Circula estos días por las redes sociales una demanda muy generalizada: que los políticos -entendiendo
como tales aquellos que ocupan cargos de representación institucional-
que reciben un sueldo público, bien sea del Estado, de las comunidades
autónomas o de los ayuntamientos, se han de ajustar el cinturón y renunciar a una parte de su retribución económica.
En algunos casos, hay, además, una crítica a que cobran mucho y hacen
poco, algo que, con carácter general, me parece muy preocupante y
populista ya que por este camino solo harán política o los que
económicamente se lo puedan permitir, los que utilicen el cargo como
plataforma para otra cosa, o los que no sirven para nada. Y, como
sociedad, deberíamos aspirar a que nuestros representantes públicos
estén bien pagados.
Era necesario dar una explicación como esta para exponer claramente
mi discrepancia ante la lentitud con que la gran mayoría de cargos
políticos de las diferentes administraciones están predicando con el
ejemplo ante la crisis de salud y económica que ha provocado el coronavirus y
que ha arrasado miles de vidas y sembrado el caos y el pánico más
absoluto.
No sé qué harán las Cortes generales, pero espero que a no
mucho tardar tanto el Govern como el Parlament y los principales
ayuntamientos del país apliquen medidas provisionales -¿durante los
próximos seis meses?- y complementarias a las que ya se han anunciado,
por ejemplo en la Cámara catalana, y que tienen que ver con la renuncia a las dietas de desplazamiento. Tampoco estaría de más que la Mesa tirara atrás el incremento del 1,75% que se aprobó el pasado mes de enero.
En unos momentos en que los ERTE registrados en Catalunya ya afectan a más de 600.000 trabajadores,
y las expectativas en un horizonte no muy remoto no quedan muy lejos
del millón personas las que quedarán temporalmente sin trabajo,
cualquier muestra de empatía y solidaridad ante la magnitud de la
tragedia tendrá, a buen seguro, un efecto balsámico para una ciudadanía
castigada y atrapada en una espiral en la que el futuro se ve cada vez
más negro. Catalunya siempre ha sido el país de la solidaridad y esta
vez no tiene que ser una excepción.
(*) Periodista y director de El Nacional
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