MURCIA.- El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización
de la Comunidad Autónoma de Murcia correspondiente al ejercicio de 2016, aunque ha
detectado «debilidades y deficiencias» de control interno, según
informaron fuentes de dicho organismo en un comunicado.
En
concreto, se han detectado «debilidades y deficiencias» de control
interno en áreas relacionadas con la planificación, programación
presupuestaria y gestión contable, así como con la gestión de
subvenciones concedidas por la Comunidad, que ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la
gestión de la actividad económica de la Comunidad.
En este
sentido, el Tribunal pone de manifiesto que la Comunidad incumplió el
objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,7% de su PIB regional
fijado para 2016; al haberse registrado, en el mismo, un déficit del
-1,68% del PIB regional.
También incumplió la regla de gasto en dicho
año al haber sido la variación del gasto computable (3,3%) superior a la
tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2015, fijada en el 1,8%.
Como
consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad presentó un plan
económico financiero (PEF 2017-2018) que, una vez informado por la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fue declarado idóneo
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
A pesar de la
aplicación de las medidas coercitivas previstas en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, instrumentadas
en el acuerdo de no disponibilidad de créditos aprobado el 27 de abril
de 2016 por 28 millones de euros, los periodos medios de pago a
proveedores de la Comunidad «han seguido superando, en todos los
sectores y meses de 2016, el plazo máximo de 30 días marcado en la
normativa sobre morosidad», añade el Informe.
En
cuanto a la gestión sanitaria, al igual que en el resto de Comunidades
Autónomas, se sigue observando una enorme rigidez del gasto corriente;
lo que representa una clara preocupación, de cara a la sostenibilidad
financiera, en la prestación de los servicios sanitarios. El déficit
global acumulado del Servicio Murciano de Salud, a 31 de diciembre de
2016, ascendía a 665 millones de euros.
En materia educativa, los
controles formales de la gestión económica de los centros docentes
públicos «no han estado acompañados de otras comprobaciones destinadas a
verificar la corrección de los saldos de las cuentas rendidas por los
centros, así como el cumplimiento de la normativa presupuestaria y de la
contratación pública», tal y como señala el Tribunal.
Por otra
parte, subraya que las evaluaciones nacionales del sistema educativo
realizadas conforme a las previsiones de la LOMCE pusieron de manifiesto
que, entre el 32% y el 48% de los centros de la Región, «estaban por
debajo de la media nacional de las competencias evaluadas, a pesar de lo
cual solo un 9% del total de los centros de educación primaria
presentaron planes de mejora».
Respecto al control y evaluación
medioambiental, el Tribunal lamenta que la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia «no ha
establecido con claridad qué instrumentos de ordenación del territorio e
instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones se
encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica en la modalidad
ordinaria, simplificada o si por el contrario están exentos de
evaluación».
En el ejercicio fiscalizado la sociedad Desaladora de
Escombreras, S.A. «ha continuado presentando pérdidas significativas
por importe de 18 millones de euros, lo que ha determinado que la
sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución
prevista en la Ley de Sociedades de Capital, sin que se prevean
variaciones importantes mientras no cambien las condiciones del actual
modelo de gestión, al ser las obligaciones de pago y los compromisos
asumidos por Desaladora de Escombreras, S.A. muy superiores a su cifra
de negocio».
No obstante, el Tribunal destaca que en 2016 y 2017
ha continuado aumentando el volumen de agua desalada, «alcanzando
prácticamente su volumen máximo, lo que supone un importante incremento
de los ingresos».
Respecto a la situación del Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia «se sigue manteniendo la
incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato de
concesión administrativa para la construcción y explotación del mismo,
así como la forma en que se instrumente por parte de la Administración
Autonómica, en su caso, el pago de las expropiaciones pendientes de pago
que correspondería pagar a la anterior sociedad concesionaria».
En
enero de 2018 se adjudicó a AENA SME S.A. el nuevo contrato de gestión,
explotación, mantenimiento y conservación del Aeropuerto Internacional
de Murcia, previa resolución por incumplimiento del contrato de
construcción y explotación del citado aeropuerto adjudicado en abril de
2007.
Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las
recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de
ejercicios precedentes, se han apreciado avances respecto a alguna de
las medidas señaladas en el Servicio Murciano de Salud. No obstante, se
mantienen otras recomendaciones para las que no se han apreciado
cambios, por lo que se reiteran en el presente informe.
El
informe destaca que la Cuenta General de la Comunidad y las cuentas
anuales individuales de sus entidades públicas, correspondientes al
ejercicio 2016, han sido rendidas al Tribunal de Cuentas dentro del
plazo previsto y se han adaptado, en términos generales, a los
principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad
que les son de aplicación.
Esta fiscalización, aprobada por el
Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido entre sus objetivos verificar
si la rendición de cuentas por parte de todas las entidades que componen
el sector público de la Comunidad Autónoma se ha hecho respetando las
normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y
contenido y si se han presentado de acuerdo con los principios y normas
definidos en los planes de contabilidad.
Asimismo, se han
analizado los sistemas de control interno establecidos, especialmente en
la Administración General, así como las liquidaciones de presupuestos;
las cuentas patrimoniales; diferentes áreas de gestión (avales,
endeudamiento, personal, subvenciones, gasto sanitario, área
medioambiental y educación no universitaria), según el Tribunal.
También
se ha comprobado si se han seguido las previsiones legales para la
determinación y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria;
la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los
Fondos de Compensación Interterritorial, y el grado de seguimiento de
las recomendaciones formuladas, tanto en informes de ejercicios
anteriores elaborados por el Tribunal como por la Comisión Mixta.
Por
último, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres y las prescripciones de
transparencia en aquello que pudiera tener relación con el objeto de las
actuaciones fiscalizadoras.
