ALICANTE.- El horizonte judicial se le complica por momentos a Roberto López Abad,
ex director general de Caja Mediterráneo (CAM), a cuenta de las
presuntas irregularidades realizadas por la Caja y la empresa hotelera Valfensal en varias operaciones inmobiliarias ejecutadas entre 2005 y 2010 en México, República Dominicana y España, según ha publicado El Mundo.
El pacto que han alcanzado los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó
(socios de la CAM en Valfensal) tanto con el Ministerio Fiscal como con
el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para evitar la cárcel a cambio
del pago de unos 12,5 millones de euros deja a López Abad en un posición
muy difícil de cara al juicio oral que debe celebrarse a partir de 1 de
julio en la Audiencia Nacional.
El ex jefe de
la CAM, otros cuatro directivos y varios ex consejeros se sentarán en el
banquillo por los negocios de la Caja en el Caribe. Las acusaciones
consideran que directivos y consejeros de la Caja regalaron a Valfensal
un conjunto de préstamos por un importe de unos 200 millones de euros
para la compra de hoteles y parcelas, operaciones que perjudicaron a la
entidad por vulnerar las reglas de la praxis habitual bancaria y de la
propia normativa interna de la caja respecto a las garantías exigibles
para autorizar dichas operaciones.
Por su parte, Ferri y Baldó aprovecharon, supuestamente, estos créditos
para adquirir terrenos con los que dieron varios pelotazos urbanísticos
en el Caribe. El dinero obtenido de estas operaciones y de la actividad
de los hoteles adquiridos se desviaba, según el fiscal, a una sociedad
pantalla domiciliada en el paraíso fiscal de Curaçao.
Según
avanzó anteayer El Confidencial, Ferri y Baldó han alcanzado un pacto de
conformidad con la Fiscalía y el FGD. En virtud de este acuerdo, los
empresarios, que están acusados de un delito de administración desleal por
el que se juegan cuatro años de prisión, reconocen que han cometido
este delito y quedarían, en principio, exonerados de esa posible pena
(el castigo se rebajaría a seis meses de cárcel y no entrarían en
prisión).
Estos 12,5 millones de euros que han
devuelto los empresarios irán a parar a las arcas del Fondo de Garantía
de Depósitos, que es el principal perjudicado de las operaciones de la CAM y
Valfensal (el perjuicio económico de todos estos negocios se cifró en
28 millones de euros), ya que fue el FGD quien asumió el rescate de la
caja (unos 10.000 millones de euros).
De forma paralela, Ferri y Baldó también se encuentran en negociaciones con la Agencia Tributaria para salvarse de seis delitos contra la Hacienda Pública. Ambos están acusados de incurrir en un fraude fiscal
de hasta 11,6 millones de euros en el impuesto de sociedades de
Valfensal entre 2008 y 2013. La pena en este caso es mucho mayor: el
fiscal pide 18 años de cárcel para cada empresario.
No obstante, de alcanzar un pacto con Hacienda -que conlleva la confesión de los delitos- y con el pago de la multa (unos 23 millones de euros), Ferri y Baldó también verían suavizadas su condenas y tampoco entrarían en prisión.
Con este panorama, las estrategias de defensa de López Abad y el resto de ex directivos de la CAM procesados (Daniel Gil,
Vicente Sánchez, Francisco Climent y César Véliz, además de los ex
integrantes de la comisión de control de la Caja: el murciano Juan Ramón Avilés,
Asunción Martínez, Remedios Ramón y Francisco Grau, asesor fiscal de Eduardo Zaplana
e investigado por el caso Erial, todos ellos acusados de administración
desleal), quedan muy tocadas. Ya que si los dos principales acusados
-Ferri y Baldó- reconocen que se han cometido los delitos -fraude fiscal
y administración desleal-, esto deja en una situación muy débil a los
procesados.
Algo similar sucedió con el caso de las dietas del ex presidente de la CAM, Modesto Crespo,
que antes del inicio del juicio oral pactó con la Fiscalía, admitiendo
un delito de apropiación indebida. Crespo vio rebajada su condena hasta
los nueve meses de prisión, no entró en la cárcel y se comprometió a
devolver los 600.000 euros que él mismo reconoció que se había embolsado de forma irregular entre 2009 y 2011 como presidente de la empresa Tinser Cartera (participada por la CAM).
Esta
confesión destrozó las estrategias de defensa del resto de los
imputados, entre ellos López Abad. Tal es así, que en noviembre de 2018,
López Abad fue condenado a dos años y medio de prisión por apropiación indebida, por idear el sistema con el que se valió Crespo para cobrar de la CAM.
Otros cuatro ex consejeros de la CAM (Martín Sevilla, Luis Esteban,
Antonio Gil-Terrón y José Forner) también fueron condenados a año y
medio de prisión (esta sentencia está pendiente de revisión en el
Tribunal Supremo). Ahora, con el caso Valfensal, podría suceder lo mismo
tras las confesión de Ferri y Baldó.
Al menos, el riesgo de condena se
eleva de forma considerable para el resto de acusados. Además, López Abad tiene otra condena
que debe ser revisada por el Supremo (la Audiencia Nacional le condenó a
tres años de prisión por la falsificación de los estados contables de
la CAM).
Asimismo, el movimiento de Ferri y Baldó podría reproducirse en otros procesos, como el caso Grand Coral,
donde está procesada la cúpula de Bancaja (incluyendo al ex presidente y
ex jefe del Consell, José Luis Olivas) junto a estos dos empresarios
también por supuestas irregularidades en operaciones inmobiliarias y de
compraventa de sociedades en México entre 2005 y 2009.
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