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lunes, 23 de diciembre de 2019

C's Murcia cede y se convierte en un satélite del PP y Vox

MURCIA.- La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha dejado claro este lunes que los acuerdos "están para cumplirlos y colaboraremos para que se cumpla", en relación al acuerdo de investidura alcanzado entre PP, Cs y Vox para cerrar el centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Sin embargo, ha dicho que "es evidente que tenemos una inversión realizada allí y nuestra responsabilidad es buscar una manera para optimizarla y lo tenemos que hacer porque es dinero público y no se puede cerrar y dejar la inversión paralizada".
Y es que, ha puntualizado, "seguimos respetando la asistencia y garantizaremos sus derechos, es una cuestión de humanidad", para después manifestar que "no nos negamos a cerrar el centro, pero no es el momento, no disponemos de alternativas y nuestra primera obligación es garantizar las condiciones en las que se presta el servicio a esos niños".
Un centro, ha recordado en el tradicional desayuno navideño, que "es ejemplar y modelo a nivel internacional". 
Ahora, ha dicho, "es prioritario mantenerlo en funcionamiento, está casi a tope de su ocupación, con 70 de las 72 plazas que tiene ocupadas".
Según Isabel Franco, "se ha generado un malestar que viene dado por la falta de información y ofrecimiento, pero en la Comisión de la Asamblea Regional los invitamos a que vinieran a visitar el centro y lo van a hacer".
Preguntada sobre el nuevo modelo de atención a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), que ha avanzado la SER, Franco lo ve "positivo" para lo que estamos viendo sobre la práctica, pero considera que es un anuncio "del que no sabemos cuánto tiempo tardará en desarrollar, no es un anuncio que alivie la situación a seis meses o un año".
Hay que tener en cuenta, ha indicado, que Murcia es de las comunidades, junto con Madrid y Andalucía, que "sufre mayor presión", por lo que emplaza al Gobierno central a que "justifique por qué han dejado de dotar de presupuesto a estas comunidades que sufrimos mayor presión en atención a menores".
Una iniciativa, comenta, que requiere de dos circunstancias que "no son inmediatas", como "construir una red de centros nacionales, que no será rápido, y modificar las leyes orgánicas, que tampoco será algo inmediato".
A su juicio, lo primero que necesitan las comunidades que sufren mayor presión, como Murcia, es "una dotación extraordinaria, como los 72.000 euros que recibimos en 2018, pero este año nos penalizan y nos dejan que financiemos con dinero propio de la Comunidad es prestación de asistencia a estos niños".
Un total de 501 menores vinieron a la Región en 2018, cifra que desciende con respecto a 2019, cuando llegaron 305, que Franco achaca a las "condiciones climáticas adversas".

Mar Menor  y presupuestos
Franco ha aprovechado también para dejar claro que los presupuestos son "solidarios" y las consejerías en su conjunto "han priorizado atención en el Mar Menor, lo que no implica que nadie se vea perjudicado por ello". El presupuesto, en términos absolutos, "se reduce".
En clave política, Franco ha recordado que la propuesta conjunta con los 'populares' sobre los presupuestos regionales 2020 "está cerrada y tenemos claro cuáles son las líneas que queremos desarrollar para 2020, teniendo en cuenta esa obligada escasez presupuestaria de la que adolece la Región". Pero "hay una fase de negociación que compete al PP con Vox, que tiene que desarrollarse todavía".
En su opinión, los presupuestos de 2020 "son una buena oferta para la Región y tratan de mejorar las políticas que se desarrollan desde la responsabilidad", por lo que apela a esa responsabilidad de los partidos.
Sobre el decreto de Atención Temprana, ha afirmado que "es uno de los proyectos a desarrollar por la Consejería más importantes y por esa delicadeza tiene que estar sometido al máximo consenso".
Para concluir, ha destacado que una de sus prioridades seguirá siendo "reducir las listas de espera en las cifras en las que se encuentra ahora".

lunes, 9 de diciembre de 2019

El consejero Celdrán tiene "buenas sensaciones" sobre la negociación con Ciudadanos

MURCIA.- El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, ha señalado que las "sensaciones" sobre la negociación para elaborar los presupuestos de 2020 son "buenas" y ha confiado en que se está trabajando "a la velocidad necesaria" para tener unas cuentas de "consenso" entre los dos socios del Gobierno antes de que acabe el año.

Celdrán ha destacado que los equipos de PP y Ciudadanos han trabajado de manera intensa durante todo el puente para analizar las propuestas de las consejerías y definir posibles modificaciones, y este lunes por la tarde se celebrará una nueva reunión de trabajo con "profesionalidad y rigor", así como con "responsabilidad".
Ambos partidos, ha señalado, trabajan con la premisa de que son más beneficiosos unos "presupuestos buenos" que mantener los de 2019 prorrogados, pero para lograr un acuerdo, ha dicho, no debe haber una "presión excesiva" en los plazos.
Por eso, si es necesario, se seguirán perfilando las cuentas durante el mes de enero ya que si su elaboración se ha iniciado más tarde de lo normal es debido a que el Gobierno de España no ha dado todavía a las comunidades autónomas la información necesaria para elaborar el techo de gasto.
Se trata de una información que se debía haber facilitado en el mes de julio pero no ha llegado aún, por lo que el gobierno regional ha optado por trabajar en base a estimaciones y previsiones en vista de que no se ha logrado todavía desbloquear la formación del Ejecutivo nacional.
Una vez se concreten por completo las conversaciones con Cs, tocará también sentarse con Vox, con quien Celdrán también ve "posibilidades de avanzar y encontrar puntos de acuerdo" porque los ultraconservadores tienen "voluntad" de alcanzar consensos.
Así, ha recordado que se llegó con el partido a un acuerdo de gobernabilidad, algo mucho más complicado que fijar detalles del presupuesto, que ya de por sí es complejo por la infrafinanciación que sufre la comunidad autónoma por parte del estado, ha dicho.

La contratación pública y las subvenciones, en el punto de mira del Sistema de Integridad del Gobierno regional

MURCIA.- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos y la Consejería de Transparencia han anunciado que van a impulsar esta legislatura la implantación en la Región de un Sistema de Integridad Institucional en toda la Administración regional.

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, y en el marco de una jornada sobre Ética e Integridad Pública, la consejera Beatriz Ballesteros ha recordado que la proposición de ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la corrupción va a presentar el grupo parlamentario "incluye todos los elementos clave de este sistema, no solamente los códigos de conducta dirigidos a altos cargos y empleados públicos, sino códigos éticos específicos en diferentes materias y colectivos", ha destacado la consejera.
En particular, el texto que ultima el grupo parlamentario "nos va a permitir dotarnos de códigos específicos de buenas prácticas en materia de contratación pública, pero también en materia de subvenciones", según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.
Además, la nueva Comisión de Ética Institucional cuya creación prevé el proyecto legislativo será la encargada del desarrollo, fomento y efectivo cumplimiento del Sistema de Integridad Institucional: "No va a ser un órgano decorativo porque podrá proponer medidas correctivas que llegan a incluir el cese del alto cargo o funcionario de libre designación que conculque este sistema", ha añadido la titular de Transparencia en el Gobierno de coalición.
Junto a los códigos se establecen los instrumentos para garantizar el desarrollo del sistema en toda la administración regional, primero con la puesta en marcha de un buzón ético que "servirá como canal a través del que los ciudadanos podrán trasladar hechos presuntamente irregulares, inapropiados o contrarios a los códigos cometidos por los altos cargos y los empleados públicos", ha apuntado Ballesteros.
"Es un canal que garantiza la confidencialidad y anonimato de los alertadores o denunciantes, así como la reserva debida sobre el presunto autor de la actuación irregular". La normativa prevé además garantías de indemnidad contra los alertadores, tales como la movilidad o la asistencia psicológica.
El texto recoge asimismo la necesidad de elaborar un plan de prevención de la corrupción y dedica un título específico a regular los grupos de interés o 'lobbies', creando un Registro de Grupos de Interés de inscripción obligatoria.