La comunicación es una función vital y una ciencia social que
estudia las relaciones entre personas (individuales o jurídicas): cómo
intercambiamos mensajes a través de diferentes canales y códigos.
Algunas de las disciplinas que desarrollan su actividad a partir de ella
son la publicidad, el periodismo, el marketing, la psicología o la
semiótica.
En cualquiera de estas, el uso de la comunicación para
perjudicar a la sociedad es especialmente reprobable: manipula la
realidad e impide que tomemos decisiones colectivas basadas en la
verdad.
Por eso la campaña contra la Ley de Protección del Mar Menor
lanzada por la Fundación Ingenio (alias lobby de agricultura del Campo
de Cartagena) es tan reprobable. El despliegue de mensajes asociando el
desabastecimiento alimentario con la protección del Mar Menor es algo
más que una mentira: está mal.
La dualidad entre el bien y el mal parece un tópico simple, pero
es eficaz para resumir esta situación en la que una minoría impone sus
intereses a la mayoría. En el conflicto entre agricultura y medio
ambiente, ¿a qué aspiramos como ciudadanos de la Región de Murcia si
permitimos que un sector monopolice los recursos de todos a costa de la
estafa, el individualismo y la corrupción? ¿Qué clase de economía
queremos tener?
La ecocidio del Mar Menor
puede beneficiar a la agricultura (5,39% del PIB y 11% sumando la
industria agroalimentaria), pero perjudica a sectores tan fundamentales
como la pesca, el turismo, la vivienda, el comercio minorista o los
servicios, que suponen el 68,63% del PIB.
El despotismo de este grupo de presión no solo daña la diversidad económica, también al laboral.
El 46,33% de los puestos de trabajo en Murcia pertenecen al sector
agrícola; concretamente el 41% peones: la ocupación con mayor tasa de
desigualdad (80% de hombres frente a 20% de mujeres) y que ostenta las
peores condiciones laborales, muchas veces ilegales: jornadas a destajo,
sin recursos, sin contrato y sin papeles.
Esta violación sistemática de los derechos laborales,
medioambientales y, en definitiva, humanos para beneficiar a los grandes
empresarios, que acaparan poder y riqueza a costa de las vidas de la
mayoría, es una mala inversión a largo y a corto plazo: mucho más cara
que replantear el modelo de negocio de la agricultura.
La campaña de greenwashing de la Fundación Ingenio
pretende vender que el sector agrícola es un motor económico para la
Región, cuando tal y como está planteado es más bien un lastre; y mentir
descaradamente para esconder que sus prácticas irregulares (por las que
la
Fiscalía investiga desde 2017 a empresarios del Campo de Cartagena, la
Confederación Hidrográfica del Segura y ex miembros del Gobierno
Regional) son la causa principal del grave colapso medioambiental del Mar Menor.
No contentos con levantar un imperio sobre su cadáver,
argumentan que la “producción de alimentos sostenibles” es el primer
objetivo de la Fundación, mientras rechazan una reconversión sostenible
del modelo económico con el discurso de que “no hay pruebas que aseguren
que las medidas que contempla la Ley del Mar Menor vayan a mejorar el
estado de la Laguna”.
Esta contradicción (llamarte sostenible cuando eres todo lo
contrario) se suma al concepto creativo de la campaña, que plantea una
falsa dicotomía entre comer o proteger nuestro patrimonio.
No estamos eligiendo entre el Mar Menor o una marinera: el 22 de
julio -con la aprobación de la Ley de Protección del Mar Menor en la
Asamblea Regional- decidimos entre luchar por una Región mejor para
todas las personas que viven y trabajan en ella o renunciar a todo para
que unos pocos sigan amasando billetes.
(*) Comunicóloga y periodista ocasional
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