La Comunidad autónoma no puede pagar en
plazo a sus proveedores, de modo que tuvo que venir el Gobierno central a
hacerse cargo. Esa era la situación inmediatamente anterior a la crisis
del coronavirus.
En el entreacto, la Consejería de Hacienda, en manos
del PP, elaboró, no sin roces internos con la parte del Ejecutivo que
protagoniza Cs,
un proyecto de Presupuestos para 2020 de características claramente
expansivas, es decir, que prometía gastar lo que no tiene e ingresar lo
que es improbable.
Unos
Presupuestos que debían haber sido presentados en septiembre de 2019 y
que, a pesar de la mayoría absoluta del tripartito PP-Cs-Vox,
a fecha de 1 de abril del año de su ejercicio están sin aprobar, y lo
que te rondaré a la vista de la paralización de la actividad
parlamentaria presencial, cuyo reglamento no contempla la alternativa
telemática.
Pero,
en cualquier caso, da igual, pues ese proyecto presupuestario, que de
partida no atendía a la Región real, ahora es más papel mojado que
nunca, pues el solar en que va a quedar la actividad productiva y los
índices de empleo
a consecuencia de la crisis sanitaria, establece un insólito mapa de
prioridades que no contemplaba ni la peor de las pesadillas.
Tocan unos
Presupuestos de emergencia para los que, como en la crisis sanitaria
todavía en proceso emergente, no hay respiradores económicos, trajes
protectores ni mascarillas financieras.
El
soporte presupuestario real de la Comunidad para afrontar la crisis es
menos que cero, pues los Gobiernos del PP han venido inflando la deuda,
sin resultados de eficiencia que lo justifiquen, por encima de lo
razonable en cualquier manual básico de gestión económica.
Ni siquiera
el pretexto político de la infrafinanciación autonómica sirve en este
caso, pues el modelo actual permanece intacto desde las largas
legislaturas de Rajoy. Es decir, no hay enemigo externo al que trasladar
el desfase; el enemigo es, en realidad, interno, más que interno,
íntimo, pues se localiza en la propia trayectoria de un Gobierno
regional que solo se muestra reivindicativo a la postre, cuando en la
Moncloa reside el partido adversario.
Cuando
la pandemia se extendió hasta la Región pudimos proclamar que, a pesar
de que los murcianos estábamos tan al pairo como el resto del país,
podíamos dar un voto de confianza al consejero de Sanidad, Manuel Villegas, precisamente por su profesionalidad acreditada y un prestigio que no precisaba de galones políticos.
Pero
el capítulo resultante de esta tragedia, la crisis económica
subsiguiente, requiere de una prevención que redobla la alarma. El
equipo económico de este Gobierno está equipado de licenciaturas
universitarias diversas, pero de nula experiencia en la empresa privada,
tanto en el papel de empleados como de gestores, empezando por el
propio presidente. Es decir, estamos en manos de amateurs a los que se
les viene encima el diluvio universal, y hasta ahora solo les hemos
escuchado hacer de quejicas.
Para
empezar, a la vista de la avalancha de Ertes que está cayendo sobre la
Región, ni siquiera han tenido el gesto de empezar a elaborar un plan de
disminución del gasto público 'no esencial', de anunciar una reducción
voluntaria de sueldos siguiendo el ejemplo de la alcaldesa de Fortuna, Finabel Martínez,
de Cs.
En plena crisis sanitaria, la Segunda Autoridad de la Región,
Alberto Castillo, ha salido a redes sociales para consolar a los
pregoneros de las celebraciones de Semana Santa y aconsejar a los Cabildos que el año próximo mantengan a los elegidos para el actual (José Mota, díselo).
La
cosa empezó con López Miras exigiendo a Pedro Sánchez que parara el
país, y cuando esto ocurre, el murciano se lamenta de las consecuencias
para los empresarios. Y encima, desde Génova amenazan con no aprobar esa
decisión. La política de una cosa y su contraria. Sin recursos
económicos, sin ejemplaridad para el sacrificio y, sobre todo, sin
capacidades a la vista.
Estamos listos.
(*) Periodista
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/04/01/cero/1103795.html
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