MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha enviado un escrito al BCE en el que advierte de la actual “falta de liquidez” de las cajas de ahorros que operan en la Región de Murcia y del incumplimiento de sus fines sociales, según publica "Nueva Línea".
El Fondo Monetario Internacional insistía recientemente, en un informe, en que España será uno de los países europeos que más notará el endurecimiento de las condiciones de crédito de los bancos como consecuencia de las recientes turbulencias financieras, e influenciada por el rápido crecimiento de la vivienda.
Según este estudio, para hacer frente a esta crisis, se tienen que mejorar los modelos de evaluación de riesgos, los procesos de diligencia y la transparencia en la creación de instrumentos a partir de préstamos. Además, a fecha de enero de este año las hipotecas en España rozaban los 900.000 millones de euros y se acercaban al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
En esta concesión de créditos hipotecarios inmobiliarios, las cajas de ahorro han llevado la delantera a los bancos. Según el abogado murciano Diego de Ramón, estas entidades están haciendo una competencia desleal a los bancos, y ha solicitado al Banco Central Europeo que se informe “de la falta de liquidez” de las cajas que operan en España, antes de darles el préstamo de 3.000 millones de euros que éstas van a pedir a través de la sociedad gestora ‘Ahorros y Titulaciones’ -compuesta por Ahorro Corporación y la Confederación Española de Cajas de Ahorro-.
De Ramón considera que la petición de esta sociedad de gestión “podría ser una forma de eludir a las agencias de calificación crediticia”, lo que puede representar un desafío en las actuales circunstancias del mercado. Para el letrado, se debe limitar el poder de las cajas, al haberse excedido en el riesgo inmobiliario; que de prolongarlo u acomodarlo en préstamos, podría suponer el encarecimiento de los futuros créditos a los usuarios.
En el año 2006, las cajas emitieron activos por una cuantía de un 41,81% -una cantidad mayor que los bancos-, según datos de la asociación Hipotecaria Española.
Otro dato a tener en cuenta, es que las cajas han pasado de ser los mayores inversores a convertirse en los grandes emisores de deuda en los últimos cinco años, “para dar salida al espectacular crecimiento hipotecario”.
El abogado murciano también denuncia el incumplimiento de los beneficios de las cajas que operan en la Región de Murcia en cuanto a las inversiones sociales, a la cuáles están obligadas por ley, y cuestiona la transparencia en el destino de los fondos de esta obra social. El motivo, según De Ramón, se encuentra en que las cajas, a diferencia de los bancos, no tienen que rendir cuentas a accionistas sobre su capital social y económico.
En este sentido, el escrito dirigido a la institución monetaria europea apunta, como dato relevante, que la CAM ha decrecido el porcentaje de su gasto en obra social, pese al crecimiento de los beneficios; siendo la mitad del de otras entidades nacionales como Caixanova, La Caixa, Caja Cantabria o Caja España
Por todo ello, para De Ramón, no comprobar estos datos supondría “darles liquidez económica a una entidades que se han excedido en su riesgo de concentración de crédito inmobiliario, y la posible falta de inversiones sociales adecuadas (que tendría que ser objeto de investigación) que equivaldría a una competencia desleal con los bancos de los 27 países de la UE.
Responsables de excesos
Por otra parte, el letrado murciano considera que el Banco Central Europeo debe tener en cuenta, a la hora de conceder el préstamo, la resolución de la Eurocámara del 21 de junio de 2007, donde se hace una crítica muy dura sobre el urbanismo extensivo en la costa mediterránea española, y advierte de los abusos sobre los derechos de los ciudadanos.
De Ramón ha denunciado ante diversas instituciones nacionales y comunitarias, que siempre financian “de forma monopolística” los macroproyectos urbanísticos en la Región las mismas cajas de ahorro. En esta línea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la CAM era propietaria de Hansa Urbana, inversora de mil millones de euros en Nova Carthago, una urbanización sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias en las que investiga la recalificación de más de cinco mil millones de metros cuadrados.
Por ello, el abogado reclama que no se debe dar “cobertura de liquidez” a quienes han fomentado dicho desbordamiento, y que “si las cajas han sido las responsables financieras de los excesos urbanísticos, deben ser penalizadas con no darles los préstamos”, ya que lo contrario iría en contra de los propios actos del Parlamento Europeo, que han condenado “la codicia urbanística” en la Comunidad Valenciana, donde opera la CAM.
Sobre los análisis que han hecho las agencias de calificación de riesgos en la CAM, a su juicio, indican que hace falta contrastarla o supervisarla por las autoridades monetarias, "ya que desconocemos los parámetros que se han fijado previamente para emitir dichos informes, pues es extraño que no recojan la falta de liquidez ni otros puntos negativos, como la morosidad, la dependencia del mercado financiero externo, la búsqueda de capitales y el exceso de concentración de crédito hipotecario para el mercado inmobiliario".
Para el letrado murciano, ademas, "dichos informes han sido pagados por la propia CAM" y reflejan un grado de transparencia total, "que resulta extraño cuando todas las entidades financieras inglesas y norteamericanas ya admiten y reflejan grandes pérdidas mientras la CAM "florece" sin tener ningún punto negativo".
Finalmente Diego de Ramón indica al BCE que "hace falta una supervisión de transparencia para los mercados nacionales e internacionales por agencias de calificación no pagadas por la CAM, y si no se facilita haría falta pedir que presentase la dimisión todo el equipo representativo politico de la CAM, con su Presidente a la cabeza, tanto el nombrado por Valencia como el nombrado por el de Murcia,(Vicente Sala y Ángel Martínez), y examinar de forma exhaustiva a los responsables funcionarios de la Comunidad Autonoma de Valencia, por su falta de celo en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia legal, que tienen como supervisores de la legalidad en las Cajas de Ahorro".
CARTAGENA.- El Gobierno tiene previsto adjudicar a la compañía naval militar Navantia un contrato de modernización de cañones de buques de la Armada por un importe de 24,48 millones de euros, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.
