Tras más de un año de investigación, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia, encargado de las pesquisas, acordó el pasado 22 de febrero su ingreso en prisión provisional. También para el presunto confidente, al frente de una supuesta organización de escala intermedia dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y hachís. La causa se sigue bajo secreto por delitos de tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, blanqueo de capitales, y pertenencia a organización criminal.
Hay otros cuatro imputados que, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional. Y según ha podido saber este diario, los investigadores han tomado declaración a un segundo agente del Grupo de Estupefacientes que dirigía J. G., también en condición de investigado.
En la Jefatura Superior de Policía de Murcia, tras el ingreso en prisión del inspector, no salen de su asombro. «Estamos consternados», asegura una fuente policial a este diario. También en Udyco central, pues el inspector J. G. «era un histórico, un veterano de la zona» que contaba con varias condecoraciones –entre las que destaca la cruz al mérito policial con distintivo rojo, dotada con una pensión– por su implicación en operaciones contra el narcotráfico.
Cabe recordar que llevaba al frente del Grupo de Estupefacientes en la región desde 2015, cuando su antecesor en el cargo y el antecesor de este fueron imputados por otro asunto relacionado con el tráfico de drogas. Hace solo un mes la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a seis años de prisión al primero por un delito contra la salud pública e impuesto cuatro al segundo, también por delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras conseguir una rebaja por confesar los hechos durante el juicio.
En el caso que nos ocupa, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional llevaba más de un año investigando al inspector J. G. «con el máximo sigilo», tras detectar un aumento injustificado en sus movimientos de efectivo. Vigilancias, seguimientos y pinchazos telefónicos habrían arrojado indicios de su presunta colaboración con la red de drogas supuestamente liderada por uno de sus confidentes, que además de facilitarle información sobre otros grupos delincuenciales le habría pagado con dinero en efectivo a cambio de que le permitiera traficar.
«Cruzó la línea», explican las fuentes consultadas. Habría evidencias de que además dio a la supuesta organización cobertura en materia de seguridad. El dinero ilícito obtenido, según las pesquisas, lo estaba introduciendo en el circuito legal a través de distintas inversiones, de ahí que también se le atribuya un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes policiales ponen en valor que en cuanto se detecta una conducta delictiva dentro de la Policía Nacional se activan mecanismos «sin ninguna demora», gracias a la labor de la Unidad de Asuntos Internos, encargada de investigar los delitos cometidos por agentes del Cuerpo.
«Somos nosotros mismos los que limpiamos nuestra casa», añade otra fuente consultada.
No obstante también hay voces críticas que apuntan a que en Murcia están fallando los controles, así como la cadena de mando. «Hace falta una revisión interna». No sólo porque el inspector J. G., ahora en prisión provisional, «llevaba diez años al frente del Grupo, hacía y deshacía a su antojo y le compraban los éxitos policiales sin preguntarse con qué métodos los conseguía». Sino porque no es la primera vez que ocurre. J. G. es el tercer jefe consecutivo del Grupo de Estupefacientes de la Región de Murcia que se ha visto envuelto en un caso de tráfico de drogas.
En enero de este año la Audiencia Provincial de Murcia consideró probado que su antecesor en el cargo, J. Ll., y a su vez, el antecesor de éste, F. M., se apropiaron parte de la cocaína incautada en operaciones para que uno de sus confidentes pudiera hacer negocio.
«El inspector J. Ll. es un funcionario público y cometió el delito abusando de su condición de jefe del Grupo de Estupefacientes de Murcia, precisamente porque entre sus cometidos estaba el de custodiar la sustancia estupefaciente decomisada, lo que le permitió, sin levantar sospechas, acceder a ella, manipularla, sustituirla por otras sustancias, sustraerla y facilitársela a quien, a modo de comisionista, se encargaría de su venta, para finalmente lucrarse ambos», recoge la sentencia a la que tuvo acceso este diario.
En total, y con la atenuante de dilaciones indebidas, ha sido condenado a seis años de prisión. Se ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas.
En lo que respecta al jefe de Grupo anterior a J. Ll. –que responde a las inciales F. M.–, concluyen los magistrados: «Intervino en al menos dos operaciones en las que los hechos consignados en los atestados como instructor y los ocurridos no eran coincidentes, faltando a la verdad».
La carga probatoria resultó suficiente también en su caso para concluir que «ocultó el apoderamiento de la droga, con el mismo fin de venta y reparto» entre él y otro confidente. El propio F. M. reconoció los hechos.
En la causa que sigue el Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia es de nuevo la relación entre un inspector y su informante la que está bajo la lupa, a la espera de que el volcado de los dispositivos intervenidos en los registros desplegados en Murcia, Molina de Segura y San Javier, aporten más datos más datos.
