Antecedentes de una ruptura

 MURCIA.- Para entender por qué Ciudadanos decidió plantarse ante el PP en Murcia con una moción de censura pactada con el PSOE hay que remontarse a la noche de las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. En el hotel en el que Ciudadanos siguió el recuento, el escaño número 17 del PSOE se celebró como el gol de España que valió un Mundial, recuerda Juan José Molina, uno de los seis diputados de Cs. Sumaban mayoría absoluta (23 escaños) con los socialistas e iban a echar al PP del poder en Murcia tras 24 años. Estaban exultantes. Pero el todopoderoso líder del partido tenía otros planes. Albert Rivera estaba entonces surfeando sobre unas encuestas que lo encumbraban por encima de los populares. Dejar Murcia en manos del PP era un mal menor si en el horizonte estaba La Moncloa, recuerda hoy El País.

Cs alcanzó un pacto con el PP, negociado directamente entre el murciano Teodoro García Egea (PP) y la mano derecha de Rivera, Fran Hervías. El desconcierto entre el PSOE fue total. “Desde la primera reunión formal con Cs percibimos que era un paripé y que estaban negociando con el PP”, recuerda el secretario regional del PSOE en Murcia, Diego Conesa, que la noche electoral se veía presidente.

Los diputados de la Asamblea de Murcia y los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital sellaron coaliciones en las que no creían y varios de ellos reconocen haberse sentido completamente arrinconados estos dos años: “Nos consideraban unos inquilinos, unos amateur”, dice Molina. Hasta que dijeron basta esta semana con una moción de censura y entre acusaciones de corrupción al Partido Popular. Ana Martínez Vidal, la coordinadora de Cs Murcia, también se vio presidenta. Solo le duró 48 horas. El viernes el PP anunció un pacto con tres tránsfugas de Cs (la mitad de todo el grupo parlamentario).

Estas son algunas de las claves que llevaron a Cs a jugárselo todo en Murcia a pesar de no tener atado el resultado, como se demostró dos días después.

La vacunación irregular. “En una ciudad donde el obispo se cuela y se vacuna se debería armar mucho más, pero aquí mientras haya flores en los jardines y procesiones de Semana Santa, todo está tranquilo”, opina la profesora universitaria María Carmen Sánchez Rojas. En medio de un goteo de casos de cargos públicos que se habían saltado el protocolo de vacunación en toda España, destacó la Región de Murcia.

Más de 400 funcionarios y altos cargos de la Consejería de Salud se vacunaron de forma irregular, un escándalo que acabo con la dimisión del consejero de Salud, forzada por Ciudadanos. Ana Martínez Vidal sostiene que se desconoce todavía “el alcance real” de las vacunaciones fraudulentas y anticipa que serán muchas más. “Ese ha sido uno de los motivos fundamentales por los que decidimos presentar la moción de censura”, sostiene la coordinadora de Cs, que de haber conseguido la presidencia a través de la moción de censura había prometido llegar hasta el final del caso.

Desplantes permanentes. El malestar se venía fraguando desde hacía tiempo. Los desplantes eran constantes. La toma de posesión de un consejero de Ciudadanos se llegó a hacer en un pasillo y un simple papel con celo anunció durante todo el tiempo que duró el Gobierno que tras esa puerta se escondía la portavocía del Ejecutivo, en manos de Martínez (Cs). Las vacunaciones embarcaron a los diputados de Ciudadanos en un goteo de informaciones, que aún dura, sobre nuevas personas vacunadas de forma irregular. O se desmarcaban o serían “cómplices”, sostienen.

Choque frontal en el Ayuntamiento. Pero la puntilla a una relación difícil entre los socios llegó desde la capital. Mario Gómez ya había sido un concejal de la oposición incómodo. Obsesionado con la cantidad de contratos menores (de menos de 5.000 euros y objeto de menos supervisión) que se hacían en el Ayuntamiento de la capital, cuando entró en el gobierno de la ciudad, además de teniente de alcalde, asumió las competencias para vigilar y controlar las contrataciones. Enseguida se dio cuenta, dice, de que había muchos más contratos menores de los necesarios y empezó a estudiarlos con dedicación.

Descubrió, según su versión, que el servicio de mantenimiento de las motos de la Policía Municipal siempre se adjudicaba a las tres mismas empresas. “Comprobé que el Ayuntamiento ingresaba siempre el pago de todas las facturas al mismo número de cuenta”, explica a El País. Dice que era un mismo taller que presentaba tres presupuestos a nombre de un padre, una madre y una hija. Eso pasaba con otros contratos: empresas que resultaban ser la misma, adjudicaciones a dedo o grandes obras troceadas en numerosas facturas para escapar a su control.

Gómez dice que habló con el alcalde y pidió un cambio de su director de servicios generales y una auditoria, sin éxito. Le acusaron, a través de una nota de prensa, de tener paralizado todo el mantenimiento del Ayuntamiento. Empezó a sentirse acosado.

Una mañana, al salir de su casa para llevar a su hija al colegio, vio una pintada dirigida a él. Se fue a poner una denuncia a la Policía Nacional. Gómez contó que llevaba unos meses auditando los contratos municipales y que eso podía haber molestado a alguien. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) se puso en contacto con él y le pidió pruebas. Gómez entregó más de tres gigabytes de documentación, que se están investigando. Era el mes de octubre de 2020.

El caso no salió a la luz hasta hace una semana. El PP presentó una querella criminal contra el teniente de alcalde por revelación de secretos. “Es un delito grave la infidelidad en la custodia de los documentos públicos”, sostienen fuentes municipales, que responden que no hay ningún proceso judicial abierto contra el consistorio ni hay ningún imputado. “Los contratos menores de los que habla no son delito”, inciden. Gómez se defiende: “Es surrealista”.

La situación se hizo insostenible. La coordinadora regional de Ciudadanos-Murcia, Ana Martínez Vidal, apremió a la dirección nacional de Madrid para actuar ya. Una semana después se presentaba la moción de censura. Lo que pasó después, ya es historia.

La supuesta red clientelar

En Murcia son muchos los que hablan de la red clientelar del PP aunque con la media sonrisa que indica que se trata de algo prohibido. Del Ayuntamiento de Murcia dependen 53 pedanías, algunas con hasta 25.000 personas. Estas pedanías, cuyo voto en urna va al Ayuntamiento de la capital, cuentan con unas juntas municipales que escogen a su propio alcalde pedáneo. Su importancia es máxima.
“El Ayuntamiento de Murcia es más importante que el Gobierno regional para las redes clientelares. Cada una de esas pedanías es una red clientelar en sí misma. Son el principal motor de votos a cambio de empleo”, sostiene el profesor de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. Las empresas concesionarias para gestionar servicios municipales, como pueden ser la limpieza o la recaudación de impuestos, continúa Jiménez, sirven como puerta de empleo en las pedanías. “Una persona empleada, 20 votos”, razona.
En la pasada legislatura, una grabación hecha pública por el diario La Opinión puso voz a esa denuncia velada. El concejal de Fomento murciano tuvo que dimitir por una frase que ha quedado ya para la posteridad: “Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide que le hemos conseguido un trabajo”.
El abogado laboralista y exconcejal de IU en el Ayuntamiento Joaquín Dolera afirma que desde que en 1995 el PP llegó al poder empezó a tejer su red desde las peñas huertanas a las cofradías de Semana Santa, los clubes de la tercera edad o las asociaciones de amas de casa. Los populares niegan estas acusaciones.