En la reunión, que se ha celebrado este viernes en la Diputación de Alicante, han participado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, y la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, según ha indicado la corporación en un comunicado.
Asimismo, han participado una quincena de profesionales, que han coincidido en la necesidad de establecer un proceso de diálogo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las regiones afectadas por los trasvases, con el propósito de acordar una hoja de ruta consensuada antes de que el documento final llegue al Consejo Nacional del Agua para su análisis y validación.
Serna ha apuntado que la petición de los técnicos es que haya un borrador de reglamento "debatido y conocido" por todas las partes implicadas, "ante la excepcional importancia y singularidad de la situación hídrica de la provincia y en ausencia de un plan hidrológico nacional".
Así, ha señalado que el trasvase Tajo-Segura afecta a distintas comunidades autónomas --en las áreas cedentes a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura y en las áreas receptoras a Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía--, por lo que considera que "es necesario un planteamiento territorial conjunto e integrador".
"El desarrollo de las normas de explotación no puede
llevarse a cabo de forma aislada, sino que se requiere del concurso de
todos", ha sostenido.
La propuesta de texto analizada este
viernes por los técnicos de la comisión determina que no es "posible ni
deseable encajar la norma como suma de intereses parciales y egoísmos
territoriales o sectoriales, sino que se requieren los más amplios
acuerdos posibles", según ha sentenciado Serna.
"La
experiencia del Memorándum Tajo-Segura, con cinco comunidades autónomas
suscribiendo un documento conjunto, mostró que con las necesarias
mejoras y adaptaciones es posible un acuerdo territorial de largo
alcance", ha puntualizado la vicepresidenta, quien ha reclamado
identificar los problemas y objetivos de forma explícita para buscar una
solución "ponderada" que, en beneficio del interés general, procure
atender esa multiplicidad de territorios y necesidades.
Por su parte, el catedrático, experto en políticas hídricas y
presidente de la Comisión Técnica del Agua, Joaquín Melgarejo, ha
destacado que "la necesidad de actualización de la regla no es una nueva
idea".
"Fue propuesta ya en los primeros estudios de 1997, reiterada en
2013 y formalizada por la propia regla como un mecanismo necesario de
racionalización y adaptación a las diferentes circunstancias
hidrológicas y socioeconómicas del territorio", ha explicado.
Asimismo, la propuesta de Melgarejo, en nombre de los técnicos que
conforman este órgano, pone el foco de atención en la creación de un
grupo de trabajo técnico interno en el Ministerio, integrado por las
administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas
afectadas.
"Este equipo, radicado en el Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX, bajo la coordinación de la Dirección General
del Agua, sería el encargado de elaborar un documento-propuesta para la
revisión de la Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura", ha
puntualizado.
En la Comisión Provincial del Agua se integran
46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores
hídricos del territorio. Este órgano está presidido por el catedrático
Joaquín Melgarejo e integrado por Andrés Molina, Ángel Urbina, Arturo
Trapote, Daniel Prats, Fernando Pérez Calvo, Jaume Berenguer, Javier
Valdés, Joaquín Navarro, Juan Luis Martínez, Juan Luis Paredes, Pablo
Melgarejo, Paco Santiago, Ramón Espinosa y Miguel Fernández Mejuto.
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