Juristas murcianos quieren impedir que PAS sea juzgado por los magistrados Quiñonero y Pasqual del Riquelme

MURCIA.- Un grupo de destacados juristas murcianos va a tratar de impedir, dentro de la legalidad, que los magistrados del TSJ Miguel Pasqual del Riquelme Herrero y Enrique Quiñonero Cervantes formen parte de la Sala que eventualmente juzgue, llegado el caso, al presidente de la Comunidad Autónoma por aforado, Pedro Antonio Sánchez, si finalmente es imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el caso Púnica, y por la magistrada Consuelo Andreo, en Lorca, por el caso Auditorio, según fuentes de, al menos, tres bufetes de Murcia que tampoco están de acuerdo por higiene democrática en que aparezcan otros dos magistrados en escena: Juan Martínez Moya y Julián Pérez Templado.

Esos letrados y otros ya estarían en contacto con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al objeto de que, con toda su legitimidad democrática pese a sus limitaciones funcionales, ayuden a un proceso con todas las garantías - tambien para toda la sociedad murciana- si finalmente de enjuiciar a Pedro Antonio Sánchez se trata por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él y la presunta cercanía/dependencia/agradecimiento de los cinco magistrados citados respecto del PP, como está más que de sobra acreditado en cada una de la circunstancia personal y resulta motivo suficiente de recusación por los acusadores particulares o bien para su apartamiento voluntario dados algunos antecedentes y esas circunstancias que hacen dudar de la existencia de todas y cada una de las condiciones que se presumen y se deben reunir para poder juzgar al Presidente, con independencia de la casi segura pulcritud procesal de los jueces instructores madrileño y lorquina en sendos sumarios que afectan de lleno a PAS. 

La Fiscalía Superior del TSJ no vería, tampoco, con malos ojos esa actitud de caución vistos los antecedentes recientes en otros casos donde políticos del PP de Murcia, incluido el propio Pedro Antonio Sánchez, han podido escapar por la tangente por la benevolencia interpretativa de la ley por parte del juzgador, curiosamente uno de ese grupo bajo la lupa. La insistencia y contundencia del fiscal Manzanera en el 'caso Auditorio' parece haber provocado una última visita urgente del presidente autonómico al ministro de Justicia, Rafael Catalá, antes del nombramiento del nuevo fiscal general del Estado en sustitución de la intachable Consuelo Madrigal, quien no consideró oportuno el relevo del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, por otra parte nieto de un gran constructor murciano  a través de la legendaria empresa Bernal Pareja S.A., radicada en Madrid durante el franquismo.

Crece la versión de que el cartagenero Miguel Pasqual del Riquelme recobró, contra toda lógica interna de la Justicia, la presidencia del TSJ gracias al apoyo desde dentro del magistrado murciano Juan Martínez Moya y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, nombrados ambos gracias a los magistrados conservadores conectados con el PP por su designación desde ese partido en las Cortes, igual que el anterior, hijo y nieto de políticos de la derecha católica y más moderada de Murcia, UCD,  como Juan Martínez Meseguer y José Martínez Garre, ambos chacineros como Tomás Fuertes y Pedro Jódar Serrano, el padre del alcalde de Lorca por el PP, Francisco Jódar, bajo las marcas 'Dígame' en Alquerías y 'Los Quijales' en Lorca respectivamente, también en pleno franquismo.

Luego está el caso distinto de Enrique Quiñonero - designado en su día miembro del TSJ por la Asamblea Regional gracias a la mayoría absoluta entonces del PP-, un profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Murcia dentro del Departamento del catedrático Juan Roca quien, en su época de rector, logró colocar a la esposa del anterior en el Consejo Social de la UMU y hasta hoy con Javier Ruano de presidente y antes de secretario, ahora recompensado con un escaño en el Congreso de los Diputados al correr la lista del PP por Murcia tras el nombramiento de Juan María Vázquez como alto cargo del Ministerio de Luis de Guindos en el Consejo de Ministros de este viernes.

Aunque lo más preocupante sobre la supuesta imparcialidad de Quiñonero es ser hijo de Raimundo Quiñonero López, secretario particular de gobernadores civiles franquistas desde Antonio Luis Soler Bans, almeriense como él, y coétaneo en el cargo de Carlos Valcárcel Mavor, secretario particular de los presidentes murcianos de la extinta Diputación Provincial desde el mandato de Ramón Luis Pasqual del Riquelme -tío carnal del actual presidente del TSJ- y padre del ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso.

A la sazón, y sin que aparentemente no tenga nada que ver con todo lo anterior, el alcalde de Murcia era, a la vez en la misma época, el abogado Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, padre del actual presidente del Consejo Jurídico Consultivo, ex vicepresidente de la Comunidad Autónoma e inspector de Finanzas del Estado, Antonio Gómez Fayrén, así como presidente de la Cofradía de Jesús del Viernes Santo murciano a la que también pertenecen, tanto Miguel Pasqual del Riquelme como Juan Martínez Moya, desde hace muchos años.

Luego está Julián Pérez Templado, ex presidente del TSJ como Martínez Moya, ambos con el apoyo de Ramón Luis Valcárcel, el primero descendiente de caciques de Cieza y bien sintonizado con la derecha murciana más clásica, hasta contraer matrimonio con Elena Ladrón de Guevara Mellado -directamente emparentada por su madre y vía Lorca con el ex embajador en Portugal, ex ministro de Franco y ex presidente de la Diputación Provincial de Murcia durante el gobierno republicano de Gil Robles, José Ibañez Martín- y lograr colocar a su esposa, por méritos políticos propios de la agraciada, en la Consejería de Cultura y, según se dice en determinados círculos de la capital regional, recibir luego en el momento oportuno sus inapreciables consejos desde la Magistratura para conjurar incertidumbres elementales de coyuntura.

No se pueden cerrar las ramblas con cadenas, según el TSJ, aunque sean privadas

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) desestimó el recurso presentado por una empresa contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que le impuso una multa de 3.000 euros por colocar cadenas en una rambla de Lorca.

La sentencia indica que el órgano de cuenca le impuso esa sanción por haber cometido una infracción de la legislación de aguas al haber cortado el cauce mediante la colocación de unas cadenas en la rambla.

En su recurso, la empresa y el particular que fue sancionado de forma solidaria con la anterior, expusieron que el cauce era privado, por lo que la colocación de las barreras no suponía infracción de normativa alguna.

La Sala, al desestimar la apelación, señala que la CHS justificó la procedencia de la imposición de la multa, mientras que los apelantes no aportaron prueba pericial alguna que pudiera desmontar las apreciaciones hechas por aquel organismos para demostrar la infracción cometida.

El TSJRM demanda más jueces y 31 unidades judiciales más

MURCIA.- La creación de 31 unidades judiciales y una mayor dotación de jueces para agilizar los procesos son las principales demandas solicitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al ministerio de Defensa, según ha indicado hoy su presidente, Miguel Pascual del Riquelme, en la presentación de la Memoria Judicial de 2015.

Hasta un incremento del 20% en órganos judiciales, 31 unidades más, ha reivindicado el presidente del TSJ, junto a una ampliación del presupuesto para llevar a cabo este aumento de la capacidad del servicio judicial en Murcia.

En concreto, la memoria pormenoriza las 31 unidades distribuidas entre 15 nuevos juzgados de primera instancia en Murcia; 6 de primera instancia en Cartagena; 5 de primera instancia e instrucción en Molina; 2 de primera instancia e instrucción en San Javier, y dos en Totana; así como 2 de lo mercantil en la Región; una sección penal en la Audiencia; un segundo juzgado de vigilancia penitenciaria, y un juzgado de primera instancia en Lorca, Caravaca, Cieza y Mula, respectivamente.

"La administración judicial murciana tiene cada vez más trabajo, menos unidades judiciales, menos jueces y mayor productividad que en la mayor parte de España", ha declarado en rueda de prensa Miguel Pascual.

Respecto al funcionamiento de los órganos judiciales en la Región, el presidente del TSJ lo ha calificado de "positivo y productivo", pero señala que los retrasos en la administración judicial siguen siendo importante.

Estos retrasos, según la memoria judicial, están provocados por el bajo número de jueces, inferior a la media nacional; a la alta litigiosidad de la Región y, por último, a los efectos de la crisis económica.

Entre los compromisos para el próximo curso judicial, los casos complejos o de corrupción tendrán una atención preferente con refuerzo de jueces, al igual que en los juzgados situados en las jurisdicciones más dañadas por la crisis económica para reducir los tiempos de respuesta.

Para finales de este año el TSJ de Murcia espera que se creen tres nuevos juzgados: un juzgado de 1º instancia Civil en Murcia, un juzgado Civil en Cartagena y un juzgado de lo Mercantil en Murcia.

En infraestructuras, la justicia murciana sigue reclamando la construcción de nuevas instalaciones en Lorca y Cartagena.

Para finalizar, Miguel Pascual ha señalado la lentitud en los cambios acometidos por el Ministerio de Justicia y avisa de que "la administración judicial no puede seguir mirándose en fórmulas y esquemas del pasado".

El TSJ rechaza el recurso del sindicato médico contra la suspensión de retribuciones por la crisis

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso que el Sindicato Médico de Murcia-CESM de la Región presentó contra el acuerdo de la Comunidad Autónoma que, en diciembre de 2009, decidió suspender la ejecución de los acuerdos suscritos con la administración relativos a las retribuciones asociadas a la carrera profesional.

La sentencia señala que esa medida estaba justificada por la situación de crisis económicas por la que atravesaba España, lo que obligó a aprobar medidas de contención del gasto público.

En su recurso, la organización demandante alegó que la medida adoptada por la administración regional afectaba al derecho a la libertad sindical y negociación colectiva y a la garantía de cumplimiento de los pactos.

En su oposición al recurso, la Comunidad Autónoma señaló que el sindicato había utilizado de forma incorrecta la vía de protección de derechos fundamentales, cuando la cuestión debatida era de legalidad ordinaria.

Además, expuso que el derecho a la negociación colectiva no está incluido en el ámbito de aplicación de este procedimiento, así como que la administración había cumplido con el ordenamiento jurídico.

También recogió que los acuerdos fueron adoptados en unos momentos "en que era notoria la existencia de una grave crisis económica, que generó una considerable reducción de los ingresos de todas las administraciones públicas,siendo una situación distinta a la que existía en el momento de ser aprobados los mismos".

El TSJ de la Región de Murcia pide a Justicia más medios contra la corrupción en los juzgados con macrocausas

CARTAGENA.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Martínez Moya, ha asegurado hoy que este órgano, a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), ha pedido al Ministerio de Justicia que recabe más medios materiales y humanos para las investigaciones de los juzgados murcianos sobre corrupción.

Tras visitar a la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, Martínez Moya ha señalado que la Sala de Gobierno de este órgano judicial murciano ha emitido un informe al CGPJ para que se refuercen los juzgados que están investigando macroprocesos por corrupción.

El expresidente del TSJ de Murcia ha afirmado que la Unidad de Atención para las Causas de Corrupción del CGPJ está "dando respuesta" a las peticiones de estos órganos judiciales de la Región, para lo cual ha pedido al Ministerio de Justicia que ponga más medios y, especialmente, "jueces de apoyo" a estos juzgados.

El vocal del CGPJ ha puesto esta petición en el contexto de la necesidad que tienen los juzgados y tribunales de la Región de más personal, poniendo especial atención en los juzgados de Primera Instancia y de Lo Social, que han visto incrementadas sus cargas de trabajo desde que empezó la crisis económica.

En este sentido, Martínez Moya ha recordado que el CGPJ ha elaborado un Plan de Redimensionamiento de la Planta Judicial, en el que se cuantifica en 23 el mínimo de unidades judiciales nuevas que requiere la Región de Murcia, al tiempo que ha abogado por comarcalizar y especializar órganos judiciales, sobre todo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con el objeto de dar un mejor servicio ciudadano.

Finalmente, ha apostado por que el Ministerio de Justicia lleve a cabo la Ciudad de la Justicia de Cartagena, al tiempo que se ha puesto a disposición de la Asamblea Regional para que personal del CGPJ o el TSJ ayuden a redactar los nuevos capítulos sobre Justicia en la reforma del Estatuto de Autonomía que se está tramitando en la Cámara, entre los que ha apuntado la posibilidad de incluir que los representantes del Poder Judicial rindan cuentas de su labor ante los diputados autonómicos cada año.

El Tribunal Supremo ve "discriminación por sexo" en la no elección de Pilar Alonso al frente del TSJ

MURCIA.-El Tribunal Supremo establece en sentencia que la promoción de las mujeres en la cúpula judicial "está llamada a tener funcionalidad real" y por ello anula la designación de Miguel Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que había sido acordada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero de 2015, y da a entender que hubo discriminación por razón de sexo. 

El nombramiento había sido fuertemente contestado por el sector progresista de la carrera, que consideró una "desviación de poder" esta designación en detrimento de la candidatura de una magistrada mucho más experimentada, Pilar Alonso Saura.

"Es verdad que el criterio de la preferencia de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como una norma universal (...) pero sí como un principio rector de la decisión que exige que se expliquen cumplidamente (...) las razones por las que se prescinde causísticamente de esta regla y se elige finalmente a un aspirante varón", establece el Supremo en una resolución que tuvo el apoyo de 18 magistrados de de Lo Contencioso frente a 15 que votaron, en contra.

La sentencia notificada este martes, de 105 páginas, argumenta la decisión adoptada por el Pleno de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo el pasado 4 de abril y admite el recurso de Alonso Saura de la elección hecha en su día por el CGPJ.

Sobre la promoción de la mujer en la cúpula judicial, la sentencia del Supremo resalta la asunción de este principio por el CGPJ, si bien le recuerda que la "funcionalidad real" con que debe dotarse a la promoción de las mujeres en la Carrera Judicial "se hace más acuciante cuanto más tiempo va transcurriendo desde que entró en vigor".

"Cuando nos hallamos , como es el caso, ante una aspirante mujer que tiene un perfil de méritos profesionales que se presenta inicialmente por lo menos parejo al de otro aspirante varón, e incluso en algunos relevantes puntos notablemente superior -apunta el Supremo-, la decisión final de adjudicar la plaza a este último tiene que ser, con especial énfaseis, singularmente explicada".

Por todo ello, anula el acuerdo y ordena la retroacción de actuaciones, exigiendo al CGPJ "un plus de motivación en el acuerdo de nombramiento" de esta vacante que justifique debidamente la "significativa relevancia" concedida al resto de los requisitos de la convocatoria. No atiende, sin embargo, a la petición de Alonso Saura de que se le adjudicara la plaza directamente por el propio Tribunal Supremo.

En sus fundamentos jurídicos, el Supremo reconoce que en la potestad del CGPJ para elegir a la cúpula judicial concurren dos tipos de elementos, los reglamentarios y los discreccionales, y que existe un matiz distintivo de las plazas que, como era en este caso, presentan un perfil gubernativo.

Este tipo de plazas, como es la Presidencia de un TSJ, frente a las de naturaleza exclusivamente jurisdiccional, permiten un mayor margen de discreccionalidad por parte del CGPJ. Esta doctrina jurisprudencial ha sido incorporada por el propio órgano de gobierno de los jueces a sus reglamentos según reconoce la sentencia.

El Supremo también admite que el Consejo "ha asumido una verdadera autolimitación del ejercicio de su potetad de nombramientos discreccionales. Pese a ello, en este caso concreto califica de "en modo alguno irrelevante" el hecho de que Alonso Saura ostentara el número 289 del escalafón en la Carrera Judicial frente al puesto 1.440 de Pasqual Riquelme.

"Se parte del principio de que el ejercicio continuado a lo largo del tiempo de la actividad profesional, en este caso la jurisdiccional (sin notas desfavorables) es de por sí indicativo de la adquisión de técnicas, destrezas, conocimientos y experiencia que pueden ser valorados positivamente con toda legitimidad".

También destaca que la magistrada recurrente ha ocupado vacante en la Audiencia Provincial de Murcia, "con las amplias competencias civiles y penales propias de dicho puesto, durante más de dos décadas", y subraya como "notoria" la diferencia entre Alonso y Pasqual en el hecho de que el seguno no hubiera ocupado con anterioridad ningún puesto en órganos colegiales.

La Sala tambien valora las resoluciones de especial relevancia jurídica y las actitudes para la coordinación y la gestión de medios de la magistrada Pilar Alonso Saura, para concluir que existía "al menos una igualdad sustancial de méritos de ambos aspirantes que se rompe en varios de ellos en favor de la recurrente, y de forma incluso notoria".

Finalmente, califica de "endebles" los argumentos de Pasqual Riquelme al calificar de "complementarios" los méritos que éste hace valer ante el Supremo respecto de los de su compañera, como su capacidasd organizativa, porque "la formación que de verdad importa con carácter principal es la formación para ejercicio de la función judicial".

La sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno de los cuales, suscrito por 10 magistrados, disiente de la mayoría en la valoración como "preferentes" de unos méritos de los candidatos sobre otros, al estimar que no existe base jurídica en la que amparar tal diferencia.

Otro de los votos, presentado por el anterior presidente de esta Sala, José Manuel Siera, al que se adherido el exmagistrado del Tribunal Constituciona, Jorge Rodrígez-Zapata, disiente del hecho de que se anule el nombramiento por falta de motivación y no por valorar los méritos de un aspirante frente a los del otro. Ello puede derivar en la repetición del mismo litigio entre los mismos contendientes.

Durante la votación de este asunto en enero de 2015 los vocales de CGPJ discrepantes con la elección de Pasqual Riquelme argumentaron que situarle al frente del TSJ de Murcia "bordea la arbitrariedad". Afirmaron que no se respetaban los principios de mérito y capacidad, se incumplieron los requisitos anunciados en la convocatoria y se incurrió en desviación de poder.

A estas críticas se sumó el portavoz de Jueces para la Democracia (JdP), Joaquim Bosch, que en dicho momento pidió al CGPJ que explicara cuáles eran los motivos del nombramiento porque, a su parecer, "los datos objetivos nos indican que la mujer que se presentaba tenía una trayectoria más que suficiente para poder ocupar este cargo".

Abel Sáez bien pudiera ser el nuevo presidente del TSJ para superar la actual división de la Judicatura murciana

MURCIA.- El prestigioso magistrado alicantino, Abel Sáez Domenech, actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el más antiguo del TSJ, sustituirá como presidente interino, casi con toda seguridad, a Miguel Pasqual del Riquelme  tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, como máxima instancia, anula por falta de motivación su nombramiento de hace un año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según fuentes del primer organismo.

Un considerable número de jueces y magistrados vería bien que este reconocido y veterano magistrado se presentase ahora para ocupar el cargo de forma definitiva y que así lo estimase conveniente el CGPJ en su próxima reunión del 28 de abril para zanjar de esa forma la división producida en la Judicatura murciana por la sentencia del Supremo tras el recurso de otra aspirante, la no menos prestigiosa magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, Pilar Alonso Saura, con muchos más méritos que el juez de Primera Instancia e Instrucción, el joven Pasqual del Riquelme. 

Parcialmente admitido su recurso por 18 magistrados del Tribunal Supremo por defectos, el fallo favorable no supone la sustitución automática de Pasqual del Riquelme por Alonso, por lo que se abre la vía para una tercera opción en la persona de un magistrado con tantos, o más méritos que ningún otro, como es el caso de Abel Sáez, hijo de juez y persona muy respetada entre el colectivo de jueces y magistrados por su demostrada autoridad técnico-profesional, mesura y equilibrio de todas sus resoluciones perfectamente motivadas siempre.

Pasqual del Riquelme confia en volver a ser designado presidente del TSJ de la Región de Murcia

MURCIA.- El presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, afirma que la decisión del Tribunal Supremo responde a la "absoluta normalidad del sistema de recursos" y que se debe a una "anulación por defectos".

Pasquel del Riquelme comenta que si una vez que el Consejo General del Poder Judicial sea notificado dentro de unos días por el Supremo en su decisión de anular su nombramiento como presidente del TSJ, en el caso de que vuelva a contar con la confianza mayoritaria del consejo, seguirá afrontando la presidencia del mismo. "Quedo a la espera", concluye, de esa decisión que adopte el Consejo General.

Ayer se supo que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo anuló su nombramiento, impugnado por la magistrada Pilar Alonso, que estaba 1.160 puestos por delante de él en el escalafón.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha decidido por 18 votos a 15 anular el nombramiento al entender que su motivación fue "insuficiente o defectuosa".

No obstante, también ha rechazado por 28 votos a 5 la petición de Pilar Alonso de que se le designara para el puesto en cuestión, de modo que ahora el CGPJ tendrá que pronunciarse de nuevo sobre el nombramiento.

El Poder Judicial nombró en enero de 2015 nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) a Riquelme, una decisión que dio lugar a dos votos particulares de seis vocales críticos con el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes.

Los citados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideraron dicha decisión como una "discriminación en razón de su sexo" contra la aspirante femenina y señalaron que aquella decisión "bordea la arbitrariedad".

IU-Verdes manifiesta su solidaridad y apoyo al fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal

MURCIA.- IU-Verdes ha expresado hoy su "solidaridad y apoyo" a la labor del Fiscal Superior en la Región de Murcia, Manuel López Bernal, que "se ha visto envuelto en una serie de acusaciones torticeras en cuanto proceden de una organización que no sabemos muy bien qué es y que tienen muy poco fundamento".

Para Esther Herguedas, portavoz de la Presidencia de IU-Verdes en la Región, "no cabe la menor duda de que estas acusaciones son el resultado de la labor que ha realizado en el ámbito de su trabajo en la Fiscalía y de las investigaciones que ha impulsado sobre muchos asuntos relacionados con la corrupción".

Herguedas ha calificado de "valiente" al Fiscal por ejercer su labor "con responsabilidad y cumplimiento de sus obligaciones", al tiempo que ha indicado que las acusaciones "no son más que un intento por entorpecer el trabajo que ha realizado".

La formación de izquierdas espera que el Fiscal Jefe "no solo no sea imputado, sino que si finalmente se dirime que no hay ningún tipo de responsabilidad de carácter jurídico, se estudie la posibilidad de imputar a aquellos que le han denunciado por un delito de acusaciones y denuncias falsas, entorpeciendo así la labor de la justicia".
La Asociación Justicia y Libertad, en cuyo nombre se han presentado las dos querellas contra el Fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal, no figura inscrita por ese nombre en el registro oficial del Ministerio del Interior.
Esta entidad resulta desconocida en los ámbitos legales y en los relacionados con la transparencia o la lucha contra la corrupción.

Se querellan contra el fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal, según avanza hoy 'La Verdad'

MURCIA.- Dos querellas presentadas simultáneamente en la misma semana en que expira formalmente su mandato y debe quedar en expectativa de una hipotética renovación. Y todo ello, además, en un momento en que el Gobierno regional vive pendiente de una posible imputación de su máximo responsable, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio' de supuesta corrupción.

Ese es el marco en el que ayer fueron interpuestas dos querellas contra el Fiscal Superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, a quien una desconocida y en apariencia recién constituida Asociación Justicia y Libertad atribuye los supuestos delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y falsedad documental, revela hoy en exclusiva el diario 'La Verdad'.

 Una de las querellas haría referencia a la construcción de la vivienda en la que reside Manuel López Bernal con su familia desde hace más de treinta años. Los datos en que se sustenta la denuncia parecen basarse en un dossier que ya circuló por mentideros políticos regionales hace más de un lustro y en el que, entre otras supuestas ilegalidades, se aseguraba que el chalé había sido construido en zona protegida, talando numerosos árboles existentes en la parcela original y que además toda la obra se había acometido prácticamente sin documentación alguna: ni licencia ni permisos del Ayuntamiento de Murcia. Igualmente se señalaba que López Bernal habría estado eludiendo el pago de impuestos municipales al haber declarado un volumen de edificación muy inferior al que en realidad tendría el inmueble.

La querella que acaba de ser presentada en el TSJ apunta, según las fuentes consultadas por este periódico, a que el hoy Fiscal Superior habría contado en su día con la aquiescencia de quien, en aquella época, en la década de los 80, ocupaba el cargo de alcalde de Murcia, el socialista José Méndez, contra quien también se ha dirigido la acusación de la Asociación Justicia y Libertad. Según el relato de hechos recogido en la denuncia, el ex primer edil habría allanado el camino a López Bernal para que pudiera cometer esas hipotéticas ilicitudes sin que le acarrearan consecuencias administrativas o judiciales.

De esta forma, los querellantes consideran que López Bernal, su esposa A.H.U. y el exalcalde Méndez habrían incurrido en presuntos delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y falsedad documental. Entre otras medidas -señalan fuentes que han tenido acceso a los documentos-, reclaman del tribunal que fije una fianza de dos millones de euros y, al término del proceso, que se proceda al derribo de la vivienda.

La segunda de las querellas que acaban de ser presentadas en el TSJ tiene su base, del mismo modo, en otro dossier ya conocido respecto del Fiscal Superior, que también comenzó a circular por algunos ámbitos hace dos o tres años. Este asunto se refiere a la adjudicación de un contrato para el diagnóstico y la atención a menores de edad víctimas de abusos sexuales, que la Consejería de Sanidad y Política Social otorgó, en torno al año 2012, a una asociación administrada por la hija de López Bernal, M.L.H.

Los denunciantes vendrían a asegurar que la mencionada adjudicación del concurso fue irregular, en clara vulneración de la legislación administrativa, y que la hija del Fiscal Superior fue claramente beneficiada frente a la otra mercantil que ofertó sus servicios. Una circunstancia que solo se explicaría por los contactos que López Bernal tendría en el seno de la Administración regional en virtud de su cargo.

La oferta ganadora se impuso por apenas unas centésimas, merced a la puntuación obtenida en el capítulo económico, ya que la asociación rival había obtenido una mejor valoración en los aspectos técnicos.

En esta ocasión, la querella se dirige contra López Bernal y su hija y también contra el secretario general de la Consejería de Sanidad, el popular Martín Quiñonero, a quien se atribuye haber maniobrado dentro de ese organismo para garantizar la adjudicación del contrato a la asociación escogida. Unos hechos que los denunciantes califican jurídicamente como constitutivos de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

El momento en el que han sido presentadas ambas querellas, justo cuando expira el mandato de López Bernal al frente de la Fiscalía Superior y en el que se juega su renovación por otros cinco años, apunta a que no se trata de una circunstancia casual. Sobre todo teniendo en cuenta que, a lo largo de los diez años que ha estado al frente de los fiscales de la Región, ha encabezado una batalla sin precedentes contra la corrupción y los «delitos de cuello blanco», algo que ya fijó como su máxima prioridad en su discurso de investidura en 2006. En su ámbito más íntimo, López Bernal habría manifestado su voluntad de repetir al frente de la Fiscalía.

El TSJ rechaza el recurso contra la remisión a Lorca de la querella que afecta a Pedro Antonio Sánchez

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 2 de marzo, que acordaba remitir la querella contra el ex alcalde de Puerto Lumbreras, consejero de Educación, Cultura y Universidades y candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en relación al Auditorio de Puerto Lumbreras al partido judicial de Lorca.

El auto, notificado este lunes, confirma íntegramente la resolución anterior y se ratifica en su apreciación de que "es, precisamente el juez natural el que debe, tras su investigación, individualizar con exactitud las conductas y establecer la conexión material inescindible para que personas no aforadas puedan ser investigadas por el órgano superior", según el auto.

En la fundamentación la Sala reconoce que se trata de un supuesto difícil pues "los hechos y datos contenidos en la querella revisten una gran complejidad (de la que da cuenta el mismo volumen de la misma, con cincuenta y cuatro folios dedicados solo al relato de hechos); cuando se afirma la comisión de una pluralidad de delitos (hasta veintidós); y cuando la acción penal se dirige contra una multiplicidad de personas, unas de ellas identificadas nominalmente (en número de trece, de las que solo una es aforada), y otras no identificadas ni cuantificadas siquiera en su número, sino por referencia a su pertenencia a un determinado organismo".

El cauce elegido por esta Sala es, según el tenor literal de la resolución, "el menos traumático para el funcionamiento normal de los órganos judiciales y más acorde con el carácter excepcional de las normas sobre aforamiento"

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. La decisión ha sido adoptada por mayoría, aunque se ha formulado un voto particular del magistrado Manuel Abadía.
Por otra parte, el TSJ critica por ser «inadecuadas en el uso forense», las «descalificaciones, juicios de intenciones e insinuaciones de grave contenido» recogidas en el recurso presentado por el fiscal superior, Manuel López Bernal, al considerar que emplea términos como «estrambótico, enigmáticos, arbitrarios e irrazonables», para referirse a la decisión de remitir la querella a los juzgados de Lorca.
 «Con ello -dice el auto- el ministerio fiscal convierte lo que debería ser una mera discrepancia técnica y argumental con una resolución judicial en descalificaciones, juicios de intenciones e insinuaciones de grave contenido que esta Sala considera del todo inadecuadas en el uso forense».
Manuel Abadía reflejó su voto particular, criticando que «es lacerante y descorazonador que habiéndose creado esta Sala para tener competencia en estos casos, se envíen a quien no es competente y tiene una sobrecarga de miles de asuntos anuales».

Miguel Pascual del Riquelme, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia

MURCIA.- El magistrado Miguel Pascual del Riquelme Herrero ha sido nombrado este jueves presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, cargo vacante por expiración del mandato de su anterior titular, Juan Martínez Moya, actual vocal del CGPJ. De 51 años, casado y con dos hijos, ya acumula un cuarto de siglo de experiencia en la magistratura.

Pascual del Riquelme Herrero, quien ejerce en estos momentos como Juez Decano de Murcia, ha obtenido doce votos. La magistrada Pilar Alonso Saura ha obtenido siete votos y dos votos han sido para el magistrado Andrés Pacheco Guevara.
El nuevo presidente del TSJ convenció a la comisión permanente del CGPJ con un programa en el que desgranó hasta 62 propuestas para transformar e impulsar la justicia murciana. El magistrado apostó por la implantación definitiva de la Oficina Judicial –puesta en marcha de forma pionera en Murcia–, por la «hiperespecialización» de los jueces en materias de gran complejidad para unificar criterios y reducir la litigiosidad y por la «reasignación de efectivos de aquellos órganos que presentan infrautilización de recursos».
Pasqual del Riquelme afirmó este jueves que hacer una justicia más accesible y dar celeridad a los asuntos que preocupan a la ciudadanía, como la corrupción, el crimen organizado o la exclusión social, será "una prioridad" en el mandato que inicia. El nuevo presidente del TSJ afirmó que su objetivo es tratar los temas que preocupan a la gente con sensibilidad, pero con celeridad, "intentado dar una respuesta adecuada a las demandas de la sociedad", apuntó.
El nuevo presidente del TSJ de Murcia ingresó en las carreras judicial y fiscal en 1989. En ésta última permanece en situación de excedencia voluntaria.

Miguel Pascual del Riquelme, se ha fijado entre sus objetivos prioritarios trabajar para que los ciudadanos tengan una respuesta "más rápida" en los asuntos que confían a la Justicia, y hacer frente a la falta de recursos.
Y es que, ha aseverado, la falta de recursos económicos y de inversiones "es endémica en la administración de Justicia española", pero se ha acentuado "en los últimos años desde 2008, con la crisis", lo que unido al incremento de la litigiosidad convierte en "prioritario" el mejorar los tiempos de respuesta, según ha indicado.
Pascual del Riquelme ha reconocido que ha sentido una "enorme ilusión" por el nombramiento, sobre todo, por la "confianza" que deposita el Consejo General del Poder Judicial en él. Se trata, ha precisado, de una ilusión mezclada "con una enorme sensación de responsabilidad y de reto".
En concreto, dice tener por delante el reto de "poder dar continuidad a un proyecto tan importante como el que desarrollado el anterior presidente del TSJ de la Región, Juan Martínez Moya, durante los últimos 10 años". De hecho, ha señalado que cualquiera que vea la realidad judicial de Murcia "sabe que el cambio en esos últimos diez años ha sido espectacular y para bien".
Tras la agilización de la respuesta en la Justicia, una segunda línea de actuación de Pascual del Riquelme es tratar de hacer la Justicia "más accesible y más abierta a los usuarios y a los profesionales que, al fin y al cabo, son quienes día a día son los colaboradores de la administración de Justicia".
En tercer lugar, entre sus líneas de trabajo ha citado su intención de mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan dentro del sistema, en referencia al capital humano que constituye la plantilla de jueces, de fiscales, de secretarios, forenses y secretarios que "día a día realizan su labor".
Precisamente, Pascual del Riquelme ha mostrado su voluntad de implicar a estos colectivos en todos los procesos de innovación, de modernización, y también en la gestión y dirección del TSJ.
Pascual del Riquelme ha mostrado su convicción de que "la clave del éxito de cualquier organización, ya sea pública o privada, es su capacidad de adaptación al cambio", y se trata de un elemento que se encuentra entre las grandes bases de su proyecto.
En este sentido, ha mostrado su voluntad hacer la administración de Justicia "lo más flexible y adaptable a los cambios que actualmente se vienen produciendo, así como a las demandas de los ciudadanos, para tratar de ofrecer un servicio de calidad".
El nuevo presidente del TSJ de la Región de Murcia ha señalado que su primera tarea es "escuchar" a quienes están en el sistema, algo que dice tener por costumbre siempre que asume una responsabilidad. El objetivo es contrastar con ellos sus propias opiniones y visiones.
Pascual del Riquelme, que lleva 25 años trabajando como juez, ha considerado que, cualquiera que sean sus ideas o visiones, su primera tarea es reunirse con todos los colectivos, escucharlos, contrastar sus ideas con las suyas, tratar de hacer una planificación estratégica; señalar unas prioridades y objetivos, así como fijar un calendario para la ejecución de esos proyectos.
Miguel Pascual del Riquelme ejerció como juez en el juzgado de primera instancia e instrucción de Carmona (Sevilla) hasta diciembre de 1991, en que ascendió a la categoría de magistrado.
En dicha categoría ha ejercido en juzgados de vigilancia penitenciaria y de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y en juzgados de lo penal de Cartagena y de Murcia.
Desde diciembre de 2008 hasta la actualidad ejerce de Decano de los 60 jueces destinados en el partido judicial de Murcia.
Es miembro, por elección de sus compañeros, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia desde diciembre de 2009.
En mayo de 2003, Miguel Pascual del Riquelme fue nombrado Letrado del CGPJ, adscrito al Servicio de Relaciones Internacionales, cuya Jefatura ejerció desde noviembre de 2004 hasta enero de 2006.
Desde abril del pasado año, el nuevo presidente del TSJ de Murcia es miembro de la Comisión Jurídica Asesora Nacional para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Asimismo es el coordinador del Plan de Formación Territorial Descentralizada de Jueces y Magistrados en la Comunidad Autónoma de Murcia, habiendo sido designado por el Consejo General del Poder Judicial de manera ininterrumpida desde el año 2006.
Ha participado en numerosas actividades y proyectos internacionales de colaboración, siendo consultor internacional en programas de apoyo y asistencia técnica a diversos países europeos e iberoamericanos.
Según añaden las mismas fuentes en comunicado de prensa, es miembro de la Sección Española del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación (GEMME) y pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

De los tres aspirantes a presidir el TSJRM, sólo la magistrada Alonso ha hablado claramente de acabar con la corrupción política murciana

MURCIA.- La magistrada aspirante a presidir el TSJRM, María Pilar Alonso Saura, de la sección primera de la Audiencia Provincial, es la única de los tres jueces que se han presentado al cargo, que ha hablado claramente ante la Comisión Permanente del CGPJ de la corrupción en Murcia como un objetivo a batir desde los tribunales.

Al explicar su programa, Alonso se refirió concretamente a los casos de corrupción política y remarcó «la necesidad de atender estos casos con los refuerzos que estén a nuestro alcance». 

En este sentido, recordó que Murcia «es especialmente sensible» en este aspecto porque «hay numerosas investigaciones en las que hay cargos públicos implicados».
Alonso lidera en la Región de Murcia la moderada Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria'.

La magistrada Pilar Alonso Saura se perfila como nueva presidenta del TSJRM para sustituir a Moya

MURCIA.- La magistrada de la sección primera de la Audiencia Provincial de Murcia, María del Pilar Alonso Saura, se perfila como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de cuya Sala de Gobierno forma parte, elegida por sus compañeros, según fuentes oficiosas del Consejo General del Poder Judicial. Pertenece a la moderada Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria', que ella lidera en la Región.

Pilar Alonso Saura, Andrés Pacheco Guevara, presidente de la Audiencia Provincial y miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJRM, y el magistrado decano Miguel Alonso Pascual del Riquelme Herrero, titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Murcia e igualmente miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJRM y también perteneciente a la Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria', defendieron secuencialmente este martes su candidatura (proyecto y currículo) ante la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces.

De ser finalmente la escogida por parte del Consejo General del Poder Judicial, Pilar Alonso sería la primera jueza que presidiría el TSJ de la Región de Murcia desde su creación el 23 de mayo de 1989 ya que le antecedieron tres magistrados varones naturales de Mazarrón, Cieza y Alquerías-Murcia respectivamente: Francisco Martínez Muñoz (ya fallecido), Julián Pérez Templado, ahora magistrado de la Sala de lo Penal y Civil del TSJRM, y Juan Martínez Moya, actual vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Social del TSJRM.

La Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia nombró en 2011, por primera vez, académica electa a una mujer, en este caso la murciana Pilar Alonso Saura, por su contribución al progreso del Derecho Civil en la Región. Ahora aspira por méritos profesionales y legitimidad acreditada entre la judicatura a sustituir a Juan Martínez Moya en la presidencia del TSJRM.

Pilar Alonso lidera en la Región de Murcia la Asociación de Jueces y Magistrados 'Francisco de Vitoria' que, en las últimas elecciones del pasado mes de noviembre a la Sala de Gobierno del TSJRM, copó hasta 2020 los cuatro puestos por elección corporativa directa de los ocho que lo integran si se suman los otros cuatro puestos para miembros natos en función de sus cargos orgánicos en la judicatura regional.

¿Qué es la  Asociación de  Jueces y 
Magistrados 'Francisco de Vitoria'?

Constituida el 27 de Septiembre de 1984, es hoy la segunda asociación judicial española por número de asociados y está integrada en la actualidad por 595 Jueces y Magistrados en activo de todas las categorías, desde Jueces de entrada hasta Magistrados del Tribunal Supremo, unidos por un referente ideológico único: la defensa y promoción de los valores y principios constitucionales, al tiempo que se renuncia a servirse de la asociación para convertirla en plataforma de intereses personales.

Se destacan también en cuanto a sus fines los siguientes: entender la Justicia como un servicio a la sociedad, tener plena disposición para una mejora de la Administración de Justicia, profundizar en la garantía de la independencia judicial, no como un privilegio de los jueces, sino como una garantía del ciudadano, buscar la inserción de los jueces en la realidad social y defender los intereses, legítimos y razonables, de los asociados.

Mantiene, asimismo, una independencia respecto de los poderes públicos, los partidos políticos y los sindicatos, sin perjuicio de la necesaria colaboración y lealtad, porque la configuración del Estado social y democrático de Derecho, junto a los complejos problemas que la sociedad tiene hoy planteados, reclaman una actuación cada vez más concertada.

Su modelo de juez es, por tanto, el del Juez constitucional, independiente, inamovible, responsable y sujeto únicamente al imperio de la ley, que debe disponer de unas condiciones de trabajo dignas y ser merecedor del respeto de sus conciudadanos.

Una mujer, magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, podría presidir por primera vez el TSJRM

MURCIA,. Tres magistrados se han presentado para presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, según fuentes del Poder Judicial. Optan al cargo, el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Andrés Pacheco Guevara; la magistrada de la Audiencia, María del Pilar Alonso Saura, y el titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Murcia, Miguel Alonso Pasqual del Riquelme Herrero.

Todos los candidatos comparecerán el próximo martes, día 13, ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para exponer su proyecto y trayectoria profesional.

El que sea elegido sustituirá en el cargo a Juan Martínez Moya, que deja el puesto después de agotar los mandatos que permite la legislación. Martínez Moya seguirá siendo miembro del Consejo General del Poder Judicial y volverá a ocupar su plaza de magistrado de Lo Social en Murcia.

El magistrado Abel Sáez repite como presidente de lo Contencioso del TSJRM

MURCIA.- El magistrado Abel Ángel Sáez Domenech ha sido nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) para un nuevo mandato. 

El nombramiento de Sáez aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por un real decreto del Ministerio de Justicia.

El nombramiento, según se añade en el acuerdo, ha sido hecho a propuesta del pleno del Consejo General del Poder Judicial. 

Sáez lleva ocupando el puesto de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo desde el año 2004.
Por otra parte, el magistrado Rubén Jiménez Fernández ha sido nombrado presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) para un nuevo mandato.
La resolución del Ministerio de Justicia señala que el nombramiento ha sido hecho a propuesta del pleno del Consejo General del Poder Judicial.
El magistrado Jiménez Fernández ha estado al frente de la Sala en los últimos años, cargo en el que continuará al haber sido renovado en el mismo.

El Tribunal Constitucional admite el recurso del TSJRM contra la ley de estabilidad presupuestaria

MURCIA.-El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) contra el Real Decreto-ley de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

El recurso fue planteado también contra la ley de la Comunidad Autónoma de Murcia que, en aplicación de la anterior, aprobó igualmente varias medidas de recorte.
La resolución del TC, que ya ha aparecido en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, señala que para el TSJRM estas leyes pueden vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos.
El Tribunal Constitucional señala también que los legalmente habilitados para ello disponen de quince días de plazo para poder personarse en estas actuaciones.

El ex consejero Manuel Campos se reincorpora a la Fiscalía del TSJRM y no a la Audiencia Nacional

MURCIA.- El que fuera consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma hasta finales del pasado noviembre, Manuel Campos, se ha reincorporado finalmente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM).

Campos, que se encontraba en situación de servicios especiales en la carrera fiscal desde que se incorporó al gobierno regional de Murcia ocupará una plaza vacante en la citada Fiscalía, según se recoge en una orden del Ministerio de Justicia.

La reincorporación, según han indicado hoy fuentes del ministerio público, se producirá con efectos del pasado 26 de noviembre, cuando presentó su dimisión en el cargo por desavenencias sobre la apertura del aeropuerto de Corvera.

El interesado llegó a revelar que su siguiente destino iba a ser la Audiencia Nacional, en Madrid, por lo que se desconoce por qué finalmente se ha quedado en Murcia tras conocer los entresijos de la política local y regional desde dentro.

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La Sala de Gobierno del TSJRM permanece prácticamente igual que antes tras unas elecciones

MURCIA.- Los jueces y magistrados de la Región han procedido a la designación de los miembros electos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), en la que continuarán Pilar Alonso, Miguel Pasqual del Riquelme y Jacinto Areste.

A estos tres magistrados, que repiten en sus puestos, se unirá a partir de ahora la juez Cintia Martínez Sánchez, magistrada de adscripción territorial, según han indicado a Efe fuentes del TSJRM.

Como suplentes han sido elegidos Andrés Carrillo, Lorenzo Hernando, Miguel Ángel Comesaña y Christine Hernández.
Con una participación superior al 80%,los integrantes de la carrera judicial (jueces y magistrados) de la Región de Murcia eligieron ayer a sus ocho representantes en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Los ocho elegidos (cuatro titulares y cuatro suplentes) pertenecen a la lista presentada por la Asociación Francisco de Vitoria, siendo la candidata más votada María Pilar Alonso Saura, con 83 votos
Las elecciones de los miembros electos de la Salas de Gobierno, junto con la de jueces decanos, son las únicas manifestaciones de participación democrática de los integrantes de la carrera judicial para la designación de sus órganos de gobierno.
El sistema es el de listas abiertas. A las elecciones, celebradas ayer, optaron tres candidaturas, presentadas por la Asociación Profesional de la Magistratura APM), Jueces para la Democracia (JD) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV). Las plazas a cubrir eran de cuatro titulares y cuatro suplentes. La asociación Francisco de Vitoria fue la más apoyada.

El TSJ mantiene imputado a Pedro Antonio Sánchez y ordena un careo con quienes le proporcionaron el duplex

MURCIA.- El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julián Pérez-Templado, ha desestimado, por auto notificado este miércoles a las partes, las solicitudes presentadas por la acusación y la defensa, de apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, y de sobreseimiento libre del mismo, respectivamente, "al resultar prematuro sin abordar las nuevas pruebas que solicita el Ministerio Fiscal", y a quien matiene imputado por presunto cohecho ante supuestas irregularidades en la compra de su vivienda familiar.

   Cabe recordar que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJRM ordenó hace unos meses averiguar y hacer constar la perpetración de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

   En la resolución dictada este miércoles, el instructor acuerda, entre otras medidas la declaración en calidad de testigo de Juan Gázquez acerca de un presunto delito de cohecho del artículo 425.2 del Código Penal, quien deberá aportar los contratos a que se refiere el Ministerio Fiscal.

   Además, el instructor ha acordado oficiar a la Agencia Tributaria para que aporte la información fiscal solicitada; y cita a los testigos Juan Gázquez y Gregorio González, y a Pedro Antonio Sánchez, como imputado, para celebrar un careo entre los tres si se estima oportuno. Se trata de quienes supuestamente le vendieron un duplex, donde el consejero vive en Puerto Lumbreras.
Pérez-Templado advierte a Gázquez que, si de su declaración se deduce algún indicio contra él mismo, puede cambiar su situación de testigo a imputado, como viene solicitando el ministerio fiscal. Asimismo, apremia a la Agencia Tributaria para que aporte la información fiscal solicitada.

Por otra parte, en el auto se niega la realización de una prueba sobre el patrimonio de Sánchez, solicitada por el ministerio público, y se señala que "este proceso no va a degenerar en una inquisición general sobre la vida y los hechos de Pedro Antonio Sánchez".
Comenta el instructor que lo que se trata de averiguar en estas diligencias es si Sánchez cuando era alcalde de Puerto Lumbreras pudo recibir algún trato de favor en la compra de su vivienda.
Por otra parte, el auto desestima la solicitud de la acusación particular que ejercen los concejales socialistas del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que pidieron la apertura del juicio oral contra Sánchez, así como la petición de la defensa de éste, que reclamó el archivo de las actuaciones.

La resolución no es firme y cabe recurso de reforma y/o apelación, según el auto.