MADRID.- El pasado
mes de enero el salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó hasta los
900 euros mensuales fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos que
supuso la ruptura de un acuerdo vigente entre el Gobierno de Mariano
Rajoy, empresarios y sindicatos. Fue una de las medidas estrella en el
breve mandato de Pedro Sánchez que supuso un gran salto cuantitativo en
la nómina de muchos trabajadores, en especial de las empleadas del
hogar, en su mayoría mujeres y afectadas por esta renta, según publica hoy Abc.
Sin embargo,
pasados diez meses la estadística refleja que el incremento del 22,3%
aplicado desde primeros de año, el mayor desde 1977, ha hecho estragos en forma de desempleo en uno de los colectivos más vulnerables.
Modificar
el contrato y recortar la jornada laboral de la empleada para esquivar
el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los
caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas
familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe.
En apenas
un mes, de diciembre a enero, la nómina de la empleada se encareció en casi 200 euros cada
mes, aumento al que hay que sumar también la subida correspondiente en
las cotizaciones a la Seguridad Social de la trabajadora contratada.
Según
los datos de afiliación a la Seguridad Social este regimen, junto al
agrícola, ha sido el único que baja respecto al año anterior (octubre de
2018-octubre 2019), solo superado por los trabajadores del carbón,
aunque ambos no son comparables, teniendo en cuenta que este último
régimen está en descenso desde hace años y cuenta ya con poca
representatividad de afiliación.
El impacto del SMI también se está
dejando notar en las comunidades en las que el sector agrícola tiene más presencia. En este caso el descenso de trabajadores ha superado el 3%.
Decían los
expertos a primeros de año que para estimar los efectos del SMI en el
empleo era necesario esperar al menos un año. Pues bien, diez meses
después la creación de empleo se ha resentido en general y en particular
en el colectivo de empleadas de hogar. Lo que ha ocurrido es la
confirmación de lo que expertos y organismos como el Banco de España
auguraron cuando Iglesias impuso a Sánchez la subida.
Alertaron de que
los negocios de menor tamaño, pymes y autónomos, optarían por recortar
horario de la plantilla, frenarían las nuevas contrataciones y podrían
incluso aplicar despidos. Y eso es lo que está ocurriendo también, y lo
refleja la estadística, entre los colectivos de baja cualificación y
entre las empleadas de hogar.
El pasado octubre había 396.800 personas cotizando en el régimen de empleadas de hogar,
encuadrado dentro del régimen general de la Seguridad Social. Es la
cifra más baja de cotizantes en este colectivo desde 2012, año en el que
estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados
del sistema. Antes contaban con un régimen propio, similar al de los
autónomos.
Los
datos de la Seguridad Social reflejan que el número medio de empleadas
del hogar cotizando en octubre fue un 3,4% inferior al del mismo mes de
hace un año (14.060 menos). Esto contrasta con un crecimiento del 3,1%
del número de afiliados al régimen general.
Algunas fuentes
apuntan la posibilidad de que algunas de las empleadas hayan pasado al
lado de la economía sumergida. Una teoría que puede cobrar fuerza si se
analizan los datos que del colectivo ofrece la encuesta de población
activa (EPA) del tercer trimestre del año.
Según
los datos de Estadística en el sector de servicios del hogar había
570.600 ocupados a final de septiembre. Pero solo cotizan a la Seguridad
Social apenas 400.000 personas y otros 40.000 son cuidadores.
De lo que
se deduce que habría poco más de 130.000 personas trabajando en hogares
sin estar afiliadas al sistema y, por tanto, sin cotizar por sus derechos.
Si
bien esta cifra ha disminuido drásticamente desde que se ampliaron las
prestaciones y derechos de estas trabajadores en 2012.
Con anterioridad,
a mediados de 2008 el INE detectó el mayor número de ocupadas como
empleadas de hogar: más de 700.000, de las que solo 282.471 cotizaban a
la Seguridad Social.
Cotización de cuidadoras
Otra
de las opciones que barajan los expertos consultados por este periódico
es que se haya producido un trasvase de trabajadores del régimen del
hogar al de cuidadoras no profesionales de personas dependientes, dado
que el Estado ha vuelvo a cotizar por ellas. Desde el pasado abril las
cotizaciones sociales de estos convenios corren a cargo de la
Administración General del Estado y no generan coste alguno al cuidador
no profesional.
La principal ventaja para los cuidadores no
profesionales, también mayoritariamente mujeres, es que de esta forma
los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en
su vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la
de jubilación o la de incapacidad permanente.
