MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado este viernes
de que las medidas cautelares impuestas sobre las actividades agrarias
en el área del Mar Menor continuarán vigentes hasta que "no se constate a
través de datos científicos y técnicos" que la actividad agrícola y
ganadera "no supone un perjuicio para las masas de aguas superficiales y
subterráneas".
En un comunicado, la CHS ha indicado que la implementación de las medidas cautelares "tiene una justificación fundamentada en el riesgo químico constatado en la red oficial de calidad de las masas de aguas del organismo de cuenca y en la afección del ecosistema del Mar Menor a ellas asociados".
Estas medidas, añade la Confederación, "pretenden condicionar y, en su caso, limitar las actividades agrarias a fin de proteger el dominio público hidráulico", así como "permitir una actividad económica tan relevante en el territorio como es el regadío, protegiendo las aguas subterráneas".
El organismo de cuenca ha afirmado que desde la aprobación de las medidas en julio de 2020 ha estado en "permanente" contacto con los interlocutores que la Ley de Aguas establece en el ámbito del regadío, lo que permitió que para el año hidrológico 2021-2022 más del 90% de la superficie afectada acreditaran su cumplimiento.
En octubre de 2023, la CHS comunicó a las comunidades de regantes la obligación de acreditar el año hidrológico 2022-2023, si bien dos meses más tarde, en diciembre, "el porcentaje de expedientes acreditativos presentados era muy bajo", razón por la que se dio un último plazo que finaliza el próximo 29 de febrero.
Como novedad y para facilitar la acreditación, la Confederación ha dictado instrucciones para que, entre otras cuestiones, en las explotaciones de menos de 2 hectáreas se permita que la acreditación se realice mediante una declaración responsable, facilitando un modelo para ello.
La CHS ha valorado el "esfuerzo" realizado por las comunidades de regantes y otros titulares de los aprovechamientos para acreditar las medidas cautelares, y ha señalado que uno de sus objetivos es avanzar en la simplificación administrativa del procedimiento, para lo que ya trabaja en una herramienta informática que permita la transmisión y gestión de la información vía web.
La CHS ha manifestado al respecto que "una agricultura sostenible es compatible con la protección de las aguas superficiales y subterráneas y, consecuentemente, ello permitirá un cambio de tendencia en la situación ecológica del Mar Menor con quien se encuentran vinculadas".
Asimismo, ha insistido en que las medidas cautelares dirigidas a los agricultores en el área del Mar Menor "están justificadas por la necesidad de proteger el ecosistema, cumplir con la normativa ambiental, salvaguardar los recursos hídricos, proteger los intereses socioeconómicos y prevenir crisis ambientales en la zona".
"Y seguirán vigentes en tanto en cuanto no se constate a través de datos científicos y técnicos que la actividad agrícola y ganadera no supone un perjuicio para las masas de aguas superficiales y subterráneas que constituyen el dominio público hidráulico", ha añadido el organismo de cuenca.
En un comunicado, la CHS ha indicado que la implementación de las medidas cautelares "tiene una justificación fundamentada en el riesgo químico constatado en la red oficial de calidad de las masas de aguas del organismo de cuenca y en la afección del ecosistema del Mar Menor a ellas asociados".
Estas medidas, añade la Confederación, "pretenden condicionar y, en su caso, limitar las actividades agrarias a fin de proteger el dominio público hidráulico", así como "permitir una actividad económica tan relevante en el territorio como es el regadío, protegiendo las aguas subterráneas".
El organismo de cuenca ha afirmado que desde la aprobación de las medidas en julio de 2020 ha estado en "permanente" contacto con los interlocutores que la Ley de Aguas establece en el ámbito del regadío, lo que permitió que para el año hidrológico 2021-2022 más del 90% de la superficie afectada acreditaran su cumplimiento.
En octubre de 2023, la CHS comunicó a las comunidades de regantes la obligación de acreditar el año hidrológico 2022-2023, si bien dos meses más tarde, en diciembre, "el porcentaje de expedientes acreditativos presentados era muy bajo", razón por la que se dio un último plazo que finaliza el próximo 29 de febrero.
Como novedad y para facilitar la acreditación, la Confederación ha dictado instrucciones para que, entre otras cuestiones, en las explotaciones de menos de 2 hectáreas se permita que la acreditación se realice mediante una declaración responsable, facilitando un modelo para ello.
La CHS ha valorado el "esfuerzo" realizado por las comunidades de regantes y otros titulares de los aprovechamientos para acreditar las medidas cautelares, y ha señalado que uno de sus objetivos es avanzar en la simplificación administrativa del procedimiento, para lo que ya trabaja en una herramienta informática que permita la transmisión y gestión de la información vía web.
La CHS ha manifestado al respecto que "una agricultura sostenible es compatible con la protección de las aguas superficiales y subterráneas y, consecuentemente, ello permitirá un cambio de tendencia en la situación ecológica del Mar Menor con quien se encuentran vinculadas".
Asimismo, ha insistido en que las medidas cautelares dirigidas a los agricultores en el área del Mar Menor "están justificadas por la necesidad de proteger el ecosistema, cumplir con la normativa ambiental, salvaguardar los recursos hídricos, proteger los intereses socioeconómicos y prevenir crisis ambientales en la zona".
"Y seguirán vigentes en tanto en cuanto no se constate a través de datos científicos y técnicos que la actividad agrícola y ganadera no supone un perjuicio para las masas de aguas superficiales y subterráneas que constituyen el dominio público hidráulico", ha añadido el organismo de cuenca.
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