MADRID.- La reforma de la subcontratación que pretende el Gobierno y que está
negociando con la patronal y lo sindicatos ha caído como una bomba entre
los empresarios. Fundamentalmente, porque puede suponer un incremento
considerable de los costes laborales. Y, en segundo lugar, porque, en
consecuencia, pone en peligro el proceso de descentralización de la
actividad con el que trabajan la inmensa mayoría de las empresas
españolas. Puede poner en riesgo el proceso de subcontratación y miles
de empleos, a juicio de Expansión.
El Ejecutivo ha planteado, entre otras cosas, a la patronal y los
sindicatos tres cambios significativos en este modelo de actividad que
está regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
En primer lugar, la posibilidad de que la empresa principal, o más
grande, pueda verse obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a
autónomos con los que colabora. A los llamados autónomos dependientes
de una sola empresa principal o a empleados de otras empresas
subcontratadas. A todos aquéllos que puedan considerarse dentro de la
actividad central, o de la "propia actividad" de la compañía principal o
del contrato.
Por ejemplo, un gran almacen podría verse obligado a asumir a los
empleados de una marca de perfumes, maquillaje o gafas que tenga dentro
de una de sus tiendas. Siempre que la empresa principal influya en sus
relaciones laborales.
Un hospital podría ser obligado a integrar como
asalariados a médicos que ahora son autónomos o, específicamente, a los
anestesistas, que son una auténtica especialidad. La construcción es el
paradigma más claro de la subcontratación, aunque hay cientos de
ejemplos sobre el riesgo de que, en una cadena de contratación, la
empresa principal pueda verse obligada a absorber a los trabajadores de
las empresas subcontratista o a los autónomos.
En definitiva, la posibilidad de aumentar los costes laborales por
esta vía es también enorme en los sectores de mano de obra intensiva:
las empresas que trabajan como auxiliares de otras compañías más
grandes. Limpieza, seguridad, correos y mantenimiento de todo tipo.
La segunda razón por la que la reforma de la subcontratación puede
encarecer los costes laborales de las empresas es obligar a que los
trabajadores de la pyme que desarrolla una segunda actividad tengan las
mismas condiciones laborales que los de la principal.
Que tengan las
mismas condiciones salariales y de derechos que los empleados de la
empresa más grande. Salvo que su propio convenio tenga condiciones más
ventajosas que los dos anteriores. En ese caso, primarían las
condiciones laborales de la empresa subcontratista, aunque éste suele
ser un caso muy raro.
Encarecimiento
Por todas estas razones, Javier Hervás, socio responsable del área
de laboral de KPMG Abogados, sostiene que "la reforma de la
subcontratación en la que trabaja el Gobierno con los agentes sociales
podría acarrear un encarecimiento de costes para las empresas, bien
porque se obligaría a las empresas a contratar directamente al personal
que ahora tienen subcontratado, y que se dedica también a la labor
principal.
O bien porque se endurezca la norma de aplicación del
convenio colectivo en el sentido de que las empresas subcontratadas
tengan que adoptar el de la empresa principal o el del sector, ambos
normalmente más favorables" para los trabajadores.
"Las medidas sobre la subcontratación que prepara el Gobierno van
contra todo. Son una barbaridad. Pueden hacer un estropicio enorme.
Incluso a las empresas de trabajo temporal, que están debidamente
autorizadas", explica Luis Fabián Márquez, presidente de Analistas de
Relaciones Industriales.
Por todas estas razones también, el presidente de la patronal,
Antonio Garamendi, advirtió el miércoles al Gobierno de que no piensa
negociar la reforma de la subcontratación. "Es una línea roja que no
pensamos traspasar, porque se carga un modelo económico" con el que
funcionan la inmensa mayoría de las empresas.
"Concretamente, muchas
empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella,
muchos empleos, si el Ministerio de Trabajo aprobara su propuesta para
que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales
de la empresa principal", aseguran CEOE y Cepyme.
"Es imposible que un
empresario autónomo, o una subcontrata, que trabaja para Telefónica
colocando líneas de ADSL pueda absorber las condiciones laborales de la
multinacional", dice gráficamente Lorenzo Amor, presidente de la
organización de autónomos ATA y también vicepresidente de la CEOE.
Además, las organizaciones empresariales añaden: "No sería posible
que la compañía principal pueda absorber todo el empleo que generan
estas empresas [subcontratadas, máxime en el actual contexto de
desaceleración".
"Lo que pretende el Gobierno es romper el proceso de
descentralización de la actividad económica", dicen otras fuentes
empresariales, que prefieren mantener el anonimato. "¿Cómo va una gran
empresa a arriesgarse a abrir una línea de negocio y subcontratar
actividad si, de repente, tiene que absorber los trabajadores que no
tenía", añaden los mismos medios.
En su ofensiva contra la reforma laboral del PP, el Gobierno ha
retomado una medida que lleva aparcada en el Congreso de los Diputados
desde 2018. Estaba parada porque el Ejecutivo socialista no conseguía el
respaldo definitivo para sacarla adelante.
El PSOE tomó la iniciativa ante las protestas de los sindicatos de
dos causas muy concretas, y que saltaron a la luz pública: la primera
fue la denuncia de las precarias condiciones salariales y laborales de
las limpiadoras de habitaciones en los hoteles, que se autodenominan las
quelis, acrónimo de "las que limpian".
La segunda causa directa que provoca la reforma de la
subcontratación se debe a la reforma laboral de 2012. El Gobierno del PP
hizo varios cambios para facilitar una adaptación rápida de los
convenios de empresa a la situación del mercado.
En primer lugar,
instauró la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Al
menos en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales, como el
salario, la jornada laboral o las vacaciones .
En segundo lugar, la reforma laboral facilitó la posibilidad de las
empresas para descolgarse del convenio sectorial. En medio de la
depresión económica, muchas pymes utilizaron esta posibilidad para
nombrar a los representantes de sus trabajadores y firmar convenios para
romper la competencia, con costes por debajo del sector.
Una práctica
que CEOE y Cepyme subrayan que se da "en un reducido número de convenios
y que ni amparamos ni compartimos". Por esta razón, CEOE y Cepyme
proponen que los convenios sectoriales "regulen las condiciones
salariales y la jornada laboral". Y que los convenios de empresa
establezcan la organización interna de las mismas.
