MURCIA.- El Gobierno de Murcia no puede actuar contra los regadíos ilegales en la zona del Mar Menor denunciados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)
hasta que el órgano de cuenca no le comunique en firme esos
expedientes, lo que aún no ha hecho pese a habérselos reclamado ya dos
veces desde febrero.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa por videoconferencia el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras reunirse junto a la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, con representantes de la patronal cartagenera para analizar la evolución ambiental de la laguna salada.
Tras
recordar que se los solicitó en la última reunión de la Junta de
Gobierno de la CHS el 27 de febrero y por escrito a través de la
Dirección General de Agricultura autonómica el pasado 8 de abril, sigue
sin obtener respuesta, por lo que ha solicitado a ese organismo una
nueva convocatoria extraordinaria y urgente de esa junta.
"En
2019 - ha recordado Luengo- nos presentó 78 expedientes y 21 en 2020,
99 en total, pero 21 estaban fuera del ámbito del Mar Menor, en Jumilla
y otras zonas, por lo que habría que actuar sobre 78 cuando tengamos
esa comunicación en firme que exige la ley" para poder incoar la
restitución de esos terrenos supuestamente ilegales a secano o a su
estado original en el ámbito de competencias del decreto ley autonómico
de protección integral de la laguna salada.
También
quiere que el presidente de la CHS, Mario Urrea, facilite los análisis
científico técnicos sobre los niveles de concentración de nitratos
actuales en el acuífero para evaluar los resultados de las medidas
tomadas en origen por el Gobierno autonómico, los agricultores y los
ganaderos basadas en la normativa autonómica.
Y que explique si la CHS "ya ha desmontado las infraestructuras de riego ilegales de alguna de las parcelas que ha denunciado".
Preguntado
si con los niveles actuales -a 21 de abril- de temperatura del agua en
el Mar Menor (19 grados centígrados) y clorofila (2,4 microgramos por
litro, "elevada", según Luengo) pueden repetirse episodios de "sopa
verde" como los de 2016 y 2017, ha opinado que no parece apuntar a ello,
pero la subida de la temperatura podría complicar el escenario y los
riesgos.
Respecto
a otra posible mortandad masiva de peces y otros animales por falta de
oxígeno en el agua, ha indicado que sí sería posible con la actual
salinidad, de 37,75 gramos por litro, casi igual que la del Mediterráneo
y por debajo de la que suele tener en esta época del año, tras la
entrada de 137 hectómetros cúbicos (hm3) de agua dulce de las últimas
cuatro gotas frías desde septiembre de 2019.
Tanta
agua dulce sobre una ecosistema ya en estado delicado es un factor de
riesgo para un nuevo episodio de anoxia como el registrado el 12 de
octubre de 2019 en la playa pinatarense de Villananitos, pero aunque ha
habido momentos de estrafiticación de bloques de agua por salinidades
estos últimos meses, "por suerte la han ido rompiendo los vientos", ha
declarado.
Ha vuelto a instar
por enésima vez al Gobierno central a tomar las medidas del plan de
eliminación de vertidos, en especial el bombeo de la rambla del Albujón,
por donde desde noviembre de 2019 han entrado 7,7 hm3 de agua y 1.600
toneladas de nitratos, ha detallado.
Ha
arremetido contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo
Morán, y sus "entrevistas incendiarias y amenazadoras: Ya está bien.
Necesitamos acción y presupuesto. El Mar Menor no tiene espera", tras lo
que ha vuelto a pedirle un comisionado especial encargado de la laguna
salada.
Además de la preocupación por los nuevos efectos de la crisis de la Covid-19
les está generando, el sector turístico no termina de comprender la
descoordinación entre administraciones ante los problemas del Mar Menor,
pero el ministerio quiere "que el ecosistema se estabilice por sí solo y
sea capaz de recuperarse".
"Se
diseño una estrategia de vertido cero con actuaciones que requieren
tiempo, pero transcurridos dos años desde su aprobación aún no se ha
hecho nada, cuando la relación causa-efecto está totalmente identificada
y ese bombeo la solución para evitar la entrada de nutrientes a la
laguna".
Por último, sobre la
petición ministerial de ampliar de 500 a 1.500 metros la franja de
protección del mar sin cultivos, ha comentado que "carece de sentido y
justificación" y que los cinco meses que lleva aplicándose el decreto
ley de protección integral son poco tiempo para evaluar la efectividad
de esa medida, según los expertos.
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