MADRID.- El pasado martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
anunció que "en unos meses" se presentará la medida y que ya se están
realizando diferentes estudios y análisis para determinar qué sistema se
implementará, si bien ha asegurado que será una ratificación "justa, rigurosa y sostenible".
Mientras tanto, y a la espera de conocer en profundidad la propuesta, tanto la oposición como sus socios de gobierno, Unidas Podemos, han criticado la medida, alegando que significará un coste extra para los usuarios.
Por otro lado, miembros del sector del trasporte advierten
que con la situación actual de la subida del gasóleo y con los
impuestos que ya pagan, la propuesta podría provocar grandes perdidas e
incluso el aumento del precio de billetes del transporte público,
desincentivando su uso.
Así mismo, desde el sector avisan que esta medida
contraviene lo firmado con Pedro Saura, antiguo secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, donde el Gobierno se
comprometió a no aplica ningún tipo de pago por uso de vías de alta capacidad sin consenso con el sector.
Víctor González, presidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), asegura a 20minutos
que rechazan la medida porque ese consenso no se ha dado y que desde el
Ministerio no han hablado con ellos, por lo que de llevarse a cabo la
medida "se iría a una huelga nacional de transportes".
Una medida que se implantaría en 2024
El objetivo de esta medida, que ya han implantado buena parte de los países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad,
una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros
debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes
de los Presupuestos del Estado no son suficientes.
Además, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a adoptar un nuevo sistema de 'pago por uso'
en las carreteras a partir de 2024, en el marco de la recepción de
todos los fondos europeos que España recibirá para la recuperación
económica tras el paso de la pandemia.
La ministra ha enfatizado que el sistema resultante buscará que no se generen agravios territoriales, algo que ahora pasa debido a que hay regiones con peajes y otras sin ellos e incluso algunos más caros que otros.
"Buscaremos el consenso político para establecer un
sistema que esté a la altura y para el cual ya se está analizando la
mejor opción", ha concluido Sánchez.
Debido a las críticas que esta
medida ha levantado desde que su predecesor en el cargo, José Luis
Ábalos, la anunciase hace unos meses, la ministra insiste en que se
tratará de un sistema "que se someterá al debate y al análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte", algo que por el momento no parece convencer a este sector y donde los acercamientos todavía no se han producido.
El sector del transporte rechaza la medida
"Estos globos sondas que envían
continuamente desde el Gobierno sobre esta cuestión no lo esperábamos",
apunta el presidente de Fetransa. "No vamos a admitir que sin consenso
con nosotros y sin que nos digan como piensan solucionar ese sobrecoste,
porque si no hay ayuda del Ministerio nos lo vamos a tener que comer
(…). Si alguien tiene en la cabeza que el transportista puede pagar
9,10 o 25 céntimos por kilómetros que se olvide, eso no va a ocurrir".
Desde el sector admiten que todavía no se ha
concretado nada de la medida, ya que no se ha presentado oficialmente la
propuesta, pero apuntan que cuando han tratado de concretar una cita con la ministra pero se la han denegado y que debe haber consenso con ellos si el Gobierno no quiere que se repita la huelga de transportes que hubo en 2008.
"Ya veremos si se reúnen o no con nosotros; si siguen ninguneando el transporte de mercancías por carreteras, que mueve nada menos que el 87% de las mercancías", explican
desde Fetransa, que recuerdan que ya "en 2008 una situación muy
parecida nos llevó a una huelga que duró muchos días, y lamentablemente me temo que nos encontramos en una situación muy similar (…). Tenemos fijado un acuerdo con el Ministerio, si lo aplican sin consenso, vamos a ir a un paro nacional de transportes".
"El que sale perjudicado soy yo"
En el mismo sentido, los propios
transportistas advierten que, aunque la medida está pensada para 2024,
se ha dado a conocer en un momento muy delicado, dada la subida del gasoil.
"Ya pago alrededor de 1.600 euros
en peajes al mes, en los trayectos que hago de España a otros lugares de
Europa, más 6.500 euros de gasoil, dada la subida del precio, que me
está haciendo perder dinero; si me pones otro extra más con este peaje, y los precios del transporte no suben, el que sale perjudicado soy yo", afirma Javier Laredo, un transportista granadino que atiene a este medio mientras regresa de descargar en Londres.
"Ya estoy pagando impuestos de
matriculación, de circulación, el impuesto verde, lo que se lleva el
Estado con los impuestos del gasoil… todo eso se supone que es para que tengamos carreteras en condiciones", apunta el camionero.
Además, otro sector del transporte que se posiciona en contra de la medida es el de pasajeros. El presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, advierte a 20minutos que la propuesta "dependerá de como se aplique", pero que este tipo de medidas pueden ser "un mazazo para el sector del transporte público".
Para Barbadillo, la implantación de
la medida podría obligar a subir el precio de los billetes, lo que
podría ser contraproducente para el usuario: "Si van subiendo tu
estructura de coste todo eso repercute en la tarifa, porque sino la
empresa quiebra, y llega un momento en el que no hay capacidad de ir
contra el margen (de beneficio), al que hay que añadir el encarecimiento
actual del precio del combustible (…). Esto desincentivará y encarecerá el uso del transporte público".
"Además derivarás tráfico que va por carreteras de alta capacidad a carreteras convencionales, que son menos seguras", afirman desde Confebus, que añaden que desde el sector consideran que la medida "no tiene mucho sentido".
