calificó de "lamentable" que "el nombre de instituciones públicas se hayan visto involucradas en este turbio asunto de corrupción".

El PSOE "exigirá responsabilidades"

El PSOE de Librilla pidió hoy el "máximo respeto a las actuaciones judiciales" en relación al caso por el que el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y han sido detenidas, hasta el momento, ocho personas. Al mismo tiempo, aseguró que "exigirá responsabilidades", llegado el momento.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Librilla, María del Mar Hernández, hizo estas declaraciones tras tener conocimiento de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo al alcalde de dicha localidad, José Martínez; así como al teniente de alcalde, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, por su presunta pertenencia a una trama de corrupción.

En este sentido, desde el PSOE municipal se pidió el "máximo respeto a las actuaciones que el juez está llevando a cabo en la localidad en su labor de aclarar los hechos" que "presuntamente son constitutivos de delito".

Y es que, advirtió, "de mostrarse como aciertos estos hechos supondrían un grave daño económico y moral al pueblo de Librilla", con lo que, incidió, una vez que se sepa quiénes son los "responsables" en este supuesto caso de corrupción "exigiremos responsabilidades".

Las obras del Nuevo Aeropuerto y la crisis / Juan Redondo

Sale ahora Valcárcel diciendo que las obras del futuro aeropuerto regional, uno de los buques insignia de su gestión, puede ralentizarse por la crisis económica. Vaya contradicción.

Hace meses que nos tienen dicho los poderes públicos y los empresarios que contra esta recesión que afecta especialmente a la construcción hay que agilizar la inversión en obra pública. Y que el sector servicios, empezando por el turismo es apuesta de futuro.

Hace unas semanas ya los los vecinos de las pedanías y las casas de comidas de la zona empezaron a extrañarse por una repentina ausencia de operarios.

Que si eran unos restos romanos, que un replanteamiento en el proyecto, que sí alguna subcontrata tenía problemas económicos; que sí Sacyr, la adjudicataria más importantes dentro de un consorcio formado entre otros por el Grupo Fuertes, Cajamurcia y la CAM, anda metida en operaciones financieras de activos y pasivos para tener una buena capitalización.

Y que con la apertura de plicas para la concesión de las obras, hubo polémica y recursos por parte de otro grupo de empresas encabezadas por Acciona.

Dicen que no hace muchos días hubo una reunión importante del grupo adjudicatario y encargado de la construcción y a consecuencia de ello han surgido las declaraciones de Valcárcel.

En teoría la obra y la puesta en marcha del Aeropuerto Regional de Corvera anunciado para 2011 supone la gran ruptura de uno de los cuellos de botella, junto con los ferrocarriles, para el desarrollo regional en infraestructuras de comunicaciones.

Su puesta en funcionamiento parece más prioritaria con la recesión económica.

Las palabras de Valcárcel sobre su posible aplazamiento resultan inquietantes tanto para la Comunidad como para los las empresas y entidades componentes del consorcio.

Los ruidos levantan las liebres

Tras la intervención de los UCOs en Librilla se han vuelto a disparar las alarmas con nombres de municipios y de personas a visitar por los enviados especiales de Madrid en temas de anticorrupción.

Hace un año con la “Operación Totem” un largo listado de ayuntamientos de los dos colores circulaba concretando fechas y hasta días. Con tanto ruido y se levantan las liebres de lejos, comenta un amigo cazador, que afirma que la Justicia tiene que trabajar lenta pero segura.

“Aunque los anuncios muy adelantados también permiten que se puedan borrar las huellas y adecentar la casa, suponiendo que hubiera ropa sucia”.

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Reig Pla insiste en que la titular de la UCAM es la Diócesis de Cartagena

MURCIA.- El obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, se ratifica en que la titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) es de la Diócesis y no de la Fundación San Antonio de Murcia, como afirma su presidente, José Luis Mendoza.

Reig Pla se remitió al comunicado hecho público la semana pasada en el que se confirmaba que la UCAM estaba creada por la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae y su titularidad corresponde a la Diócesis.

Además, no quiso confirmar ni desmentir la afirmación de Mendoza de que intentó vender la Universidad al Obispado, pero que su titular no quiso aceptar esta oferta.

Aún así, según establece ese comunicado, la cuestión sobre la propiedad de la UCAM continúa en el aire, ya que la Diócesis está a la espera de que la aprobación de los estatutos de la UCAM, causante de todos los problemas entre las dos instituciones desde noviembre del año pasado, está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por otras instancias.

De todas maneras, según este documento, el obispo también está esperando la decisión de la Santa Sede, ya que no considera válida la carta del Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, en la que se decía que la titular de esta Universidad era la Fundación, ya que se trata de una “mente o voluntad circunstancial, y que fue redactada a la vista de un conjunto de documentos que le fueron proporcionados por la Fundación, y no por la Diócesis”.

En este sentido, el comunicado recuerda que estos estatutos carecen de validez y que toda acción contraria a los estatutos de 1998 son “ilícitos e inválidos”.

El documento concluye diciendo que lamenta que los profesores “sean arrastrados a posturas de descomunión con el ministerio episcopal”.

La OCDE pide eliminar el permiso regional para fusiones de cajas

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone eliminar las autorizaciones de los gobiernos regionales para las fusiones de cajas de ahorro y reducir los costes aparejados a los cambios de hipoteca, según figura en el 'Estudio económico de España 2008', publicado hoy.

El organismo con sede en París recomienda reducir los obstáculos que en la actualidad afrontan estas entidades para llevar a cabo procesos corporativos, así como para aumentar sus fondos propios y elevar el límite aplicable a las participaciones individuales.

Según la OCDE, el Gobierno español está tomando "pasos apropiados" respecto a las medidas relativas a los riesgos asociados al tipo de interés para los usuarios de hipotecas, pero debería ir más allá en la reducción de los costes para cambiar de hipoteca.

En este sentido, advierte de que referenciar el tipo de interés de las hipotecas a indicadores interbancarios a corto plazo, entre los que figura el Euríbor, acentúa intensamente la exposición de la economía real a los cambios de dichos indicadores.

La OCDE incide en que indicadores como el Euríbor, al que se referencian el 95% de las hipotecas en España, han registrado fuertes escaladas en los últimos meses, y prevé un a alza de la morosidad en el futuro ante la subida del paro.

La OCDE considera además que la fortaleza del sistema financiero es una de las bazas de la economía española para salir de la "profunda desaceleración", aunque constata la existencia de condiciones financieras más restrictivas.

En su opinión, las entidades en España están "comparativamente bien situadas" respecto a competidores de otros países para absorber las pérdidas asociadas a su exposición al mercado inmobiliario y de la construcción nacional, así como a las turbulencias financieras internacionales.

Asimismo, considera que la supervisión llevada a cabo por el Banco de España ha permitido la creación de un colchón de provisiones para afrontar momentos de dificultad y ha desincentivado la concesión de hipotecas de forma imprudente.

"Aunque las cuentas de resultados de las entidades financieras presentan una fuerte exposición a la desaceleración del sector de la construcción en España, los colchones frente a las pérdidas que podrían derivarse de esta situación son sustanciales", recalca.

El Gran Casino de Cartagena recibe 140.000 visitas en tan sólo dos años

CARTAGENA.- El Gran Casino de la ciudad portuaria ha recibido alrededor de 140.000 visitas en los dos años que lleva instalado en las instalaciones del Parque Empresarial y de Ocio Mediterráneo.

Así lo comunicó el propio centro lúdico mediante un comunicado, en el que también informó de que se ha repartido un total de 4,1 millones de euros en premios, siendo el más destacado uno por valor de 25.514 euros.

La empresa indicó que la mayoría de los clientes tienen entre 18 y 35 años y fijó su preferencia en el juego de la ruleta americana, en un 66,5%, seguido del póker y el black jack, con un grado de aceptación del 19% y del 14,5%, respectivamente.

Según las mismas fuentes, en total, las máquinas de azar del espacio lúdico han concedido 8.600 premios.

Además, en las dependencias de la casa de juego se han disputado más de 756.000 partidas de póker sin descarte, efectuando más de 516.000 pases en las tres mesas de black jack, y consumido un total de 58.200 naipes.

Obras Públicas invierte casi cuatro millones de euros en la mejora de una de las conexiones de Lorca con Andalucía

MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha invertido casi cuatro millones de euros en la mejora de la carretera MU-620, que une Lorca con Pulpí, y que constituye una importante vía de comunicación con la provincia de Almería, según informaron fuentes del Gobierno regional en una nota de prensa.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, visitó hoy, acompañado del alcalde de Lorca, Francisco Jódar, las obras de acondicionamiento y refuerzo del firme, que finalizarán el próximo diciembre, y que dotarán a la Región de una conexión más rápida y segura con Andalucía, al tiempo que mejorará las comunicaciones en el término municipal de Lorca y sus pedanías.

Obras Públicas, a través de la Dirección General de Carreteras, ha financiado íntegramente el importe, que asciende a 3.704.030 euros, y que también incluye la construcción de una glorieta, cuyas obras tienen un coste de 178.849 euros.

En palabras del consejero, "se trata de un proyecto de gran envergadura que se va a desarrollar en una de las vías más transitadas de Lorca, que comprende casi 20 kilómetros de trayecto, desde su origen en la diputación lorquina de Purias, hasta el límite con la provincia de Almería".

La actuación repercutirá sobre la seguridad de los más de 5.000 conductores que transitan la vía a diario, y de los vecinos de las pedanías lorquinas de Purias, La Escucha, La Escarihuela, la diputación de La Campana y Pozo Higuera, localidad en la que la Consejería ha finalizado el acondicionamiento de la D-24, que la conecta con Águilas.

Además, con las obras de acondicionamiento de la MU-620, que conecta la carretera C-3211 (Lorca-Águilas) con la pedanía de Pozo Higuera, se mejoran las comunicaciones desde la pedanía de Almendricos hacia Águilas y se mejoran los accesos a los centros educativos de Purias, así como al pabellón polivalente de la pedanía, que está ubicado junto al Instituto Sierra Almenara.

El consejero José Ballesta visitó también las obras de la glorieta ubicada en la intersección de la MU-620 y la D-11, que permitirá ordenar el tráfico procedente del municipio de Puerto Lumbreras y de las industrias agroalimentarias de la zona, que generan una alta intensidad de vehículos pesados.

Esta nueva rotonda mejorará los accesos al instituto de Secundaria y al colegio de Primaria ubicados en el camino de La Torre, que próximamente se convertirá en la carretera D-11, a través de la prolongación de esta vía desde la Estación de Puerto Lumbreras hasta la MU-620, cuyas obras se iniciarán en 2009.

Por otra parte, el consejero de Obras Públicas y el alcalde de Lorca han firmado esta mañana dos convenios para el desarrollo de actuaciones en materia de arquitectura, por los que la Consejería, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, subvencionará al Consistorio con 1.350.926 euros, mientras que éste aportará la cantidad restante hasta alcanzar los 2.017.544 euros del importe total de la inversión.

A través de estos acuerdos, Obras Públicas financiará con 1.300.000 euros la rehabilitación de la Plaza de España y su entorno, así como la recuperación de la fachada y la cubierta de la Casa Parroquial de Santiago y del atrio de la iglesia, una actuación en la que se invertirán 50.926 euros.

El proyecto que se va a ejecutar en la Plaza de España y su entorno afecta a una superficie de 3.189 metros cuadrados y supone la rehabilitación de uno de los espacios públicos más emblemáticos del municipio, que data del siglo XVI.

De igual forma, la recuperación del atrio parroquial y de la Iglesia de Santiago, una casa palacio que fue construida en el siglo XVIII, supone una actuación de gran interés por el valor arquitectónico de la infraestructura.

El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha la nueva institución ferial bajo el nombre de Ifemur

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, anunció hoy, en rueda de prensa, que Murcia volverá, después de más de 30 años, a contar con una Institución Ferial. Si hasta 1975 existió en el municipio la Feria Internacional de la Conserva y la Alimentación (FICA), el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio han propuesto crear Ifemur, la Institución Ferial de Murcia.

Y es que, la Junta de Gobierno aprobó hoy el texto del protocolo de colaboración entre los dos organismos, que se firmará en las próximas semanas, para la constitución y puesta en marcha de la Feria de Murcia, con la finalidad de iniciar los procedimientos reglamentarios para su creación.

"Se ha elaborado un documento que va a servir para elaborar el grupo de trabajo y así elaborar los estatutos de Ifermu, y también vamos a invitar a que se incorporen tanto el Gobierno regional, como las principales entidades financieras y bancarias", argumentó Cámara.

Con Ifemur se persigue crear una infraestructura que actúe como elemento dinamizador de las relaciones comerciales, dando así respuesta a las demandas de los empresarios, especialmente del sector turístico y comercial.

Asimismo, el alcalde de Murcia dijo que "desea que este modelo sea similar al de Madrid, con unos excelentes resultados desde el punto de vista de gestión, de promoción y de actividad económica".

De esta forma se situará a Murcia en condiciones de competir con las demás capitales de provincia españolas que ya cuentan con un recinto de esta categoría y que pueden acoger importantes certámenes feriales y eventos de carácter empresarial.

El recinto ferial estará situado en los espacios colindantes con el parque científico, perfectamente comunicado por carretera, además que se espera la llegada del tranvía a esa zona, a través del campus de los Jerónimos.

La Feria Internacional de la Conserva y Alimentación (FICA) es un referente para la historia empresarial de Murcia durante las décadas cincuenta y sesenta, cuyos inicios se remontan a 1952, como Feria General de Muestras y con periodicidad bienal, hasta que en 1958 adquirió carácter monográfico.

En 1975 se perdió esta manifestación ferial, lo que supuso una merma de la proyección de la ciudad de Murcia.

"Queremos convertirnos en el centro de lo que son ferias, congreso y exhibiciones de todo nuestro ámbito, desde Málaga hasta Valencia, pasando por todo lo que es la meseta castellano-manchega", concluyó Cámara.

Les Terres del Ebre se movilizan contra trasvases hacia Castellón

CASTELLÓN.- La Plataforma en Defensa del Ebre (PDE) y el sindicato Unió de Pagesos (UP) han convocado para el domingo una movilización para denunciar las dudas que plantea la construcción del canal de regadío Xerta-Sènia, al considerar que el agua servirá en un futuro para posibles trasvases hacia Castellón y la Comunidad Valenciana.

Los participantes en la movilización se concentrarán a las 10.30 horas del domingo en el paseo de las bicicletas de Tortosa, desde donde saldrán en caravana de coches hacia la zona en donde se está construyendo el canal.

La protesta contrasta con los planteamientos de todas las organizaciones agrarias de Castellón, que reivindican un minitrasvase para lograr una aportación de alrededor de 80 hectómetros cúbicos para la provincia.

Allí, el sindicato agrario y el movimiento antitrasvase celebrarán un acto de protesta con el que reclamarán a la Generalitat que clarifique algunos aspectos de este regadío.

Los opositores al planteamiento actual de este canal afirman que está "sobredimensionado" para que en un futuro sus excedentes de agua, procedente del Ebro, puedan ser trasvasados a Castellón.

La CAM emitirá más cuotas si necesita liquidez

ALICANTE.- La asamblea de Caja Mediterráneo (CAM) votará el viernes autorizar al consejo de administración a realizar una nueva emisión de cuotas participativas, títulos similares a las acciones pero sin derecho a voto.

La caja no tiene plazo ni prisa para concretar esta segunda emisión y el secretario general de la CAM, José Pina, dejó claro que tendrán "guardada" la autorización en el cajón para poder actuar con agilidad en los tres años del plazo previsto por si surge alguna posibilidad de inversión corporativa o si precisa liquidez.

La autorización se pedirá para una única emisión y por hasta el 17,5% del valor de la caja (que sumarán el 25% con lo que se colocó en la primera emisión). La caja no reservará tramos como sí hizo en la primera emisión al ser "obligatorio" por salir a Bolsa, puntualizó Pina.

El secretario general de la entidad se mostró muy satisfecho con la evolución del valor en Bolsa de las cuotas, que, aunque han perdido un 5% de su valor, son "el tercer mejor valor de bancos y cajas".

Librilla, una operación sin nombre / Juan Redondo

Al personal no le pilló de sorpresa cuando en la mañana de ayer se enteró de la intervención de los UCOs en Librilla. Hacía mucho tiempo que el Ayuntamiento figuraba al frente del “Hit parade” como internvenible y los apostadores ya le habían colocado el uno fijo, incluidos los populares. Y corrían la consigna: “Ya sabes, el próximo, Librilla”.

Parece que la gestión del veterano alcalde, José Martínez reciclando limoneros en ladrillos, con regadío incluido o unas facturas pagadas a unas empresas constructuras, que según los socialistas contenían algunas irregularidades gordas.

Sin embargo, el personal también se ha quedado sorprendido por las primeras capturas. Dicen que los cazadores llegaron de Madrid con perdigón gordo para caza mayor y que de momento han vuelto con unos zorzales en la mochila, unos pajarillos que andaban por allí picando al calor del llamado “desarrollo sostenible”. Una operación aparentemente tan “modesta” que de momento no tiene ni nombre rimbombante, como en su día fué “Totem” en Totana o “Ninette” en Los Alcázares.

Lo de los “pajarillos” tiene su interés, según comenta un veterano urbanista. “Para montar una parranda antes bastaba con unas guitarras, unas bandurrias y un laud. Ahora para montar un buen comedero parece que basta con un par de funcionarios y un aprendiz de constructor”.

El negocio montado, según informaciones judiciales supera los seis millones de euros. Y para montar este pequeño tinglado hace falta mucha seguridad, confianza y cierta vista gorda de los poderes públicos. Ahora con la crisis, siguen apareciendo “alegres descuidos” de la época de vacas gordas.

“Como dicen en la huerta: sí eso lo han hecho los chicos, ¿qué no habrán hecho los mayores?”, comenta una veterana sindicalista. De momento los pajaritos están en la jaula y los cazadores de “perdigón gordo”, están en la Región y ahora no hay elecciones.

¿Vuelve Miguel Navarro?

Las declaraciones del nuevo secretario general de los socialistas lorquinos, Diego Ferra, sobre el perjuicio ocasionado por la dimisión obligada de Miguel Navarro al frente del Ayuntamiento de Lorca unos meses antes de las municipales reabre un debate en el interno de los socialistas murcianos.

El histórico barón lorquino, que ambicionó y luchó por ser presidente de la Comunidad, lleva largo tiempo con una “su afonía política”. Quizás Ferra, “navarrista” convencido, ha dado el primer paso.

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Por qué muchas empresas ruinosas no han caído aún / José Antonio Martínez-Abarca

Estoy de acuerdo en que uno de los libros más gilipuertas que se han podido editar en años, y eso que la competencia al respecto es feroz, es “El secreto”, un “best seller” de alguien que no merece la pena ni citar. En él se mantiene la tesis del poder telúrico del pensamiento positivo. Si uno desea las cosas con toda su fuerza, esas cosas serán conseguidas. Mi experiencia sobre el particular es muy otra. Sé de gente que ha deseado con todas sus fuerzas ser inmortal y no podría decir sin temor a exagerar que triunfaran en el intento. Ahora les visito en su tumba para reñirles que quizás no desearon lo suyo con suficiente intensidad.

Tampoco es cuestión de dar detalles, pero en las dos únicas ocasiones en que he querido algo de verdad tampoco lo he conseguido: para mí han sido desastres cósmicos que, como las olas de calor atómicas, se han extendido a través de los lustros contaminando todo lo que encontraban a su paso, hasta día de hoy. Tesis incierta, por tanto. Pero me he recordado de esta insensatez al tratar de analizar la causa de que todavía muy pocas empresas de la Región vinculadas al sector inmobiliario hayan presentado concurso de acreedores.

Con la lógica en la mano, es imposible de explicar. No se vende una casa desde hace ya casi un año, no se concede un crédito bancario a una empresa inmobiliaria más que a condición de que presentes como garantía las escrituras de la herencia del tío de América, los proveedores están para tomar un camino... Pero las empresas del ladrillo, las medianas y grandes, no terminan de caer.

Se supone que a partir de la feria de septiembre íbamos a ver hundirse en bloque todo el sector que ha tirado de la economía regional en estas últimas legislaturas. No ha sucedido. ¿Por qué? Bien, creo que aquí también hay un secreto telúrico, como en el desdichado “best seller”. Tenemos que echar mano del pensamiento mágico, tan de moda ahora gracias al actual Gobierno socialista. Si las empresas del ladrillo no caen todavía es gracias a una única cosa: la obstinación de sus dueños no aceptando la realidad.

Los empresarios ni quieren bajar el precio de los pisos, para ajustarlos a su precio auténtico, ni pierden la esperanza de vender alguna vez alguna casa, no pagan a los bancos porque los bancos, prudentes, tampoco les están asfixiando para ello, y muchos que no pueden soportar la vergüenza social del fracaso siguen actuando como ricos cuando no lo son, dispuestos a empeñar a la familia en el Monte de Piedad si fuese necesario por seguir aparentando. Sus empresas no caen (todavía, claro: ya lo harán) porque la desesperación las mantiene en pie. Es como cuando me preguntan las comadres cómo es posible que yo esté físicamente con diez años menos, y yo les respondo la verdad: es que la desesperación mantiene muy joven, por lo mismo que la feliz vida marital te arroja a los leones de la decadencia...

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Saura la lia aún más en el PSRM de Cartagena por el riesgo de cisma

CARTAGENA.- El mensaje de unidad interna en Cartagena le ha durado a los responsables autónomicos del PSOE menos de veinticuatro horas. La decisión de la Ejecutiva regional de disolver las cinco agrupaciones locales y fusionarlas en una sola ha desatado el malestar entre numerosos dirigentes, militantes de base y simpatizantes, que temen una fuga de afiliados y un descenso de la participación por la concentración de poder en el nuevo órgano de decisión, según "La Verdad".

El descontento tiene que ver con que la dirección del partido ha descartado la opción que recogen los estatutos federales para mantener cierta actividad autónoma en los barrios y diputaciones: crear una agrupación municipal que incluya s de distrito.

Una gestora de veinte personas coordinada por la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Caridad Rives, pilotará la constitución de la agrupación única.

Las voces discortantes piden dar marcha atrás y seguir los pasos dados en ciudades como Gijón y Vigo, que sí tendrán órganos de distrito gracias a que los estutatutos aprobados en el 37 Congreso Federal lo permiten para ciudades de más de 250.000 habitantes.

Quienes piden lo mismo para Cartagena aseguran que esta vía es viable porque la ciudad tiene más de 175.000 habitantes (215.000), es ciudad parlamentaria y se rige por la Ley de Grandes Ciudades.

Si bien la mayoría de quienes se oponen a los planes de futuro de los socialistas cartageneros pertenecen a las agrupaciones pequeñas (Norte, Oeste y de El Llano del Beal), también hay afiliados de las agrupaciones Sur y Centro que contrarios al nuevo rumbo.

Uno de los que más reparos pone es el concejal y ex secretario general de la Agrupación Sur José Manuel Torres.

«Me parece vergonzoso que vayamos a tener la misma estructura que La Unión o Lorca, con todo el respeto para estos municipios. Cartagena es un municipio singular en muchos aspectos y lo que necesitamos es más fuerza e independencia, no depender más de Murcia», opinó Torres.

Propone celebrar un congreso donde se constituya un comité municipal de doscientas personas y una ejecutiva integrados en el PSCT, Partido Socialista de Cartagena.

«Tendríamos un poder infinito y no tendríamos que estar sujetos a directrices de Madrid y Murcia que debemos cumplir como militantes pero que no compartimos como murcianos», dijo Torres. Citó como ejemplo el poder hacer una manifestación en favor del trasvase del Ebro, debatir fuera del periodo electoral el apoyo o el rechazo a la provincia de Cartagena o evitar injerencias en la configuración de las listas electorales.

El también concejal y secretario general de la Agrupación Oeste, Francisco Díez Torrecillas, admitió que hay «reticencias de mucha gente que cree en la gestora tiene demasiado peso la Agrupación Centro». Se mostró a favor de la agrupación única, «siempre que dé a cada uno su peso», porque «es una oportunidad para impulsar un proyecto ilusionante».

Con todo, en su agrupación hay una amplia oposición. Por ejemplo, el secretario de Organización, Francisco Aznar, cree que el PSOE «vuelve al pasado" al quitar protagonismo a los militantes de la periferia, elegir a personas de proyectos pasados y tratar de que "unos pocos lo controlen todo».

«Habrá una voz única, pero una sola agrupación no asegura el éxito. Hay que implicar a los ciudadanos en una alternativa al PP, y eso pasa por mantener estructuras cercanas. Aquí, más 160.000 personas viven en barrios y diputaciones y sólo 60.000 en el casco», dijo el ex portavoz municipal y secretario general de la Agrupación Norte, Juan Luis Martínez.

«No han contado con nosotros para este proceso. Ya hay gente que se está dando de baja o que ha dicho que lo va a hacer. La gente no va a ir a reuniones a Cartagena porque no lo ve algo cercano», augura la secretaria de la Agrupación de El Llano, Carmen Soto.

Una visión muy distinta tiene Caridad Rives, quien recordó a la fallecida diputada Rosa Juaneda: «Ella decía que éramos cinco dedos de una mano que había que cerrar para sostener firme la rosa del socialismo cartagenero». En opinión de la nueva coordinadaora, «la estructura orgáncia nos fallaba y ahí están los resultados».

El pasivo de La Manga Club es de casi 100 millones de euros y eso inquieta a sus 700 trabajadores

CARTAGENA.- La empresa MedGroup, dueña de La Manga Club, presentó el pasado viernes un concurso voluntario de acreedores (la antigua suspensión de pagos). Esto ha desatado una cadena de rumores y preocupación entre los setecientos empleados del complejo hotelero. El Juzgado de lo Mercantil de Murcia todavía no ha decidido si acepta el concurso o no. La compañía dice que no puede hacer frente a las deudas que tiene contraídas con los acreedores, según "La Verdad".

Muchos acusan a la empresa de falta de información y de no «dar la cara» ante esta situación.

«Estamos muy mal. Creemos que la empresa no ha actuado bien en este asunto y nos ha engañado. Desconocemos cuántos puesto de trabajo están en peligro, pero seguro que más de un centenar irán a la calle. Se rumorea que estamos a punto de un Expediente de Regulación de Empleo, pero no sabemos nada», denunció la presidenta del comité de empresa de Hostelería de La Manga Club, Úrsula Gallego. Representa a casi medio millar de trabajadores.

Una opinión muy parecida es la del comité de empresa de Deportes del complejo, que reúne a casi doscientos obreros. Su presidente, Prudencio Vivar, avanzó que la empresa se está preparando para intentar aplazar las deudas de la empresa.

«La compañía no quiere cerrar, quiere aplazar los pagos de los proveedores. Lo que está claro es que muchos trabajadores se irán a la calle, pero no sabemos cuantos. No han dicho nada y estamos preocupados», indicó Vivar.

Los dos portavoces de comités de empresa mantuvieron ayer por la noche una reunión con representantes de la empresa MedGroup para aclarar el futuro de los trabajadores.

La compañía, a través de un comunicado, confirmó que las sociedades de urbanización, promoción y explotación de proyectos inmobiliarios La Manga Club S.L. e Inmogolf S.L. han presentado concurso de acreedores voluntario «como medida técnica de protección para asegurar la continuidad en la actividad de ambas compañías».

La empresa hotelera achaca a la crisis mundial de liquidez así como al endurecimiento de las condiciones de crédito bancario la presentación del concurso voluntario de acreedores y la consiguiente situación de incertidumbre.

«La deuda de ambas sociedades asciende a unos 97 millones de euros para una valoración estimada de activos de 170 millones de euros. A esta situación hay que añadirle la crisis general que está viviendo España y que ha afectado especialmente al sector turístico, al reducirse el número de pernoctaciones en La Manga Club», añadió el comunicado.

La compañía responsable del complejo continuará su actividad con absoluta normalidad ya que tiene una cartera de clientes suficiente y unos activos «valorados en 170 millones de euros, que garantizan su viabilidad».

La CAM y Caja Murcia financian a Mendoza y la UCAM

MURCIA.- La Fundación San Antonio señala que lleva invertidos hasta ahora unos 60 millones de euros en la consolidación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Esta cantidad se distribuye en la compra de terrenos alrededor del monasterio de Los Jerónimos y de solares que poseía el Ministerio de Defensa en Cartagena. Otra parte ha ido a la rehabilitación del propio monasterio y al Colegio San Vicente, entre otros fines, según ha explicado José Luis Mendoza a "La Verdad".

En el caso de Cartagena, el 10% de los terrenos está a nombre de la Fundación y el 90% restante a cargo del Centro de Estudios Universitarios San Antonio, que también dirige Mendoza. Para la adquisición se soliciataron dos préstamos de dos millones de euros cada uno a Cajamurcia y la CAM, aparte de una entrada en metálico.

Según ha explicado Mendoza, la operación se realizó de esta forma porque así lo consideró conveniente al poner en juego su propio patrimonio y porque los bancos y cajas de ahorros no dan préstamos a las fundaciones.

Mendoza añadió, a preguntas de este periódico, que la Fundación debe pagar todos los meses dos millones de euros en sueldos de los profesores y del personal no docente.

Por otra parte, sobre la marcha del fiscal Manuel Campos, que coordinaba la Escuela de Práctica Jurídica y Crimonología, Mendoza explicó que le resultaba difícil hacer compatible el cargo de diputado regional del PP con su labor en la UCAM, que también requiere una dedicación plena.

Valcárcel ya habla de "ralentizar" el proyecto de Corvera

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ya habla en primera instancia de "ralentizar" las obras del aeródromo de Corvera, argumentando la crisis económica como consejera de semejante decisión. Aunque no muy abiertamente, reconoce que ahora el proyecto tiene menos sentido coyuntural e intuye, no dice, las exigencias y dificulades que puede luego poner el Estado para su apertura. El de Ciudad Real, tan privado como Corvera, lleva semanas terminado y cerrado "sine die". En ninguno de los dos participa AENA.

Valcárcel, señaló ayer públicamente que no descarta una ralentización de las obras del nuevo aeropuerto internacional de Murcia, aunque matizó que «el compromiso es continuar hacia delante», según se puso de manifiesto en la última reunión mantenida por los miembros que constituyen la sociedad que construye las instalaciones, "Aeropuerto de Murcia S.A."

Valcárcel indicó que en esa reunión «no se ha hablado de paralizar las obras del aeropuerto», aunque dijo no poder asegurar «si se van a ralentizar o no. Eso está pasando en casi la mayoría de las empresas que tienen dificultades».

«Si en condiciones de normalidad es muy difícil decir cuándo vamos a terminar, más en tiempos de dificultad económica y cuando se trata de una obra de esta envergadura», matizó Valcárcel.

Apuntó luego que en la citada reunión no se habló de posibles demoras pero no dijo tampoco nada sobre una nueva fecha de apertura de las instalaciones, por lo que Corvera ha entrado de lleno en el universo de la incertidumbre. Fuentes del sector constructor nacional de obras públicas lo perciben ahora más claramente como un proyecto inviable desde el punto de vista de rentabilidad y funcionalidad.

Por otra parte, la concesionaria "Itínere", de momento propiedad de "Sacyr", está virtualmente vendida y será el nuevo propietario quien debe decidir si continúa, o no, en "Aeropuerto de Murcia S.A." como socio de referencia e inversor principal en el proyecto de Corvera.

Las dificultades de financiación de las empresas parece un factor definitivo que aconseja parar o "ralentizar" las obras en espera de tiempos mejores para la aviación comercial de bajo coste.

Además, la situación de dificultad por la que atraviesan la CAM y Caja Murcia en cuanto a liquidez así como la deuda de casi 20.000 millones de euros que tiene "Sacyr", parecen indicar una situación insoluble que no pueden afrontar el resto de los socios ni la misma Comunidad Autónoma, con previsibles problemas presupuestarios de cierta envergadura a partir de enero de 2009.

Rebaños sin pastores / Juan Redondo

A los dirigentes socialistas murcianos le encargan una línea ferroviaria y hacen una montaña rusa. Izquierda Unida a nivel nacional son incapaces de lograr acuerdo sobre el coordinador de las distintas sensibilidades y lo de la Universidad Católica, entre pastores de la Iglesia y seglares modélicos, es un culebrón cada día más apasionante.

Dicen que son tiempos de crisis y no sólo económicas y que los actos de los mayores no son ejemplares para las nuevas generaciones.

Comenta un observador que el acuerdo de los socialistas murcianos sobre la organización interna en Cartagena no es barroco, es churrigueresco. Para aplicar un acuerdo estatutario aprobado en Congreso Federal tienen que constituir una comisión de veinte personas y eso que estamos en momentos de recesión y vacas flacas.

El problema es muy simple. Hay cinco agrupaciones que tienen que agruparse en una sola aplicando una política interna del partido a nivel nacional. El metodo es sencillo, cada una aporta su censo de militantes y sus cuentas, con su patrimonio y sus deudas. Se hace un censo único y una cuenta única. Y los afiliados eligen en una asamblea constituyente la nueva ejecutiva, con los mismos procedimientos que se aplican, en cuanto a fechas y candidatos, para renovar la dirección en cualquier agrupación local. Y una coordinación política entre el grupo municipal y la direccción regional en este pequeño paréntesis.

Para ese trabajo burocrático la dirección regional ha constituido un grupo de veinte personas, con cargos públicos, con “importante presencia del mundo universitario, educativo, sindical, sanitario, de la empresa, vecinal y de la mujer”. Para hacer las próximas listas o el programa electoral municipal habrá que recurrir como mínimo al G-20. Las pasadas candidaturas se elaboraron evitando las primarias.

Las cosas de Saura y de Oñate, como recoger firmas o meter a todos en el mismo saco, para ganar tiempo o eludir soluciones tanto internas como externas, la montaña rusa, el churrigueresco. Dicen que es una forma de hacer política.

La creación del Defensor del Pueblo, cuestión de días

La Proposición de Ley para crear la figura del Defensor del Pueblo en la Región de Murcia está lista para debatirse en la Asamblea Regional e incluso es intención del grupo parlamentario popular que se vea esta misma semana. Los grupos parlamentarios conocen el texto y aportaran algunas sugerencias para que sea aprobada por unanimidad. El texto básico recoge competencias de otras comunidades autónomas en las que existe esa figura. El primer titular será el ex consejero Ruiz Abellán.

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El PSRM abre expediente sancionador a Manuel Torres, concejal socialista de Cartagena

CARTAGENA.- El futuro de José Manuel Torres Paisal como concejal del PSOE y militante de este partido se tizna conforme pasan los días. La Secretaría de Organización del PSRM-PSOE (Partido Socialista de la Región de Murcia) le ha abierto un expediente disciplinario que puede acabar en una sanción por falta muy grave si se demuestra que utilizó para fines particulares un cheque sin fondos con cargo a la Agrupación Sur del PSOE en Cartagena (Santa Lucía), revela "La Verdad".

La información recabada sobre este caso por la citada Secretaría, cuya responsable es Mari Carmen Moreno, será trasladada a la Comisión Ejecutiva Federal, con sede en Madrid. Será ésta la que tome una decisión sobre Torres (en la imagen), según conocieron anoche en Murcia los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional.

El PSOE investiga las circunstancias en que, a través de un familiar, el edil hizo llegar a un cuñado un cheque de 20.000 euros para que éste (dueño de una empresa de construcción) pagara una deuda con una empresa de suministro de material de obra.

Torres ha alegado que todo fue un error fruto de que tenía en un cajón de su casas dos talonarios similares al que utilizaba en su día en su condición de directivo de la Agrupación Sur. Además, ha indicado que en ningún momento quiso aprovecharse del dinero del PSOE porque la cuenta a la que estaba asociado el talonario usado llevaba un tiempo cancelada.

Según fuentes socialistas, Torres puede ser sancionado por infringir el artículo 44 del Reglamento de Afiliados. Éste castiga «la falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico, así como los derivados de la irregular administración de los fondos del Partido o de la Administración».

Torres se enfrenta a la suspensión de militancia por un plazo de más de un año a dos años o la expulsión definitiva. El instructor del expediente será Antonio Alemán, de los servicios jurídicos.

Las mismas fuentes indicaron que en los próximos días habrá una decisión acerca de si se abre también expediente al concejal y ex portavoz municipal Juan Luis Martínez por contratar a un asesor a pesar de que presuntamente no tenía potestad para hacerlo.

Según ha sabido La Verdad, ha quedado aclarado que el asesor de Martínez no cobraba con cargo al partido, sino a la asignación del grupo municipal. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento permitieron esos pagos.

En una reunión a la que sólo faltaron Torres y Ana Belén Castejón todos los ediles admitieron que conocían que el asesor estaba contratado con cargo al grupo, pero dijeron que «no conocían los términos exactos en que consistía el contrato». La responsabilidad de Martínez podría reducirse así a suscribir el contrato sin potestad.

Un tiempo nuevo

El Partido Socialista prometió decir adiós ya a los peores lastres de su pasado más reciente y hola a las bases desde la que quiere recuperar su peso social y político en Cartagena, sobre todo para recuperar un gobierno municipal que el PP le arrebató en 1995.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE aprobó la creación de una comisión gestora que disuelva las actuales cinco agrupaciones socialista en el municipio de Cartagena (Centro, Sur, Norte, Oeste y de El Llano de El Beal) y cree una agrupación única.

La gestora está formada por veinte militantes que desempeñan cargos públicos en el Ayuntamiento de Cartagena, la Asamblea Regional y el Congreso de los Diputados, o tienen «una importante presencia en el mundo universitario, educativo, sindical, sanitario, de la empresa, vecinal y de la mujer», destacó el PSRM en un comunicado tras la reunión de su ejecutiva en Murcia.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Caridad Rives, coordinará la gestora, y entre otras cuestiones deberá lidiar con la oposición de grupos de militantes (sobre todo de las agrupaciones pequeñas) a esa iniciativa.

Los socialistas auguraron «un tiempo nuevo» en Cartagena, donde según fuentes socialistas en los próximos días será constituida de manera formal en presencia del secretario general del PSRM, Pedro Saura.

La Gestora

Caridad Rives: Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Será la coordinadora.

Antonio Martínez Bernal: diputado regional, secretario general de la Agrupación Centro de Cartagena y actual coordinador de las cinco agrupaciones locales.

José Ramón Pérez: director provincial del INEM y coordinador de la Agrupación Sur.

Julio Nieto: Economista y profesor de Matemáticas.

Teresa Rosique: diputada regional.

Juan Miguel Margalef: Ex director general de Cultura y profesor.

Francisco Díez Torrecillas: edil.

Sara García: diputada nacional.

Ángel Rafael Martínez: concejal.

Ana Belén Castejón: concejal.

Manuela Hernández: Secretaria comarcal de UGT.

Juan Pedro Torralba: Empresario y presidente de la Junta Vecinal de Alumbres.

Francisco Marín: médico.

César Delgado: Informático.

María Torres: Sanitaria.

José Antonio Romero: Profesor y miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica.

Vicente Carrillo: Trabajador.

Emilio Pallarés: Ex concejal y ATS del hospital del Rosell.

Isabel Belmonte: Ex concejal y empresaria.

Gregoria Gómez Valera: miembro del Colectivo de Mujeres Clara Campoamor.

Iberdrola aprueba un nuevo código ético y adapta el reglamento de Nombramientos y Retribuciones

MADRID.- El consejo de administración de Iberdrola ha acordado refundir el Código de Conducta Profesional de la compañía para convertirlo en un nuevo Código Ético, así como modificar el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, anunció en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos cambios recogen algunos de los cambios en el Reglamento del Consejo de Administración aprobados por la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán el pasado 21 de octubre.

Entre las modificaciones aplicadas en aquel momento figuran la limitación a quince en el número de miembros del máximo órgano rector y una incompatibilidad de nombramiento para los que tengan intereses opuestos a los de la sociedad. Junto a esto, se elimina el límite de edad para los consejeros.

El anterior reglamento de Iberdrola, registrado en julio de 2007 en la CNMV, situaba en 21 el número máximo de miembros del consejo de administración. La compañía no ha recurrido a esta potestad y cuenta en la actualidad con un órgano rector de quince miembros. El número mínimo seguirá siendo de nueve.

El Gobierno español estudia rebajar hasta el 70% los aranceles de notarios y registradores

MADRID.- El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que estudia aplicar una rebaja general del 20% de los aranceles de notarios y registradores de la propiedad, además de una reducción adicional del 35% en las operaciones que el ciudadano no pueda realizar por medios telemáticos y que aumentará hasta el 70% a partir del 1 de julio de 2009.

Los nuevos aranceles está previsto que entren en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2009, según el borrador del Real Decreto y que está en proceso de elaboración por parte de los ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

La modificación del reglamento de aranceles responde al paquete de 24 medidas para hacer frente a la crisis económica, presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 23 de junio.

En tercer lugar, se prevé una rebaja de las copias simples de 0,6 euros por folio al precio de 1 euro por el documento entero, sin distinguir extensión y soporte. Estos documentos son obligatorios en el cumplimiento de los trámites posteriores a cualquier escritura.

Además, el nuevo reglamento obligará a los notarios y registradores a que especifiquen "separadamente y con la debida claridad" las minutas que cobrarán cada uno de ellos por cada operación, incluyendo los descuentos, rebajas y bonificaciones establecidas en la ley.

Los notarios y registradores estarán obligados a comunicar por vía telemática al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles toda la información respecto a la aplicación de los aranceles y, éstos, a su vez, remitirán la información a los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

Por su parte, las asociaciones de consumidores estarán legitimadas para actuar en nombre de los usuarios en materia de honorarios y podrán impugnar las minutas en el plazo de 6 meses desde su notificación.

El texto, con fecha de 10 de noviembre, destaca que su aplicación no supondrán aumento del gasto público. El nuevo Real Decreto modificará el Real Decreto 1426/1989 que aprobó los aranceles de los notarios y el Real Decreto 757/1973, correspondiente a los aranceles de los registradores.

La rebaja arancelaria pretende impulsar las medidas telemáticas en el trámite de los documentos notariales y registrales, así como el establecimiento definitivo de la oficina virtual del catastro, contempladas en la Ley para el Impulso de la Productividad, aprobada en noviembre de 2005.

La OCU pide al Gobierno y al Banco de España que mejoren la protección de clientes de bancos y cajas

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama al Gobierno y al Banco de España que mejore la protección de los usuarios de servicios bancarios y financieros ante las reclamaciones por comisiones injustificadas, cláusulas abusivas y demoras en el cumplimiento de órdenes, entre otras razones.

Concretamente, la OCU se ha dirigido a Secretaría de Estado de Economía y al Banco de España solicitando que las entidades se comprometan de antemano a acatar las resoluciones de la futura Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF) cuando resuelva reclamaciones planteadas por los consumidores.

La OCU cree posible reforzar la protección de los usuarios y la autoridad de los supervisores aprovechando la reforma del sistema de supervisión que dará lugar a la CNSF, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y será la encargada de supervisar la conducta de bancos, cajas, aseguradoras, sociedades de valores y gestoras de planes.

Según la OCU, son muchos motivos los que pueden dar lugar a una reclamación por un mal servicio financiero y, en general, los consumidores "no están muy satisfechos con la forma en que las reclamaciones se resuelven".

"Lo cierto es que es bastante común que un consumidor tenga problemas con las entidades financieras", dice la organización, que recomienda llegar a una solución amistosa con la propia entidad, reclamar siempre por escrito y agotar todos los pasos previos antes de plantearse acudir a la vía judicial.

Si el usuario no llega a un acuerdo con la entidad, debe dirigirse al servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de la entidad, cuyas decisiones son vinculantes para ella, "aunque no siempre tan imparciales como sería de esperar", dice la OCU.

En caso de que no resuelvan su problema, deberá llevar su queja al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.

Las cuentas y tarjetas son los productos que más quejas motivan, sobre todo por problemas con cargos, comisiones o liquidaciones de intereses, mientras que productos de inversión tales como fondos, acciones o seguros de ahorro generan menos reclamaciones.

La Guardia Civil registra la Consejería de Presidencia investigando tres presuntos delitos

MURCIA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, deteniendo en el marco de las mismas actuaciones a cinco personas y registrando, entre otras dependencias, el Ayuntamiento de Librilla, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En virtud de dicho procedimiento, el titular ha acordado también la entrada y registro en unas dependencias concretas de la tercera planta de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento de Librilla. En las primeras se redactaban los pliegos de condiciones para contratación pública urbanística de los 45 municipios de la Región.

Han sido detenidos el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa "Acadi", que redactó el Plan General de Ordenación Municipal de Librilla. Junto a ellos, la Guardia Civil ha detenido también a José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y la esposa de Cano.

También se han registrado la empresa municipal de suelo de Librilla (Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L., creada en 2002 para la compra del 52% de los terrenos destinados al polígono industrial "Cabecicos Blancos"), domicilios particulares y sedes sociales de empresas en las localidades de Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde se ha registrado la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública. En total, han sido nueve los registros simultáneos. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Unos 20 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron esta mañana las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Consejería de Presidencia, uno de cuyos ex funcionarios, José Luis Cano, ha sido detenido.

Otros 30 agentes de la Benemérita registraron el Ayuntamiento de Librilla, donde trabajan dos técnicos, entre los que han sido detenidos. Una decena de agentes llegaron a las dependencias municipales a las nueve de la mañana, y a esa hora muchos trabajadores del consistorio ya no pudieron acceder al Ayuntamiento. Han estado más de doce horas en su interior.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia coordina la operación tras recibir una denuncia presentada por la Fiscalía de Murcia en relación con la llamada "Operación Acadi", que afecta a 30 planes urbanísticos parciales y motiva la investigación de una supuesta trama de corrupción urbanística durante el mandato del ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva.

Los detenidos están siendo interrogados por los agentes de la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia y se prevé que el jueves o el viernes puedan pasar a disposición judicial.

El PSOE ya alertó

El PSRM-PSOE alertó ya el 26 de abril de 2007 de una posible "connivencia" entre el funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, que se encuentra en excedencia desde ese año, y empresas particulares en Librilla.

En concreto, el que era portavoz del partido socialista en aquel momento, José Ramón Jara, denunció la "connivencia" del responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, el funcionario José Luis Cano, "y empresas particulares", debido a la existencia de "una trama en el Ayuntamiento de Librilla, con conexiones a la Consejería de Presidencia, dedicada a obtener importantes beneficios en recalificaciones urbanísticas".

Al respecto, Jara explicó en su día que toda esta "trama" la elabora este funcionario público, puesto de libre designación dentro de la Dirección General de la Administración local, dependiente de la Consejería de Presidencia, siendo el creador de la sociedad Control y GIS Consultores S.L".

Se trata, por tanto, "del encargado de la captación de ayuntamientos y de la creación de tramas dentro de los mismo, para traer contratación a la mercantil Acadi y a otras empresas que actúan como contratistas de obras públicas".

Para ello, aseguró que Cano "necesita de alguna conexión para que se pueda contratar con los ayuntamientos, por lo que se busca a Domingo Peñalver, un ingeniero de 27 años contratado por el Ayuntamiento de Librilla para el asesoramiento técnico, con elaboración y firma de informes de obra pública". De este modo, dejó claro que "busca a Peñalver, siendo el cerebro de toda esta trama que mueve muchos miles de millones de pesetas".

Así precisó, que "es un entramado de funcionarios, empresas y particulares que dominan el urbanismo de Librilla", ya que, dijo, "el Plan General de este municipio y las decenas de convenios urbanísticos privados son disparatados, debido a que no obedecen al interés general y ponen en peligro la dotación de agua del trasvase Tajo-Segura de esta localidad con perjuicio para los agricultores".

Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudica el PGOU a la mercantil Acadi S.L., sociedad creada por Peñalver, que "no tenía ninguna actividad urbanística en el momento de esta adjudicación, pero que en el mismo mes de presentación del avance del mismo, en julio de 2005, se cambia el objeto social para introducir el urbanismo", incidió Jara.

A partir de este momento, "se negociaron 30 ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan, con los propietarios del suelo, para introducirlas en el PGOU, y se exigió a todos los firmantes de los convenios que encargaran la posterior transformación del suelo a la mercantil Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L., sociedad de capital municipal presidida por el alcalde de Librilla, José Martínez".

Esta transformación contenía, según las investigaciones del PSOE, "plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y dirección técnica de las obras". De igual modo, destacó que "además de estos convenios de transformación, se llevaron otros al pleno municipal y se adjudicaron contratos que superaron los seis millones de euros, sin respeto a la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Por todo ello, calificó esta "trama de verdaderamente compleja y endiablada, puesto que Peñalver, a través de Acadi, mantiene una red de contactos con funcionarios municipales y de confianza que hace que se le adjudiquen obras y relaciones de planes generales y de convenios, entre otros".

Entre estos funcionarios, Jara hizo referencia a José Andrés Cortés, "trabajador del Ayuntamiento de Librilla y consejero delegado de Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L.". El 10 de octubre de 2006 se celebró un concurso en el Ayuntamiento para darle plaza en la Administración local con un tribunal compuesto, entre otras personas, por José Luis Cano, adjudicándole la plaza el noviembre.

Y es que, a juicio del portavoz de los socialistas murcianos, "esta red no solamente controla el urbanismo de Librilla, sino que extiende sus tentáculos a otros municipios, dado que el funcionario Cano está en connivencia con la empresa Acadi". Concretó que "esta trama se extiende a otros ayuntamientos, como el de Aledo".

En esta misma línea, Jara denunció públicamente, en su día, que una consecuencia de esta "trama", es la "polémica reclasificación del paraje de El Roblecillo, en Caravaca". Expuso, por ello, que "la empresa propietaria de este paraje es Golden Sky S.L., propiedad, entre otros accionistas, de Peñalver, a través de Acadi".

"Esta empresa consigue que un paraje protegido como El Roblecillo, que no aparece en el avance de la aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca, aparezca, por arte de magia, en la aprobación definitiva, saltándose así todos los controles medioambientales que exige la ley".

Además, argumentó que "existen informes negativos de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Caravaca que dicen que esto está mal hecho pero, a pesar de ello, el alcalde de esta localidad, Domingo Aranda, lleva adelante la reclasificación, aprobándola la Consejería de Obras Públicas".

IU habla de corrupción generalizada

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, tachó hoy de "lamentable" el caso de Librilla, por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y han sido detenidas cinco personas, entre ellas un funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y es que, a su juicio, ello "pone de manifiesto la situación de corrupción que hay en la Región y que tanto hemos denunciado desde IU".

Pujante aseguró que "este tipo de situaciones se tienen que cortar por lo sano", tras lo que añadió que "tiene que haber un mensaje claro, contundente y firme por parte del Gobierno regional y el PP, en lugar de mirar para otro lado y no decir nada, como viene haciendo de forma persistente".

Así, reiteró que se hace necesario "mantener un mensaje claro al respecto y cortar de raíz todas las situaciones de corrupción", porque, enfatizó, "el silencio cómplice se está produciendo en una permisivilidad ante este tipo de situaciones que es inaceptable".

La Manga Club presenta un concurso de acreedores para hacer frente a sus deudas

CARTAGENA.- La empresa MedGroup, propietaria de La Manga Club, ha presentado un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante el Juzgado de Lo Mercantil de Murcia, aunque de momento el juez no ha decidido si lo declara o no, según explicaron a esta redacción fuentes judiciales. Esto supone que la compañía tiene problemas para hacer frente a las deudas que tiene pendientes, según "La Opinión".

El rumor de la posible declaración de un concurso de acreedores por parte de La Manga Club corrió ayer como la pólvora entre los trabajadores. "Nuestra preocupación es enorme. No tenemos ninguna confirmación oficial por parte de la empresa, pero tememos por nuestros puestos de trabajo", explicó al periódico Úrsula Gallego, presidenta del comité de empresa de La Manga Club de Hostelería.

Los trabajadores afirman que sí eran conscientes de que había una cierta demora en el pago a los acreedores, aunque pensaban que se había cubierto hace unas semanas.

"De cualquier forma, estamos pendientes de una reunión con MedGroup. Sabemos que la situación de la empresa es caótica porque tiene una falta de liquidez enorme, que están pendientes de solventar con la entrada de nuevos accionistas o con otras medidas. Cuando logren solucionar este problema, sí nos han comunicado que se reunirán con nosotros porque tendrán que tomar medidas muy fuertes para poder sanear totalmente la compañía y acabar con esta situación", precisó Gallego.

Fuentes próximas al complejo aclararon que MedGroup es la propietaria del complejo que engloba tanto las instalaciones deportivas como los dos hoteles, aunque la gestión de estos dos últimos es independiente y corresponde a la cadena Hyatt.

"La Opinión" trató de contactar con los responsables del complejo en reiteradas ocasiones, pero sin conseguirlo.

Mendoza le pidió 30 millones de euros al obispo por la UCAM

MURCIA.- Los enfrentamientos por la titularidad de la Universidad Católica San Antonio llevaron al presidente de esta institución, José Luis Mendoza, a ofrecer su entrega al obispo a cambio de una indemnización. Así lo pone de manifiesto el propio Mendoza en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, que adelantó parte de su contenido y emitirá íntegra hoy, a la una y diez del mediodía, según publica "La Opinión".

En sus declaraciones, Mendoza explica que "esta situación genera daño a la Diócesis y a la Universidad, por lo que estuvimos reunidos con él tres veces". Señala que a dichos encuentros acudieron, además de él y su mujer, el padre José Alberto Cánovas y Francisco Alonso, secretario de la Fundación San Antonio, y "fui a hacerle entrega de la universidad".

Afirma que le reprochó al obispo "que existe el peligro, por tu parte, de causar un gran escándalo y una gran división, por lo tanto, vengo a entregarte la universidad". Mendoza añade que "solamente le solicité que me indemnizara de una manera justa porque nosotros hemos hecho grandes inversiones y todo el patrimonio de mi familia está metido ahí".

Según ha podido saber "La Opinión", José Luis Mendoza habría pedido a Reig Plà 30 millones de euros por la UCAM. El presidente de la Universidad Católica y de la Fundación San Antonio asegura que el prelado le dijo que "lo único que quería era poner orden en el desorden que habían originado los tres obispos anteriores", a lo que Mendoza le contestó que "esta universidad la he creado yo y es iniciativa mía, si los tres obispos anteriores han respetado la titularidad y no han puesto obstáculos, no entiendo por qué tú reclamas ahora la titularidad".

Agrega que "no sé quién habrá asesorado al obispo, pero me sorprendió cuando me llamó Rouco y me dijo que el obispo no aceptaba el informe de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española".

Ante la suspensión del acto de apertura del curso académico 2008-2009, José Luis Mendoza subraya que "el obispo no ha permitido que vengan" las autoridades que estaban invitadas, "un hecho insólito y lamentable sin precedentes".

Mendoza insiste en que "Reig Plà tiene un cargo honorífico en la UCAM de gran canciller, como lo han sido antes Manuel Ureña, Antonio Cañizares o Javier Azagra, pero no es un cargo ejecutivo.

El único representante legal de la Universidad soy yo, por lo que me sorprende el comportamiento del obispo, ya que la Diócesis de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad civil, directa o subsidiaria sobre la UCAM".

Cuestión de estatutos

«Para evitar un escándalo, le ofrecí al obispo que se quedara con la Universidad Católica, a cambio de que se me indemnizara por todas las inversiones realizadas a cargo de mi patrimonio personal y familiar», manifestó a "La Verdad" el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.

Añadió que había testigos que pueden corroborar su versión, según la cual monseñor Reig Pla «dijo que no quería la UCAM, sino poner orden en un supuesto desorden de los obispos anteriores, y luego devolvérmela a mí». Mendoza se remitió de esta forma al origen del conflicto sobre la titularidad de la Universidad Católica, hace más de un año.

Ante la nota de la Diócesis del pasado viernes, Mendoza sostiene que los estatutos de la UCAM «son perfectamente válidos porque la Fundación está legitimada para modificarlos».

«No sé por qué el señor obispo dice eso, ya que la Diócesis no tiene entre sus cometidos sancionarlos. El único obispo que lo hizo fue Antonio Cañizares. Fue a petición personal mía en el año 2003, como respaldo moral. No era necesario porque el artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no lo exige. Después se produjo otra modificación, el año pasado, porque lo exigía la Ley de Reforma Universitaria. Le presenté al obispo los estatutos el día 1 de junio y me contestó que no le interesaban. Que él sólo quería ir como pastor a la UCAM. Una semana después, me llamó y dijo que no los aceptaba apelando a sus informes y a su conciencia».

Niega que la Diócesis se haya visto relegada o haya perdido prerrogativas en la Universidad Católica, como argumenta Reig Pla. «Tampoco sé por qué dice eso. No lo entiendo. Esta situación está beneficiando a los enemigos de la Iglesia y generando una gran confusión. Cuando se produjo el conflicto, el propio obispo pidió que los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal analizaran el problema y decidieran, pero luego no aceptó las conclusiones. Después convinimos que se pronunciara el Vaticano, que volvió a darle la razón a la Fundación San Antonio. Creemos que ya no es cuestión de conciencia, sino de hechos», manifestó Mendoza.

«Está mal aconsejado»

Sobre la suspensión del acto de apertura del curso académico, decidida por la Fundación, Mendoza insiste en que tiene plena autoridad para hacerlo. «El comunicado que respaldó esta decisión fue una iniciativa del Consejo de Gobierno y el Claustro de Directores. Nadie se ha visto arrastrado. Yo no he movilizado a nadie contra el obispo. Todo lo contrario, en varias ocasiones he frenado intentos en este sentido y me he negado a que los profesores y el personal no docente salieran públicamente por respeto al obispo. En esta ocasión, no he querido meterme y he dejado al Claustro que hiciera lo que creyera conveniente. Nadie entiende que, en un acto programado y confirmado desde hace un mes, no se permita que los prelados acudan».

El presidente de la Fundación San Antonio cree que el obispo «está mal aconsejado en este asunto». «Monseñor Reig Pla es un buen obispo, es un gran defensor de la familia y tienen un don de predicación muy grande, pero en este asunto pensamos que está desencaminado. Nosotros hemos contado con los principales expertos y asesores jurídicos, entre ellos el cardenal Rouco Varela y Mariano López Alarcón. Nos desorienta totalmente que, en su tercer año al frente de la Diócesis, el obispo diga ahora que la titularidad de la Universidad Católica es suya. Le tengo un profundo respeto a monseñor Reig Pla pero la Diócesis no es propietaria de la UCAM. No veo prudente que en esta cuestión desdiga y desautorice lo que han hecho y decidido los obispos anteriores. Esto es muy doloroso y está causando un gran daño a la Universidad Católica».

Concluyó con que los profesores, los trabajadores, padres y alumnos de la UCAM «necesitan tranquilidad».

Defensa de la Diócesis

«Don Juan Antonio Reig Pla no tiene ningún interés personal por la titularidad de la Universidad Católica, sólo le guía defender a la Diócesis de Cartagena», manifestó a La Verdad una fuente muy próxima al obispo, que prefiere que no figure su nombre. Este sacerdote explicó que Reig Pla «dispone de suficiente documentación para demostrar todo lo que ha dicho, tal como anunció en el comunicado oficial del pasado viernes. Me ciño a ese escrito que permitirá aclarar totalmente esta cuestión».

A la pregunta de por qué los tres obispos anteriores -Javier Azagra, Antonio Cañizares y Manuel Ureña- han sostenido por escrito que la propiedad y titularidad de la UCAM corresponde a la Fundación San Antonio del fiel laico José Luis Mendoza, esta fuente del Obispado contestó: «No opino sobre lo que pensaban los obispos anteriores. Sólo digo que ellos tienen unos documentos firmados que están ahí. No añado más. Es comprobable que estos documentos están a favor de la postura de la Diócesis. Según estos escritos, uno de los obispos preguntó por dos veces si la titularidad y la responsabilidad de la Universidad Católica es de la Diócesis, y por dos veces se le dijo que sí».

La carta de Bertone

Esta fuente muy cercana a Reig Pla explicó que la Universidad Católica de Murcia se creó al amparo del artículo 3.1 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, según el cual la titularidad corresponde a la Iglesia. «Después se cambió al artículo 3.3 [dicha titularidad se atribuye a un fiel laico], pero no se sabe dónde están los documentos que justifiquen esa modificación», explicó a este diario.

El interés del obispo por aclarar lo relativo a la UCAM atañe también «a las posibles responsabilidades a las que tuviera que hacer frente si hubiera algún problema financiero».

«Nadie lo asegura», puntualizó. Ante la carta del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Bertone, de que la titularidad corresponde a la Fundación de Mendoza y que la Diócesis no es responsable económicamente, la misma fuente señala que «el cardenal Bertone envió esa carta sin tener ninguna información de nuestro obispo. Tenía datos muy parciales. Ahora tiene toda la información».

Indicó que no tenía datos para opinar sobre la gestión de la UCAM por parte de la Fundación. «Sí tengo el convencimeinto moral de que la UCAM es de la Diócesis. Eso está respaldado por el propio Estado».

Sobre la nota del Claustro criticando al obispo por no permitir la visita de otros prelados, contestó que «es muy extraño que en una organización tan grande no haya voces discrepantes».

Reig citado en Nunciatura

Los extremos a los que ha llegado el conflicto por la titularidad y propiedad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han llevado al nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Manuel Monteiro de Castro, a citar con carácter de urgencia al obispo de la Dióceis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla. La reunión se produjo ayer en Madrid, según han informado varias fuentes, si bien el Obispado no ha dado su versión.

El propio Reig Pla anunció el viernes pasado -en su segundo comunicado- que «ha instado y está a la espera de las indicaciones de la Santa Sede», lo cual no le impide «poner en marcha las acciones pertinentes para hacer cumplir las leyes de la Iglesia».

El objetivo del encuentro puede haber sido transmitir tales instrucciones para tratar de apaciguar la disputa entre el Obispado y la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza.

El cruce de comunicados de la semana pasada, originado por la suspensión del acto de inauguración de curso de la UCAM, ha alcanzado tal punto de controversia que las autoridades del Vaticano quieren dar por zanjado el asunto lo antes posible.

Monseñor Reig Pla ha suspendido algunos actos que tenía previstos, entre ellos la conmemoración del centenario de la iglesia de Roche, el pasado domingo.

Fuentes eclesiásticas explicaron ayer que el nuncio apostólico y el arzobispo metropolitano son superiores jerárquicos del obispo de Cartagena, al margen de la jurisdicción que éste tiene sobre su propia Diócesis, en la que no se pueden inmiscuir otros prelados.

Desde que surgió el conflicto hace un año, Manuel Monteiro de Castro ha intervenido en varias ocasiones, alguna de ellas por carta, para trasladarle a Reig Pla la posición del Vaticano sobre el problema de la titularidad de la UCAM. Se hizo al menos en cuatro ocasiones y por diversos conductos.

En una de éstas, el nuncio le comunicó al obispo el contenido de la carta del secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Bertone, que con el conocimiento del Papa le daba la razón a la Fundación San Antonio, a la vez que dejaba claro que el Obispado de Cartagena no tenía ninguna responsabilidad sobre cualquier quebranto económico que le pudiera acaecer a la Universidad Católica.

Monseñor Reig Pla, en su último comunicado del viernes, señaló que «la carta de la secretaría de Estado del fecha 25 de abril de 2008 se basa en una mente o voluntad circunstancial, y fue redactada a la vista de un conjunto de docuementos que fueron proporcionados por la Fundación San Antonio, sin refrendo alguno ni validación por estye Obispado».

Añadió Reig Pla que había realizado «una ardua investigación» para demostrar documentalmente, ante cualquier autoridad legítima, la potestad de la Diócesis sobre la UCAM. Explicó que se han mantenido una reuniones personales ante el secretario de Estado, la Congregación para la Educación catòlica, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos y el arzobispo metropolitano.