Efectivamente, el título tiene
significado doble. Incluso causal: porque unos han perdido el juicio,
otros van a perder el juicio. En fin, que esto del Estado de derecho es
demasiado complicado para España.
La
serie de peripecias que ha rodeado esta rocambolesca instrucción apunta
más a un proceso de alocada y compartida arbitrariedad que a un proceso
judicial penal con garantías.
Unos comportamientos tan caprichosos como
mezquinos del juez en relación con los derechos de las y los presas
políticas que se corona con una acusación de delitos que no se han
podido demostrar ni indiciariamente pues falta un componente esencial en
su tipificación.
Acusación a los presos políticos, pero no a su máximo
responsable político, a quien no se puede acusar en el extranjero porque
sus tribunales no lo aceptan, razón por la cual, el juez español se
niega a llevarlo a España, de forma que la necesidad se hace virtud.
A
los conflictos judiciales internacionales se añade una balumba orgánica
interior, hecha de tratos de favor entre magistrados, manipulaciones de
nombramientos, supuestas falsedades que deja el prestigio del tribunal
juzgador, el Supremo, literalmente por los suelos.
A esa madeja de argucias, incompetencias, abusos, maniobras, se añade que toda la causa está montada sobre los informes de un teniente coronel, Daniel Baena, jefe de la policía judicial judicial de Catalunya
que, en sus ratos libres alimentaba dos cuentas disimuladas de tuiter
desde las que insultaba y amenazaba a los independentistas.
O sea el
uniformado Baena investigaba a los independentistas de día como agente
judicial y, de noche, los insultaba y amenazaba, disfrazado de travieso
troll. Luego, los informes de este elemento según parece, han servido al
juez Llarena para montar su causa jurídico-literaria. Con razón es esta
tan estrafalaria. Sus fuentes lo son. Y lo que hace este caso
insostenible y necesitado de anulación no es que lo sean; es que él no
se haya dado cuenta y las dé por buenas.
¿Es posible tomarse esto en serio?
Entiendo
la mucha preocupación de la gente con las condenas que puedan salir de
esos juicios. Es evidente que quienes los han instigado, incoado,
admitido y procesado han perdido el poco que les quedaba.
Entiendo
también el propósito de hacer servir la farsa judicial como un juicio
político, con una potente denuncia que haga (más) visible Catalunya en
Europa. Pero no me convence poner las trincheras tan atrás.
Si hay
juicio, ya veremos; si hay condenas, también veremos. Pero es preciso
empezar negando la legitimidad de raíz de este proceso por vicios
evidentes y pidiendo su anulación y la liberación ipso facto de los
presos políticos. Para la acusación particular habrá mil
interpretaciones de mil doctrinas que la silencien.
Prevalecerá
el ciego orgullo del nacionalismo español. Sí, ese que empezó diciendo
que no era nacionalista, amenazó luego con montar un Ulster en Catalunya
que iba a resolver los problemas de estreñimiento de los catalanes y
termina por ahora amenazando con recurrir a la violencia, como siempre,
por tierra, mar y aire.
Habrá que resistir. Ese juicio no puede celebrarse. Es la mejor manera de que nadie lo pierda.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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