El Banco de España ha comunicado por carta al letrado murciano Diego de Ramón que ha cursado ya su denuncia sobre el porcentaje real de beneficios que Caja Murcia dedica a su Obra Social y Cultural e investigado a la entidad por otros aspectos relacionados con la alta gestión y el desproporcionado riesgo teórico contraído en algunas grandes operaciones muy determinadas, siempre a juicio de este acreditado abogado y político de la capital regional.
Lo que sí parece ha sucedido es que, tras una larga, exhaustiva y minuciosa inspección por los correspondientes servicios de la autoridad monetaria nacional, el Banco de España ha instado por escrito y seriamente a Caja Murcia a que desinvierta en suelo (tiene millones de metros de rústico en varios municipios de la Región), se concentre ahora en ayudar a las empresas de la economía productiva murciana, y se aleje del sector inmobiliario desbocado, al menos por un tiempo, como actividad especulativa institucional, que no como obra social para financiar viviendas de VPO. (Los resultados de esta inspección deberían ser públicos, digo yo, para saber qué se cuece en la planta noble del edificio corporativo de Gran Vía Salzillo y en tantos onerosos viajes semanales a Madrid del señor Egea gracias al ahorro de sus cándidos impositores).
Es el fin de esa especie de locura por el alto riesgo que, pese a provisionar (¿con capitales traídos de Caimán?) y luego vender la enorme deuda a terceros, al parecer perdiendo bastante dinero, la autoridad monetaria no la considera nada ortodoxa ni propia de una entidad de carácter benéfico-social en sus fines. El banco emisor parece haber dicho basta a tanto billete suelto de 500 euros en la Región de Murcia y a que nuestra Caja más destacada se encuentre siempre en medio de todo lo sospechoso relacionado con el mundo económico más próximo u opaco.
Ahora Diego de Ramón pretende que la presidencia de Caja Murcia ponga a disposición de la nueva Asamblea Regional las actas de los consejos de administración donde se han aprobado operaciones y/o inversiones un tanto atípicas por si su presidente y consejeros pudieran haber incurrido, por mal aconsejados, en algún tipo de irregularidad o falta, sin llegar a ser sujetos de un determinado tipo penal, por el momento y a expensas de que concluyan otras pesquisas sobre las relaciones y prácticas de su dirección ejecutiva.
La europarlamentaria murciana del PPE, Cristina Gutiérrez-Cortines, está ejerciendo de mediadora oficiosa entre Caja Murcia y Diego de Ramón para tratar de encontrar un punto de encuentro entre las demandas de este letrado (que se cumpla escrupulosamente la ley) y las necesidades operativas de la entidad de ahorro (a partir de su interpretación "ad hoc" de la legislación vigente), apelando siempre esta catedrática universitaria al bien común de la sociedad murciana.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior vigila de cerca los movimientos de intento de asalto a un determinado partido político murciano por si fuerzas extrañas estuviesen tratando su control mediante usurpación dolosa de funciones y suplantación de cargos orgánicos, sujetos claros de administración de los poderes notariales. De momento, los servicios administrativos correspondientes, alertados desde Murcia, han congelado la inscripción para evitar su caída en manos de las mafias impunes que aspiran a la impostura del sistema con una pura apariencia formal de democracia y legalidad.
Lo que sí parece ha sucedido es que, tras una larga, exhaustiva y minuciosa inspección por los correspondientes servicios de la autoridad monetaria nacional, el Banco de España ha instado por escrito y seriamente a Caja Murcia a que desinvierta en suelo (tiene millones de metros de rústico en varios municipios de la Región), se concentre ahora en ayudar a las empresas de la economía productiva murciana, y se aleje del sector inmobiliario desbocado, al menos por un tiempo, como actividad especulativa institucional, que no como obra social para financiar viviendas de VPO. (Los resultados de esta inspección deberían ser públicos, digo yo, para saber qué se cuece en la planta noble del edificio corporativo de Gran Vía Salzillo y en tantos onerosos viajes semanales a Madrid del señor Egea gracias al ahorro de sus cándidos impositores).
Es el fin de esa especie de locura por el alto riesgo que, pese a provisionar (¿con capitales traídos de Caimán?) y luego vender la enorme deuda a terceros, al parecer perdiendo bastante dinero, la autoridad monetaria no la considera nada ortodoxa ni propia de una entidad de carácter benéfico-social en sus fines. El banco emisor parece haber dicho basta a tanto billete suelto de 500 euros en la Región de Murcia y a que nuestra Caja más destacada se encuentre siempre en medio de todo lo sospechoso relacionado con el mundo económico más próximo u opaco.
Ahora Diego de Ramón pretende que la presidencia de Caja Murcia ponga a disposición de la nueva Asamblea Regional las actas de los consejos de administración donde se han aprobado operaciones y/o inversiones un tanto atípicas por si su presidente y consejeros pudieran haber incurrido, por mal aconsejados, en algún tipo de irregularidad o falta, sin llegar a ser sujetos de un determinado tipo penal, por el momento y a expensas de que concluyan otras pesquisas sobre las relaciones y prácticas de su dirección ejecutiva.
La europarlamentaria murciana del PPE, Cristina Gutiérrez-Cortines, está ejerciendo de mediadora oficiosa entre Caja Murcia y Diego de Ramón para tratar de encontrar un punto de encuentro entre las demandas de este letrado (que se cumpla escrupulosamente la ley) y las necesidades operativas de la entidad de ahorro (a partir de su interpretación "ad hoc" de la legislación vigente), apelando siempre esta catedrática universitaria al bien común de la sociedad murciana.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior vigila de cerca los movimientos de intento de asalto a un determinado partido político murciano por si fuerzas extrañas estuviesen tratando su control mediante usurpación dolosa de funciones y suplantación de cargos orgánicos, sujetos claros de administración de los poderes notariales. De momento, los servicios administrativos correspondientes, alertados desde Murcia, han congelado la inscripción para evitar su caída en manos de las mafias impunes que aspiran a la impostura del sistema con una pura apariencia formal de democracia y legalidad.
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