jueves, 29 de marzo de 2007

Todo el litoral murciano ya es accesible por autovía/autopista tras la apertura al tráfico del tramo de peaje Cartagena-Vera de la AP-7


MAZARRÓN.- La empresa "Aucosta", concesionaria de la construcción y explotación de la autopista de peaje Cartagena-Vera, abrió ayer jueves por la tarde al tráfico este nuevo tramo litoral de la AP-7, tras haber recibido luz verde por parte del Ministerio de Fomento y ser presentado formalmente a mediodía, en las inmediaciones de Mazarrón, por el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, Ángel González.

Fuentes de "Aucosta" indicaron que la autopista, en la que se han invertido más de 650 millones de euros, se abre con tres meses de retraso sobre el plan previsto "porque, una vez realizada la obra, ha sido necesario adaptar las medidas de seguridad de los túneles a una nueva normativa europea de reciente disposición".

Este nuevo tramo de la AP-7 alcanzará, según las previsiones de la concesionaria, una intensidad media diaria (IMD) de 7.606 vehículos en su primer año de funcionamiento, que alcanzará los 28.575 vehículos en el año 2039.

Según los estudios previos, se espera que el 81,12% del tráfico sea de vehículos ligeros, mientras que el 18,88% corresponderá a las dos categorías de transporte pesado.

En total, se han construido cuatro túneles: el mayor, de 1.820 metros, que atraviesa la Sierra del Lomo de Bas, mientras que el menor es de 220 metros y permite el paso de la autopista bajo la Sierra de Las Moreras.

Los otros dos corresponden al túnel de la Sierra del Aguilón, de 1.209 metros, y el de la Sierra de Lo Alto, de 296 metros de longitud.

Los 114,4 kilómetros de autopista entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) permitirán acortar distancias y reducir el actual tiempo de trayecto por la costa en más de 90 minutos. En total, la población que se beneficiará de esta mejora en las vías de comunicación del sureste de España es de 750.000 habitantes, cifra que aumenta en 500.000 personas en las épocas vacacionales.

La concesión de la obra es por 36 años contados a partir del 15 de febrero de 2004, y el sistema de peaje es cerrado, con dos peajes troncales, el primero situado en Vera (Almería) y el segundo en Molinos Marfagones (Cartagena), además de siete peajes laterales en cada uno de los enlaces de la autopista.

La circunvalación de la ciudad de Cartagena, de 16,2 klómetros, que también se ha construido, será libre de peaje para todos los tráficos internos a ella.

El trazado atraviesa los términos municipales almerienses de Antas, Vera, Pulpí, Cuevas de Almanzora, y los murcianos de Águilas, Lorca, Mazarrón, Fuente Álamo y Cartagena.

La autopista dispone de enlaces, dos de ellos troncales (Cartagena -Oeste y Vera) y el resto laterales, que darán acceso a las localidades de Vera-Cuevas de Almanzora, Los Lobos, Pulpí-San Juan de los Terreros, Águilas-Lorca, Calabardina-Cabo Cope, Cañada de Gallego-Ramonete, Totana, Mazarrón, Puerto de Mazarrón, Tallante-Las Palas-Fuente Álamo, Molinos Marfagones, Miranda, Cartagena, La Aparecida y Los Beatos.

En cuanto al sistema de tarifas, oscila entre los 3 céntimos, en hora valle, y los 10 céntimos, en hora punta/kilómetro, para los vehículos ligeros. Las horas valle van de la una de la madrugada a las siete de la mañana, y las punta, de las siete hasta la madrugada de nuevo. La diferencia entre una y otra es de hasta el 65% en todos los trayectos.

En cuanto al transporte pesado, dispone de dos tarifas en función del tonelaje del vehículo. Así, la primera varía entre los 7 y 14 céntimos, según se trate de horario valle o punta, respectivamente; mientras que la segunda tarifa oscila entre los 8 y 16 céntimos.

La concesionaria, que generó un centenar de empleos que se reparten en tareas de mantenimiento, conservación y vigilancia, peajes, oficinas e instalaciones, utilizó 324.143 m3 de hormigón y 21.831 toneladas de acero para la construcción de la autopista. Además se han movido 37.123.869 metros cúbicos de tierras y se han instalado 410 kilómetros de barreras de seguridad.

Finalmente, se ejecutaron 181 estructuras que se corresponden a 25 viaductos, 37 pasos superiores, 33 pasos inferiores y el resto a bóvedas, marcos y pórticos de menor tamaño. Entre todas, destaca el viaducto sobre el río Almanzora, con 10 vasos y una longitud de 404 metros, además de otros puentes sobre la N-332 y sobre las ramblas existentes en el recorrido.

Ayer jueves por la tarde ya circularon los primeros vehículos, principalmente entre Mazarrón y Águilas (se emplean 20 minutos), y se pudo tomar la fotografía que ilustra esta información poco antes del peaje aguileño, donde los empleados repartían a los primeros usuarios un cuadro de tarifas, que algunos consideraban algo elevadas.- (Agencias)

Quique Pina se queja de que no le dejan dar un "pelotazo"


MURCIA.- Quique Pina, consejero delegado del Ciudad de Murcia, arremetió ayer contra todos los que según él «se toman a cachondeo al equipo. Creo que hay que respetar nuestro trabajo y el sentimiento de la gente. A veces creo que he hecho más por Murcia que el concejal y el alcalde. Creo que quieren que me vaya, pero no estoy para bromas ni para trampas».

Después de que el alcalde calificara su proyecto de "disparate", está convencido que desde el Ayuntamiento existe mucho interés por hacerle daño a su club

"A lo mejor yo he hecho más cosas por Murcia que Cascales y Cámara". De esta forma resumió Quique Pina su malestar con el Ayuntamiento después de que el alcalde Cámara calificara de "disparate" su idea de derrumbar ocho manzanas del barrio de Santa María de Gracia para construir mil viviendas siempre que el consistorio facilitara la remodelación de La Condomina y la creación de una ciudad deportiva en El Palmar.

El promotor rojillo ha asegurado durante los últimos días que la Liga de Fútbol Profesional les ha remitido un informe que enumera las deficiencias del viejo estadio murciano y que les amenaza con no jugar en La Condomina el próximo año.

El Ayuntamiento contestó de forma rápida asegurando que el Real Murcia había utilizado este campo en Primera División y que si es necesaria alguna remodelación se financiará con recursos municipales y no con un convenio urbanístico.

Por todo esto, Pina decidió dar una rueda de prensa para explicar, según él, la verdad sobre el proyecto urbanístico que la pasada semana le presentó a Miguel Cascales, concejal de Deportes del Ayuntamiento de la capital:

"Yo confío en mi concejal, en mi alcalde y en mi Ayuntamiento, y me encuentro que califican el proyecto de disparate, por lo que pienso que quieren machacarme a mí cuando lo que se presentó fue una idea de las muchas que tenemos. Si yo llego a saber que Cámara va a calificar así el proyecto, no doy ni rueda de prensa ni nada por lo que me podían haber avisado que no les gustaba nuestra idea".

Para el consejero delegado del Ciudad de Murcia hay una especie de complot contra su club: "Hay gente en el Ayuntamiento que quiere hacerle daño al Ciudad y muchas de estas personas seguro que hubieran estado en el palco para ver al Madrid, al Barcelona y al Sevilla si al final del año pasado hubiéramos logrado el ascenso. Y encima me suspenden la reunión que tenía cuando este equipo levanta el prestigio de Murcia cada vez que realiza un desplazamiento".

"Lo que pretendo es que los políticos me saluden en los despachos y no sólo en la calle y en el palco. Ahora mismo están todos escondidos y me encuentro impotente ya que no puedo hablar con nadie. Cada vez tengo más claro que quieren que me vaya a otro sitio, de lo contrario estarían buscando una solución y no lo están haciendo", añadió.

El hecho de que el concejal Cascales le recomendara a Quique Pina realizar una rueda de prensa al término de la reunión de la pasada semana para que todo se desarrollara de la forma más transparente posible ha sido uno de los aspectos que más enfureció al intermediario futbolístico al asegurar que la reunión era sólo "para presentarle al concejal nuestras ideas y las opiniones de la constructora".

"¿Por qué no me avisaron que había rueda de prensa después de la reunión?, a lo mejor querían que yo cayera en una trampa, pero no estoy yo para trampas ni para estas historias", matizó de forma irónica Pina.

Sobre el escrito de la LFP, que todavía no ha visto nadie, y del que Cascales aseguró no tener constancia, al igual que Miguel Ángel Cámara, también hubo comentario: "En el momento que llegó la carta a mis manos se lo comuniqué a Cascales por teléfono y después se la entregué. Por eso me extrañó tanto que dijera que no tiene notificación, si se lo entregué en mano... Es muy probable que no nos dejen jugar en La Condomina el próximo año. La obra de remodelación es de unos ocho millones de euros como mínimo, por lo que si el Ayuntamiento quiere gastárselos me parece estupendo, al igual que si me hacen la ciudad deportiva, sin problemas, entonces yo me comprometo a sustentar el club".

Aludiendo a la poca afluencia de público en La Condomina, Pina, enfadado, dijo que "el que diga que al campo van sólo mil quinientos aficionados está insultando al Ciudad, porque nuestra masa social va creciendo poco a poco".

Referente al derribo de Santa María de Gracia, Pina dijo que "se les iban a construir viviendas nuevas a más de 300 personas mayores, con ascensor y todas las comodidades posibles" y volvió a exigir que el Real Murcia se traslade cuanto antes a Nueva Condomina para utilizar las oficinas y poder explotar el párking, ya que "el año pasado le sacábamos veinte puntos y estábamos muy callados".

"El otro equipo tiene estadio nuevo, el párking, las oficinas y me dijo Del Río que todavía no habían empezado las obras en el nuevo campo", concluyó.

El cabreo de Pina surge tras las declaraciones del alcalde Cámara, en las que tildaba de «disparate» el proyecto de ciudad deportiva, y la rehabilitación del barrio de Santa María de Gracia a cambio de la remodelación de La Condomina. «Aquí no hay más historias ni moratorias. O se remodela o no podremos jugar ahí. Entonces, para qué me hacen dar una rueda de prensa. Si me hubieran dicho que el proyecto no era viable, pues carpetazo y a otra cosa».

Durante más de una hora, Pina monopolizó la rueda de prensa y defendió a capa y espada los intereses de su club. «Creo que es una vergüenza que 400 niños de las bases no puedan entrenar a campo entero. Seguro que los que mandan no saben cuál es mi acuerdo con Las Torres de Cotillas, y si un día me dicen que ya no puedo, ¿dónde vamos a entrenar? Nadie sabe que más de 30 profesionales se meten en un vestuario en el que no caben ni 15 personas», apuntó.

Acerca del futuro del club, el consejero delegado comentó que «se está hablando mucho de "pelotazo", pero el verdadero negocio de este club lo estoy dejando pasar. Ya lo podría haber vendido, pero yo voy a luchar por quedarme aquí, aunque tengo la sensación de que quieren que nos vayamos».

En tono muy enfadado, casi se despidió insistiendo en que «no quiero que me saluden por la calle. Quiero que me reciban y que nos respeten. A lo mejor sí veo a algún político en el palco de Nueva Condomina de los que no me reciben o no los veo en el nuestro. Necesitamos la ciudad deportiva y solucionar el tema del campo. Sólo queremos eso y no tener la sensación de casi salir corriendo cuando nos reciben».
www.laopinion.es y www.laverdad.es

El Banco Santander constata "síntomas de impuntualidad" en el pago de hipotecas


MADRID.- El Santander ha comenzado a constatar "síntomas de impuntualidad" en el pago de créditos hipotecarios entre sus clientes, que comienzan a verse afectados por el repunte de los tipos de interés, según afirmó hoy el director general de Banca Comercial del banco, Enrique García Candelas.

García Candelas aseguró que "no hay un aumento de la morosidad pero si síntomas de impuntualidad, pues es cierto que hay clientes que se encuentran pesados en su economía y con el repunte de tipos de interés les cuesta pagar puntualmente las cuotas a final de mes".

En cualquier caso, el directivo del Santander aseguró durante su intervención en el Encuentro Financiero 2007, dentro del Foro Nueva Economía, que los clientes "pagan", aunque sea una vez avanzado el mes o a comienzos del siguiente.

Preguntado por la desaceleración del mercado hipotecario en Estados Unidos y su posible afectación a España, García Candelas aseguró que son mercados "bien distintos", aunque si dijo apreciar una "pesadez" dentro del sector hipotecario también en España, "que está generando una cierta desaceleración pero que no preocupa" a la entidad.

El director general de Banca Comercial del Santander dijo confiar en "saber gestionar esta desaceleración" que está aconteciendo en el mercado y que, a su entender, "es bueno porque tiene que haber salud, y esos crecimientos tan desproporcionados a veces generan un sobrecalentamiento que es negativo para la economía y para el sector".

Además, García Candelas resaltó que las ultimas "añadas de financiación" de créditos hipotecarios están generando un nivel de esfuerzo medio "muy superior" para los clientes frente al que se tenía que realizar hace cinco años, sobre todo por la incorporación de la juventud y la inmigración a la financiación de vivienda.

"En todo caso, comparativamente con otros países europeos hay muchos españoles casi sin endeudarse, por lo que el potencial de desarrollo de España es brutal", dijo.- (Europa Press)
(Sede del BSCH en la "city" londinense)

miércoles, 28 de marzo de 2007

El FMI alerta a España por el elevado déficit del sector exterior



WASHINGTON.- El FMI ha alertado hoy de que el alto nivel de endeudamiento privado y el "muy elevado" déficit del sector externo en España pueden llevar a un período de "crecimiento lento" y ha instado a la administración pública a cumplir de forma "ejemplar" la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Estas son las conclusiones "preliminares" de una delegación de expertos del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) que visitó España del 19 al 26 de marzo y que se reunió con las autoridades económicas, incluido el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, según explicó una portavoz del organismo.

El Fondo prevé que el ritmo económico en España se modere, hasta el 3,5 por ciento este año y el siguiente, una cifra que está en línea con el crecimiento potencial de la economía. Estos números hacen que las perspectivas a corto plazo sean "brillantes", pero el organismo internacional advirtió de que en el horizonte "se consolidan las nubes generadas por los desequilibrios acumulados".

Rigideces en el mercado interior

El Fondo constató las pérdidas "continuadas" de competitividad de la economía, porque los precios y los costos laborales han aumentado más que en los países vecinos, lo que encarece los productos españoles. Además, apuntó que el mercado interno manifiesta "rigideces marcadas", específicamente por la existencia de sectores económicos "protegidos", donde la competencia está restringida, y por la dificultad para despedir a los trabajadores.

Por ello, instó al Gobierno a adoptar lo que denomina "reformas estructurales" y advirtió de que es importante que "el calendario político no obstaculice la aprobación de legislación económica y financiera". Como ha hecho en el pasado, el Fondo expresó su inquietud por las cuentas externas españolas.

Según sus cálculos, el "de por sí muy elevado" déficit por cuenta corriente se agrandará hasta el 9,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) este año y "cerca del" 10 por ciento el siguiente, debido en parte a los mayores pagos de la deuda en concepto de intereses. Este agujero, junto con el alto nivel de endeudamiento privado, constituyen el "riesgo principal" para la economía, a su juicio.- (EFE)

Un tribunal inglés determina que Dan Brown no cometió plagio al escribir ´El Código da Vinci´


LONDRES.- El escritor estadounidense Dan Brown no cometió un plagio al escribir su famosa novela "El código da vinci", según resolvió hoy el Tribunal de Apelación de Londres. El tribunal desestimó así un recurso presentado por dos de los tres autores del libro "The Holy Blood and the Holy Grail" (1982), Michael Baigent y Richard Leigh, que sostenían que el autor había fundamentado su novela en sus investigaciones.

Al perder el recurso, los dos autores deberán asumir ahora el pago de las costas de este juicio, alrededor de unas 600.000 libras (unos 900.000 euros), que se suman a los gastos del juicio anterior, hasta un total de casi 3 millones de libras.

Baigent y Leigh recurrieron el pasado enero una sentencia del Tribunal Superior, emitida el 7 de abril del 2006, que exoneraba a Brown de plagio en la elaboración de su novela "El Código da Vinci".

Michael Baigent y Richard Leigh habían demandado a Random House, editorial de "El código da Vinci" (2003) y, casualmente, también de su libro, al considerar que Brown copió ideas de su obra, publicada en español bajo el título de "El enigma sagrado" (1982).

Los representantes legales de Baigent y Leigh argumentaron al presentar el recurso que el juez Peter Smith del Tribunal Superior rechazó su demanda porque malinterpretó la legislación de derechos de autor.

Los autores arguyeron que el grueso de la trama de la novela que encumbró al estadounidense se basa en las tesis que ellos defienden en su libro, y que están protegidas por el "copyright" (derechos de autor).

Ambas obras plantean que Jesucristo sobrevivió a la crucifixión y se casó con María Magdalena, con la que tuvo un hijo cuya descendencia ha continuado hasta la actualidad, protegida por una orden secreta denominada Priorato de Sión.

Los abogados de Baigent y Leigh aseguraron que el juez Smith había emitido un veredicto equivocado porque centró el caso en evaluar si el tema en sí de "The Holy Blood and the Holy Grail" podía protegerse a través del "copyright".

Pero, según los letrados, no es el tema de su libro sino el trabajo de investigación y las hipótesis que contiene lo que está protegido, y su apropiación indebida por otro autor equivale a un plagio.

El juez Smith aceptó como cierto que la esposa de Brown, Blythe, había extraído mucho material del libro de los dos demandantes en su investigación para la novela de su marido.

Sin embargo, consideró que los "temas centrales" supuestamente copiados "son demasiado generales o abstractos como para que puedan ser protegidos por la ley de derechos de autor".

En el juicio del pasado abril, Baigent y Leigh fueron condenados a pagar un 85 por ciento de los gastos legales de Random House, en torno a 1,3 millones de libras, así como los suyos propios.

En esta ocasión, el juez dictó que deben abonar también las costas del proceso, de unas 600.000 libras.-(EFE)

El decano de Procuradores en Cartagena habla de prepararse en lo judicial para ser nueva provincia



CARTAGENA.- Antonio Cárceles, recientemente reelegido como decano del Colegio de Procuradores de Cartagena, considera “una necesidad que tanto el Ministerio de Justicia, como las administraciones regional y municipal, trabajen y cooperen en un futuro nuevo Palacio de Justicia para Cartagena, debido a que el actual, construido en el año 2000, ha quedado colapsado y obsoleto”.

Cárceles cree que “los sectores competentes en la materia deben de cooperar para que el actual Palacio de Justicia sea adjudicado al sector privado con el fin de edificar una nueva sede en otra zona céntrica de Cartagena, como el sector Rambla, con la intención de que se dote a este nuevo edificio de espacio físico para poder ampliar sus instalaciones, debido al crecimiento que en materia judicial está experimentando la Comarca”.

Además, dice que “a corto plazo se deberá dotar a Cartagena de una nueva sala del Juzgado de lo Penal, una de Contencioso-administrativo y, muy posiblemente, una nueva sección de la Audiencia Provincial, lo que requerirá un nuevo espacio que actualmente no existe en la sede”.

El decano del Colegio de Procuradores afirmó que la expansión judicial de Cartagena requiere el estudio de las mejoras que acarrearía el nombramiento de Cartagena como provincia, ya que “llevaría a cabo la instalación de una sede de Audiencia Provincial Plena, así como las infraestructuras uniprovinciales especializadas como el Juzgado de Menores y el Mercantil, lo que sería un reconocimiento a la labor que tanto jueces, fiscales, abogados y procuradores realizan por el bien de la Justicia en la localidad”.

Cárceles también recordó que la población que está enmarcada en el ámbito de actuaciones del Palacio de Justicia de Cartagena abarca un total de cerca de 300.000 habitantes.

Zaplana aumentó un 100% los fondos protocolarios del ministro al llegar a Trabajo


MADRID.- El hoy portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, dobló en 2003 el presupuesto anual de gastos protocolarios de gestión directa como ministro de Trabajo (36.000 euros) respecto de su antecesor, Juan Carlos Aparicio (18.000).

Zaplana marcó otra diferencia de gestión del dinero público respecto de sus antecesores del PP: ni Aparicio, ni Javier Arenas utilizaron nunca como ministros de Trabajo aviones privados para sus vuelos, ni compraron alimentos con cargo a su presupuesto para su residencia oficial, ni recurrieron a artículos de lujo para atenciones protocolarias.

Zaplana ha anunciado que quiere conocer los gastos protocolarios y de desplazamientos de los componentes del actual Ejecutivo socialista para medirlos con los suyos durante su mandato en Trabajo (2002-2004). A la espera de que el Gobierno remita esos datos, empiezan a surgir elementos que permiten comparar su gestión con la de sus dos antecesores inmediatos, ambos del PP: Javier Arenas y Juan Carlos Aparicio. El retrato que pintan ex colaboradores de estos tres ministros y funcionarios de Trabajo que coexistieron con todos ellos marca un antes y un después de Zaplana.

Para empezar, el 2 de enero de 2003, el primer año de gestión completa de Zaplana -tomó posesión en julio de 2002- varió radicalmente los gastos dedicados a "atender ineludiblemente obligaciones de protocolo" de los diversos cargos del departamento. Curiosamente, de los 17 cargos a los que se reconocían tales fondos, sólo el monto de uno crecía inusitadamente respecto del esquema hasta entonces vigente y era precisamente el presupuesto del ministro.

Si Aparicio se daba por servido con 18.060 euros anuales (1.500 al mes) para sus atenciones protocolarias directas -una comida, unas flores, etcétera-, Zaplana se adjudicó el doble: 36.000 euros (3.000 al mes). Por contra, la práctica totalidad de los altos cargos de Zaplana mantenían las mismas partidas consignadas en 2002 por su antecesor, Aparicio.

Gastos de gestión directa

Este presupuesto estaba destinado como su nombre indica a aquellos gastos de gestión directa del ministro. Era, por tanto, una partida más de los gastos globales del ministerio de atenciones protocolarias, con cargo a los cuales, como ha reconocido Zaplana, se sufragaron los objetos de lujo durante su mandato -que totalizaron más de 183.000 euros en compras durante su mandato- para atenciones a personalidades diversas y que, como también ha reconocido, en muchas ocasiones no identificó por premuras y contingencias varias.

Por tanto, nada de este dinero, que se entregaba en metálico, según ex colaboradores de Zaplana, sirvió para sufragar tales regalos. Tampoco este dinero de bolsillo de Zaplana emanado del presupuesto ministerial sufragó los gastos de cesta de compra -más de 5.000 euros durante su mandato- con destino al pabellón ministerial que constituía su residencia en el ministerio, y que se sufragaron con los ingresos de la cafetería de Trabajo, según documentos oficiales.

De tal partida personal protocolaria, tampoco se abonaron los catering -más de 22.000 euros durante su gestión- con que se cubrían las comidas oficiales del ministerio. Algunas facturas de restaurante como la de Horcher o la del club Siglo XXI, sumando 2.000 euros, fueron desviadas al presupuesto global, al que también se pasaron sus pagos de donativos benéficos. Finalmente, los vuelos en avión privado (más de 150.000 euros) fueron presentados como meros contratos o como indemnizaciones por gastos de viaje.

Por tanto, Zaplana dispuso, mes a mes, de un fondo de 3.000 euros para sus gastos. Ex colaboradores de Arenas y Aparicio y funcionarios que coexistieron con ellos aseguran que ninguno de ellos contrató un solo vuelo privado para sus viajes oficiales. Las mismas fuentes sostienen que ambos solían comer el menú del ministerio en su despacho y contrataban catering sólo para comidas oficiales.

Ni uno ni otro, a diferencia de Zaplana, recurrieron a la compra de objetos protocolarios de lujo. Sus ex colaboradores destacan "la austeridad castellana" de Aparicio y la viveza de Arenas, que tras recibir dos sablazos del catering de un restaurante cercano, prescindió radicalmente de dicho establecimiento.
De "El País"

El gobierno murciano del PP agita de nuevo el espantajo del trasvase del Ebro en plena crecida por el deshielo en las montañas del norte peninsular




MURCIA.- El Gobierno murciano presentó hoy un vídeo con la "última riada" que está teniendo el Ebro estos días, "cuatro hasta el momento", precisó el secretario general de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Ruiz Vivo, quien expuso que "esos 1.200 m3 de agua que está arrojando al mar cada día es el equivalente a 40 canales del trasvase previsto en el PHN".

En concreto, este vídeo, que lo realizó la pasada semana una productora murciana en el Delta del Ebro, en el embalse de Mequinenza y en la conexión con el Segre, viene a poner de manifiesto "ese desbordamiento, mientras Murcia se seca"; una realidad que Ruiz Vivo calificó de "realmente sangrante". "Una imagen vale más que 1.000 palabras", añadió.

De este modo, Ruiz Vivo aseguró que "a lo largo de los próximos días, el Ejecutivo murciano seguirá informando a la ciudadanía de este acontecimiento que se está produciendo en estos momentos, tanto en Aragón como en Cataluña".

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) inció ayer el desembalse de algunos pantanos de la cuenca del Ebro en su parte media para poder acoger las posibles avenidas del río originadas por las lluvias fuertes que se esperan para estos días.

Este aumento del caudal se notó de forma especial en el tramo final de río Ebro a su paso por las comarcas de la Ribera y del Bajo Ebro, como ilustra la fotografía tomada ayer en Tortosa.

En la imagen superior se aprecia el considerable volumen de agua que llevaba el río en comparación con el escaso nivel de días pasados. Las lluvias y la fusión de las nieves en la cabecera del Ebro mantendrán alto el nivel de las aguas en todo el recorrido del río.

Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aportó datos actualizados de la cantidad de agua que pasaba, a las 8.00 horas de hoy, por distintos puntos del Ebro. Así, especificó que en Tortosa el caudal era de 1.195 m3/ segundo; 1.259 m3/segundo en Zaragoza, y 1.461 m3/segundo en Tudela.

Cerdá advirtió que esa cantidad de agua que se tira desde Tortosa "supone 112 Hm3 de agua al día y con tres días como éste, tendríamos resuelto el problema de todo el campo murciano en todo el año".

Y es que, a su juicio, "las cuatro riadas que hay hasta el momento no es una cosa anormal, sino normal, ya que todos los años de sequía está habiendo desbordamientos e inundaciones en el Ebro, al igual que es normal que es la solución más viable, desde el punto de vista técnico y de recursos".

En este sentido, recordó Ruiz Vivo al PSOE que tanto Valcárcel como el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "han propuesto al jefe del Ejecutivo de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero, que si no es favorable al trasvase del Ebro, al menos admita que estas dos comunidades construyan las infraestructuras pertinentes para que de ese banco de agua se pueda traer agua a Murcia".

"Los bancos de agua sin trasvase no sirven para nada", lamentó Ruiz Vivo, quien matizó que "donde está la bolsa de agua es en el Ebro".

De igual modo, Cerdá consideró que "hay que hacer una reflexión, por cuanto se nos acusa desde la oposición de que estamos manteniendo el tema del Ebro", una cuestión sobre la que insistió porque, a su juicio, "es la alternativa más viable y segura".

Y es que, según Cerdá, "en el Pacto del Agua se está de acuerdo en todo (desalación, mantener el Tajo-Segura y la reutilización) y lo único que tenemos que ser, es coherentes". "Cómo vamos a renunciar a lo que defendemos todos los días", se preguntó Cerdá, quien opinó que "eso no es no querer el pacto, sino ser coherente".

A pesar de la ruptura de ese Pacto del Agua, Cerdá dejó claro que "el PP no va a renunciar nunca al Ebro, ni cuando estábamos gobernando, ni ahora cuando estamos en la oposición en España, ni en el futuro cuando estemos otra vez en el Gobierno".

Además, dijo estar "seguro" de que, independientemente de que los socialistas "se opongan ahora al Ebro", cuando se produzca "un cambio de Gobierno en Madrid van a estar pidiendo el Ebro enseguida, porque lo pedían antes cuando gobernaba el PP", por lo que resaltó la necesidad de "ser coherente en función de los datos objetivos".

A su vez, el consejero de Agricultura y Agua afirmó que "no hay derecho a que un Gobierno condene a esta Región a seis 'trasvases cero' el pasado año y este año sólo se hayan trasvasado 11 Hm3 para regadío cuando toda este agua se está perdiendo en el mar".

Las imágenes, distribuidas a los medios de comunicación, recorren el Delta del Ebro (Tortosa y Amposta), la situación del embalse de Mequinenza, Ribarroja y Flix (únicos que se destinaban al trasvase previsto en el PHN), la conexión con el río Segre y el Ebro a su paso por la ciudad de Zaragoza, antes de que llegase la avenida que sufre el río en estos días.

Igualmente, se puede ver el río Ebro a su paso por Zaragoza, antes de la avenida que está pasando en estos momentos y que ha alcanzado los 1.400 m3/segundo, y la situación del embalse de Mequinenza y del sistema Mequinenza-Ribarroja, con 1.500 Hm3 y al 90% de su capacidad, antes de que tengan que abrir las compuertas y soltar el agua al mar por motivos de seguridad.

Las cámaras de esta productora murciana también tomaron recursos de la confluencia entre los ríos Segre y Ebro, e imágenes de la desembocadura del río en Tortosa y Amposta (lugar donde estaba prevista la toma del acueducto, una vez aprovechada el agua por el resto de la cuenca) con los canales que distribuyen el agua concedida para los regadíos del Delta.

Por último, se mostró un gráfico con los datos de la avenida del Ebro "en tiempo real" y otro con las cuatro grandes avenidas que ha tenido el Ebro en lo que llevamos de año.- (Europa Press)

Cartagena contará en la Casa del Mar con una oficina de la Demarcación de Costas, según Segado



CARTAGENA.- El candidato socialista a la alcaldía de Cartagena, Ignacio Segado, se ha reunido en Madrid con el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández Pérez, y la jefa de la Demarcación de Costas en Murcia, Francisca Baraza, para tratar sobre diversos asuntos de competencia de este departamento que afectan a Cartagena.

Cartagena contará con una oficina de la Demarcación de Costas en la que se podrán realizar todos los trámites que ahora se hacen en Murcia, según Segado, quien ha indicado que, en cuatro meses, estará acabado un Plan de Gestión de usos de las baterías de costa que Defensa cedió a Medio Ambiente, como primer paso para iniciar su puesta en valor.

En cuanto a la oficina de la Demarcación de Costas, se situará en la Casa del Mar y "es un ejemplo de la descentralización que el Gobierno del Estado está realizando para acercar la administración al ciudadano".

De esta forma, los cartageneros ya no tendrán que desplazarse a Murcia para hacer las gestiones oportunas en este departamento. Además se pretende que sea la sede de los vigilantes de Costas.

El plazo para que Cartagena pueda disponer de este servicio será breve, ya que sólo está pendiente de la contratación de personal, ya bastante avanzada. Ha salido publicada en el BOE la primera plaza de personal y está punto de publicarse la segunda.

En cuanto a las baterías de costa, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dado el primer paso para cumplir el compromiso de gestionar su puesta en valor, que adquirió al hacerse con su propiedad, tras la cesión por el Ministerio de Defensa.

Se está elaborando un Plan de Gestión para determinar los usos que se darán a estas fortificaciones, en el que se va a consultar a las organizaciones interesadas, como pueden ser las relacionadas con el medio ambiente y con el patrimonio.

El documento estará terminado en el plazo aproximado de cuatro meses, y después se realizará un convenio con el Ayuntamiento para llevar a cabo la gestión de las baterías.

Las instalaciones que Defensa cedió a Medio Ambiente en Cartagena son las Baterías de Costa de Cabo Tiñoso, Monte Roldán, Cala Cortina, Posición X, Aguilones, La Chapa, La Parajola, y San Isidoro y Santa Florentina.

Realizar atentados no es tan caro para las organizaciones terroristas, según Schönander



MADRID.- “Los medios económicos que necesitan los terroristas para cometer actos son, en realidad, muy pocos”, revela Carl Schönander, Primer Secretario para Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid (a la izquierda, en la fotografía inferior, junto a Bernice Donald), quien estima que el atentado de Madrid del 11 de Marzo no costó más de 40.000 euros, y el de las Torres Gemelas, de Nueva York, no más de 400 ó 500.000 dólares.

"Esto es muy poco dinero, teniendo en cuenta que Osama Bin Laden y el grupo Al Quaeda necesitan unos 30 millones de dólares al año para financiar sus operaciones", dijo Schönander en el transcurso de un debate entre expertos celebrado en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

Según el representante norteamericano, una fuente de financiación importante de los terroristas son las entidades sin ánimo de lucro que canalizan fondos a organizaciones terroristas. "Pero hay diferentes opiniones entre la Unión Europea y EE.UU. en la designación de los grupos que apoyan al terrorismo. Un ejemplo de conflicto es Hezbolá".

La medida más importante que han adoptado, la comunidad internacional y en particular el gobierno de EE.UU., para combatir la financiación del terrorismo, es la congelación de bienes a los individuos designados.

Manuel Rey Jimena, coronel del Ejercito del Aire y oficial español de Inteligencia coincide con Carl Schönander en que el terrorismo es una estrategia barata, fácil de llevar a cabo, que permite el enfrentamiento entre varios estados, matizando que se trata de un conflicto asimétrico.

“Estamos “combatiendo” dos grupos en el que uno utiliza una serie de reglas que al otro le están vedadas”.

Rey Jimena habla del terrorismo como un caso claro, un concepto confuso y una lucha desigual. Explica que la comunidad internacional aún no ha llegado a un consenso para definir qué es el terrorismo.

“Lo que para algunos es un terrorista, para otros es un luchador por la libertad. Si queremos llegar a un consenso, el terrorismo se definiría como la violencia mediante el terror para conseguir objetivos políticas.”

“El tema de la financiación no es precisamente el "talón de Aquiles" del terrorismo, ya que cuesta muy poco perpetrar atentados y, además, cada organización terrorista se financia de una forma diferente”, manifiesta Fernando Muniesa, experto en defensa nacional y seguridad del Estado.

El autor de los libros “Los espías de madera” o “La España Otorgada”, cita a la italiana Napoleoni, autora de “La aproximación a la financiación del terrorismo”, en el que explica que hay tres fases de financiación del terrorismo: financiación por el Estado, la privatización y la globalización.

La primera es la raíz de las demás. Un ejemplo de esta financiación fue la que practicaron los EE.UU. y la Unión Soviética en sus áreas de influencia en Nicaragua y entre los grupos marxistas en Latinoamérica, respectivamente.

La privatización surge en los años 70 motivada por el interés de los grupos terroristas de independizarse de sus patrocinadores y desarrollan estrategias de autofinanciación (OLP, IRA, ETA, etc.).

La tercera fase es la versión globalizada. Hay que considerar la desrregulación de los mercados financieros internacionales y el establecimiento de los “paraísos fiscales” (Gibraltar, Islas Caimán, etc.), que abren el oportunismo económico también al terrorismo.- (NEM)

Detenido como presunto proxeneta un alto cargo de la UGT, ya suspendido, en la Región de Murcia



CARTAGENA.- El secretario de la Federación Comarcal de Servicios Públicos de la UGT y cabo de la Policía Local en Cartagena, Rafael Paredes, fue detenido el martes y conducido al Parque de Seguridad por la Policía Nacional de Murcia como presunto autor de tres supuestos delitos: cohecho, fomento de la prostitución y contra los derechos y la salud de los trabajadores.

La detención de Paredes, quien se encontraba en la Comandancia de la Policía Nacional, en Murcia, y anteayer prestó declaración ante el juez de guardia en Cartagena, es el resultado de una investigación llevada a cabo por el Grupo de Extranjería del 091.

Agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Murcia detuvieron a Rafael Paredes, al que se acusa de estar relacionado con una red de prostitución y trata de blancas paraguayas hasta un punto y en unas circunstancias que no fueron aclaradas.

Trascendió que en la operación policial también se detuvo a un agente de la Policía Nacional, que presta servicio en Cartagena y ya puesto en libertad con cargos por el juez, y a un proxeneta, al que se conoce por el apodo de Paco ‘El Guay’. La detención de Paredes, cabo del Cuerpo Municipal de Policía, la llevaron a cabo tres agentes de la Policía Nacional, que se presentaron en el Edificio de Seguridad, donde no fue necesario reducirle, dado que se entregó sin resistencia y fue conducido a dependencias policiales de Murcia.

Al parecer, el 091 ya le seguía la pista desde hacía tiempo, pero fue la declaración de una de las 18 mujeres detenidas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía, durante la redada en el club de alterne 'Hotel Glamour', de Pozo Estrecho, lo que desencadenó esta investigación.

"En su testimonio, la citada mujer, que se encontraba en situación ilegal, dijo que trabajaba para Rafael Paredes cuando no estaba dada de alta en la Seguridad Social", señalaron fuentes de la investigación.

La Policía Nacional hizo la citada redada quince días después de que un joven de 26 años, que se dedicaba supuestamente al tráfico de drogas, fuese asesinado en este local, de seis disparos. La detención de Paredes causó gran revuelo entre sus compañeros del Cuerpo de Policía Local de Cartagena y de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

Se acusa a Paredes de aprovecharse de su condición de agente para ejercer presuntamente como proxeneta con mujeres inmigrantes ilegales, y de un delito de cohecho por beneficiarse de este negocio.

Paredes, aún responsable en el momento de su detención, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la comarca cartagenera y agente muy conocido en Cartagena, fue detenido por cuatro policías judiciales vestidos de paisano que se desplazaron al Parque de Seguridad de la ciudad desde Murcia.

Fuentes municipales indicaron que el cabo (de unos 55 años de edad), quien estaba de permiso, fue citado por teléfono por sus superiores en la Policía Local para que acudiera a estas instalaciones municipales.

Los policías judiciales le leyeron en voz alta sus derechos, le retiraron su arma reglamentaria y otra propia que llevaba encima y le trasladaron a dependencias policiales en Molina de Segura. Por la vieja deferencia policial de no esposar a un agente en presencia de otros compañeros, Paredes (que debía ser puesto a disposición judicial en un máximo de 72 horas y el miércoles ya declaró ante el juez) no salió con manillas en las muñecas.

El cabo estaba bajo la supervisión de un subinspector de la Policía Local. Varios agentes municipales vieron, después, cómo Paredes salía acompañado de dos de los policías.

Los investigadores policiales han recopilado testimonios y pruebas de que Paredes no hizo supuestamente nada para intentar detener al asesino del Hotel "Glamour". Al parecer, tampoco se puso en contacto con la Policía para ofrecer una descripción de los presuntos asesinos, que descerrajaron más de una decena de tiros a su víctima, muy probablemente para zanjar un pleito familiar.

Días después del crimen, tres hombres confesaron su participación en los hechos, se entregaron a la Guardia Civil de Cartagena y han sido enviados por el juez a prisión provisional (dos de ellos) y a la Fiscalía de Menores (el tercero, un menor de edad)].

En sus pesquisas, los agentes han recopilado datos acerca de otras actividades ilegales en las que supuestamente estaría implicado Paredes, como la explotación sexual de mujeres inmigrantes en situación irregular en España. Paredes se dejaba ver últimamente mucho en compañía de mujeres con aspecto de prostitutas.

«La Constitución Española establece la presunción de inocencia, pero estamos satisfechos por la actuación policial. Éste es un caso aislado y no afecta a la labor de la Policía Local», señaló el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Martínez Stutz.

Éste abrirá ahora expediente a Paredes, quien quedará suspendido de empleo y sueldo.

"Los compañeros del sindicato estaban preocupados, al principio, porque ignoraban el paradero de Paredes y querían contactar con él por si podían prestarle su apoyo", indicaron.

También en el recinto del Parque de Seguridad de la Media Legua cartagenera se podía observar más de una mala cara entre los compañeros de Paredes. "La gente está preocupada y no saben cómo ayudarlo", señalaron.

El citado concejal de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Cartagena, que de inmediato se trasladó al citado Parque de Seguridad, señaló: "Es un hecho desagradable, pero el que se detenga a un agente como presunto autor de unos delitos demuestra que existe trasparencia y que estamos haciendo las cosas bien. La justicia es igual para todos".

Stutz hizo hincapié en que el ayuntamiento de Cartagena "está orgulloso de la Policía Local y que, en ningún caso, si se demostrase la veracidad de los delitos imputados, se podría extrapolar el caso al resto del Cuerpo".

Compañeros de la Policía Local y de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Cartagena acudieron pronto al juzgado nº2 para manifestarle su apoyo desde que el funcionario se encontraba a la espera de comparecer ante el juez de guardia Jacinto Areste.

El abogado del detenido, Luis Ruipérez, se quejó de la falta de información sobre los delitos que se le imputaban a su defendido, así como de la actuación policial, ya que fue arrestado en la localidad portuaria y posteriormente fue trasladado a Molina de Segura.

Miembros de la Federación de Servicios Públicos de Cartagena aseguraron creer "en su inocencia, y si se demuestra que es culpable sería un descalabro porque no creemos en los delitos que se le imputan".

Así mismo, consideraron que el concejal de Interior, Pedro Martínez, "se precipitó en la adopción de medidas disciplinarias y laborales, ya que el policía local todavía no había pasado a disposición judicial".

Desde la ejecutiva regional de UGT manifestaron que este sindicato es el "primer interesado en que se aclare la situación" y dicen que se pondrán "todos los mecanismos a disposición de la justicia".

También se ha confirmado la suspensión cautelar de Paredes en todas sus funciones sindicales, en tanto no se sustancie judicialmente el caso, como consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario al sindicalista cartagenero.

El titular del juzgado nº2 de Cartagena, Jacinto Areste, decretó a última hora de la noche del miércoles el ingreso en prisión de Paredes por su presunta implicación en una red de prostitución ilegal de extranjeras.

El auto del juez le imputa dos delitos: favorecimiento de la inmigración ilegal con fines de explotación sexual y omisión del deber de perseguir delitos.

El letrado del agente, Luis Ruipérez, confirmó la decisión judicial después de que su cliente declarara durante más de dos horas, por la tarde, en el juzgado de guardia de Cartagena.

El policía fue trasladado por la mañana hasta el Palacio de Justicia de Cartagena, donde un grupo de compañeros del Cuerpo y del sindicato aguardó todo el día hasta conocer la resolución del magistrado.

Todos ellos mostraban su incredulidad ante las acusaciones de la policía judicial de Murcia que lo vinculan con una red de prostitución ilegal de extranjeras.

El magistrado de guardia decretó también prisión para un segundo detenido, un hombre, vecino de Cartagena, y al que también se vincula con la red de prostitución ilegal.

A partir de ahora, será el titular del juzgado nº3 de Cartagena el encargado de ratificar el auto de prisión e instruir el caso.

En los próximos días está previsto que presten declaración varios testigos protegidos.- (Agencias)

UDeRM también se persona en la causa por la venta de los terrenos de la factoría de "Zincsa"


CARTAGENA.- El abogado murciano Diego de Ramón, presidente del nuevo partido político Unión Democrática de la Región de Murcia (UDeRM), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la venta de los terrenos de la factoría cartagenera de "Española de Zinc S.A." (Zincsa). Esta operación fuertemente especulativa, que ha sido objeto de controversia política en los últimos meses, ascendió a 142 millones de euros.

Apoyándose en abundante jurisprudencia, al efecto, y justificar así su legitimidad para efectuar la citada denuncia, De Ramón pide, si se considera oportuno, abrir diligencias de investigación sobre varios posibles delitos: verificar si se puede haber cometido delito contra los derechos de los trabajadores, existido tráfico de influencias en esta operación concreta, alteración, o no, del precio de las cosas y posible dejación de funciones.

De Ramón se pregunta qué se ha hecho con esos 142 millones y quién o quiénes han cobrado las comisiones por su venta, al 4% habitual, unos 6 millones. Califica esta compra-venta de "operación oscura" y nada normal por la intervención en ella del Ayuntamiento de Cartagena para recalificar los 580.000 m2 de terrenos contaminados de "Zincsa". Y quiere saber si la empresa vendedora ha retenido, de la cantidad percibida, el suficiente dinero como para poder comprar otros terrenos y así garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo.

Al parecer del letrado murciano, en su escrito a la Fiscalía, contrasta ahora el interés del gobierno autónomo para encontrar suelo barato para reubicar a "Zincsa" y recuerda, ninguno, en su día, para establecer cláusulas de garantía en la compara-venta para que el fruto de la transacción fuese íntegramente a financiar la compra de unos nuevos terrenos a su precio de mercado.

Para rematar su petición, Diego de Ramón, le pide al fiscal que se averigüe por la policía quién ha asesorado, técnica y jurídicamente, operación de tamaña envergadura y qué entidad financiera ha efectuado los pagos. El abogado murciano cita a la tristemente célebre "Terra Mítica" como otra mercantil involucrada en esta operación claramente especulativa y con ribetes de ser un gran "pelotazo" para todos los intervinientes, de entre la parte compradora.

La mercantil intermediaria en esta polémica compra-venta, no hay muchas dudas, parece haber sido "Atalia", de la que es importante socio el ex alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso y algunos actuales altos cargos del PP relacionados con la ciudad, y que, según algunas fuentes muy bien informadas, también pudiera haber tenido, en algún momento, relaciones de tipo comercial con el conocido abogado murciano Carlos Valcárcel Siso, hermano del actual presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, hoy sumamente interesado en comprar terrenos industriales que le sean asequibles a "Zincsa" pese a haber percibido 142 millones de euros.

Diego de Ramón ya anunció, hace algún tiempo, que el partido UDeRM se personará en todas las actuaciones penales que se abran como consecuencia de la persecución de presuntos delitos urbanísticos, contra personas físicas, instituciones o entidades financieras colaboradoras de dichas actuaciones. Además aseguró que colaborará, en la medida de lo posible, con las investigaciones abiertas para estos casos por la Unidad Especial de la Guardia Civil.

De Ramón, perteneciente a una larga familia vinculada a la Benemérita en algunas provincias desde hace varias generaciones, también viene apuntando que «el tema de la corrupción urbanística en la Región de Murcia está propiciado por la concentración de grandes cantidades de dinero», que son aportadas desde múltiples sociedades mercantiles y financieras, a su juicio.

Fuentes Zorita considera una estafa promocionar urbanizaciones sin tener asegurada el agua



MURCIA.- Las organizaciones Anse y Ecologistas en Acción piensan recurrir a los tribunales para intentar paralizar aquellos proyectos urbanísticos «más emblemáticos» que no tienen asegurado el suministro de agua. Para ello se basarán en lo que dicta la Ley de Aguas, según la cual las confederaciones hidrográficas deben emitir un informe sobre la existencia o no de recursos hídricos para atender las nuevas demandas. Dicho informe, no obstante, no resulta vinculante.

Ambas organizaciones han estudiado con anterioridad esta estrategia, y se han visto animadas tras la decisión del Gobierno central de recurrir una docena de planes urbanísticos en Valencia por no tener el agua garantizada, según publicó El País.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, considera, a título personal, que la actuación del Gobierno central en Valencia le parece «magnífica; porque es una estafa promocionar urbanizaciones sin tener garantizado el abastecimiento de agua; o que se haga a costa del suministro de otras poblaciones asentadas».

Fuentes Zorita no entró a valorar qué proyectos en suelo murciano entran en esta categoría, pero sí añadió que «en esta cuenca el carro ha ido por delante de los bueyes, hasta provocar un déficit de 60 hectómetros cúbicos en Canales del Taibilla. Eso nos ha obligado a sacar más de 100 hectómetros del sinclinal de Calasparra en los últimos años. Está claro pues que todo el desarrollo urbanístico en esta Región no estaba amparado por el agua que necesitaba. Se ha producido una espiral suicida que hemos intentado atajar desde la nueva Administración, ya que el modelo de crecimiento era demencial».

Recordó que si se recurre algún proyecto, tendría que hacerlo la Delegación del Gobierno, ya que la Comisaría de Aguas se limita a emitir un informe preceptivo. Tales informes han sido hasta ahora y en su mayoría negativos, a expensas de que se disponga en el futuro de agua suficiente.

La Zerrichera, Lo Poyo y Puerto Mayor, entre otros, son los proyectos que están en el punto de mira de los ecologistas. El presidente de Anse, Pedro García, indicó ayer que han estudiado presentar recursos. Estima que el caso más claro es el de La Zerrichera, pero piensan analizar todos los convenios que hay sobre la mesa; a la vez que solicitarán a la Confederación Hidrográfica todos los informes negativos emitidos hasta ahora. «La ley de Aguas es la misma para todo el Estado. Si en Valencia se han podido paralizar urbanizaciones, aquí también puede hacerse. García apuntó que tampoco quieren «judicializar todo lo relacionado con el medio ambiente»

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, apuntó que con toda seguridad van a presentar recursos contra los proyectos urbanísticos «más relevantes», como La Zerrichera y Puerto Mayor. «Creemos que después de las elecciones tratarán de reactivarlos», indicó. Vives advierte de que el proceso puede ser largo, y que además de la falta de agua hay que considerar los daños que ocasionan al medio ambiente.

La Delegación del Gobierno, por su parte, informó ayer de que no tiene previsto presentar recursos contra ningún proyecto urbanístico en Murcia, como ha hecho su organismo homólogo en Valencia. El Estado tiene un representante en una comisión consultiva de urbanismo de la Comunidad Autónoma, en la cual hace constar su oposición a determinados proyectos cuando llegan avalados por informes negativos de los organismos ministeriales. Ocurrió en el caso de Puerto Mayor, en el que Costas recurrió al TSJ. Sobre la falta de agua para las urbanizaciones, se ha hecho constar el rechazo cuando se ha planteado algún caso, pero hasta ahora no se ha dado un paso
más allá.

En el caso de la Región de Murcia operan dos elementos que dificultarían la vía judicial para paralizar un proyecto urbanístico. Por un lado la ley regional del Suelo no es tan exigente como la valenciana, que es más explícita a la hora de vincular los desarrollos urbanísticos con la disponibilidad de agua. Por otro lado, existe el Ente Público del Agua, creado por el Gobierno regional, y cuyo objetivo es precisamente garantizar el suministro de agua para las nuevas urbanizaciones, para lo cual ya ha firmado una veintena de convenios con otros tantos ayuntamientos. Sobre esta base, los sectores turísticos y de la construcción tendrían garantizado legalmente el abastecimiento a través de este organismo. Asimismo, el Ministerio espera solucionar el déficit total en un año.
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martes, 27 de marzo de 2007

Zapatero pone en TVE a Irlanda del Norte como ejemplo para lograr la paz en el País Vasco


MADRID.- A dos meses justos de la fecha de las elecciones municipales y autonómicas, finalmente sólo hubo tiempo para que 42 ciudadanos preguntaran en directo al presidente del Gobierno en el programa "Tengo una pregunta para Usted", emitido durante dos horas en la Primera de TVE, y presentado por Lorenzo Milá, entre las 21,30 y las 23,30 de este martes.

Rodríguez Zapatero se ha enfrentado a preguntas muy diversas, desde el precio de un café, la marcha del sector de la remolacha, o el funcionamiento de la Justicia, pero la mayor parte de las cuestiones se han centrado en el terrorismo y la inmigración.

El presidente ha invitado a los ciudadanos, seleccionados por TNS-Demoscopia, a que le hagan en La Moncloa las preguntas que por falta de tiempo se han quedado fuera.

Las primeras preguntas han sido sobre ETA y el caso De Juana. Zapatero ha dicho que España sólo tiene pendiente "un problema grave" por resolver, el terrorismo de ETA, y ha puesto el reciente acuerdo del Ulster como ejemplo de que es posible un final dialogado de la violencia, pero siempre basado en el abandono de las armas por parte de los terroristas.

Zapatero ha insistido en que "el único diálogo posible para acabar con ETA es que deje las armas, que termine con la violencia y que aquellos que dicen defender unas ideas lo hagan democraticamente, con la palabra y nunca con la violencia".

Respecto a la decisión adoptada por el Ejecutivo con respecto al etarra De Juana Chaos, el presidente ha justificado la medida porque defiende "los intereses generales". Para Rodríguez Zapatero se trata de la mejor solución posible porque el etarra "ni está en libertad, ni ha muerto".

Otegi y Batasuna también son motivo de preguntas para los ciudadanos. Una mujer joven ha preguntado a Zapatero si "le ha contado ya a Otegi" sus dudas sobre la posibilidad de que la formación que la izquierda abertzale ha registrado para concurrir a las elecciones municipales: "Yo no hablo con Otegi", ha sido claro Zapatero.

Un joven le ha preguntado entonces si el fiscal no habló con Otegi la pasada semana, cuando fue absuelto en el juicio por enaltecimiento del terrorismo. Zapatero ha pedido respeto para la Justicia, y aunque el joven le ha contestado afirmando que cuando se "respeta a los fiscales se nos está dejando de respetar a nosotros, el presidente ha sido muy claro, señalando que pese a compartir o no una decisión de un fiscal, "tenemos que tener la garantía de que actúan dentro de la ley".

El presidente del Gobierno aseguró que el Ministerio del Interior ha considerado que hay "indicios de ilegalidad" en Abertzalen Sozialisten Batasuna (ASB). "Nadie va a presentarse a las elecciones municipales si no cumple al pie de la letra la Ley de Partidos", enfatizó.

Zapatero, que fue preguntado sobre esta cuestión, en el nuevo programa 'Tengo una pregunta para usted' por el periodista Lorenzo Milá, recordó que este partido se ha registrado hoy y que el Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho una "primera lectura de los promotores, la denominación y sus estatutos".

"Ha considerado que hay indicios de ilegalidad y conforme a Ley de Partidos se ha remitido al fiscal general del Estado y a la Abogacía del Estado para que informen y se articule lo que establece la Ley de Partidos, porque si es un partido ilegal, no puede ser ni partido ni presentarse a las elecciones", resaltó.

Rodríguez Zapatero ha sido bastante tajante a la pregunta de si apoyaría una hipotética imputación a Aznar por llevar a España a la guerra de Irak, después de que el Tribunal Penal Internacional, de La Haya, no cierre la puerta a investigar a Bush y Blair. El presidente ha afirmado que, pese a su rechazo total a la intervención en el país árabe, no comparte que se impute al ex presidente español.

Derechos de la mujer, la ley de igualdad, pensiones, seguridad social, y la vivienda han sido los temas de las siguientes preguntas hechas al presidente del Gobierno. Pero también ha tenido mucho peso la inmigración. A este respecto han presentado sus preguntas al presidente varios ciudadanos, entre ellos inmigrantes preocupados por la situación de muchos de sus compatriotas que entran de forma ilegal en España:

"El trabajo ilegal es algo inadmisible en una sociedad avanzada", ha dicho el presidente, defendiendo el actual criterio de posesión de contrato de trabajo para la regularización, aunque reconociendo que los trámites burocráticos deberían de agilizarse.

Pero también ha habido ciudadanos que han protestado a Zapatero porque creen que la presencia de inmigrantes merma sus derechos: "Nos atienden peor que a ellos", señalaba una mujer respecto a la asistencia sanitaria.

En el citado programa intervinieron dos ciudadanos provenientes de la Región de Murcia: una señora de 56 años y un joven de 22, asistente social una y administrativo el otro. Ella preguntó con insistencia sobre la falta de especialistas infantiles en los juzgados, y él acerca de la situación de los inmigrantes ilegales en España.

Las respuesta clave de Zapatero

Terrorismo y diálogo con ETA. En el diálogo con ETA, el Gobierno "ha mantenido firmeza, la ley y el Estado de derecho" y "el único diálogo posible para acabar con ETA es que deje las armas, que termine con la violencia y que aquellos que dicen defender unas ideas lo hagan democráticamente, con la palabra y nunca con la violencia".

Según ha apuntado, el terrorismo de ETA es el único "problema grave" que tiene el país y su obligación como presidente, la misma que tuvieron sus antecesores en el cargo, es ponerle fin. Ha afirmado que el final del terrorismo del IRA en Irlanda del Norte, tras un proceso que ha durado diez años, demuestra que "hay una posibilidad de que ese fin llegue a través de un diálogo".

Batasuna y la Ley de Partidos. Al pedirle su opinión por el hecho de que la 'izquierda abertzale' presentase hoy la documentación de un nuevo partido con esa denominación, Zapatero, ha recordado el inicio de los trámites pertinentes por parte del Ejecutivo ante los "indicios de ilegalidad" de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) y ha garantizado que nadie se presentará a las elecciones si no cumple la ley de partidos. "Si es un partido ilegal no puede ni ser partido, ni menos presentarse a las elecciones".

Caso "De Juana". Ha reiterado que fue la mejor medida para "los intereses generales", ya que la obligación del Ejecutivo es "valorar todos los elementos, con responsabilidad, y pensando también en la seguridad del Estado". Ha reconocido que con la huelga de hambre De Juana lanzó "un desafío", pero que el etarra "ni está en libertad, ni ha muerto".

Oposición antiterrorista del PP. Lamenta que el PP haya centrado su estrategia de oposición en la política antiterrorista y ha recordado su apoyo al Gobierno de José María Aznar en la anterior legislatura. En este contexto, ha vuelto a mostrar su deseo de recuperar la unidad, ya que, según ha dicho, "es lo que quieren los españoles y es lo mejor para la lucha antiterrorista".

Situación de crispación. Ha admitido que existe "tensión política exagerada" en España y que le gustaría que "bajara", subrayando que los políticos tienen la "obligación" de defender sus ideas "con respeto, sosiego y serenidad".

Causa penal contra Aznar por Irak. En cuanto a la posibilidad de que el ex presidente José María Aznar sea encausado por un tribunal internacional dado el papel que desempeñó en la guerra de Irak, Zapatero ha afirmado: "Creo que he mantenido mi posición y he sido muy coherente. Pero no soy partidario en absoluto de que haya una imputación del ex presidente Aznar en relación con Irak. No lo soy en absoluto".
11-M. "Con el tiempo que ha discurrido y el juicio en marcha, que hay que respetar, parece bastante evidente cuál es el origen y quiénes son los responsables del mayor atentado terrorista de nuestro país", enfatizó.

Arnaldo Otegi. "Yo no hablo con Otegi y la gente que habla con él sólo es para un objetivo: para que rechacen la violencia". Sobre la absolución del portavoz batasuno en la Audiencia Nacional, el presidente ha respondido que hay que respetar las decisiones de jueces y fiscales porque se adoptan siempre en el marco de la Constitución.

Navarra. Ha insistido en que "no está en el planteamiento del PSOE", y que los navarros "han sido y serán" lo que quieran. "Cualquier fabulación o fantasma que se haya podido producir en torno a Navarra es absoluta y radicalmente falso".

Cuestiones sociales. A preguntas sobre el coste de la vida, la situación de la sanidad o el precio de la vivienda el presidente del Gobierno ha presentado esperanzadoras cifras macroeconómicas y ha recordado las mejoras introducidas por las leyes de Dependencia e Igualdad.

También ha anunciado un plan para construir 20.000 viviendas para jóvenes con alquileres entre 200 y 240 euros y ha recordado la evolución positiva del mercado laboral.

Zaplana justifica el uso de un 'jet' privado para acudir a una entrevista de TVE


MADRID.- El ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana justificó ayer los numerosos traslados en avión privado a ciudades españolas conectadas por decenas de vuelos regulares diarios por "su apretada agenda de trabajo".

Un portavoz oficial del actual Gobierno aseguró que, en los tres años de mandato, sólo en una ocasión un ministro ha contratado aviones de ese tipo. Se trata del titular de Industria, Joan Clos. Zaplana asegura que los motivos de los desplazamientos en aviones privados "son suficientemente relevantes". Entre ellos figura un traslado para llegar a tiempo a una entrevista en TVE.

Zaplana elaboró ayer una nota de siete folios para contestar a la información publicada por EL PAÍS respecto a sus gastos de protocolo y de viajes en avión privado, dos de los cuales no han sido pagados por el ministerio ante las anomalías detectadas por el Interventor Delegado de Hacienda. En la nota, donde Zaplana anuncia acciones judiciales contra EL PAÍS, el ex ministro desglosa los gastos durante sus dos años de gestión al frente del departamento de Trabajo.

- Traslados. Zaplana asegura que todas las contrataciones de vuelos con compañías privadas "estuvieron motivadas por compromisos oficiales y se debieron a la imposibilidad de llevar a cabo el desplazamiento en vuelo regular por razones de horario, debido a la abundancia de compromisos en su agenda oficial y a la ausencia de disponibilidad de aviones del Ministerio de Defensa, de los que existía una dotación muy escasa".

Entre los destinos a los que voló Zaplana se encuentran algunos como Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Palma de Mallorca, aeropuertos que tiene decenas de vuelos diarios programados desde Madrid por las distintas compañías regulares. Estos vuelos, por un convenio especial existente entre Iberia y la Administración central, permitía viajar gratuitamente a ministros y secretarios de Estado en sus desplazamientos oficiales. Cada vuelo en avión privado de Zaplana costaba más de 3.000 euros.

El ex ministro de Trabajo justificó ayer 16 vuelos que hizo durante su mandato en avión privado. La intervención cuestionó cinco de dichos vuelos, en cuyas facturas no veía claro ni el precio ni su contratación. Entre los desplazamientos "suficientemente relevantes" que motivaron la contratación de un avión privada señala el de un vuelo de regreso de Valencia el 6 de mayo de 2003 (3.700 euros) para acudir a una entrevista en TVE con Carlos Dávila que se emitió 24 horas después.

- Gastos de protocolo. Zaplana justificó las atenciones protocolarias de su ministerio como algo habitual que ya se venía haciendo antes de que llegara y que se siguió haciendo después. El ex ministro aclara que si no están identificados los destinatarios de los regalos, que compró en muchas ocasiones en tiendas de lujo, "es porque no se conocían en el momento de su compra o ésta se producía de manera muy inmediata". Zaplana asegura que la Intervención General nunca le exigió identificar a los destinatarios de sus regalos.

- Regalos a la familia. Dentro de los envíos postales a seis familiares de Zaplana, este periódico incluyó por error a la madre del ex ministro, fallecida en 1966. Zaplana asegura que "jamás se realizó un envío a familiares que contuviera un obsequio adquirido con cargo al erario público. Y si, como señala el diario, en una relación de envíos del ministerio, aparece un envío a familiares, jamás puede corresponder a cosa alguna pagada con dinero público".

El listado al que se refiere, que obra en poder de este periódico, está confeccionado por la Subsecretaría de Trabajo durante su mandato y se titula "Relación de destinatarios de envíos efectuados por Postal Express, regalos de Navidad diciembre 2002". En ese listado aparecen tres hermanas suyas, una sobrina, una cuñada y un sexto pariente con el apellido materno.

El ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana intentó explicar ayer a través de una nota las decenas de facturas de comercios próximos al ministerio y a su domicilio donde se compraron diversos artículos de alimentación, entre ellos numerosos paquetes de chicles, yogures, pan de seis cereales, helados y bolsas de patatas fritas. "Jamás fueron para mi consumo personal ni para mi vivienda particular. Los gastos se deben a compras realizadas por el personal del ministerio, para consumo del propio ministerio, como es habitual en todos los ministerios. O a la celebración en el ministerio de cenas y comidas oficiales de Trabajo".

Entre las compras que figuran en el expediente de los gastos de protocolo del ministro se encuentran artículos que difícilmente pueden componer el consumo habitual para cenas y comidas oficiales de Trabajo. Pese a que Zaplana indica que tal vía de adquisición de alimentos estaba destinada al consumo del ministerio en general o las comidas oficiales, hay dos hechos poco frecuentes en este tipo de gastos.

Las comidas oficiales o de trabajo del ministro y de su equipo suelen cubrirse mediante la contratación de servicios de catering, cuyo monto superó los 22.000 euros durante su mandato. Y, el ministerio, como tal, realizaba sus compras de alimentos para el comedor general a través de una central para planificar y obtener reducción en los costes, y por importes y periodicidad muy superiores a los exhibidos en las facturas objeto de polémica.

Decenas de tiques

Por tanto, tales compras de alimentos soportadas por decenas de tiques -con importes que a veces no llegan a 10 euros- que suman más de 5.000 euros durante el mandato, se inscriben "en la adquisición de productos para la confección de comidas que se realizaron para el señor Zaplana en el pabellón del ministro", según consta en documentos oficiales del Ministerio de Trabajo. Estos tiques fueron abonados con cargo a los ingresos de la cafetería-comedor del departamento, según documentos oficiales.

Este diario ha comprobado que algunas de tales compras para el pabellón del ministro fueron adquiridas por personal sin vinculación directa con el ministerio, como M. A. V., empleada de la limpieza en una empresa contratada por Trabajo.

Igualmente, parte de dichas compras fueron realizadas con unas tarjetas de cliente cuya relación oficial con el Ministerio de Trabajo se desconoce.

La contratación de numerosos vuelos en avión privado por parte del ex ministro Eduardo Zaplana por valor de 180.000 euros y los 150.000 euros invertidos en atenciones protocolarias y envío de paquetes a seis familiares durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, entre 2002 y 2004, desencadenó ayer el reproche de PSOE e Izquierda Unida y la réplica del PP, que exigió conocer todos los gastos protocolarios de los ministros socialistas. IU pidió al Ministerio de Administraciones Públicas que abra un expediente para que Zaplana devuelva lo gastado de manera irregular.

Zaplana gastó durante su etapa de ministro 150.000 euros en contratar aviones privados para 20 desplazamientos. El ex ministro aseguró en una nota que difundió ayer que hizo esos contratos porque su apretada agenda le impedía viajar en vuelos regulares debido a que los horarios de los mismos no cuadraban con sus necesidades. Durante su etapa, los ministros y secretarios de Estado podían volar gratis en Iberia. El Interventor del Estado ha bloqueado el pago de dos de esos vuelos por considerar que el gasto no está suficientemente justificado.

Un portavoz oficial del Gobierno aseguró ayer a este periódico que durante los tres años de mandato del PSOE, tan sólo se ha registrado un vuelo en jet privado del ministro de Industria, Joan Clos, al no hallar vuelos regulares para su desplazamiento. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró ayer que las irregularidades detectadas por la Intervención del Estado en la gestión del dirigente popular Eduardo Zaplana cuando era ministro de Trabajo son "un hecho grave".

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, emplazó ayer al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, a que investigue los "regalos y viajes que presuntamente" pagó el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana con dinero público durante su etapa al frente del ministerio. La intención de Llamazares es que el ex ministro "devuelva hasta el último euro" gastado irregularmente.

Ley de Incompatibilidades

El coordinador general de IU recordó que se trata de la "enésima" información que demuestra que en la época de Eduardo Zaplana todo era "bastante oscuro" en el Ministerio de Trabajo.

Llamazares recordó que durante la gestión de Zaplana se produjeron "adjudicaciones oscuras" con respecto a campañas publicitarias. "Ahora se sabe que ha habido regalos más allá de lo recomendable, entrando en la mala utilización de los fondos públicos".

"Emplazamos al ministro Sevilla para que investigue estos regalos y estos viajes que niegan la Ley de Incompatibilidades y están al margen de la legislación vigente. Deben ser investigados por el ministerio con el objetivo de que el señor Zaplana devuelva hasta el último euro de lo gastado al margen de la ley. Ningún ciudadano puede entender el escándalo de un ministro que pasa facturas por el kétchup, la compra del día o un donativo. Este gasto no tienen ninguna apoyatura legal".

Zaplana aseguró que la compra de productos de alimentación tenía como objetivo comidas y cenas oficiales del ministerio.

Llamazares considera que en este caso se incumple la Ley de Incompatibilidades, "la cual incorpora una limitación a los regalos".

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas señalaron que la investigación de ese gasto debe corresponder al Tribunal de Cuentas o a la Intervención General del Estado.

El PP replicó que los gastos del ex ministro Zaplana son los habituales de los ministerios y exigió, a través de una iniciativa que presentará en el Congreso de los Diputados, información sobre todos los gastos protocolarios de los ministros socialistas.
(De "El País")

UDeRM insiste en que se investiguen las operaciones especulativas de "La Kutxa" en Murcia



MURCIA.- El Partido Unión Democrática de la Región de Murcia, UDeRM, se presenta como acusación particular en los casos de La Zerrichera y Lo Poyo para exigir “que se investigue la trama financiera”, en la que estarían implicados funcionarios y altos cargos de la Administración regional, junto a entidades financieras.

En concreto, UDeRM pide que se investiguen las actividades de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, "La Kutxa", que ha intervenido en la adquisición de cinco millones de metros cuadrados en Lo Poyo, y “supuestamente en operaciones de crédito sindicado en Novo Cartago.”

Diego de Ramón, presidente de UDeRM, insiste en que se remitan al juzgado nº3 de Murcia los acuerdos del Consejo de Administración de "La Kutxa" “por los que se aprobó la inversión en La Zerrichera y Lo Poyo por valor de más de 220 millones de euros”.

UDeRM pide que se informe al Banco de España y que se dirija una comisión rogatoria al Reino Unido para que informe si "La Kutxa", en 2005 y 2006, ha obtenido créditos y avales en las Islas Caimán para financiar las inversiones en los terrenos citados.

UDeRM cree oportuno que el juzgado pida información a la Agencia Tributaria, en Madrid, y a la Fiscalía Anticorrupción sobre cuántas cajas de ahorros y bancos de los que operan en la Región están siendo investigados por estos organismos públicos, “sobre un posible presunto delito de enormes proporciones contra la Hacienda pública española, donde la elusión de impuestos rondaría los 240 millones de euros.

Por otra parte, según informa hoy el diario "La Verdad", "La Kutxa" (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián) buscará «fórmulas diferentes» para sacarle algún rendimiento a su inversión en la finca de La Zerrichera, de Águilas, si finalmente no puede desarrollar el proyecto urbanístico inicial para de 4.000 viviendas, hotel y campo de golf, el cual está paralizado desde mayo del año pasado por el Gobierno regional.

El jefe de Comunicación de "La Kutxa", Javier Zabaleta, ha explicado al periódico vasco en Murcia, que este proyecto urbanístico «tiene puntas y valles; y lo mismo cambia la situación más adelante». Indicó que esta caja de ahorros, a través de su sociedad inmobiliaria "Inverlur", es propietaria de los polémicos terrenos, los cuales adquirió al Grupo "Hispania" de Trinitario Casanova, y por los cuales ya ha pagado a cuenta 55 millones de euros.

"La Kutxa" no tiene decidido en este momento si exigirá al Grupo "Hispania" que le devuelva ese dinero que le abonó como anticipo, y cuyo desembolso estaba en función de que se fueran cumpliendo una serie de trámites administrativos y urbanísticos.

De hecho, se han cumplido la mayoría de los trámites, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas y la recalificación de los terrenos que pasaron de ser urbanizables. Faltó la aprobación del Plan Parcial de La Zerrichera, paso previo a la fase de construcción, que era el trámite que frenó la Consejería de Medio Ambiente. Javier Zabaleta puntualizó que «si al final no se construye la urbanización, «entonces tendríamos que empezar a discutir. Pero no nos hemos fijado ningún plazo».

Añadió que «se han ido cumpliendo algunos compromisos», pero que la entidad no tiene previsto exigir ahora la devolución del dinero pagado, y que, de hecho, ya es propietaria de los terrenos que ocupan 2,4 millones de metros cuadrados.

"La Kutxa" ha optado por tranquilizar la situación, y su postura sobre sus inversiones en la Región de Murcia, y en particular en La Zerrichera, «no ha variado» después de la actuación de la Fiscalía del TSJ, que presentó una querella contra el alcalde de Águilas, un ex concejal y varios altos cargos de las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas.

Los responsables de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián tendrán que volver a dar explicaciones sobre sus proyectos inmobiliarios en Murcia en su asamblea general del próximo jueves, como ya hizo en la anterior de octubre. En esta ocasión, el Partido Socialista de Euskadi (PSE) le pedirá que dé cuenta de las inversiones en Águilas y en Lo Poyo, junto al Mar Menor.

De acuerdo con el relato de hechos de la Fiscalía del TSJ, el propietario del Grupo "Hispania" recibió de la mercantil "Inverlur", 23,2 millones de euros como primer pago y anticipo de la finca de La Zerrichera. Este pago se hizo el 17 de octubre del 2005, díez días antes de que el Pleno municipal de Águilas aprobara la recalificación de los terrenos.

Posteriormente, y tras el visto bueno a la recalificación dado por el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, Trinitario Casanova vendió a "Inverlur" la finca por 105 millones de euros, más otros 16,8 millones en concepto de IVA, según consta en escritura pública. Hasta ahora "La Kutxa" señala haber abonado 55 millones del total.
(En la fotografía, sede en Londres de la CECA, la CAM, Caja Murcia, Unicaja y La Caixa)

Ya existe jurisprudencia suficiente para no autorizar nuevas urbanizaciones sin garantía acreditada de suministro hídrico


VALENCIA.- Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, y van tres en pocos meses, establece que no es posible aprobar ninguna urbanización ni Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada con un informe al respecto de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Esta nueva jurisprudencia de un TSJ abre la puerta a que cualquier institución, organismo o persona jurídica pueda recurrir una planificación urbanística, que podría ser paralizada por los jueces de forma cautelar.

Con este auto de la Sala de Lo Contencioso, que suspende un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador, aprobado por la "Consellería de Territorio", y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se constata que "el informe previo del organismo de cuenca [en este caso los de las confederaciones hidrográficas] es requisito necesario imprescindible para que pueda aprobarse por el Ayuntamiento o la Generalidad" un nuevo proyecto urbanizador residencial.

Habida cuenta de que todas las urbanizaciones y planes generales que han sido aprobados por los ayuntamientos de la cuenca del Segura no tienen agua, ya que la Confederación Hidrográfica asegura en sus informes que, por el momento no hay nuevos recursos, al menos hasta que con el Programa AGUA se vayan poniendo en funcionamiento las plantas desalinizadoras, todas las nuevas construcciones podrían ser paralizadas, en espera de cumplir el requisito, por cualquier administración o particular, según razona hoy el diario murciano "La Opinión".

Hasta el momento, los jueces ya han decretado varias suspensiones cautelares de actuaciones urbanísticas aprobadas por la Generalidad Valenciana, entre las que se encuentran la ciudad deportiva del Valencia C.F., y las urbanizaciones de los municipios valencianos de Parcent o Gilet.- (NEM)
(En la imagen, paraje del Campo de Sucina, todavía sin urbanizar)

El PSOE de Águilas quiere un debate anual sobre el estado de la ciudad para que los políticos den la cara


ÁGUILAS.- El grupo municipal socialista de Águilas propondrá al próximo pleno municipal una moción para pedir la celebración anual de un debate sobre el estado de la ciudad, similar al que se realiza sobre el estado de la nación o al que tiene lugar en el Parlamento regional sobre la situación autonómica.

La propuesta, indicaron fuentes del PSOE, será defendida por el concejal Francisco Jorquera, y se justifica en la conveniencia de "realizar un análisis exhaustivo en todos los ámbitos" al llegar al final de una legislatura.

Según el PSOE, "ha llegado el momento de sopesar lo ocurrido en estos últimos años" en la villa costera, ya que "todos los ciudadanos están haciendo su propio balance sobre la gestión del equipo de Gobierno municipal, más aún teniendo en cuenta que dentro de poco se enfrentan a la gran decisión de elegir otro".

El partido, en la oposición, consideró así mismo que el debate que propone servirá "para que los representantes de todos los partidos políticos en el consistorio den la cara frente a sus ciudadanos y expongan claramente cuáles han sido los pros y los contras de estos cuatro últimos años de gestión".

"Al igual que el Gobierno central todos los años realiza un debate sobre el estado de la nación, nosotros creemos que ésta debería ser la forma de hacer política en Águilas", añadió.

La propuesta del debate sobre el estado de la ciudad será incluida también en el programa electoral socialista aguileño para los comicios municipales del 27 de mayo.

Por otra parte, el actual portavoz del grupo municipal de IU en Águilas, Miguel Antonio Carrasco, encabeza la candidatura con la que esta formación política concurrirá a las elecciones municipales del 27 de mayo, que ha sido aprobada por unanimidad en una asamblea del partido el pasado día 22.

El candidato, licenciado en Filología Hispánica, compatibiliza su cargo de concejal de IU con el de profesor del IES Europa, ubicado en la localidad costera, y fue elegido cabeza de lista también por unanimidad. Carrasco, nacido en 1951, es concejal de IU en la corporación desde 1995.

A él le siguen en la lista electoral Pedro Hernández, Francisca Soledad Ruiz, Francisco López de Haro, Isabel María Torrente, José María Hernández, María del Mar Serrano, José García, Antonio Bonaque, Francisca Gallego, Antonio Quiñonero, Juan Antonio Lorenzo, Josefa García y Ramón Vera.

Completan la lista Ramón Vera, María Orozco, José Gris, Consolación Chicano, María del Rocío Pastor, Gerardo Caíña, María Trinidad Zapata, Antonio Martínez, Juan Carlos Navarro, Lucía González, José Pérez Almagro y Cristina Hernández.- (EFE)