MADRID.- "Las ITV no son un impuesto ni un negocio más, sino una garantía para nuestra familias y el conjunto de la sociedad que incide activamente en la seguridad vial como así lo demuestra el último estudio “Contribución de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la Seguridad Vial 2012” (realizado por encargo de FITSA, en colaboración con AECA- ITV) que dice que las ITV han evitado durante el año 2011, unos 11.000 accidentes de tráfico, con al menos 170 víctimas mortales y cerca de 11.000 heridos y medioambientalmente reduciendo la contaminación y el efecto invernadero", según Jordi Carmona (secretario sectorial responsable nacional ITV de Automoción UGT-FICA) y Rogelio Mena (responsable nacional ITV de UGT-FICA).
Pero la crisis económica y su impacto en la venta y reparación de vehículos ha dejado de lado el ser de las ITV y ha intensificado la presión de una serie de entidades económicas ajenas a la mismas para que se desregule el sector y poder introducirse así en él, opinan ambos sindicalistas.
"Por tanto en Murcia, regular o desregular el sector de ITV es la cuestión y ello a pesar de la última Encuesta de Opinión de de AECA-ITV, donde el 84,4% de los usuarios opina que es necesario mantener un servicio público de ITV que obligue a revisar los vehículos", prosiguen.
"A nadie se le escapa, que el convulso día a día político de la Comunidad de Murcia no es el mejor marco para el análisis del Sistema de Gestión de ITV que como competencia exclusiva le corresponde a la Comunidad", añaden.
"Debemos recordar el intento de “desregular que no liberalizar” del Gobierno Central que con el Real Decreto Ley 7/2000, de 23 de junio, con carácter de urgencia por el Gobierno de España, impuso la autorización administrativa reglada como modelo de gestión de la ITV por particulares y que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 332/2005, de 15 de diciembre, declaró que son las Comunidades Autónomas las competentes para decidir el modelo de gestión del servicio de ITV y, por tanto, que la norma aprobada por el Gobierno Central, al imponer la autorización administrativa como título habilitante para que los particulares puedan participar en la prestación del servicio de ITV, vulnera las competencias autonómicas en materia de industria", recuerdan.
"Asimismo el derecho comunitario, a través de la Directiva 2014/45/UE, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques establece en su Artículo 4.2 que: Las inspecciones técnicas las realizará el Estado miembro de matriculación del vehículo, a través de un organismo público encargado por dicho Estado miembro de este cometido o de unos organismos o establecimientos designados y supervisados por dicho Estado miembro… En España existen 76 Empresas asociadas, 433 Centros de ITV y 1131 líneas de inspección, en 2014 se inspeccionaron en España un total de 18.579.016 vehículos lo que significa en el acumulado de los 20 últimos años más de 213 millones de inspecciones", aclaran.
"El sector de ITV factura 650 millones de euros y contribuye a que los talleres de reparación facturen casi 1.800 millones, lo que supone entre el 15 y el 25% de la cifra de su negocio.
La ITV por tanto, es un servicio público, de carácter obligatorio, que tiene por finalidad la acreditación, por parte de un operador imparcial e independiente, de que los sistemas de seguridad de los vehículos se encuentran en un estado que permite su circulación con plena garantía de seguridad activa y pasiva.
Se trata, de una función pública, un ejercicio de autoridad, razón por la cual, solo debería prestarse por entidades imparciales e independientes regidas por el principio de objetividad en sus dictámenes y bajo la supervisión de la Administración.
Nadie podría entender que una labor inspectora como las ITV por una pretendida “desregulación que no liberalización”, no tenga los mayores niveles de control y supervisión de la administración por la vía de la gestión directa y/o de Empresa Pública o Concesión Administrativa.
La desregulación que algunos descubren hoy con las autorizaciones, están implantadas a partir del año 2000 con el Real Decreto del Gobierno Central declarado inconstitucional por Sentencia del Alto Tribunal en el año 2005 en algunas Comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y las Islas Canarias", matizan.
"Esta pretendida liberación defendida por algún Grupo Parlamentario de Murcia, realmente supone, como venimos expresando, una desregulación, siendo nuestra obligación en aras a la mayor transparencia y veracidad, trasladar al conjunto de la sociedad de Murcia y España, que las presuntas excelencias defendidas de un sistema de autorizaciones, tras los años transcurridos se tornan por la experiencia acumulada en esas Comunidades en: aumento del precio del servicio debido al exceso de oferta, pérdida de la capacidad de planificación de un servicio público como la ITV por parte de la Administración, la necesidad de montar carísimos sistemas de control de los operadores con cargo a los presupuestos autonómicos y, sobre todo, el riesgo de corrupción, de un lado en las adjudicaciones, véase caso de las ITV en Catalunya y de otro, la de algunos empleados inducidos presuntamente por la creación y generalización de empleo precario y mal pagado, como puso de manifiesto acertadamente la cadena de TV Cuatro en un programa emitido el pasado mes de mayo sobre la “facilidad” para pasar la ITV en una ITV de una comunidad autónoma desregularizada, sin olvidarnos del peligro de laxitud ante el exceso de competencia, como lo demuestra que en esa misma comunidad autónoma no supere la ITV por defectos graves el 11% de los vehículos, frente a las comunidades donde no existe competencia entre estaciones (Asturias, Andalucía y Galicia) donde se dan índices de rechazo superiores al 25% y por tanto mayor control en la seguridad", advierten.
"Dejar al albur del mercado la construcción e instalación de ITV, todo el mundo sabe, que ninguna empresa o Grupo iría a las zonas lejanas y económicamente deficitarias, tendríamos por tanto unas zonas urbanas teóricamente más rentables y saturadas en “guerra permanente” de precios y servicios que podría incidir en la seguridad vial, y zonas rurales desatendidas y con mayores costes de desplazamiento y riegos de accidentes para sus vecinos y donde no se instalaría nadie, a no ser que se pretenda, como ya estamos acostumbrados, a que se privatice el beneficio (zonas urbanas rentables) y se socialice las perdidas, endosando a la administración (Empresa Pública y/o Concesión) la zonas no restables y así acusar a lo público de deficitario e ineficiente", siguen advirtiendo.
"En la línea de lo anterior, y como defensores de lo público ( gestión directa de la administración, Empresa Pública y/o Concesión), significar que en Andalucía la Gestión de ITV es realizada por una Empresa Pública, que no recibe un céntimos de los presupuestos de la Comunidad, sino que ingresan una aportación muy importante para financiar la sanidad, la educación, la dependencia o aquellos servicios que la administración autonómica desee y con las tarifas más baratas, aspecto este, de creación de Empresa Pública que le vendría muy bien a Murcia y que distintos Grupos han defendido en el Parlamento", van concluyendo.
"Desde UGT-FICA nuestra apuesta es por una gestión directa, como Extremadura en parte e Ibiza en las Islas Baleares o a través de empresas públicas como Andalucía y Asturias o por gestión indirecta, a través de concesiones administrativas, previa licitación pública y adjudicación que a día de hoy son la mayoría de las Comunidades Autónomas de España Castilla y León, Galicia, Cantabria, Valencia, Murcia, Navarra, País Vasco, Aragón y Extremadura (en parte)]", revelan.
"Y finalmente estamos convencidos que el Sector de ITV afronta importantes retos en Murcia y España siendo para UGT-FICA nuestro objetivo el empleo de calidad y las mejoras económicas, sociales y laborales de los trabajadores, logrando unas ITV que garanticen la seguridad, la sostenibilidad y un servicio de calidad", concluyen.
