MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez,
ha atribuido hoy a un "profundo desconocimiento" en la gestión y los
protocolos de actuación el "acoso institucional y político" que, a su
juicio, está sufriendo el organismo público por parte del Ayuntamiento
de Cartagena y del Gobierno autonómico.
Según
Jiménez, ambos "están empleando una estrategia de reiteradas y
estudiadas acusaciones en relación a la llegada de inmigrantes a las
costas en los últimos días".
"Lamento
profundamente el uso político de un drama humanitario como la
inmigración y considero injustificable la deslealtad de las dos
administraciones en este asunto", ha comentado el representante del
Ejecutivo central, tras insistir en que "solo puedo atribuir estas
manifestaciones a su ignorancia más absoluta o a un uso partidista de
una política de Estado, cuyas medidas y actuaciones trascienden nuestras
fronteras, con el único fin de agitar el escenario político y crear
inestabilidad en esta época de precampaña electoral".
El delegado del Gobierno ha asegurado que la vicealcaldesa de Cartagena, la popular Noelia Arroyo,
miente cuando afirma que el Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Sangonera La Verde está cerrado.
"Está a pleno rendimiento, y
ahí y a otros CIE de España vamos derivando a los inmigrantes a medida
que se liberan plazas al ejecutar órdenes de expulsión", ha explicado
Jiménez, que sostiene que el año que viene se acometerá una importante
reforma y ampliación de sus instalaciones para mejorar la atención a los
inmigrantes, una cuestión que "no ha sido acometida por gobiernos
anteriores a pesar de cifras de llegada de inmigrantes considerablemente
superiores".
Jiménez ha
retiterado, en contra de las afirmaciones de Arroyo, que la delegación
del Gobierno no ha ignorado el ofrecimiento de ayuda del ayuntamiento de
Cartagena. "Simplemente, para esas primeras 72 horas, el Ayuntamiento
no puede prestar ninguna ayuda de acogida, pues, durante ese tiempo, los
inmigrantes sólo pueden estar bajo custodia policial y, posteriormente,
los que no ingresan en un CIE, son derivados a las ONG del Sistema
Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y
el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social".
El
delegado ha insistido en que si el Ayuntamiento quiere ayudar, lo que
tiene que hacer es "mostrar la debida lealtad, dejar trabajar a los
cientos de profesionales del Estado que se sacrifican personal y
profesionalmente cada día para salvar a estas personas en alta mar y
atenderlas con la mayor dignidad posible y esperar a que su ayuda sea
solicitada".
"En las reuniones
mantenidas con la alcaldesa de Cartagena quedó muy claro que pediríamos
su ayuda, la única que pueden prestar en esas primeras 72 horas, cuando
hiciera falta habilitar un pabellón ante una avalancha excepcional y
continuada, como la sucedida hace dos años, y que afortunadamente no se
ha producido en esta ocasión. Nosotros hemos sido absolutamente
transparentes desde el principio y nos hemos mantenido al margen de
polémicas, pero cuando compruebas que, reiteradamente, se hace un uso
interesado y desleal de este asunto, nos vemos obligados a desmentir
ciertas acusaciones y a defender a la institución y al Gobierno de
España", ha añadido Jiménez.
Respecto
a la posible construcción de un Centro de Atención Temporal a
Inmigrantes (CATE) en el puerto de Cartagena, y lo que considera "el
impostado rechazo" manifestado por el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha sostenido que se trata de un ejemplo evidente de la utilización política de este drama.
"No puede ser que una idea lanzada en marzo de 2018 por el entonces delegado del Gobierno, Francisco Bernabé,
del Partido Popular, fuera extraordinaria, y que ahora que lo pedimos
nosotros, porque es necesario, nos acusen de fomentar el efecto llamada y
de dañar la imagen turística de Cartagena. Pero, sobre todo, no puede
ser que esas acusaciones las lance la misma persona que en octubre de
2018, siendo presidente de la Autoridad Portuaria, estudiara con mi
predecesor Diego Conesa, sobre plano de la Autoridad Portuaria, la
posible ubicación de ese CATE".
Según
Jiménez, esa instalación "ni será un CIE, ni dañará la imagen turística
de la ciudad, como no lo hace en Málaga, Motril, Algeciras o Cádiz, y
permitirá atender con la máxima dignidad a los inmigrantes en esas
primeras horas de obligada custodia policial".
"No
entendemos cómo pueden oponerse, tanto el Ayuntamiento como los
parlamentarios populares, a una idea que ya propusieron ellos y que
persigue, precisamente, acabar con las supuestas alertas o emergencias
sociales, sanitarias y de seguridad que en su opinión originan las
infraestructuras actuales para atender a unas personas que huyen de un
drama humanitario y que hay que recordar que no son delincuentes.
Además, se trata de una instalación que mejorará notablemente las
condiciones de trabajo de Policía Nacional y Cruz Roja".
Finalmente,
el delegado del Gobierno lamenta el fondo, y fundamentalmente el tono,
de las declaraciones de la vicepresidenta regional, Isabel Franco, en las que le acusa de hacer dejación de funciones y favorecer el efecto llamada.
"Me
sorprenden y decepcionan mucho las declaraciones de Franco en las que
me acusa de dejación de funciones. Yo no la acuso a ella de nada ni me
inmiscuyo en la situación de sus centros de acogida. Esto es una
responsabilidad de todos y la verdadera dejación de funciones es acusar a
los demás para no asumir tus propias obligaciones y responsabilidades.
No estamos dilatando nada porque nunca antes, en situaciones mucho
peores, se ha declarado en la Región de Murcia la emergencia social a la
que ella alude para casos de inmigración. Estamos trabajando sin
descanso para atender un asunto muy complejo que no puede ni debe ser
utilizado y aireado públicamente".
Según
cifras de la delegación del Gobierno, durante este año han llegado a
España 18.591 inmigrantes por vía marítima, de los que un 4,53% lo ha
hecho por la Región de Murcia. Hasta la fecha, las costas de la
Comunidad Autónoma han recibido a 844 personas, cifras muy similares o
incluso inferiores a las de 2018, cuando llegaron en total 1.672, o
2017, año en el que lo hicieron 2.084.
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