Las sensaciones desde el Grupo Parlamentario son positivas; el Ministerio Fiscal ha concluido que no hay motivos legales para que se mantenga o ratifique la expulsión del partido, como venimos afirmando y hemos acreditado desde el principio.
Liarte ha expresado su satisfacción por la línea seguida por el Ministerio Fiscal, al “coincidir” con lo defendido por él y por los otros dos demandantes en cuanto a que las razones que motivaron el expediente sancionador no están tipificadas.
De resolver a favor de los demandantes, algo que Liarte espera que ocurra “en 10 o 15 días”, la expulsión se declarará nula y, por tanto, los tres implicados volverán a ser miembros “de pleno derecho” de Vox y podrán participar en la toma de decisiones.
Según Liarte, todo apunta a que terminará siendo así. “No creo que el partido busque fórmulas para impedirlo; le podrá gustar más o menos, pero acatará”, ha indicado el diputado, quien ha asegurado que el partido “nunca ha querido reunirse” con ellos.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cartagena ha celebrado este jueves la vista, en la que declararon como principales testigos el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que lo hizo telemáticamente, así como el presidente provincial del partido en la Región, José Ángel Antelo, que dio testimonio de forma presencial.
Después los abogados plantearon sus conclusiones y ya sólo falta por conocer el fallo del juez. Los tres diputados y exmiembros del partido (es decir, los tres demandantes) piden su readmisión en la formación política y solicitan también la nulidad de las primarias que proclamaron a Antelo como nuevo líder de Vox en la Región.
El 20 de mayo de 2020 el Comité de Garantías –un órgano nacional de Vox- ordenaba la suspensión cautelar de militancia y representación de los diputados en la Asamblea Regioinal Juan José Liarte (portavoz parlamentario), Francisco José Carrera (secretario de Mesa en la Cámara) y Mábel Campuzano (entonces diputada rasa, hoy consejera de Educación y Cultura).
En concreto, Vox les abría un expediente "por decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales", entre ellos cargos destacados del partido como el propio Ortega Smith (número dos de Santiago Abascal).
La expulsión se confirmó un mes después y los tres diputados fueron apartados. Sin embargo, aunque quedaron inhabilitados para representar al partido, sí mantuvieron (y mantienen) las siglas de Vox en el grupo parlamentario de la Asamblea, puesto que el Reglamento de la Cámara los ampara. Únicamente el parlamentario Pascual Salvador quedó al margen: es el único que sí sigue la disciplina del partido, reconocido por Vox.
Además, tras conocer su expulsión, los tres afectados recurrieron a la Justicia: presentaron una demanda en la que pedían, además de medidas cautelares, la declaración de nulidad de la sanción de expulsión de la formación y la convocatoria de elecciones primarias. No obstante, un año después, en mayo de 2021, el juez desestimó las medidas cautelares, con lo que rechazaba su reincorporación provisional.
Antelo habló de los propios desmarques de los ex de Vox contra su dirección: "Acudían a manifestaciones contra el 'pin parental' con sus propias pancartas, saltándose las directrices del partido". Y afirmó que era "consciente de la falta de dignidad que hubo con las personas que trabajaban en la Asamblea" y, aseguró, "también sabía de los gritos de Campuzano a los trabajadores".
Igualmente hizo referencia al proceso de primarias, cuya nulidad piden los demandantes porque, según acusó la letrada, "desde la sede se hacía campaña a favor" del entonces presidente de la gestora. Antelo lo negó: "En Vox no hay primarias, sino un proceso interno. Cuando se abre este periodo de elecciones, se corta el acceso a la base de los afiliados. Incluyo yo no podía acceder".
Según crónica de Murcia Plaza, escuchadas las palabras de los testigos, fue el turno de los abogados. La letrada de los demandantes señaló que quedó "acreditada la nulidad del expediente sancionador por vulneración derechos" y agregó que "no existe el libro de actas, pues no fue aportado como prueba".
También declaró que las presuntas filtraciones a la prensa -en concreto, al diario La Verdad- "fueron consideradas como una traición para el partido, lo que a la postre desencadenó el expediente de sanción" a los expulsados. Asimismo, apuntó que los trabajadores despedidos "trabajaban para el partido y no para el grupo parlamentario, pues los consideraban parte de su equipo de comunicación".
El abogado de Vox arguyó que el expediente siguió un procedimiento "pulcro" y defendió que la denuncia estuvo justificada. Argumentó que el Comité de Garantías "tenía capacidad para ello" y además "el propio presidente de Vox (Antelo) dejó claro que envió un informe previo".
Esgrimió que "la deslealtad" con la que actuaron los expulsados contra su partido "no se ha justificado: "Rompieron la lealtad al tomar decisiones por su cuenta propia". Apostilló que los diputados "admitieron" desde su toma de posesión en 2019 que los apoderados se nombraban entre otras cosas para supervisar el funcionamiento del grupo.
Y sobre las primarias, adujo que no tiene sentido la nulidad cuando ellos "no concurrieron a las elecciones, no formaban parte ni tenían expectativas de concurrir".
Por último intervino el fiscal, a quien corresponde la tutela judicial civil de derechos fundamentales -honor, intimidad e imagen en particular- en este tipo de procedimientos, además de la preferencia en su tramitación.
El representante del Ministerio Fiscal solicitó la nulidad de la expulsión, subrayó que no hubo incumplimiento del reglamento interno porque "ellos no lo firmaron ya que tenían dudas de su legalidad" y también citó una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016.
"El Reglamento de la Cámara no contempla que terceras personas externas al grupo puedan controlar las subvenciones que recibe el grupo ni contratar a personal para los parlamentarios, que no firmaron el reglamento interno de Vox, que explicita la existencia del apoderamiento", indicó.
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