MADRID.- La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que los 14.000 millones de
euros anuales que se conceden en subvenciones en España están sujetos a
controles de legalidad, pero no a rendición de cuentas ni a
procedimientos sancionadores por mal uso.
La AIReF ha
publicado este lunes el primer estudio dentro de su proceso de revisión
del integral gasto público ("Spending Review"), que está centrado en la
planificación estratégica y los procedimientos en el ámbito de las
subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen un
monto de 14.000 millones (de acuerdo con la base de datos nacional de
subvenciones).
Para el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, la
principal conclusión es la carencia de evaluación de las políticas
públicas, que solo se rigen por una fiscalización que no va más allá de
un control legal y contable, en el que no se tienen en cuenta los
resultados.
Escrivá ha matizado que este proceso de
revisión no es "un ejercicio para ahorrar" sino un análisis para mejorar
la forma en que se "instrumentan" las subvenciones, en las que se ha
detectado una escasa vinculación con las políticas públicas subyacentes y
un nulo carácter estratégico.
Fuentes de la AIReF han
explicado que no cabe decir que exista "un descontrol" en las
subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de
trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades
o solapamientos, puesto que es imposible hacer el "recorrido" desde que
la subvención sale de una administración pública hasta que llega al
beneficiario.
Las mismas fuentes han asegurado que
este estudio concreto sobre subvenciones les ha permitido detectar una
falta de estrategia en la definición de todas las políticas públicas,
ante lo que la AIReF ha vuelto a insistir en la necesidad de un
programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre todas
las administraciones.
Respecto al mal uso, la AIReF
explica que no existe una cultura sancionadora como la que existe en el
ámbito tributario, en el que se ejecutan las sanciones impuestas y se
aplican intereses de demora.
En el marco de las
subvenciones, aunque las sanciones están previstas, con mucha frecuencia
los procedimientos caducan o las sanciones nunca llegan a cobrarse.
"La
ley exige un determinado comportamiento del beneficiario teniendo como
fin último una utilidad social y si eso no se cumple tendría que haber
reintegro de la subvención y sanciones", han subrayado desde la AIReF.
Frente
a la situación que se han encontrado, la Autoridad propone un sistema
de información e indicadores integrado en el propio proceso de gestión
que permita evaluar los resultados y aumentar la transparencia.
Asimismo,
aboga por reformar las Conferencias Sectoriales, eliminando su enfoque
centralista actual y convirtiéndolo en una verdadero órgano de
intercambio de información y de referencia para saber cuánto se gasta en
cada una de las políticas públicas que abordan, como la vivienda o el
empleo.
Al respecto, la AIReF critica que este órgano
se haya convertido en un mero instrumento político que solo sirve para
repartir dinero del Estado a las comunidades autónomas.
Como
ejemplo, el estudio pone la Conferencia Sectorial de Vivienda -una de
las que más fondos reparte entre las comunidades-, cuyos objetivos de
reparto de ayudas se fijaron en 1992 y permanecen inamovibles, sin que
se conozcan los criterios con los que se establecieron.
La
AIReF pensó que podría haberse hecho con la variable de población, pero
se ha encontrado que en el caso de Baleares el porcentaje asignado en
1992 era mucho mayor a la población y en la actualidad está por debajo.
Según
el informe, de los 14.000 millones en subvenciones unos 10.000 millones
son concedidos por las autonomías, que en general presentan una mejor
planificación estratégica que la administración central, aunque no están
por delante en lo referente a la rendición de cuentas.
De
acuerdo con el documento, las comunidades que presentan una mejor
gestión de las subvenciones en todos los ámbitos son Murcia, Navarra y
Cataluña.
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