El PSOE de La Unión recurre la subida de sueldo de los concejales aprobada por el alcalde del PP

LA UNIÓN.- Los concejales socialistas de La Unión han presentado un recurso en el Ayuntamiento en el que manifiestan que el acuerdo para la subida de sueldo a los concejales, aprobado por el alcalde Francisco Bernabé, es nulo, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Así, su portavoz, Mariano Oliver, argumentó que dicho acuerdo supone en la práctica "una modificación del Presupuesto vigente y, además, carece del informe del Interventor de Fondos del consistorio, que debe determinar si existe crédito presupuestario suficiente para la subida y si se supera el límite de la masa salarial establecido legalmente".

   Oliver tildó de "indecente", la decisión del alcalde de subir en este momento las retribuciones de los concejales, "cuando hace pocos días anunciaba en rueda de prensa la adopción de medidas de privatización de servicios y subida de tasas para los ciudadanos del municipio".

   El PSOE, que votó en contra de esta decisión de Bernabé desde el principio, criticó "la actitud improcedente e incoherente del PP, porque no se pueden subir las tasas a los vecinos y negar el pago de sus facturas a las empresas, para a renglón seguido, subir las retribuciones de los concejales".

   De este modo, el portavoz socialista indicó que la subida aprobada por Bernabé y el PP supone un gasto extra para el Ayuntamiento en retribuciones para los concejales de casi 5.000 euros al mes y 58.737 euros al año.

   "Todo ello, sin contar con que habrá tres miembros del equipo de gobierno liberados, el alcalde (28.794,01 euros, sin dedicación exclusiva) y dos concejales (27.330,52 euros, con dedicación exclusiva)", indicó, al tiempo que explicó que la subida supone que los concejales del equipo de gobierno pasen a cobrar un 56,27 por ciento más, garantizándose un mínimo de 943,16 euros; mientras los concejales de la oposición pasarán de 273,08 a 409,72 euros, y los pedáneos de 118,52 a 301,76 euros (un 154% más).

   Para Oliver, "Bernabé nos anuncia que los unionenses tendrán menos servicios y pagarán más tasas, mientras sus concejales cobrarán un 56 por ciento más que el pasado año y sus alcaldes pedáneos un 154 por ciento más que el año anterior, algo que no es coherente ni responsable en las actuales circunstancias".

   Y es que, según añadió, "Bernabé anuncia que despedirá a trabajadores con contrato temporal y, sin embargo, se ha contratado una segunda secretaria particular de libre designación, que costará a los unionenses 24.500 euros anuales más. Este puesto no se cubrió durante los anteriores gobiernos socialistas, cuando sólo había una persona en el Gabinete de Alcaldía y no dos como ahora".

   Por último, señaló que el alcalde y el PP han llevado al Ayuntamiento "a la quiebra técnica, con una deuda reconocida de casi 18 millones de euros. Es indecente que se les diga a los vecinos que, por ejemplo, tendrán que pagar tres veces más por llevar a sus hijos a la guardería municipal, que pasará a costar de 40 a 120 euros, mientras al tiempo aprueba una subida de retribuciones de los miembros de la Corporación".

El Congreso insta al Gobierno a obligar a las CC.AA. y ayuntamientos a cumplir los objetivos de déficit

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa presentadas por el PP para instar al Gobierno a "articular todas las medidas necesarias"  para que todas las Administraciones Públicas, incluyendo comunidades y ayuntamientos, a cumplir con los compromisos de austeridad y "en particular" los objetivos de déficit fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Este punto, aprobado con 321 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, formaba parte de una moción más amplia que también exigía al Gobierno que "cumpla en su integridad" el marco derivado del sistema de financiación autonómica en lo referido al abono a las comunidades de los "recursos adicionales" previstos en la norma.

   No obstante, al igual que ha ocurrido con una iniciativa similar de CiU, el PSOE la logrado apoyos para 'tumbar' la iniciativa por nueve votos de diferencia con la abstención de PNV y UPN.

   Así, la Cámara Baja ha rechazado exigir al Gobierno que "subsane de forma inmediata sus reiterados incumplimientos en materia de estabilidad presupuestaria" y "respete los términos" del acuerdo del CPFF del 15 de julio de 2009, que dio luz verde al nuevo modelo de financiación con la abstención de las comunidades del PP.

   Tampoco ha prosperado el nuevo intento 'popular' de  vuelven a pedir por segunda semana consecutiva que se recupere la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los ayuntamientos morosos paguen a sus proveedores y que constituyó la Ley de Morosidad aprobada hace casi un año, si bien el Gobierno la derogó posteriormente en los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

El PSRM advierte al PP que el CPFF "solo emitirá una decisión técnica para evaluar el Plan de Austeridad"

MURCIA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate, ha señalado que lo que el miércoles se va a producir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "es una decisión de carácter técnico, no político y es la evaluación que el Consejo hace del Plan de Austeridad que ha presentado cada comunidad autónoma para cubrir los objetivos de déficit".

   El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que la candidata socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma, García Retegui, ofreció al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel un acuerdo de los dos partidos para llevar a cabo un recorte de 500 millones de euros, sin afectar a los salarios.

"Después de varios meses ni hemos recibido respuesta a esa invitación ni información sobre cuál es el Plan de austeridad que haya podido presentar la Comunidad Autónoma ante el Ministerio de Hacienda".

   El dirigente socialista ha mostrado su deseo de que ese Plan "sea sólido y que esta Comunidad pueda acceder a la emisión de deuda". No obstante, ha aclarado que, dado que la deuda a proveedores de la Comunidad "se aproxima a los 2.000 millones de euros", esa hipotética deuda de 500 millones "no resolvería los problemas que esta Región mantiene con empresas y ciudadanos".

   También insistió en que "endeudarse puede ser un mal necesario, pero un mal, no un bien". Por tanto, ha dicho que "no se puede tomar como una práctica virtuosa sino negativa, porque de cara al futuro nos da menos solvencia y aumenta los riesgos de subidas de impuestos".

   Así, subrayó que para Murcia, como para el resto de autonomías o la propia Administración del Estado, "son tiempos de austeridad". 

"Sólo gastando menos de lo que se ingresa, podemos aspirar a pagar endeudamiento o a invertir para influir en el desarrollo económico y en el empleo".

   Por eso, precisó que el miércoles "no hay ningún punto y final de nada, ya que de autorizarse el endeudamiento habrá que seguir haciendo los deberes de austeridad, para pagar a los proveedores que se van a quedar colgados y para tener crédito ante los mercados. Y si no hubiese autorización, sólo indicaría que no se habría ni siquiera empezado a hacer la primera parte de esos deberes".

   "El PSRM está, con seriedad y responsabilidad, a la espera de conocer esas noticias y pide al PP que, por una vez, sea también responsable y que no intente hacer de un tema técnico un tema exclusivamente electoral", ha añadido.

   Además, ha pedido al PP "que trabajen porque está en juego el futuro del presupuesto de la Comunidad, la propia autonomía financiera de la Región y el despliegue económico de la misma".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, subrayó hoy en Cartagena que la decisión del Ejecutivo central sobre la emisión de deuda solicitada por la Administración Regional no vendrá mediatizada "por ningún tipo de discriminación" porque "las normas son iguales para todos".

   González Tovar indicó que espera "que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles se decida algo que beneficie a la Comunidad de Murcia" y que esa decisión se derive del "cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional para conseguirlo".

   A juicio de González Tovar, la negativa a autorizar el endeudamiento hasta el momento se debe a que la Región de Murcia "no cumplió la obligación de limitar el déficit. Hay que recordar que se llegó al doble de lo establecido por el Gobierno central", indicó el delegado.

El PSRM propone reducir tres consejerías y 33 altos cargos para ahorrar tres millones

MURCIA.- La candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Begoña García Retegui, afirmó este martes que "hay una alternativa al Gobierno de Valcárcel que pasa por ahorrar 500 millones de gasto corriente, empezando por una racionalización del Gobierno regional". 

   Así, explicó que el Partido Socialista tiene una alternativa racional y razonable a la 'Ley del Tijeretazo' de Valcárcel, que pasa por la reducción de 33 altos cargos, diez secretarios generales, 20 directores generales, además del número de Consejerías en tres (pasando a siete) y la desaparición de unos 30 puestos eventuales de Gabinete.

   En definitiva, "más de 3 millones de euros anuales que podemos ahorrar prestando los mismos servicios básicos a los ciudadanos en materia de educación, de sanidad, de políticas sociales, en todas las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

   "Además suprimiríamos entes públicos y empresas públicas en las que nuestra Comunidad sigue a la cabeza, y acabaríamos con un entramado institucional que, si bien da respuesta al Partido Popular, no tiene en cuenta las necesidades del control del déficit y la situación de crisis económica", añadió en rueda de prensa.

   La candidata socialista insistió en que "se puede ahorrar dinero público de una forma distinta a la que ha concebido el Gobierno regional, que no sólo ha planteado unos recortes a los empleados públicos, sino que también afectan a los servicios públicos".

   A juicio de la candidata socialista, hay que determinar las grandes áreas de acción en función de las competencias que actualmente tiene la CARM, el número mínimo de Consejerías y cuáles serán sus competencias, así como el número máximo de puestos directivos de segundo nivel.

   García Retegui considera que hay que centralizar al máximo los servicios horizontales, primando la tecnificación de la gestión que será llevada a cabo preferentemente por funcionarios de alto nivel.

   Además, subrayó, "hay que tener bien presente que la actividad política es sólo determinar qué se quiere hacer y controlar que se haga, desarrollando el programa electoral concretado en una planificación estratégica a corto, medio y largo plazo en tres niveles: CARM, consejería y direcciones generales.

   El personal funcionario es el encargado de hacer, apostilló la socialista, "el político marca la estrategia, y el técnico la desarrolla. Por lo sentenció, "siguiendo esos criterios se podrán determinar qué servicios permanecen y cuáles se modifica o eliminan y, sólo entonces deberá acometerse una política de redistribución de efectivos".

   En concreto, las siete consejerías propuestas por Retegui serían Economía y Hacienda, Consejería de Administraciones Públicas, de Trabajo y Política Social, Consejería de Educación y Cultura, Industria, Turismo y Ordenación del Territorio, la Consejería de Sanidad y Consumo y la de Agricultura y medio natural.

   De tal forma que la cartera de Turismo y Cultura pasaría a Industria y Educación respectivamente, Justicia desaparecería y Obras Públicas se integraría en Industria.

La Región de Murcia registra el mayor aumento del gasto farmacéutico por CC AA en 2010

MURCIA.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma en la que más aumentó el gasto farmacéutico durante el pasado año, con un incremento del 1,93 por ciento en relación al mismo mes de 2009, según ha informado el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

   De esta forma, el gasto farmacéutico fue mayor que el registrado en el conjunto nacional, que alcanzó un descenso del 2,36 por ciento a cierre de 2010.

   Asimismo, Murcia fue la comunidad en donde menos bajó el gasto medio por receta, con un -1,78 por ciento, por debajo de la media nacional, que alcanzó el -4,79 por ciento. En diciembre, se situó en los 13,19 euros, un -5,82 menos que en diciembre de 2009.

   En cuanto al número de recetas facturadas, ascendió en la Región de Murcia en 2010 el 3,78 por ciento con respecto al año anterior, y se elevan a las 30.866.298 unidades, mientras que en el mes de diciembre aumentó el 5,45 por ciento.

Las Cámaras de Comercio prevén una reducción del 60% de los ingresos y ajustes de plantillas

MADRID.- El Consejo Superior de las Cámaras de Comercio prevé que la eliminación de las cuotas empresariales reducirá los ingresos de las Cámaras en 250 millones de euros, lo que supone un 60% del presupuesto, y provocará "importantes" ajustes de plantilla.

   "La capacidad de las Cámaras queda dramáticamente reducida", afirmó el presidente del organismo, Javier Gómez-Navarro, durante una rueda de prensa celebrada junto a los seis vicepresidentes del Consejo Superior de Cámaras.

   Gómez-Navarro advirtió de que "la gran mayoría tendrá que hacer frente a un proceso de reestructuración y habrá otras que no podrán sobrevivir". Esto obligará a las Cámaras que continúen a realizar "un ajuste importante de plantilla" y buscar métodos de financiación.

   El Consejo de las Cámaras de Comercio alertó de que la desaparición de la cuota con la que se financian las Cámaras perjudica a las pymes y beneficia a las grandes empresas. Más de medio millón de pymes en España utilizan los distintos programas y servicios de estos organismos.

   Gómez-Navarro recordó que las Cámaras, dependientes de las comunidades autónomas, constituyen "la única red capilar de apoyo a las empresas que existe en España", con más de 450 puntos, y destacó la ayuda que aportan a las pymes en su proceso de internacionalización como una vía para hacer frente a la crisis.

   El presidente de las Cámaras defendió la eliminación de las cuotas a los autónomos y explicó que conoció la medida "oficial y formalmente", ayer, de boca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la anunció en el Congreso de los Diputados. "Hubo un debate cuando se discutió la Ley de Economía Sostenible", añadió.

   Gómez-Navarro señaló que han solicitado una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y recordó que las Cámaras vienen aplicando medidas de ajuste, entre las que destacó la reducción de un millón de euros (un 20% del total) en los costes de personal en los últimos tres años.

   El Gobierno anunció ayer la eliminación de la obligatoriedad a todas las empresas de pagar estas cuotas a las Cámaras, dentro de un paquete de medidas de reducción del déficit, que se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros.  

   Las Cámaras consiguen casi la mitad de los ingresos por cuotas (el 43,25%) que provienen de las empresas que pagan más de 6.000 euros al año, que representan sólo el 0,16% del total de empresas.

   De las cifras aportadas se deduce también que el 76,5% de los ingresos de las Cámara provienen del 2,64% de las compañías y que unas 35.000 empresas (el 1% del total) contribuyen a prácticamente dos tercios de los ingresos por cuotas de las Cámaras. Telefónica es la compañía que más paga, con una cuota anual de alrededor de 700.000 euros.

   La cuota que pagan las empresas a las Cámaras está en función del beneficio obtenido (cuota líquida positiva en Impuesto sobre Sociedades) y la cuota media que pagan las empresas a las Cámaras por este impuesto es del 0,07% de los beneficios fiscales declarados.

El CPFF limitará emisiones de deuda a CC.AA. que no cumplan con la reducción del déficit

MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo miércoles limitará la emisión de más deuda a aquellas comunidades autónomas que no cumplan con los objetivos de consolidación fiscal que ha marcado el Gobierno y que permitirán al país reducir el déficit público al 3% en el año 2013, tal y como exige Bruselas.

   Según ha explicado el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, el Ministerio de Economía y Hacienda puede limitar las emisiones de deuda a las que recurren comunidades autónomas para financiarse desde hace mucho tiempo, pero nunca ha tenido que hacerlo porque las circunstancias económicas y financieras han sido distintas.

   "Ahora se van a aplicar y la idea general es que el endeudamiento, que permite gastar más o menos, se adapte a los compromisos adquiridos", ha señalado Ocaña, tras explicar que el Consejo de Política Fiscal discriminará entre aquellas comunidades que están cumpliendo y las que no.

    Según el secretario de Estado, la reunión del miércoles estará "muy centrada" en el cumplimiento los objetivos de reducción de déficit asumidos tanto por la Administración central como por las comunidades autónomas, para lo que se examinará todo lo ocurrido en el año 2009 y en el primer semestre de este ejercicio. A partir de ese análisis, el CPFF autorizará el nivel de endeudamiento "que proceda" según el cumplimiento de las comunidades con los objetivos de consolidación.

   Además, el Gobierno aprovechará la reunión con los consejeros de Economía de los distintos territorios para hablar de la necesidad de incrementar la transparencia en la información financiera de cada comunidad autónoma, de forma que "se conozca" el esfuerzo de ajuste que están haciendo, que es importante y está dando "buenos resultados".

   En este sentido, se ha mostrado partidario de que las comunidades publiquen sus datos de ejecución presupuestaria cada mes tal y como hace la Administración central. "La transparencia ayuda mucho a que se disipen posibles dudas sobre si ese esfuerzo se está haciendo o no", ha señalado Ocaña, para quien una medida así "tiene todo tipo de ventajas" porque "despeja dudas, aumenta la confianza y hace que sea más barato financiarse", por lo que no existe "ninguna razón para no hacerlo".

   De todas formas, ha recordado que el Gobierno no puede imponer una iniciativa así a las comunidades autónomas, sino que tienen que ser ellas las que acuerden dar la información sobre su déficit o superávit mes a mes, aunque existe una parte de esta información que sí presentan obligatoriamente al CPFF y que sólo habría que hacerla más "transparente y accesible".

   Así, Ocaña adelantó que tanto las comunidades como la Administración central cumplirán los objetivos de déficit al cierre de 2010 (5,9% en el caso del Estado y 3,1% en el caso de las comunidades), lo que supone algo "muy importante" porque ayudará a que los mercados puedan comprobar que España cumple lo prometido.

   "No vamos a revisar cifras", garantizó Ocaña, tras mostrarse "muy satisfecho" por el cumplimiento de unos datos "tremendamente exigentes" que no se pueden "minusvalorar" porque son fruto de un "esfuerzo muy importante" por parte del conjunto del país.

   Ocaña ha descartado también la posibilidad de que el déficit público cierre el 2011 por encima del 6% y ha garantizado que si se produce alguna desviación el Gobierno hará "lo que sea necesario y lo que haga falta" para que cumplir con los objetivos. "No es aceptable ninguna desviación", ha indicado.

   En este sentido, ha asegurado que una economía "débil" no invita a más subidas de impuestos que, además no están en la agenda del Gobierno, por lo que cualquier medida adicional para corregir una eventual desviación de los objetivos vendría por el lado del gasto, tal y como se está haciendo desde el pasado mes de mayo. "Es más razonable gastar menos", ha recalcado.

   Aunque se vayan a cumplir los objetivos, ha admitido que el Estado va por delante en la tarea de reducir el déficit, mientras que en las comunidades aún "queda mucho por hacer". En este sentido, ha apostado por recortes de gasto en las comunidades en la parte del presupuesto que no dedican a gasto social, que supone alrededor del 30% del presupuesto y que se dedica a fundaciones, transferencias y empresas públicas, entre otras cosas, lo que supone un "objetivo obvio" en un contexto como el actual.

   "Ahí claro que hay margen para recortar gasto", ha señalado Ocaña, quien además ha reconocido que puede ser necesario ir un poco más lejos y tener que racionalizar el 70% del gasto social destinado a sanidad, educación y servicios sociales.

En este sentido, algunas comunidades han planteado medidas como el Copago o el retraso de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, aunque él no ha querido dar recetas concretas. "No diré que hay una fórmula mágica que lo resuelve todo", ha añadido.

 Según resaltó Ocaña, el cumplimiento con la reducción del déficit es fundamental para ganar confianza en los mercados, para lo que también habrá que llevar a cabo la reforma de pensiones, que tardará "un par de lustros" en generar efectos reales sobre los ciudadanos, pero que supondrá un efecto directo en la confianza.

   En este sentido, el secretario de Estado ha admitido que el rebrote de las dudas en los mercados no supone una situación "cómoda" para nadie, aunque España está "lejísimos" de Irlanda y de Portugal, gracias a los "sacrificios" que ha hecho para demostrar su compromiso con la consolidación fiscal.

   "Si hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer, probablemente sortearemos las turbulencias, que seguirá habiendo seguro", ha añadido Ocaña, tras reconocer, sin embargo, que el Gobierno no puede "relajarse ni ir más despacio" y asegurar que el eventual rescate de la Irlanda tendrá un coste cero inmediato para España, que actuaría simplemente como avalista de una parte del préstamo.

Hasta la CROEM le pide mucha austeridad al manirroto presidente Valcárcel

MURCIA.- La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) ha reclamado al Gobierno murciano que reduzcan gasto corriente, argumentando que "hay que recortar gastos de donde sea y arbitrar una serie de medidas para cortar el paro desorbitado", ya que, ha denunciado públicamente, "ahora estamos peor que hace un año" y aunque la motivación aún no la han perdido los empresarios, ha asegurado que "corren malos tiempos para la actividad empresarial".

   Aunque aún no conocen los presupuestos de la Comunidad, los dirigentes de CROEM son conscientes de que los capítulos I y II "tienen que revisarse de manera importante", ya que, ha alertado García, hay servicios, como la sanidad, que "se pueden hacer insostenibles y alcanzar el 50 por ciento del importe total de los presupuestos del Ejecutivo murciano".

   Si a esto, ha continuado, "se le suma la educación y las políticas sociales, solo se podrán tener unos presupuestos de servicios, que no de inversiones productivas".

   Como consecuencia, Del Toro se ha preguntado que se puede hacer ante este panorama "si no se reducen gastos corrientes, que los del Estado han aumentado, y se recortan de forma brutal las inversiones productivas".

   "Entonces, claro que son unos presupuestos sociales, y más que lo van a ser de seguir así, ya que del 20 por ciento de paro hasta el cien por cien hay margen para aumentar los gastos sociales", ha subrayado Del Toro.

   Y es que, en su opinión, "se hace gala de que vamos a tener unos presupuestos sociales, a todos los políticos se les llena la boca de que los gastos son muy sociales, pero no habrá ni un euro para hacer una carretera ni siquiera para el mantenimiento de las que hay hechas, y es la realidad que tenemos", ha sentenciado.

   De ahí que deseosos de anunciar que la crisis es "historia", los empresarios murcianos, según su presidente, pasan por una "mala dinámica desde 2007", que en cifras se traduce por casi 10.000 empresas que han cerrado, más de 11.000 autónomos que se han visto obligados a cesar su actividad, 357 procedimientos concursales y un aumento desbocado de la tasa de paro de alrededor del 20 por ciento".

   A lo que se une el dato de 57.400 empleos menos, 100.000 parados más, pasando de una factura de 350 millones a 1.000 millones de euros anuales de prestaciones por desempleo, de manera que "los dos últimos años se saldan con un decrecimiento claro". Como consecuencia, 2010 y 2011 termina con una previsión de un crecimiento de alrededor del 1 por ciento pero que, en ningún caso, se superará.

   No obstante, han afirmado que esta situación "pasará algún día, porque así no se puede seguir", por lo que ha instado a todas las partes implicadas a que "se reaccione, porque las empresas son la solución y no el problema".

   La Junta Directiva de CROEM acordó el pasado mes de septiembre la elaboración de un informe, que ha presentado este jueves, en el que se marcan los objetivos de configurar la factura que Murcia ha pagado por la crisis, con los puntos más vulnerables y sus secuelas económicas; así como conocer la situación que atraviesan las empresas; para después formular una serie de propuestas y se contribuya, por último, a la recuperación de la confianza en el tejido empresarial y en la sociedad.

   En concreto, en este trabajo se señala que después de "más de 12 años de crecimiento continuado, incluso superando la media nacional, ahora estamos peor que hace un año", por lo que urge a la adopción de medidas que incluso pueden llegar a ser "impopulares", según del Toro.

   Frente a las previsiones de 2010 y de 2011, que siguen en "decrecimiento mínimo para unos y en crecimiento en torno al 1 por ciento para otras", los empresarios murcianos constatan que "en todo caso, son insuficientes para dinamizar la economía y generar empleo", teniendo en cuenta, en esta línea, que la población se ha empobrecido un 4,7 por ciento.

   Muestra de ello es que los principales ingresos tributarios de la Comunidad han caído en 263,5 millones de euros (2007/2009), lo que provoca, según Del Toro, "un descenso en la inversión pública y más deuda" con la consiguiente morosidad que ello supone, que "pone al mundo empresarial al borde de la supervivencia".

   De este modo, la deuda de la Comunidad alcanzará a finales de este año los 1.823 millones de euros (representa el 6,5 por ciento del PIB), lo que significa tres veces más que en 2007, ha puntualizado el presidente de CROEM, que ha recordado, al hilo, que ocho ayuntamientos de la Región superan el umbral del 75 por ciento de deuda. En conjunto, la deuda de la CCAA y ayuntamientos supondrá una carga de casi 1.800 euros por habitante.

   A esta situación se une la "dificultad" de acceso al crédito que sufren las empresas, que en caso de conseguirlo, "se hace bajo unas condiciones inasumibles". Y es que, cuando en época de bonanza económica el crédito "era de dos cifras, desde 2007 y hasta este año se ha pasado a tasas negativas, provocando que se resienta el consumo y que haya menos hipotecas", entre otras consecuencias.

   "El grifo está absolutamente cerrado y así, difícilmente se podrán poner en marcha proyectos", ha señalado Del Toro, quien ha dejado claro que las responsabilidades de esta situación está clara. "Las CCAA y ayuntamientos están como están y la responsabilidad es de ellos, ya que hay empresas que están cerrando por la morosidad, la deuda adquirida con las administraciones", ha indicado.

   Los empresarios han planteado propuestas, medidas "necesarias" para corregir esta realidad, que pasan por "evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia" en lo referente al crédito; así como que la propia Administración "agilice la aprobación y el pago de las distintas líneas de ayuda puestas en marcha por el Gobierno regional para mejorar la liquidez de las empresas".

   Además, los empresarios murcianos aconsejan que "se reduzcan los plazos de pago de las administraciones públicas, puesto que la excesiva morosidad actual de éstas crea graves problemas de supervivencia de las empresas".

   Otra de las propuestas hace referencia a la necesidad de "reducir la elevada carga fiscal de las empresas", además de reforzar la internacionalización empresarial, la recuperación del mercado laboral, generalizar el uso de las TIC y, en materia de presupuestos, menos gasto corriente.

   Finalmente, el informe recoge una serie de medidas medioambientales, entre las que destacan el desarrollo de una normativa medioambiental para preservar el entorno ambiental pero que no suponga un "lastre" para un desarrollo empresarial respetuoso con el mismo, y también la necesaria reserva municipal de suelo que permita la preservación de determinadas actividades económicas; además de por sectores, ya sea agricultura, industria y construcción.

Salgado ve necesario mayor control de las finanzas locales y se compromete a que los ayuntamientos rindan cuentas

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, consideró hoy necesario un mayor control y una mayor transparencia de las finanzas públicas de las entidades locales y la gestión de sus presupuestos, para lo cual se comprometió a que los ayuntamientos "rindan cuentas".

En respuesta a una interpelación del senador navarro Francisco Javier Tuñón, Salgado avanzó que aunque la teoría diga una cosa, "no siempre se convierte en realidad", de modo que aseguró que por este motivo el Gobierno y el Tribunal de Cuentas están trabajando para que los municipios sean fiscalizados.

Sin embargo, admitió que esto "no es suficiente", de modo que recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha ciertas medidas de, por ejemplo, lucha contra la morosidad, creación de un registro de facturas así como el proyecto de ley de economía sostenible, que plantea controles de la actividad presupuestaria local.

Aún así, la vicepresidenta segunda se comprometió a "seguir en esta línea" y tratar de "mejorar la transparencia" porque dijo ser "consciente de que las funciones de intervención en las entidades locales tienen que reforzarse".

En definitiva, subrayó que el objetivo del Gobierno se centra en "mejorar la eficiencia en la gestión pública", lo que requiere "más transparencia a la hora de rendir cuentas ante los ciudadanos" y medidas de control de todas las administraciones que han de ser "absolutamente respetuosas dentro de cada marco competencial".

Salgado respondió así al senador Tuñón, quien consideró "importante" incluir a los ayuntamientos en la "cultura de la fiscalización pública", para lo cual opinó que las auditorías evitarían muchas "prácticas irregulares".

"Si dejas tantos espacios abiertos, la gente se aprovecha. Hay tantos casos de corrupción porque se los hemos dejado en bandeja", señaló.

En este sentido, preguntó a la vicepresidenta segunda si se habrían dado casos como el de Marbella si estas entidades locales se hubieran fiscalizado.

Según recordó, han pasado casi 30 años y "los ayuntamientos todavía no rinden cuentas", algo que consideró necesario para "homologarnos a Europa", donde hay control interno y externo en el que se recurre a la empresa privada y a los sistemas mixtos.

Por otra parte, Salgado avanzó en respuesta a una pregunta del senador del Grupo de CiU Joan Maria Roig que la liquidación de los tributos del Estado por parte de los ayuntamientos en el ejercicio de 2008 ascenderá a unos 1.500 millones de euros.

La ministra afirmó que el Gobierno ha dado "ciertas facilidades" a los entes locales, como retrasar la liquidación definitiva de los tributos estatales, si bien también les ha pedido un "pequeño esfuerzo" en el plan de austeridad del Gobierno.

El senador Roig pidió previamente que "se articulen los mecanismos adecuados para que los ayuntamientos continúen prestando servicios a los ciudadanos", pese al alto nivel de endeudamiento con la Administración central. A su juicio, "se debe ir más allá de la prórroga de un año adoptada para paliar esta grave situación".

De hecho, subrayó que aunque "muchos ayuntamientos habrán de hacer un ejercicio profundo sobre su gasto y sobre los servicios", paralelamente el Gobierno debe ser "consciente de que los consistorios no pueden responsabilizarse de la disminución galopante de los ingresos que ha sufrido el Estado".

Para solucionar esta situación, Roig llamó la atención de la ministra para la aprobación de una nueva financiación de las haciendas locales, algo en lo que, según Salgado, el Gobierno está "trabajando" para que también las comunidades autónomas asuman sus compromisos y los ayuntamientos dejen de asumir competencias impropias que no les corresponden.