ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha reclamado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
que dé información sobre la existencia de seis estaciones medidoras de
radioactividad en municipios del levante de Almería y de Murcia que ha
revelado el informe de la Comisión Europea (CE) sobre Palomares, y que
detalle los resultados obtenidos desde que se instalaron hasta la
actualidad.
En su escrito, el colectivo conservacionista precisa que en la página
siete del informe elaborado por la misión de verificación que visitó el
área contaminada con plutonio en junio de 2019 aparecen estaciones
medidoras de radioactividad en Carboneras, Garrucha, Cuevas del
Almanzora, Albox, Sorbas y la murciana Águilas.
Destaca que "ninguno" de los ayuntamientos de estos municipios, "ni
ningún organismo oficial", tienen "conocimiento de la existencia de
estos aparatos" y subraya que procede notificar cuál es la ubicación de
cada uno de ellos, la fecha de instalación y las mediciones efectuadas
desde ese fecha hasta la actualidad.
El escrito remitido al regulador atómico, de fecha 23 de febrero,
apela a la Ley de Aarhus de 2006 y a la Ley de Transparencia para
justificar su solicitud ya que, tal y como sostiene, estas estaciones se
instalaron "para comprobar si la radioactividad se ha esparcido y está
afectando a municipios situados a un perímetro de 30 kilómetros" de
Palomares.
Ecologistas en Acción, impulsor del procedimiento
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que ha dado lugar a
que se requiera al Gobierno a declasificar el Plan de Rehabilitación
aprobado en 2010 para limpiar las 40 hectáreas contaminadas, insiste en
que la limpieza de la zona "debe producirse en el menor espacio
posible".
"El plutonio, a lo largo del tiempo, se convierte en americio, que es
mucho más tóxico y más peligroso", recuerdan desde el colectivo, que
afirma que los medidores instalados han tenido que registrar "dos
episodios" en los últimos años.
En concreto, hace alusión a la construcción de unas balsas "con gran
movimiento de tierra y liberación de la contaminación en 1987" y a un
"intento de construir una urbanización, con el consiguiente movimiento
de tierras y esparcimiento de la contaminación a finales de la década de
los noventa.
Cabe recordar que la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear
(ASTECSN) ha advertido recientemente de que el "secretismo" en torno al
caso "ha agravado aún más la situación radiológica en la zona".
Consideran que ha "tenido consecuencias" derivadas del
desconocimiento de la situación por parte de las administraciones, tanto
local como autonómica, "que permitieron en los años 80 y 90 remover
terrenos contaminados radiológicamente" para la construcción de unas
balsas.
"Todo ello agravó más aún la situación radiológica de la zona",
sostienen al tiempo de que avisan de que "sin información accesible y
transparente no es posible valorar actuaciones que se vayan a realizar
en la zona ni conocer si el regulador está realmente actuando para
proteger la salud de las personas y del medio ambiente".
Además, en escrito remitido en diciembre de 2018 a los miembros de la
Ponencia encargada de las Relaciones con el Consejo de Seguridad
Nuclear de Congreso por la asociación y defendida en sede parlamentaria
un mes antes, los técnicos subrayan la necesidad de se "analice, y, en
su caso, se rehabilite cuanto antes" para evitar "efectos inaceptables
en las personas y en medio ambiente".
Indican que la "evolución" de los "radionucleidos Pu-239, Pu-240,
Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241",
tiene como consecuencia la "modificación del efecto radiológico, tanto
en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento
más dispersable a medida que van pasando los años".
