El Parlament de Catalunya ha decidido querellarse contra el juez del
Tribunal Supremo Pablo Llarena por vulnerar los derechos políticos de
uno de los diputados de la cámara, Jordi Sànchez.
La querella por
prevaricación contra el magistrado se presenta después de que el TS haya
impedido su participación en la sesión de investidura que se tenía que
haber celebrado este viernes y en la que hubiera tenido que defender su
candidatura a president de la Generalitat. Llarena no le permitió
abandonar la presión de Estremera para acudir al Parlament y tampoco que
la sesión se realizara por videoconferencia.
En esta ocasión, a
diferencia de la primera investidura de Sànchez el pasado mes de marzo
que el magistrado también impidió, ha hecho caso omiso de las medidas
cautelares del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La mayoría independentista de la Mesa no ha reculado ni tras las
amenazas del portavoz del Gobierno español, Ìñigo Méndez de Vigo, que ha
declarado desde el Palacio de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros,
que una decisión así "podía generar un disgusto a los que la
adoptaran", ni tampoco después de que el ministro Rafael
Catalá asegurara que la querella "amenaza e intenta coaccionar a
Llarena". C's y PP han anunciado que estudiarán si hay malversación en la
querella del Parlament.
Es evidente que una querella de esta naturaleza es un hecho
excepcional. Tan excepcional como los sucesos que se están produciendo
en la política catalana y que están alterando el normal funcionamiento
de las instituciones después de los resultados de las elecciones del
pasado 21 de diciembre y que volvieron a dar la mayoría en la cámara a
los partidos independentistas. La privación de derechos, como el de ser
elegido, de un diputado que está en prisión provisional es una gran
anomalía.
Es obvio que el Parlament tiene derecho a defenderse en las
instancias correspondientes cuando considera, con mayor o menor
acierto, que se está vulnerando su integridad como institución o
individualmente la de cada uno de los 135 diputados. Esa defensa, en
este caso por vía penal, podría ser en otro momento por la vía
contencioso-administrativa o con la personación en una causa judicial.
No hay, por tanto, en mi opinión, malversación de dinero público ya
que entre sus competencias está la defensa de la integridad de la cámara
allí donde sea necesario. Otra cosa es que lo lógico y lo razonable es
que no se hubiera tenido que llegar a ello y que el juez Llarena hubiera
atendido la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, un organismo internacional que con su consejo abría una
puerta que permitía una corrección del rumbo del magistrado hasta la
fecha sin que hubiera tenido que ser visto necesariamente como una
rectificación. Pero parece que la única estrategia posible sea la de
adelante a toda máquina.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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