"Hefame" pierde gas por incapacidad de gestión

La situación estratégica de la primera empresa de la Región de Murcia, todavía por delante incluso, de “Caja Murcia”, “El Pozo” y “García Carrión”, la cooperativa farmacéutica “Hefame”, hoy tercera distribuidora de medicamentos en España por detrás de “Cofares” y “Cecofar”, atraviesa un momento más que incierto tras el rechazo de sus socios a una fusión con la primera y decidir continuar en solitario su singladura en medio del proceloso mar de unos márgenes comerciales a la baja porque su residual situación de fondo continúa siendo buena y se lo permite.

La incapacidad manifiesta de gestión de su actual presidente, el farmacéutico lorquino Antonio Abril, y la ignorancia del sector evidenciada por su actual director general, el veterinario turolense y ex consejero del gobierno autónomo murciano, Francisco Marqués, denotan una continuada gestión muy deficiente, que aflora al fallar la política comercial y el día a día de esta cooperativa de distribución farmacéutica. “Hefame” está perdiendo gas mientras vuelven los rumores sobre su eventual venta a “Safa”, una de las principales multinacionales europeas del sector asentadas en nuestro país, e interesada desde hace unos años en llegar a un acuerdo de adquisición.

Un retorno al planteamiento de fusión con la madrileña “Cofares” o la andaluza “Cecofar” no parece probable por más alejado de la segunda e incompatible con la primera debido al recelo suscitado por su verdadera situación patrimonial y contable. “Cofares” tampoco parece estar en su mejor momento y relativamente puede estar peor que “Hefame”. La fusión no nata era más ventajosa para la cooperativa madrileña que para la murciana que, sin embargo, necesita salir de su actual “impasse” para asegurar el largo plazo sin pretendientes que la necesiten vitalmente para salir de situaciones legalmente complicadas.

Su política de recursos humanos no es tampoco un dechado de virtudes desde la necesidad objetiva de reducir 800 de sus actuales empleos a base de un expediente de regulación, que, en el segundo semestre de 2006, ya se ha cobrado la cabeza de algunos gerentes discrepantes de la gestión del tándem Abril-Marqués. Hasta el despido del anterior director comercial, que lo fue también general, el alcoyano Joaquín Victoria, le ha costado a “Hefame” 40 millones de pesetas para que luego este le haga directamente la competencia con una pequeña empresa, que enseguida ha conseguido algunas emblemáticas exclusivas de distribución farmacéutica para España como “Shering”.

Mientras tanto, desde fuera, algunos socios y trabajadores de la cooperativa de Santomera siguen sosteniendo que existen unas pérdidas contables encubiertas, de entre 900 y 1.800 millones de pesetas como consecuencia de la forzada e ilegal revalorización de activos en el balance correspondiente al ejercicio 2001. Y que en 2001 y 2003, “Hefame” no presentó, como es legalmente preceptivo, sus cuentas en el Registro Mercantil correspondiente; es decir, el de Murcia capital.

Los mismos denunciantes en los juzgados afirman que se traspasaron reservas al capítulo de ingresos, con perjuicio económico para todos los socios de “Hefame”, tras la pérdida del 88% de esas reservas. Relacionan esas pérdidas con una ampliación de capital, dicen que se ocultaron y que se dieron unos beneficios inexistentes, por lo que hubo que ajustar la contabilidad y ahora la situación es peor que en esa fecha de 2001.

Murcia ha sido la tercera ciudad en crecimiento demográfico durante 2006 por detrás de Valencia

Las capitales de las ocho provincias del arco mediterráneo español, desde Gerona hasta Almería, lideran el crecimiento demográfico en nuestro país, según se desprende de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2006 aprobada en el último Consejo de Ministros del año.

Estas últimas cifras oficiales de población sitúan a Valencia como la segunda capital que más habitantes ha ganado por detrás de Barcelona, Murcia es la tercera, y Castellón la cuarta entre las 50 capitales provinciales que más han crecido, siempre en términos absolutos. Alicante se sitúa en séptimo lugar mientras Elche y Cartagena, sin ser capitales de provincia, siguen creciendo igualmente, hasta alcanzar ambas una población muy similar en torno a los 230.000 habitantes cada una. .

Las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2006, ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúan a las ocho capitales de ese eje mediterráneo como las ciudades que más crecen entre las 50 españolas. La revisión del Padrón Municipal aprobada en el último Consejo de Ministros del año revela que Valencia fue la segunda capital con un mayor crecimiento absoluto de población, al ganar 8.755 vecinos entre el 1 de enero de 2005 y el primer día de 2006. Castellón, con 4.665 habitantes nuevos, es la cuarta que más aumentó su censo. Alicante es la séptima que más ganó, con 3.051 nuevos empadronados. La tabla la lidera Barcelona, con un aumento de 12.527 habitantes. El tercer lugar es para Murcia, con 7.186 vecinos más, y el quinto para Almería con un crecimiento de 3.607 empadronados. Gerona (3.218 habitantes más) ocupa la sexta posición y Tarragona la octava, con una ganancia de 3.051 vecinos.

En términos relativos, la segunda capital española que más creció fue Castellón que, en doce meses, vio como su población aumentó un 2,8% al pasar de 167.455 vecinos a 172.110. El porcentaje de variación demográfico de la capital de la Plana duplica el crecimiento medio interanual español, que fue del 1,4%. La capital que relativamente más creció fue Gerona, cuyo padrón aumentó un 3,7%.

El Real Decreto publicado el pasado sábado en el BOE con las cifras de población a 1 de enero de 2006 en España, que ascienden a 44.708.964 personas empadronadas, supone una revisión al alza de 310.000 más que los 44,39 millones que figuraban en los datos provisionales ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de julio.

Según fuentes del INE, en el avance no se contabilizaban casi 493.000 extranjeros en situación ilegal en España debido a que no renovaron su inscripción en el Padrón Municipal. Sin embargo, en las cifras oficiales se ha incluido por primera vez el resultado de la aplicación del procedimiento de caducidad de las inscripciones de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia, que no sean renovadas cada dos años.

El volumen de inscripciones afectadas - todas las existentes en diciembre de 2003 que no fueron renovadas - hicieron necesario ampliar los plazos de obtención de las cifras de población para garantizar que fueran lo más ajustadas posible a la realidad, según fuentes autorizadas del INE. Esas cifras oficiales aumentan el censo de la Comunidad Valenciana en 34.500 vecinos extranjeros más con respecto al avance de julio, con lo que sus tres provincias sumaban a 1 de enero de 2006 una población total de 4.806.908 habitantes. Así pues, la Comunidad Valenciana ganó 114.459 habitantes con respecto al primer día de 2005, lo que en cifras relativas supone un aumento del 2,4%.

Este porcentaje sitúa a la valenciana como la segunda autonomía que más creció en España, por detrás de la Región de Murcia (2,6%) y un punto por encima del crecimiento medio español, que fue del 1,4%. Tal y como avanzó el INE en julio de 2006, la inmigración extranjera es el motor de la bonanza demográfica valenciana y murciana. Ya entonces, la Comunidad Valenciana era la séptima autonomía donde más había aumentado el número de extranjeros empadronados, con un 10,14% en un año.(NEM)

¿Hacia dónde camina la Región de Murcia?

José Ramón Jara Vera
Portavoz del PSRM-PSOE

Una de las principales responsabilidades de los gobiernos –sean locales, regionales o nacionales– es crear el ambiente necesario para que la economía funcione adecuadamente y los ciudadanos puedan vivir con dignidad de su trabajo. Las distintas experiencias históricas han demostrado que los gobiernos no deben sustituir a los empresarios, y mucho menos entrar en oscuras connivencias, pero sí están obligados a establecer reglas de juego claras y transparentes para asegurar a todos ellos la igualdad de trato, y a enfocar la orientación económica hacia el beneficio colectivo.

En la Región de Murcia vivimos una situación económica teóricamente buena pero que tiene, a mi juicio, los pies de barro y está condenada a estallar si no corregimos rápidamente sus graves defectos estructurales. Los altos índices de empleo y crecimiento económico se basan en un modelo simple: ausencia de reglas, permisividad absoluta para casi todo, construcción masiva y apoyo a la agricultura intensiva en las grandes explotaciones (que requieren muchísima mano de obra no cualificada y es altamente rentable). La especulación sobre el suelo añadida (en los diez últimos años ha aparecido tanto suelo recalificado como existía hasta entonces) ha hecho inmensamente ricos a unos pocos –aunque haya habido migajas para muchos– haciendo aparecer una clase de “nuevos ricos” que han invertido a su vez en mayor especulación y mayor construcción salvaje.

La recalificación masiva y la construcción de “resorts” está destruyendo los espacios naturales de la región, y acabando con los “encantos turísticos” que precisamente se esgrimen como reclamo publicitario. Los extranjeros pueden hablar raro, pero no son tontos: pronto dejarán de comprar viviendas en una región llena de asfalto, que no ha sabido además planificar su crecimiento y empieza a generar ya problemas de tráfico, saturación de hospitales, ausencia de centros escolares etc. No se está invirtiendo en turismo, no está ahí el negocio: sólo en la venta del pisito, y después ya no hay beneficios para nadie; sólo gastos para la sociedad que deberá soportar una población más o menos estable, improductiva y consumidora de servicios e infraestructuras.

El capital regional ya no invierte en industria; ¿para qué, si con una inversión mucho menor es posible, en muy corto plazo, alcanzar beneficios inmensamente mayores, y sin arriesgar nada ni competir en el mercado?. Por eso nuestro tejido industrial tradicional se ha desmoronado en los últimos años, y por eso estamos perdiendo el tren de las nuevas tecnologías, de la innovación, del desarrollo tecnológico. En porcentajes relativos la industria va pesando cada vez menos en nuestra región, si exceptuamos la directamente ligada a la construcción y que para pervivir necesita forzosamente de ésta.

La agricultura tradicional también ha entrado en crisis: ya no es rentable, ni puede competir con las enormes producciones, mucho más modernas, de las grandes empresas agrícolas; o con los precios mucho más bajos del norte de África. La Consejería de Agricultura de Murcia ha acabado con los programas de apoyo a la pequeña explotación agraria que puso en marcha el lamentablemente fallecido Antonio León en época del gobierno regional socialista. El Consejero Cerdá se pasa todo el día hablando de agua, pero no toma una sola medida para proporcionarla a los campos (está construyendo una desaladora y ya ha dicho que es sólo para las nuevas urbanizaciones), y además sabe que el verdadero problema de la agricultura regional no es la falta de agua, sino la falta de competitividad y de precios para los pequeños agricultores.

El modelo de construcción masiva y agricultura intensiva en grandes explotaciones necesita, forzosamente, de abundante mano de obra, a precios muy bajos y en absoluto estable: de ahí la necesidad de admitir a miles de inmigrantes, esos mismos que la derecha desprecia frecuentemente y a la que hace culpable de la inseguridad ciudadana…

Si no ponemos remedio, cuando dentro de unos años, no muchos, el suelo se haya agotado, la región no soporte más habitantes y el deterioro de los servicios y del medio ambiente frene la demanda de vivienda se producirá un parón terrible de la economía regional y se generarán grandes bolsas de desempleados, nacionales e inmigrantes, que provocarán además (ahora sí) enormes problemas de inseguridad ciudadana… ¿de qué vamos a vivir los murcianos entonces?. No podremos acudir a la industria, porque ya no existirá, y habremos perdido además el tren de las nuevas tecnologías. Tampoco podremos mirar a la agricultura familiar, porque ni quedará suelo agrícola (todo se habrá vendido, y estará en manos de las grandes empresas o construido) ni al turismo, porque el barato habrá huido a los países del Este y al Norte de África, y el caro y de alta calidad a los países que hayan sabido cuidar su entorno y hacerlo atractivo…

Es necesario que los murcianos despertemos de una vez, que reconozcamos que el modelo de Valcárcel, que no es otro que la falta de modelo, el “laisser faire” a los grandes intereses especulativos, no provoca más que un espejismo de riqueza, un encarecimiento del suelo y de la vivienda y un abandono de la inversión realmente productiva. No podemos seguir permitiendo el saqueo de esta región, porque está en juego el futuro no ya lejano, sino el más inmediato.

Se hace necesario un nuevo gobierno regional que apueste firmemente por la economía productiva, por la reindustrialización, por la agricultura familiar de alta calidad más que la de producción masiva, por el turismo rentable y respetuoso y por la construcción ordenada para que tenga futuro, y no sólo pasado. Necesitamos un nuevo gobierno regional radicalmente honrado, que apueste por la regeneración de la vida pública y el establecimiento de fronteras inviolables entre lo público y lo privado, entre el interés general y el interés particular. Necesitamos un nuevo gobierno regional sin plomo en las alas ni lastre en los bolsillos, que no tenga más servidumbre que la de todos los ciudadanos, que establezca reglas de juego económico iguales para todos y se permita así, de verdad, la competencia y el libre mercado.

Ese nuevo gobierno, que no me cabe duda llegará muy pronto, no tendrá por delante una tarea nada fácil: la defensa del interés público y la lucha contra los privilegios nunca lo ha sido; pero es tan necesario como el aire que respiramos. Nos jugamos el bienestar de todos los murcianos, y aún estamos a tiempo de evitar el colapso.

Águilas Press

Siempre habrá "proceso"

Francisco M. Martínez

El “proceso” nunca se podrá romper, porque siempre “se está” en proceso. Siempre ha habido y siempre habrá proceso. Quienes acusan al presidente del Gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, de instalarse en la “banalidad” política y en una “inconsistencia” intelectual que pone en “gravísimo” riesgo al Estado de Derecho español (como ha dicho el director del diario Abc, J.A. Zarzalejos) porque sigue repitiendo –también tras el atentado del 30-D en la Terminal 4 de Barajas- que no se “rompe” el proceso, pretenden que el sentido común e histórico desaparezca en la mente del actual presidente del gobierno y en el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos, cuando nunca lo han pretendido antes, es decir, en los prácticamente treinta años de Democracia española, y cuando, es más, han participado activamente en dicho “proceso” cuando han asumido responsabilidades de poder o han asumido intelectualmente desde la tribuna esas responsabilidades.

El “proceso” es intrínseco a la existencia del nacionalismo extremista vasco que utiliza la amenaza, la violencia, la extorsión, el asesinato y, en suma, el terrorismo. Y el proceso es “político” porque el terrorismo de ETA y el activismo de HB es “político”. La política “criminal” de la banda terrorista y la negación política de “condenar” los crímenes son una realidad que sería de necios negar. Es un error negar que las pretensiones de ETA y HB son “políticas”.

Pongamos un ejemplo histórico y cercano: Sería de una fatuidad consistente negar que Franco no fue un general que hizo “política” y que su dictadura militar no fue “política” además de criminal. Y lo sería igualmente negar que el “proceso” abierto, incluso antes de su muerte, sigue abierto y lo seguirá estando por mucho tiempo.

Quienes niegan al actual gobierno español su “potestad” de seguir actuando en el “proceso” le acusan también de “jactancia” al haber dicho, un día antes de que la tregua fuera “rota” por el atentado de Barajas, de que “se estaba mejor que hace uno año” y que “se estará mejor un año después”. ¿Quién es el necio que puede negar que el 29 de diciembre de 2006 los ciudadanos estábamos mejor porque se habían sumado otras 24 horas sin haberse producido ningún atentado de la banda terrorista? ¿Quién es el irresponsable “agorero” que pretende que estemos peor dentro de un año? ¿Quién se obstina en negarle a priori la eficacia a quienes han sido facultados, llamados y obligados a dirigir la lucha antiterrorista?

La obstinación del director de El Mundo, P.J. Ramírez, es acusar de “ignorancia” al Ministerio del Interior que dirige Pérez Rubalcaba, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no “supieron” detener previamente a los autores del atentado de Barajas. Qué soberano disparate la de este famoso periodista al exigir inexcusablemente a Rubalcaba conocer cuanto plan asesino pergeñe la serpiente asesina de ETA. Sólo los intereses también “políticos” del director de El Mundo pueden sostener tal exigencia el mismo día de la comisión del atentado de Barajas sin que se hayan dilucidado antes las circunstancias de tipo pericial que pudieran dar cobijo a alguna sospecha de negligencia operativa.

Por la misma regla de tres, el director de El Mundo debería culpar a los responsables gubernamentales de toda política preventiva de cuanto acto criminal se haya cometido y, lo que es peor, se siga cometiendo. Por ejemplo, el que costó dos centenares de víctimas mortales en Madrid el 11-M de 2004.

P.J. Ramírez y cuantos dinamitan intelectual y políticamente, por vez primera en la Democracia española, la política de un gobierno en la lucha contra el terrorismo siguen tozudamente inmersos en su regresión antidemocrática de negar a HB la posibilidad de expresar sus deseos de autodeterminación. Pretenden lo improcedente en democracia. Como improcedente es pretender la autodeterminación a través de la amenaza, la extorsión, la violencia y el asesinato, y en definitiva el dolor y la sangre, como ha expuesto en su editorial El País. Sólo el peor de los nacionalismos puede ofrecer y enaltecer como moralmente aceptable el martirio como objeto ideológico. Sólo los dioses y los nacionalismos sanguinarios aceptan estas ofrendas de sus creyentes. Qué patria vale la vida de un inocente. Qué idea vale la vida de una persona.

Cómo se puede calificar de “falso” un proceso, como titula su editorial el diario Abc. El proceso es y seguirá siendo un “proceso de paz”, es decir, un proceso para alcanzar la “paz” que lleva implícito la desaparición de los actos criminales y de la banda que los perpetra para conseguir objetivos políticos, y, por tanto, seguirá siendo un proceso “real”, al que cualquiera que pretenda calificarlo de “falso” o “verdadero” estará aspirando a moldearlo a sus propios intereses políticos e ideológicos. A no ser que a todo lo “real” lo califiquemos de “falso”.

El proceso no puede “morir” y nunca podrá suponer ningún “fracaso” para ningún gobierno. Quien diga que la única opción de derrota posible del terrorismo etarra es la policial pretende lo imposible y niega que la autodeterminación es un aspiración política tan digna como cualquier otra aspiración ideológica siempre y cuando se exprese a través de los cauces establecidos en un Estado de Derecho. La dignidad se mide por aceptar las reglas del juego, la dignidad de cualquiera, del que no ha matado y del que ha matado y cumpliendo su pena se arrepiente de ello.

El proceso de paz será largo y difícil y su terrible dureza no se la puede desear. Quienes tachan a Zapatero de cara de palo, califican su discurso antiterrorista de jactancioso, rimbombante o grandilocuente, los que califican a quienes entienden que alcanzar la paz forma parte de su realidad y de su dignidad política, de incautos o necios, tienen sus miras demasiado cortas en este a veces penoso proceso hacia la paz. Un proceso al que se pretende hurtarle ese bien preciado quienes a la vez acusan con romo pudor al gobierno de “rendirse” al “enemigo” en una “guerra” inexistente. Atrincherarse en estos eufemismos y ambigüedades sirve para calentar sólo orejas y cabezas ya predispuestas a estas calenturas políticas e ideologicas.

www.vegamediapress.com

En Castellón aún se acuerdan del obispo Reig Pla

El nuevo obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón ha tomado las riendas de la economía del órgano eclesiástico, que vio mermada su solvencia con la gestión de su predecesor, Juan Antonio Reig Pla, actual obispo de Cartagena-Murcia (arriba en la imagen) y sus fallidas inversiones en Bolsa, que generaron unas pérdidas de cinco millones de euros, según párrocos diocesanos.

Con una actitud sosegada y sin eludir las cuestiones más polémicas de la gestión de su predecesor en el cargo, el actual obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Lorente, reconoció los problemas económicos que atraviesa la Diócesis y cuyo origen hay que buscarlo, entre otras razones, en las inversiones fallidas en Bolsa del anterior prelado, el contestano Juan Antonio Reig Pla.

López Lorente ha impulsado una renovación en el entramado financiero de la Diócesis para “reconducir la situación”. Sus seis meses al frente de las parroquias de Segorbe-Castellón han sido suficiente tiempo para que el prelado tome la riendas y busque soluciones.

“Los problemas son conocidos y están ahí. Ahora mismo están siendo estudiados. He encargado una pequeña auditoría interior para reconducir esos problemas en un recorrido de tiempo. Para ello, estoy trabajando con los sacerdotes para encauzar la situación y poder seguir trabajando”, explicó el obispo.

Los aires de cambio que el nuevo obispo ha traído hasta la diócesis de Segorbe-Castellón se materializarán en los próximos meses con una renovación a fondo de los principales consejos: el económico, el pastoral y el presbiteral.

La gestión de Reig Pla
“En enero nombraré el nuevo Consejo Presbiterial y, un poco más adelante, daremos los pasos para renovar el Consejo Diocesano de Economía, y el Consejo Diocesano Pastoral”, señaló el obispo de Segorbe-Castellón.

Con estas iniciativas, Lorente implantará las nuevas directrices de la Diócesis y marcará distancias con la polémica gestión de Reig Pla, sobre todo en su etapa final al frente del Obispado. Durante este período, el prelado tuvo que hacer frente a inversiones fallidas en Bolsa, que generaron a la Diócesis una deuda de cinco millones de euros, siempre según párrocos diocesanos.

Son los mismos sacerdotes que denunciaron en 2005 el recorte de los sueldos y la invitación del anterior obispo a completar las nóminas con el cepillo de las parroquias. Reig Pla animó a los fieles a contribuir con sus aportaciones al sustento de sus párrocos, una decisión que abrió fisuras en el seno de Diócesis.

Por otra parte, la renovación de Lorente no sólo vendrá a subsanar los déficits de la anterior gestión económica, sino que el obispo insistió en que antes de 2008 aplicará un nuevo plan diocesano pastoral.

Se trata de la herramienta que el Obispado de Segorbe-Castellón utilizará en los próximos “cuatro o cinco años” para impartir doctrina en las parroquias de la diócesis.

www.lasprovincias.es

Valcárcel apela al diálogo para salvar a la Región

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, llamó en su mensaje de felicitación de Navidad y Año Nuevo, a la "suma de esfuerzos" y a la responsabilidad de los gobernantes para "tomar el pulso a la calle, escuchar al pueblo y conocer su sentir" y así conseguir que la "Murcia del mañana sea la que sus ciudadanos quieran".

Para el Presidente, la Navidad, Año Nuevo y Reyes "tiene un mensaje que trasciende las barreras ideológicas y confesionales, y alcanza una dimensión universal: la de la paz y el amor", por lo que deseó a todos los residentes en la Región que estos días se "vean presididos por la paz y el amor".

Valcárcel, al hablar sobre la importancia de "aunar voluntades y caminar juntos por la senda que conduce a un horizonte de prosperidad", aludió al grado de participación social obtenido para debatir sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y el Plan Estratégico 2007-2013, que considera como "documentos esenciales para el devenir de la Comunidad Autónoma”.

Según el todavía jefe del gobierno autónomo, "comprobamos que nuestra región avanza, se desarrolla, crea instrumentos que han de servir para obtener el óptimo aprovechamiento de sus potencialidades y capacidades" y, en su opinión, "lo hace, no sin esfuerzo" porque "triunfa la firme voluntad de una inmensa mayoría que apuesta por el progreso y el bienestar de los ciudadanos".

Ramón Luis Valcárcel dijo además que "estamos necesitados de paz, no solo en los países asolados por interminables conflictos; también en nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, familiares. Porque sin paz no podemos construir. Sin concordia no podemos avanzar y sin diálogo no hay forma de entendernos y prosperar".

Junto a la paz, el Presidente aseguró que las fiestas navideñas, año nuevo y Reyes son días también para el "amor con mayúsculas, entendido como solidaridad con los más desfavorecidos de la sociedad, como actitud de servicio, como disposición a corregir las injusticias", y apuntó que "sin ese amor no hay verdadero progreso, sin esa solidaridad no hay auténtico bienestar y sin esa actitud de servicio no hay justicia social".

"Ojalá estos días sean de gozo para todos. Ojalá estas fiestas, entrañables y familiares, se vean presididas por el mensaje de paz y amor, y que esos mismos sentimientos impregnen nuestra forma de obrar a lo largo del año venidero", concluyó.

"Te doy lo que me pidas"

Hacía mucho tiempo que no hablaban cara a cara. Hace unos días, el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, consiguió por fin, tras varios intentos, entrevistarse con el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco García. La reunión entre ambos políticos, en vísperas de Navidad, duró más de tres horas, tiempo suficiente para echarse en cara sus diferentes formas de ver la realidad local. Aunque el fondo del encuentro era otro. El dirigente socialista, y presumiblemente candidato a la alcaldía en las elecciones de mayo, a preguntas de esta redacción, no quiso dar entonces detalles de la conversación, argumentando que era más bien una reunión pendiente desde hace varios meses, sobre temas personales.

Pero la discreción del edil del PSOE no fue suficiente para conocer los entresijos de lo que hablaron en esa fría tarde de diciembre. El alcalde de Mazarrón, muy nervioso, ofreció a García su liberación como concejal, con el sueldo similar al resto de concejales liberados, unos 31.000 euros anuales, entre otras prebendas.

Pero además, Blaya prometió su dimisión en los próximos días como alcalde de Mazarrón. ¿Y que pedía a cambio? Que el PSOE retirara su denuncia en los tribunales, a los que tendrá que acudir a declarar el regidor municipal el próximo día 22 de enero.

La devolución de los anticipos por parte de Domingo Valera, casi cinco millones de las antiguas pesetas, (ha hecho una recolecta popular, dice), parece que no va a ser eximente suficiente para los tribunales.

Ni que decir que a estas alturas, el portavoz socialista rechazó la oferta del alcalde de un ayuntamiento, en donde algunos de sus concejales ostentan vehículos y otros lujos, que no se corresponden con su habitat natural de ciudadano de a pie.

Sobre el ayuntamiento de Mazarrón supuestamente pende una espada de Damocles, apuntando a una presunta prevaricación y corrupción. La influencia y el apoyo decisivo del peculiar Domingo Valera al gobierno popular, no han sido un buen ejemplo para el alcalde. Condenado Domingo Valera por un tribunal, encausado el alcalde por otro, y las sospechas de trato de favor y tráfico de influencias hacia una empresa que compró terrenos rústicos, por millones de m2, curiosamente recalificados a los pocos meses, o así lo contempla el PGOU, son solo algunos de los datos que hacen pensar que Mazarrón no va bien.

A ello, se añadirán otros asuntos que este mismo mes, al parecer, desvelará el periódico Mazarrón Press, y su edición digital, www.mazarronpress.com.

Tal vez no sea demasiado tarde para Francisco Blaya, si todavía adoptase una actitud valiente y explica el cuando, el cómo y el por qué de algunas de sus decisiones. También si se desligase de quien no está, por sus habituales salidas de tono, en condiciones de apoyar a un gobierno municipal que rige los destinos de miles de mazarroneros. No se puede ofrecer el pueblo la compañía política de iluminados, charlatanes, mitineros nocturnos y nudistas callejeros, que probablemente deberían estar sentados en el diván de Woody Allen. Dar ejemplo a la sociedad empieza por ser un ejemplo para sí mismo.

No se trata de quien gobierna ni gobernará. Se trata de normalidad municipal. Del cese de persecuciones políticas. De la tolerancia, el debate, el diálogo, el respeto al adversario, el reconocimiento mutuo de los logros del gobierno y de la oposición, y sobre todo la honradez. No es posible un Mazarrón próspero si los políticos se empeñan en decir siempre no a las propuestas del contrincante político, por sistema. Y quién utiliza un ayuntamiento, pagado con los impuestos de todos los vecinos, para presuntamente enriquecerse y enriquecer a otros, merece la más enérgica repulsa. Tal vez ahora sea el momento de que el alcalde de Mazarrón hable alto y claro. Seguro que será un acto de valentía por su parte. Y el pueblo se lo reconocerá.

Podría ser un final más feliz...

Zapatero exhibe el éxito de su política socialdemócrata durante el año 2006

Lo primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos dan una gran confianza y una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Además, ha sido un año de conquistas sociales, especialmente, con la aprobación de la Ley de la Autonomía Personal, de la Ley de la Dependencia, y con la Ley de Igualdad.

Permítanme que haga, desde esta perspectiva, una consideración de carácter general: España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del Estado del Bienestar, fortaleciendo nuestro Estado de Bienestar y nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país y para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la Legislatura tienen y presentan un balance de hechos y de datos objetivamente muy satisfactorio.

Crecer por encima de la media europea o de países como Francia, o Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos; crear el 60 por 100 de los empleos de la Unión Europea; fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el Estado del Bienestar, es, sin duda alguna, un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país, y, sin duda alguna, es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del Gobierno.

Algunos datos son muy llamativos: un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4 por 100, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3’8 o el 3’9 por 100; 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo.

Quiero aportarles un dato: desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre se han registrado 1.200.000 contratos fijos; la cifra, con mucho, más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado y un crecimiento nada menos que del 61 por 100 del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54 por 100 son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica.

En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo, y al final del cuatro trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de veinte millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa ésa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es, sin duda alguna, la prioridad de cualquier política social para un Gobierno.

Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la Historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio con 1’5 por 100 de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto en un año, quiero recordar, que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

Además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo, del Estado del Bienestar. Más de un millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles, se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas, a los discapacitados, y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga, sin ninguna ayuda pública, de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado.

Ese cuarto pilar del Estado del Bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social. Con la Ley para la Autonomía personal, la Ley de la Dependencia, los españoles van a estar más seguros y más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas.

Quiero decirles que, desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia y también afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la Legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror.

Un año después he de decirles que, en lo que afecta a la lucha contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos, por supuesto, mejor que antes de cinco años, pero también estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y, desde luego, el Gobierno seguirá trabajando, dentro de los principios establecidos, por el fin de la violencia.

Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de Estatutos; tres ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa Comunidad Autónoma. Hay otros Estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado Autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España y para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Un año después hace un año lo oíamos es evidente que España no se rompía; más bien, al contrario, España ha crecido, es más fuerte económica, política y socialmente. Ésa es la conclusión y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial.

Por último, quería decirles que en materia de política exterior el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada y ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Éste año, 2006, pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo.

Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para el año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años.

Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento de empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. España necesita, y ésas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo y salir del pelotón en el que hemos estado demasiados años:

El primero de ellos es la Economía del Conocimiento, la Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30 por 100 desde que llegamos al Gobierno, y por ello queremos tratar una nueva estrategia nacional con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I en la próxima Conferencia de Presidentes.

El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales; algunas están ya en las Cortes, como la Ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente; o la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; o la Ley de Parques Nacionales; o la Ley del Suelo.

Pero, además, para el próximo periodo el Gobierno va a presentar distintos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, el Proyecto de Ley de la defensa del patrimonio natural y la Biodiversidad, el Proyecto de Ley de responsabilidad medioambiental y el Proyecto de Ley de la reforma de la Ley de Aguas, unido a la Ley del desarrollo sostenible del medio rural.

En definitiva, el medio Ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones Naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la Legislatura.

Y, en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos, proceso de modernización que tiene que empezar o que tiene como prioridad la seguridad, la seguridad en todos los ámbitos: la seguridad ciudadana con un incremento para este año de nueve mil policías y guardias civiles --se han incrementado cinco mil el año pasado-- , con la puesta en marcha del 50 por 100 de la Unidad Militar de Emergencias o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Éste ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar.

Modernización de nuestra seguridad y modernización de la Administración para los ciudadanos, para que la Administración esté en el mismo tiempo de modernidad que están la ciudadanía y la sociedad. Por ello les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación de fotocopia del DNI; antes de 2008 se eliminarán más de veinte millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites; antes del 31 de diciembre de 2007 tres millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios.

Éstas son medidas algunas de las cuales forman parte de esos tres grandes objetivos para este periodo de la Legislatura, que son las tres grandes necesidades de España.

Además de ello, quiero anunciarles una serie de Proyectos de Ley que también, por su significado, van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo:

• Ley de Tramitación de Adopciones Internacionales.
• Ley de medidas en materia de Seguridad Social, fruto del acuerdo en materia de Seguridad Social.
• Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los cuarenta mil millones de euros.
• Ley del Estatuto del Profesorado no Universitario.
• Ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
• Ley del Cine.
• Ley de desarrollo sostenible del medio rural, a la que antes hacía referencia.

Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más Proyectos de Ley, que tenemos para el próximo periodo.

Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y ocho en el Senado, en distintas fases del procedimiento legislativo, y en el año que ahora comienza el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a cuarenta leyes, algunas de las cuales acabo de referir, que abordarán todos los ámbitos de acción política y de acción administrativa.

El abogado Diego de Ramón denuncia en Europa la competencia desleal de "Caja Murcia" y la CAM

El abogado murciano Diego de Ramón, fundador del nuevo partido Unión Democrática de la Región de Murcia y su virtual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones de mayo de 2007, ha denunciado la regresiva situación de la obra social y, en consecuencia, la supuesta competencia desleal de “Caja Murcia” y la CAM, al menos ante la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (en la fotografía superior), el Consejo Económico-Social de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Asociación Europea de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Asociación Española de Banca Privada.

En su escrito, remitido a todas esas instancias, y más referido a situaciones concretas de “Caja Murcia”, De Ramón sostiene que cada año se reduce la cantidad proporcional dedicada a obras sociales mientras aumenta la inversión crediticia a modo de los bancos. El citado abogado en ejercicio afirma taxativamente que las cajas de ahorro son un instrumento financiero en manos políticas “bajo la pantalla de prestaciones sociales que no se corresponden en proporcionalidad con sus altos y grandes beneficios, gozando de todos los privilegios, hasta el punto de eximirse del pago de licencia fiscal del impuesto de Cajas”. El letrado destaca la necesidad de quitar a las Cajas esa dependencia política regional porque “el interés político se basa, en toda su época de gestión y control, en la renovación de sus órganos de dirección”.

La denuncia prosigue diciendo que “las Cajas gozan de privilegios institucionales propios de su nacimiento en las comunidades autónomas donde operan, no tienen juntas de accionistas pero sí despachos y órganos de control administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda”. A continuación De Ramón sostiene que las Cajas deberían dedicar ahora en la Región de Murcia casi mil millones de euros al año pero se pregunta: “¿Cuánto de ese dinero va a prestaciones sociales, cuánto dinero va a engrosar el capital social de la Caja (en referencia a “Caja Murcia”), haciéndola cada vez más grande a costa del capital social y disminución de inversiones sociales, cuánto dinero se deja de fondos de reserva y quién aprueba finalmente el capítulo de grandes inversiones a grupos inmobiliarios”. En el escrito afirma que “la idea ahora de las Cajas es igualar a las entidades bancarias en su salida al exterior para estar junto a los empresarios y, por tanto, apartándose de su verdadero fin social, instrumentándose como fin industrial financiero”.

De Ramón señala como dudosos fines sociales el Día de la Región y la Semana Grande de “Caja Murcia” pero se pregunta en el escrito quién aprueba las inversiones sociales, en qué se invierte y cuánto, de nuevo, quién aprueba los capítulos de la inversión de préstamos superiores a 50 ó 100 millones de euros en concesiones de créditos a grupos inmobiliarios y si están de acuerdo con la política del Banco Central Europeo, así si son examinados por el Banco de España (al que ha pedido las actas de las últimas inspecciones en “Caja Murcia”) u órganos de gestión externas a las Cajas sobre análisis de riesgos, informes de recuperación en caso de crisis ó impago, tasaciones, garantías exigidas a esos grupos inmobiliarios y avales solicitados para cubrir los fondos de reserva.

A su juicio, “falta justificar socialmente el equilibro entre obra social con eficacia y altos rendimientos, por parte de órganos de fiscalización y gestión exterior a ellas mismas” y en nombre de su partido solicita a la Dirección General de la Competencia en Bruselas que nuestras “cajas apliquen el mismo porcentaje de beneficios que aplican los bancos a sus accionistas (después de gastos, fondos de inversión y reservas propias) en prestaciones sociales de sus fundaciones o cuotas participativas, no la actual política de crecer a costa de la disminución de esas prestaciones y con operaciones financieras cuyo análisis de inversión o concesión de préstamos no respaldan los créditos multimillonarios, en proporción a los propios particulares, a sociedades cuyo capital social no llega a las proporciones del crédito o los instrumentos inmobiliarios con sus resultados están faltos de seguridad en proporcionalidad con el crédito concedido, si se verificase por el Banco de España o la Asociación Española de Banca”.

Precisamente en el escrito dirigido a la AEB, le comunica el propósito de su partido, la UDRM, de asumir las competencias bancarias la Comunidad Autónoma de Murcia y que sea la Asamblea Regional el órgano político que decida el porcentaje anual dedicado a fines sociales y en igualdad de trato a la propia banca privada al objeto de equilibrar y “para erradicar la competencia desleal que se ejerce actualmente por parte de las Cajas” al aplicar una política competitivo-financiera a costa de la disminución de los fines sociales.

En otro escrito dirigido a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón señala a las cajas de ahorro como agentes de las grandes operaciones inmobiliarias, donde se apuntan las corrupciones por concentración de grandes cantidades de dinero y se impulsa por sociedades donde el capital social dista mucho de llegar a los 100 millones de euros. “Las Cajas, debido a su gran dependencia política, dirigen sus inversiones de forma aislada o en créditos sindicados, siendo poco relevante las garantías que exigen a las sociedades a las que dejan el crédito para comprar suelo. Deben estar debidamente consensuadas teniendo en cuenta su capital social”.

El letrado murciano sugiere a la Benemérita que investigue, a través de sus unidades especializadas destacadas en el Banco de España, la concentración de capitales, sobre los fondos de inversión o reserva que garanticen el posible impago de dichos créditos. Y termina diciendo en ese escrito: “Allí donde no existen grandes financiaciones, no existe corrupción o prevaricación de políticos y entidades financieras o Cajas”.

Según Diego de Ramón, no le consta que la CAM ni “Caja Murcia” hayan presentado todavía en el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero para, de acuerdo con la Tercera Directiva de la Unión Europea en ese sentido, comunicar al SEPBLANC cualquier operación sospechosa, identificar a los autores y el origen del dinero.

Posteriormente a estos escritos del líder de UDRM, han entrado varias preguntas de IU en la Asamblea Regional para saber en sede parlamentaria cuestiones relacionadas con “Caja Murcia” y, más concretamente, con su actividad mercantil respecto a bienes raíces.

El Estado se presenta en "territorio comanche"

La Fiscalía General del Estado ha tomado las riendas de las investigaciones sobre la ya muy evidente corrupción urbanística enlazada con el blanqueo de capitales en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, según se ha podido saber en medios de la Audiencia Nacional. La estrategia a seguir ha sido venir desde Madrid a “territorio comanche”.

El juez Baltasar Garzón ha estado durante tres días discretamente en la zona, en fechas inmediatamente anteriores a la Navidad y acompañado de fiscales y agentes de la policía judicial. En torno a febrero se esperan las detenciones más sonadas, desde El Ejido hasta Alicante, de políticos, comisionistas, testaferros y promotores inmobiliarios de nuevo cuño. Pero en enero ya se podrán ver los primeros signos de una operación que tiene un éxito más que asegurado.

Los “cuarteles generales” de jueces, fiscales y funcionarios especialistas en blanqueo de dinero han sido durante los primeros veinte días de diciembre los paradores nacionales de Mojácar, en Almería, y Puerto Lumbreras (en la ilustración), en Murcia. Allí se han reunidos miembros de la Fiscalía Anticorrupción con Garzón y otros miembros de la Audiencia Nacional desplazados para investigar y conocer sobre el terreno las actividades de determinadas empresas de súbito y vertiginoso ascenso. Vestidos con vaqueros, los investigadores se han mezclado con la población para trabajar, comprobar y verificar algunos de sus indicios a partir de denuncias y/o de oficio que han prosperado.

Al parecer, el grueso de esas investigaciones estaría centrado en el levante almeriense (Vera, Mojácar, Carboneras, Cuevas de Almanzora y Níjar), costa murciana de Águilas, Mazarrón y Mar Menor, y sur de Alicante (Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, Guardamar y Santa Pola). En Murcia y Almería podrían caer personas más que relevantes, aunque se desconoce (es probable que no) si estos profesionales enviados desde Madrid han entrado en contacto o han informado a sus compañeros de aquí. Parece que casi todo se va a llevar desde la Audiencia Nacional.

Con ayuda de jueces, fiscales y policía judicial de otros países de la Unión Europea, la fuerza española desplegada en un amplio territorio tiene como objetivo desmantelar desarrolladas estructuras mafiosas del Este y Rusia, conectadas con españoles que lavan capitales procedentes del narcotráfico, del juego y de la prostitución, fundamentalmente, según datos de una investigación que ya tiene un nombre propio y que el tiempo desvelará sus razones y causas objetivas.

Al menos tres conocidas empresas murcianas de especulación inmobiliaria y de terrenos están en el punto de mira de la Fiscalía General del Estado, Hacienda y la Audiencia Nacional. Cuando pronto sean intervenidas sus cuentas bancarias y locales comerciales, muy poca gente se sorprenderá porque dos de ellas son muy conocidas y están en boca de todos desde hace tiempo por un protagonismo que ha llegado a repeler a los grandes capitales locales más clásicos. Uno de sus ex socios ya se ha puesto en manos de un abogado murciano presumiendo que se le pueda imputar en algo.

El Rey apela en su discurso de Navidad a un urbanismo "que responda al interés general"

En estas fechas navideñas quiero haceros llegar, junto a la Reina y a toda mi Familia, nuestro mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas y para el Año Nuevo 2007 que esperamos, de corazón, lleno de paz, de alegría y de bienestar, para todos y cada uno de vosotros.

Como todos los años, no quiero dejar de expresar esta Noche nuestro cariño, cercanía y comprensión hacia quienes padecen dolor, sufrimiento o soledad.

Al prepararnos para el Año Nuevo, debemos tomar conciencia de lo mucho que juntos hemos avanzado en las últimas décadas y del enorme potencial que, trabajando unidos, España encierra para nuestro futuro.

Como ya dije hace un año, España es una gran Nación de la que todos podemos sentirnos orgullosos.

Nunca habíamos conseguido recorrer un periodo tan largo e intenso de paz, estabilidad, progreso y bienestar, en democracia y libertad. Unidos hemos alcanzado una modernización sin precedentes en nuestra Historia.

Pero no debemos ni podemos dar por sentados los avances que juntos hemos logrado con gran esfuerzo y sacrificio, atravesando incluso momentos de intenso dolor y sufrimiento.

Las claves de nuestra modernización han sido la reconciliación, la concordia, la generosidad y la común voluntad de construir una España democrática, moderna, unida y respetuosa de su rica diversidad, en torno a una Constitución de todos y para todos, producto del más amplio consenso entre españoles.

Esa voluntad de consenso, que en su día hizo posible la Transición, ha sido también el fundamento de nuestros principales logros.

De ahí, una vez más, mi apelación a las instituciones y a los partidos del arco constitucional, para que contribuyan, mediante el más amplio consenso y el apoyo del conjunto de la sociedad, a asegurar la mejor solución a las principales preocupaciones de los ciudadanos, siempre en el marco de nuestra Constitución.

Es hora de redoblar esfuerzos en esa dirección, desde el respeto mutuo, con un diálogo sincero y responsable. Esto es lo que la gran mayoría de los ciudadanos espera de sus instituciones y legítimos representantes.

No se trata de renunciar a nuestras propias convicciones, sino de concentrarnos en todo aquello que nos une para buscar el acuerdo en lo esencial, siempre al servicio de un futuro cada vez mejor para España.

Un futuro que merece una dedicación diaria por parte de todos y cada uno de nosotros. Soseguemos la vida política y trabajemos con espíritu integrador.

Nuestra Constitución nos ofrece un marco amplio y generoso que asegura la convivencia en libertad de todos los españoles, el pleno ejercicio de nuestros derechos y la pacífica defensa de cualquier opción política.

Por ello, en democracia, la única respuesta a la extorsión, la coacción y la violencia es la que resulta de la primacía de la Ley y del Estado de Derecho.

Esa garantía de armónica convivencia que a todos nos proporciona nuestra norma fundamental, debe ser correspondida con el respeto a sus reglas como expresión de la voluntad popular.

Y todas las instituciones y fuerzas democráticas tenemos el deber y la responsabilidad de lograr la unidad y la cohesión para desplegar todos los esfuerzos que nos permitan alcanzar, juntos, el objetivo irrenunciable de poner fin al terrorismo, dentro del pleno respeto a nuestra Constitución.

De la profunda crueldad del terrorismo dan testimonio la muerte y el sufrimiento de tantas víctimas, así como el dolor de sus familias, a quienes debemos nuestro respeto, afecto, apoyo y solidaridad.

España es hoy una sociedad moderna y avanzada, de hombres y mujeres trabajadores, generosos y solidarios y que contribuyen con esfuerzo al bienestar de sus familias y del conjunto de la sociedad.

Un país con un rico y variado patrimonio histórico, artístico y lingüístico, orgulloso de la fuerza de su creatividad y capaz de alcanzar grandes éxitos culturales, logros sociales o triunfos deportivos.

Gracias a la dedicación y al empeño de todos, España sigue creciendo de forma sostenida por encima de la media europea, mejorando servicios, prestaciones sociales e infraestructuras.

Pero nuestro afán de bienestar no debe concentrarse sólo en los aspectos materiales, ni limitarse al tiempo presente. Ha de ser una ambición permanente, que nos permita crecer en valores individuales y colectivos para construir un futuro siempre más próspero, justo y solidario.

Se trata de aportar mayores esfuerzos para seguir extendiendo al conjunto de los ciudadanos los beneficios de nuestro progreso.

Reforcemos la lucha contra la pobreza, la marginación o la exclusión social. Sigamos corrigiendo desigualdades, atendiendo en mayor medida a los discapacitados y amparando a quienes más lo necesitan. Un esfuerzo común, del que tenemos un buen ejemplo en la reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Dependencia.

Se trata, al mismo tiempo, de aportar la ilusión, el aliento y la confianza que bien merecen nuestros jóvenes, en su afán por conseguir una sociedad cada vez más equitativa.

Más y mejor empleo, protección social, cobertura sanitaria o acceso a la vivienda, son legítimas preocupaciones y aspiraciones de los españoles.

Por otra parte, nuestros éxitos económicos y sociales explican los flujos migratorios de tantos hombres y mujeres que se han instalado en España y contribuyen con su valioso esfuerzo a nuestro crecimiento. Un esfuerzo que merece reconocimiento y gratitud.

Junto a ello, tenemos que actuar con rigor y solidaridad para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.

Gestionar nuestro progreso con visión de futuro exige redoblar esfuerzos en educación, así como en investigación e innovación, que son pilares básicos para elevar la competitividad, mantener el desarrollo y ampliar nuestro bienestar.

Aseguremos plenamente los derechos humanos y la dignidad de cada persona, sea cual sea su origen, raza, sexo, religión o credo, promoviendo todos aquellos valores que distinguen al ser humano.

De ahí, la gratitud, el estímulo y el apoyo que debemos a cuantas instituciones y voluntarios fomentan esos valores con su entrega en múltiples ámbitos como la infancia, la juventud o la atención a nuestros mayores. Una labor en la que la familia desempeña siempre un papel esencial.

Cuidemos la extraordinaria riqueza ambiental de España, de modo que el progreso no sea una hipoteca para el futuro, no agote los recursos y no destruya nuestro entorno natural.

Nuestro desarrollo sostenible requiere la más eficaz cooperación para proteger con mayor ahínco nuestros paisajes, bosques y costas, de brutales incendios y otras calamidades, asegurando que el desarrollo industrial y urbanístico responda al interés general.

Hoy los españoles somos conscientes de que nuestro bienestar, crecimiento y seguridad, dependen cada vez más del exterior. Acaban de cumplirse veinte años de nuestra integración en la Unión Europea. Para seguir progresando, debemos reforzar nuestra presencia internacional. Debemos sumar fuerzas para ganar eficacia y cohesión en la promoción y defensa de nuestros intereses en el mundo.

Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio que, a favor del mantenimiento de la paz y de la protección de los derechos humanos, asumen nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en el eficaz cumplimiento de las misiones asignadas en muy diversas latitudes, como en los Balcanes, el Líbano o Afganistán.

También la Cooperación al Desarrollo representa una parte esencial de nuestra acción exterior, a la que dedicamos crecientes recursos. Merece nuestro reconocimiento el encomiable esfuerzo de solidaridad de tantos cooperantes españoles que, en todo el mundo, dan lo mejor de sí mismos por los demás.

Quiero asimismo expresar mi gratitud a cuantos cada día, y también esta Noche, atienden nuestra sanidad, seguridad y tantos otros servicios.

Tengo plena confianza en nuestro futuro, en el futuro de España, porque tengo confianza en todos los españoles, en los hombres y mujeres de cada uno de nuestros pueblos, ciudades y Comunidades Autónomas.

Sigamos adelante. Con orgullo y autoestima, sin caer en el desaliento y, menos aún, en la indiferencia. Profundamente convencidos acerca de nuestras posibilidades, respetuosos con nuestra diversidad, sin perder nunca la unidad que nos da la fuerza y la dimensión necesarias para el progreso.

En el afán diario por construir juntos una España siempre mejor, nunca os faltará el impulso moderador e integrador de la Corona, así como mi plena entrega y mejor voluntad de servicio a España y a todos los españoles. Una tarea y dedicación que tienen en el Príncipe de Asturias la mejor garantía de futuro.

A todos los españoles, y especialmente a quienes os halláis en el exterior, así como a los extranjeros que residís entre nosotros, reitero de corazón mi mayor afecto y mejores deseos para estas Fiestas de Navidad y para el Año Nuevo 2007.

Buenas noches.

Crisis acelerada de nuestra prensa diaria de pago

Por Francisco Poveda

La prensa murciana de papel, diaria y de pago está sucumbiendo aceleradamente a manos de la digital y/o gratuita, de mayor credibilidad por su no dependencia económica de poder caciquil y político alguno, según los últimos datos que se manejan por las empresas distribuidoras y la propia OJD (Oficina de Justificación de la Difusión). Los descensos comienzan a ser espectaculares dentro de sus parámetros habituales y, si bien, la última bajada media en España ha sido de un 2%, esa cifra debe ser bastante mayor en el caso de la Región de Murcia.

Antes de una década puede que casi toda nuestra prensa de papel haya desaparecido por falta de lectores y la evolución de las pantallas de ordenador la obligue a una reconversión definitiva hacia lo digital. La tendencia apunta ahora, claramente, en esa dirección aunque en la telemática mediática habitan los ciudadanos mejor formados y menos manipulables. La iniciativa en “Internet” la llevan ya aquí, no obstante, cabeceras de referencia, ágiles, profesionales y de su tiempo.

El diario decano “La verdad” (1903) debe estar ahora rozando el listón de los 12.000 ejemplares diarios de media, mientras “La Opinión”, con la cuarta parte de vida que el anterior, parece que no pasaría en estos momentos de los 2.000 en sus dos ediciones. El caso de “El Faro”, en torno al millar (la mayoría de regalo, que no de venta), se puede explicar mejor por su baja calidad de contenidos y que el 65% de su propiedad esté en manos del conocido especulador urbanístico oriolano-cartagenero, Trinitario Casanova.

En todos los casos, hoy la supervivencia ya es sólo posible por la inyección publicitaria preacordada de la Comunidad Autónoma y “Caja Murcia” con las tres cabeceras aunque la proliferación de prensa alternativa le quite sentido a esa especie de tongo que, casi siempre, perjudica a un derecho fundamental de los lectores, hasta exigible en los tribunales ordinarios de Justicia llegado el caso. El primero y el tercero se pueden leer íntegramente por “Internet” en todas sus ediciones mientras el segundo ofrece todavía una posibilidad excesivamente disminuida sobre el original impreso con la vana pretensión de que los lectores acudan al papel para poder leerlo en su integridad.

Por el contrario, la venta de prensa de Madrid no acusa ese descenso entre nosotros, excepto en el caso del “Abc”. El de mayor venta, “El País”, se sitúa inmediatamente detrás del todavía líder murciano con una venta ligeramente inferior (10.000 ejemplares), seguido de “El Mundo” en torno a algo menos de la mitad pero muy por delante del segundo periódico regional. A considerable distancia estaría “La Razón”, con edición para Murcia sufragada por San Esteban, pero bastante por detrás de “El Faro” y, finalmente, un “Abc” en trance de renovación generacional de audiencia por en busca de un segmento medio mucho más joven.

El periódico del Grupo “Prisa” está preparando una edición diaria para la Región de Murcia al objeto de mantener y acrecentar sus lectores, y el de Pedro J. Ramírez se dispone a reforzar su actual corresponsalía, si termina de encontrar el calor de los poderosos que ven en las urnas comprometidos sus intereses, para competir así mejor con un “El País” que, objetivamente, empieza a amenazar ya el liderazgo histórico de “La verdad” en la Región de Murcia, tras hacerlo prácticamente desaparecer en Alicante y casi desplazarlo en Albacete.

En cuanto a prensa diaria gratuita, el liderazgo de calidad del “20 Minutos” está a punto de ser disputado por un producto más banal todavía, “Qué”, si logra finalmente el apoyo publicitario del gobierno autónomo. Inmediatamente detrás se plantea una edición regional murciana el más serio e internacional “Metro”, hoy en manos de socios alicantinos constructores al 50% con la matriz sueca, lo que va a terminar de revolucionar nuestro escenario mediático en pleno año electoral.

La fuerte presencia de lunes a viernes, en Murcia y Cartagena, del “Nueva Línea” (propiedad de los negociantes hermanos Zambudio, al igual que de una prácticamente irrelevante cadena regional audiovisual con “Televisión Murciana” a la cabeza) y la no menos notable, con la misma secuencia, de “Crónica del Sureste” en casi nuestros 45 municipios, también en manos de Trinitario Casanova, cierran un escenario de fuerte competencia publicitaria pero para nada informativa en los esquemas de calidad y oportunidad que hoy exigen los lectores más influyentes de la elite murciana. Todos tienen también una versión digital íntegra en “Internet”, de acceso igualmente gratuito.

Por el contrario, la gran revelación del panorama mediático regional es el vertiginoso ascenso de la prensa alternativa más independiente y creíble. El caso más paradigmático es el de vegamediapress.com en sus actuales ediciones digitales para el Valle de Ricote, Mazarrón, Águilas antes de fin de año, y Murcia municipio en el primer trimestre de 2007. Su versiones mensuales en papel recogen lo más significativo difundido por Internet en esas tres ediciones continuas.

No está sólo porque se dan tres ejemplos significativos más de prensa local no hipotecada en Cieza, Totana y Mar Menor con enciezadigital.com, azogue.net y lagacetadelmarmenor.com, respectivamente. Este último hace una distribución mensual en papel, que se difunde por toda su comarca y gran parte del Campo de Cartagena más cercano a Torre Pacheco. Todos son muy libres y nada dependientes de poderes fácticos de cualquier tipo. Jóvenes editores muy profesionales arriesgan sus propias inversiones y se financian con la publicidad de pequeños anunciantes.

Crece por días el número de sus lectores interactivos e inquietos por saber qué se cuece en realidad en nuestra región, al margen de lo que deja ver la prensa más convencional y comercial, que prioriza los beneficios a sus accionistas muy por encima del servicio a sus lectores. Por eso los están perdiendo sin visos de su recuperación al quedar fidelizados por cabeceras más modernas y atractivas en función de sus contenidos.

La situación es de tal preocupación estratégica, que los grupos “Vocento” y “Moll” han decidido compartir, a partir de 2007, un mismo centro de impresión en el Parque Empresarial de Elche, también abierto a terceros para amortizar una fuerte inversión industrial, que puede no llegar a serlo del todo si se desploma, definitivamente, la edición en papel de la prensa diaria de provincias mediáticamente muy controladas como es el caso de Murcia.

Eso significa que los dos periódicos murcianos más antiguos, “La verdad” y “La Opinión” se tirarán en rotativas ubicadas en la Comunidad Valenciana mientras “El Faro” mantiene sus talleres en Lorca, donde también se imprime “Crónica del Sureste”. Serán los únicos totalmente elaborados de principio a fín en nuestra tierra puesto que “El País” que nos llegue ahora se imprimirá en los talleres de “Prisa” en Valencia (al igual que nuestro periódico bimensual de calidad y referencia, “Economía Avanzada”, distribuido vía postal, desde Castellón hasta Almería en tres comunidades autónomas, sobre un listado de notables de cinco provincias mediterráneas).

“El Mundo” y “Metro”, igual que “La Razón” y “20 Minutos”, han optado por la imprenta alicantina del Grupo “Zeta” en Biar. En ese mismo centro impresor se hacen “Nueva Línea”, “Vega Media Press”, “Mazarrón Press”, “Águilas Press” y “La Gaceta del Mar Menor”. El "Qué" vendrá impreso desde la planta que su grupo, el de "Expansión" y "Marca", tiene abierta en Sagunto.

(Artículo elaborado para la revista de la "Open University")

La Diócesis de Orihuela condena el urbanismo depredador

La condena pública del actual modelo de desarrollo urbanístico depredador en la provincia de Alicante por parte de la Iglesia de la diócesis de Orihuela (en la ilustración, su palacio episcopal en esa ciudad de la Vega Baja del Segura) a un paso de las fiestas de Navidad y Reyes se suma a otras dos efectuadas anteriormente por el propio Parlamento Europeo y las instituciones de la sociedad civil, y sitúa al gobierno conservador de la Generalitat en el centro de todas las censuras a tan sólo cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas.

Esa rotunda crítica eclesial sirve igual para los gobiernos autónomos de signo PP en la Región de Murcia e islas Baleares. Alcaldes democristianos con proyectos urbanísticos muy sobredimensionados, caso de Águilas, en la costa murciana, se ven ahora en la tesitura de rectificar o de pechar con el purgatorio electoral. Se echa en falta entre los católicos más concienciados de la archidiócesis de Valencia o la diócesis de Cartagena una condena en el mismo o parecido sentido, aunque no se espera o parece muy improbable en ambos casos.

Sin embargo, de insostenible e inmoral califica la iglesia católica alicantina ese urbanismo que procura 400.000 viviendas vacías en esta provincia mientras jóvenes, mayores, inmigrantes y numerosas personas desfavorecidas no tienen acceso a un techo digno. “Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», según el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, Lucio Arnáiz.

La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante aboga por romper con la concepción del suelo como un recurso económico especulativo porque considera que produce situaciones objetivamente “inmorales”. Las dificultades de acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos, que el precio de los inmuebles haya subido trece veces más que el salario medio desde el año 1987 o que el suelo agrícola se transforme a pasos agigantados en “monocultivos de construcción”, son algunas de sus principales preocupaciones.

A juicio de Arnáiz, el urbanismo se ha convertido en el principal motor económico de la provincia en detrimento de sectores tradicionales como la agricultura o las industrias del calzado o el textil, pero alerta de que “no puede ser una posibilidad ilimitada o eterna, sino que tendrá un tope”.Por este motivo, resalta la necesidad de la concurrencia del Estado, el mercado y la sociedad civil para que “todos puedan disfrutar del bien común”.

El documento titulado «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «la doctrina social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades», es un pronunciamiento de la Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», según el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Esteve.

El estudio, que en esencia muestra los puntos de conflicto entre el “afán urbanizador” que afecta a muchos puntos de la provincia y la doctrina social de la Iglesia, pretende ser ante todo “una invitación a la reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en el ámbito económico, social y medioambiental”, según Arnáiz.

Sus autores consideran necesaria una intervención del Estado, a través de las administraciones públicas. «La Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». A su juicio, no puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad».

Según Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, este responsable diocesano expresa que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo.

Para Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista esos factores medioambientales ni de futuro”. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario alicantino consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», especialmente a juicio de Antonio Esteve.

Desde la Diócesis también se plantea la cuestión del modelo de ciudad que se desea y cómo va a influir ese modelo en los ciudadanos. En este sentido, “rechaza la construcción y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», dice el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social».

Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error».

Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta Esteve la rehabilitación de los cascos urbanos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» esas viviendas, pero sí es necesario penalizarlas».

Además, ambos consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.

El secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, el catedrático universitario de Geografía, Eugenio Burriel, ha manifestado, a propósito de ese documento diocesano, que “hasta la Iglesia se ha unido ya a la condena unánime de todas las instituciones sociales y políticas, y ha censurado los pecados cometidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el ladrillo y la vivienda”. Burriel destaca, igualmente, que “las instituciones europeas, el Síndico de Agravios, los propios medios de comunicación e, incluso, la patronal de turismo Exceltur han denunciado, junto con la Oposición, la depredación urbanística que ha practicado el Consell”.

Burriel incide en ese argumento y añade que «hasta una institución tan prudente como la Iglesia ha tenido que poner de manifiesto lo inaceptable de este crecimiento desaforado, que no parece tener límites, y la inmoralidad de la política de vivienda de Camps, que no atiende a esa necesidad básica de los ciudadanos». El responsable socialista señala que, «como todos los pecados, éste también debe cumplir penitencia», si bien subraya que en política, «la penitencia la dictan los ciudadanos retirando su confianza a quien dirige una gestión tan desastrosa como esta”.

Para el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, los «pecados del ladrillo no pueden perdonarse sólo con la propaganda con la que nos inunda cada día», en clara referencia al conseller de Territorio, Esteban González Pons. «Es necesario el arrepentimiento, que implica pedir perdón a los ciudadanos por los daños medioambientales, económicos y sociales que han provocado», dice el responsable socialista en materia de urbanismo.

Además, Burriel considera que debe haber un «auténtico propósito de enmienda, lo que supone cambiar de verdad la política urbanística practicada durante tantos años por el PP y que ahora sigue siendo la misma, pese a la palabrería pseudo verde de Pons».

«La penitencia de Camps llegará en 2007 - pronostica Eugenio Burriel - porque los ciudadanos no le perdonarán que haya destruido el territorio mientras que los muchos de ellos siguen sin poder acceder a una vivienda adecuada».

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de la Construcción de Alicante, Ramón Jerez, afirma que esta postura de la Diócesis «es una opinión que, en una economía libre de mercado, es prácticamente imposible o muy difícil de abordar». Califica el razonamiento como «discutible desde ese punto de vista».

A su juicio, incentivar los alquileres, promover las viviendas de protección oficial o fiscalizar las viviendas vacías «son peticiones que se pueden hacer, pero que no tienen sentido con las leyes actuales ni con la economía española». Jerez entiende que «es cierto que los precios hacen muy complicada la adquisición de una vivienda, con hipotecas que suponen en muchos casos el 60% de la economía familiar, pero la posición de la Iglesia en este caso es un brindis al sol, porque para aplicar sus razonamientos sería necesario cambiar el modelo de Estado actual, lo cual no es una tarea fácil ante la globalización económica».

Según Ramón Jerez, las intenciones de la Iglesia pueden ser muy buenas, «de una gran sensibilidad, pero no son reales y pueden generar falsas esperanzas».

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