MADRID.- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell
Batet, ha tratado hoy con los sindicatos la oferta de empleo público de
la Administración General del Estado (AGE) para 2018, que el Gobierno no
ha querido cuantificar pero que según los representantes de los
trabajadores rondarían las 19.000 plazas.
La ministra ha
explicado hoy en rueda de prensa que los detalles de la oferta de empleo
público los dará a conocer el viernes, después de que sea aprobada por
el Consejo de Ministros, por lo que la cifra avanzada por los sindicatos
podría sufrir cambios.
Tras la reunión mantenida hoy con los
representantes sindicales en la AGE de CCOO, UGT, CSIF y CIG, Batet ha
explicado en rueda de prensa que han logrado un acuerdo para consolidar
2.863 plazas interinas, así como otro para ejecutar una oferta de empleo
extraordinaria destinada a reforzar el servicio de atención al
inmigrante.
La convocatoria de estabilización del personal
interino es relativa a la oferta pública de empleo de 2017 que no se
había realizado y se llevará a cabo de manera conjunta con la de 2018,
que se aprobará en un plazo de seis meses, ha explicado la ministra.
Asimismo,
y con el objetivo de hacer frente al desbordamiento de los servicios de
atención a la inmigración Batet ha anunciado que presentará una oferta
de empleo público extraordinario de 323 plazas para mejorar del sistema
de acogida, como los centros de estancia temporal o los centros de
acogida de refugiados.
En total, la oferta de empleo público para
2018 contemplará 19.341 las plazas, según los representantes sindicales,
de las que 10.501 serían de nuevo ingreso (1.800 de ellas relativas a
este año pero ya convocadas el pasado), en tanto que 5.997 formarían
parte de la promoción interna, 2.863 de consolidación interinos.
Dentro
de las 10.501 plazas de nueva creación estaría incluida también la
oferta de empleo extraordinaria destinada a inmigración (323 plazas) y
las derivadas del incremento del 5 % destinadas a servicios específicos
(unas 485 plazas), según los sindicatos.
Batet también elevará al
Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado para recuperar el 100 % de la
retribución en casos de incapacidad temporal, reducido durante la crisis
hasta el 50 % durante los 4 primeros días y el 75 % los 15 siguientes.
Con
estos acuerdos, ha explicado la ministra, el Gobierno quiere llevar a
cabo una oferta de empleo neta, apostando por el empleo público, el
rejuvenecimiento de las plantillas, y al mismo tiempo hacer frente a las
reclamaciones de organismos internacionales en materia de asilo.
Estos
pactos «recuperan derechos perdidos en tiempos de crisis y mejoran la
calidad del empleo en términos generales», ha dicho Batet.
El
secretario general de CCOO en la AGE, José Manuel Vera, se ha mostrado
«plenamente satisfecho» con los acuerdos logrados porque «avanzan en la
línea de recuperación de los derechos sustraídos a los empleados
públicos con la excusa de la crisis».
El secretario general de AGE
de UGT, Carlos Álvarez, ha dicho: «Hoy ha cesado una injusticia que ha
durado más de seis años» al recuperar todo el salario en casos de
enfermedad, así como con otros acuerdos que redimensionarán y
rejuvenecerán la plantilla y estimularán la carrera profesional de los
empleados públicos.
El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias,
ha considerado que «por primera vez en 8 años no vamos a perder empleo,
sino que lo vamos a recuperar», algo esencial en la AGE, donde «un
número importante de trabajadores tiene más de 60 años, está muy
envejecida».
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