Se dirige ante esta Fiscalia, porque la competencia del Mar Menor es del Estado, y su conservación, presupuesto económico asignado por el Estado a la Comunidad Autonoma de Murcia, y procedentes de recursos económicos para el Medio Ambiente, fondos europeos, etc.
Los hechos son los siguientes, según el letrado:
El actual presidente de la Comunidad Autonoma de Murcia, tomo posesión por dimisión de su anterior presidente (sentenciado en condena penal y apelada) el día 3 de mayo del año 2017, y diez meses después, se promulgo a instancia de su Gobierno y Presidente, la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de Medidas Urgentes, para garantizar la sostenibilidad ambiental en el Mar Menor.
La imputación, por esta parte, se hace por la omisión, (por incumplimiento del Real Decreto 258/1989, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas de tierra al mar, el Titulo XVI del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Roma 25 de Marzo del año 1957.
Es de significar que miembros del Gobierno murciano manifestaron en los medios, la portavoz del mismo, Ana Vidal, (diario La Verdad de fecha 18/10/2019), el representante en medio ambiente, consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, reconociendo la dejación sobre la emisión de tres toneladas diarias de nitratos) y por ultimo el entonces secretario general de un importante partido nacional, (en el diario La Verdad, el día 23/10/2019, don Teodoro Garcia, que manifestaba, “es evidente que las cosas no se habían hecho bien en el Mar Menor".
Lo que ocasiono el desastre ecológico de proporciones bíblicas del medio ambiente en el Mar Menor (única laguna salada de la Union Europea) ante la omisión deliberada durante años, porque se permitió la emisión de nitratos al Mar Menor, sin poner la normativa autonómica de su prohibición, es decir desde que tomó posesión al actual presidente (elegido, no por elecciones, sino por dimisión del anterior presidente autonómico por proceso penal, actualmente en apelación) hasta que promulgo dicha Ley antes remitida, a razón de tres toneladas diarias de nitratos, es decir mensualmente 90 toneladas de nitratos al Mar Menor. Hasta la Ley prohibitiva autonómica, transcurrieron diez meses aproximadamente (toma posesión 3 de mayo de 2017 hasta el dia de la Ley 1/2018, de 7 de febrero).
El resultado, presunto delito contra el Medio Ambiente y Recursos Naturales, por omisión (ART. 10 DEL C.Penal) o indirecta de no hacer nada hasta permitir la emisión de 900 toneladas de nitratos, en la persona a la que se le acusa presuntamente.
La total falta de aplicación de sus gestores medioambientales antes mencionado sobre las directivas que regulan los nitratos, hubiera evitado la muerte medioambiental del Mar Menor, zona declarada “vulnerable” por contaminación de nitratos desde el año 2001.
Demostrado estos medios de prueba, y apoyados por declaraciones de autocritica en el Gobierno murciano, es mas reconoce el denunciado, el día 9 de mayo de este año, que ya no llega ningún vertido al Mar Menor, ante la agencia de noticias Europa Press.
Por ello pedimos se abran diligencias penales, sobre el denunciado por el presunto delito medio ambiental en su grado de omisión delictiva, al no regular la prohibición de vertidos de nitratos al Mar Menor en casi diez meses de permisión, aun siendo una zona vulnerable, y con total desastre ecológico, con la muerte de la fauna marina, y ecosistemas, y hasta es posible contra la salud humana, en los peces contaminados y que han entrado en la cadena humana de alimentación en el Mar Menor.
De Ramón acudirá ahora otras instancias europeas para pedir justicia para el interés general de los murcianos sobre el Mar Menor, de forma individual, sin representar a ninguna formación colectiva social o política, "solo cubro mi conciencia individual y tranquila y de todos los murcianos".
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