Lluís Bertomeu, columnista de nuestra edición digital, suele referirse tildándola de “desleal” a la actitud del Estado respecto a la Comunidad Valenciana.
Y ofrece como contrapunto la evidente e histórica “debilidad
valenciana” para ubicarse en el tablero político español, con todo lo
que eso significa a la hora de captar recursos financieros e
inversiones. Pero tras conocer lo sucedido esta semana en el Congreso
habría que añadir un tercer concepto, el de la ignorancia, la que
practican los partidos de ámbito estatal frente a las necesidades y
urgencias de una geografía siempre, a decir verdad, comprometida con el
destino de España.
Viene esta tercera idea a cuento de la decisión de la Mesa del Congreso
de aceptar tramitar la reforma del Estatuto de Murcia (región que
gobierna el PP), mientras se sigue aplazando la del valenciano. “Nos ha
pasado hasta el apuntador” señalaba el diputado de Compromís, Joan
Baldoví, no sin razón. Porque no hace mucho también se aceptó tramitar
la reforma del Estatuto Canario, región clave a pesar de su marginal
presencia en el Congreso para que Mariano Rajoy apruebe los ansiados
Presupuestos Generales del Estado, PGE, del 2018. Con un dato
interesante: la petición del estatuto valenciano se registró en
noviembre del 2011, la del canario en abril del 2015 y la del murciano
en mayo del 2017.
No hace falta ser un lince para percibir esa ignorancia, fruto de una
clara voluntad por evitar que la Comunidad Valenciana refuerce sus
mecanismos legislativos para percibir los recursos justos en proporción a
su población. Baldoví apuntaba al PP y a Ciudadanos como los
responsables de este bloqueo. Partidos ambos con amplia representación
en la Comunidad Valenciana pero que no son percibidos por los valencianos como verdaderos defensores de sus intereses, según refleja el barómetro de opinión hecho público esta semana por la Generalitat Valenciana.
No fue así siempre en el caso de los populares; hubo un tiempo en el que
sí se les consideraba como grandes representantes de un “poder
valenciano” (definición abanderada por Eduardo Zaplana) que, sin
embargo, con el tiempo se demostró incapaz de encontrar soluciones para
equiparar esta autonomía a otras más hábiles en establecer relaciones
bilaterales con el Estado. El actual PP valenciano, que lidera Isabel
Bonig, parece más preocupado por denunciar una presunta “deriva
nacionalista” de la Comunidad Valenciana que por resolver la parálisis
estatutaria, la infrafinanciación o la infrainversión. Ese es el relato
que Isabel Bonig reitera una y otra vez en cuantos foros es invitada,
incluso en el Senado.
En Ciudadanos las cosas están tan o más claras que en el PP. Partido
centralista, jerarquizado, y poco entusiasmado en dotar a las autonomías
de mayor capacidad de autogestión. En la Comunidad Valenciana persiguen
el relato del PP, con vocación de competir en el discurso
anticatalanista y antinacionalista. Un mercado, a tenor del barómetro
conocido, que apenas moviliza inquietudes en la opinión pública
valenciana, de momento. Pero entusiasmado por las últimas encuestas
divulgadas. Creen, y es posible, que pueden deteriorar parte del mercado
popular en esta autonomía.
También en el caso del PSOE es fácil encontrar evidentes
contradicciones. Los socialistas españoles no se oponen a una reforma
del estatuto valenciano, pero no la impulsan; y ello a pesar de la
presión del PSPV, fuerza que lidera Ximo Puig. Hay, al respecto, un
conflicto de modelos, y de percepciones; en parte a causa del temor de
que abrir el melón de la reforma valenciana acabe contagiando a otras
autonomías gobernadas por el mismo partido. Existe además en el PSOE
también una línea muy española, temerosa de que el caso catalán tenga
efectos negativos en las exigencias de otras regiones, pongamos como
ejemplo la Comunidad Valenciana. No lo tiene fácil Ximo Puig.
Esta es la fotografía política, al fin, de un fracaso; pues pocos creen
ya que se afronte algún día la reforma del Estatut valenciano con la
voluntad y vocación exigida. Hay demasiados síntomas de que esta
ignorancia provocada es en sí mismo un elemento sistémico instalado en
el Estado, pues basta ver cómo se retrasa el nuevo sistema de
financiación y cómo se dan las inversiones a cuentagotas para perder,
incluso, la esperanza. O cómo ciertas inversiones rozan lo tragicómico,
como ese AVE Madrid-Castellón que circula entre València y Castellón por
una vía de cercanías, con cinco retrasos en quince días y sin capacidad
para reducir los tiempos entre las capitales de la Comunidad
Valenciana.
La ignorancia, como atributo, integra también cierto desprecio, lo que
debería alertar, y mucho, a los partidos que pretenden impulsar cierta
valencianidad en sus relatos. Pero de seguir así, el PP y Cs no deberían
extrañarse que el PSPV y Compromís vayan creciendo ante la opinión
pública como los partidos que mejor defienden los intereses de los
valencianos. Mientras el PP logró que su marca fuera percibida así, fue
hegemónico en esta sociedad valenciana, y arrasó en las urnas. Deberían
tomar nota. Porque ese va ser el elemento que mejor puede dar
continuidad al Botànic en el 2019 en la Generalitat Valenciana.
(*) Periodista
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