Esto de Mario Gómez y las respuestas del equipo de Gobierno del PP tiene tintes de esperpento espeluznante. Serían casi risibles si no fuera porque dan la impresión de que un maremágnum pestilente se ha enseñoreado del consistorio en el que están representados casi medio millón de ciudadanos: un tercio del total de los que viven en la Región. La séptima ciudad del Estado, como gustan de presumir algunos, parece no tener remedio en cuanto a su buen gobierno y limpieza. Democrática y de la otra.
Democrática, digo, porque no es de recibo que una serie de señores que han sido elegidos para gobernar parezcan estar más pendientes de hacerse la cama los unos a los otros que de gobernar efectivamente. Los pocos ciudadanos que se supone que siguen los avatares municipales al detalle deben estar atónitos al ver a qué se dedican los munícipes. Unos y otros.
De la otra, porque las recientes movidas judiciales del aparentemente concejal-en-jefe de Ciudadanos señalan unas prácticas por parte de la mayoría de la coalición gobernante que se han convertido en santo y seña del municipio desde 1995, cuando el PP ganó la alcaldía que ostentó Miguel Ángel Cámara. En su largo mandato, renovado repetida y ampliamente –no se olvide– en las urnas se sucedieron los pases por el banquillo de unos cuantos concejales por diversos motivos. Hasta el propio presidente de la Corporación tuvo que calentar el sitio de los acusados.
Con todas las presunciones de inocencia que haya que respetar, y todas las veces que el PP ganara en las urnas, la repetición y persistencia en esas prácticas que provocaron las intervenciones de fiscales y jueces no es la mejor tarjeta de presentación de nadie. Mucho menos de un grupo político que gestionó con mayoría absoluta apabullante y repartió los presupuestos de una ciudad como Murcia.
Pero el ambiente trasciende el municipio capitalino. En 2019, de los 254 acusados por corrupción 84 lo fueron en la Región de Murcia, según publicó el CGPJ hace un año: el 17 de marzo de 2020. Número que duplicó a los 42 de la Comunidad Valenciana, y superó llamativamente a los 38 de Cataluña, los 23 de Andalucía o los 21 de Madrid.
Es curioso que el PP ganó de calle en 1995 la Región –y sus dos mayores municipios: Cartagena y Murcia– haciendo bandera de la lucha contra la supuesta corrupción socialista de la época del presidente Collado. Al cabo de pocos años, la realidad enseñó un entramado de clientelismo y favoritismo en el que se enredaron unos cuantos ediles.
Diez años después, la que fue concejal de Cámara, Nuria Fuentes, se fue a su casa, momentáneamente, asqueada: "Es difícil ser decente en una cueva de ladrones, pero se puede, echemos a los ladrones y tendremos esa regeneración política", publicó en su perfil de Facebook.
Se creía y se deseaba que el relevo de Cámara, forzado por la presión de Ciudadanos ante sus circunstancias judiciales, iba a inaugurar una nueva era en la Glorieta, bajo el mando de Ballesta. A la vuelta de no muchos meses resultó que el amiguísimo y mano derecha del nuevo alcalde cantaba de plano, sin presión policial, sobre las prácticas dudosas de su PP.
Roque Ortiz, concejal de Fomento, como ahora Mario Gómez, soltó en una reunión preelectoral en enero de 2018 con pedáneos y presidentes de juntas municipales ‘populares’ : "Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide”. Solo dimitió el que se fue de la boca, aunque actuó ante la plana mayor del grupo municipal, incluyendo al alcalde Ballesta, y el coordinador regional del PP, Miguel Ángel Miralles.
Los que estaban en la pomada, o solo leían periódicos, recordaron que Ortiz, siendo gerente de la urbanizadora municipal URBAMUSA, acompañó en 2008 a Cámara y a su teniente de alcalde y concejal de Fomento, Antonio Sánchez Carrillo, en un viaje en jet privado a Estambul dizque pagado por el promotor inmobiliario Ramón Salvador Águeda, quien había intervenido en al menos ocho grandes convenios urbanísticos en Murcia. Eso sí, fueron acompañados por sus respectivas santas, no se fuera a pensar que iban a hacer el golfo.
Con estos antecedentes, la ofensiva denunciadora de Mario Gómez no puede pillar de sorpresa, al margen de las características tan especiales del personaje y de que buena parte de la judicatura murciana parece estar a por uvas. Así que el resultado es que en La Glorieta de España se huele raro desde hace tiempo. Y no es por la falta de saneamiento del río, quizá de lo poco que han dejado limpio las administraciones locales de Murcia desde 2015. Vale.
(*) Periodista
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