MADRID.- La reforma del sistema de financiación autonómica abre una ofensiva de una mayoría de comunidades autónomas contra la de Madrid por sus bajos impuestos, según los informes remitidos por los gobiernos regionales al Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso El Mundo.
La Junta de Andalucía se muestra especialmente rotunda y a la cabeza del movimiento contra la baja tributación en la comunidad que preside Cristina Cifuentes.
«Con carácter general, la Comunidad Autónoma de Andalucía considera que la armonización fiscal
es una condición necesaria para que cualquier Sistema de Financiación
Autonómica funcione de manera eficiente y equitativa.
En la medida en
que esto no ocurra (situación actual), parte de la financiación de los
servicios públicos provistos por las CCAA queda al albur de la
competencia fiscal entre regiones», protesta la consejera de Hacienda
andaluza, María Jesús Montero, a las órdenes de Susana Díaz.
«Además,
la competencia fiscal ni es eficiente ni es equitativa, sino que
contribuye a agravar las disparidades fiscales entre CCAA no basadas en
decisiones tributarias autónomas». Sin llegar a mencionar expresamente a
la Comunidad de Madrid, la acusa implícitamente de perpetrar un
«dumping fiscal» para atraer contribuyentes del resto.
Tipos mínimos
La
Junta de Andalucía se apoya en el informe del comité de expertos creado
por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que se pronuncian en
favor de una armonización fiscal.
El informe remitido al
Ministerio por parte la consejera de Hacienda de Madrid, Engracia
Hidalgo, va en la dirección opuesta de imponer tipos mínimos armonizados
que resten soberanía tributaria a las comunidades . «Las restricciones a
la capacidad normativa actual en los tributos cedidos no constituyen un
principio acorde con los principios de autonomía del ingreso y de corresponsabilidad fiscal».
En
los informes analizados por este diario se percibe que la Comunidad de
Madrid se queda sola en defender la supresión del Impuesto de
Patrimonio. «Se trata de un impuesto técnicamente muy defectuoso, con
escasa capacidad recaudatoria y totalmente desincentivador de la
economía, como demuestra que ha desaparecido de la gran mayoría de los
países de la OCDE.
No obstante, si se decide el mantenimiento del impuesto
deben seguir otorgándose a las Comunidades Autónomas las mismas
competencias normativas que existen en la actualidad sin establecer
mínimos de tributación ni armonizaciones que en este impuesto resultan indeseables», defiende Hidalgo.
En
cambio, «la Comunidad Autónoma de Andalucía estima que se debe mantener
la vigencia del mismo (...) con un mínimo exento único para todas las
CCAA «La Comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada también por el PSOE,
agrega que si Montoro no impone un tipo mínimo a todas las comunidades
lo mejor es devolver la cesión de éste y otros impuestos al Estado para
que los gestione el Ministerio y traspase la recaudación a las CCAA.
Impuesto de Patrimonio
Ni
siquiera comunidades gobernadas por el PP como la Xunta de Galicia
defiende la supresión del Impuesto de Patrimonio. El Gobierno de Núñez
Feijoo «apuesta claramente por su mantenimiento, puesto que durante el
periodo de crisis económica, con la consiguiente retracción
recaudatoria, este tributo ha ofrecido un claro comportamiento
anticíclico que no se ha manifestado en otros tributos cedidos
tradicionales. Basta señalar que desde 2011, año de su rehabilitación,
ha pasado de recaudar poco más de 700 millones de euros a alcanzar algo más de 1000 millones en 2015».
La
Comunidad de Madrid también se queda sola en contra de tipos mínimos en
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es una reivindicación
generalizada encabezada también por la Junta de Andalucía, pero que
defienden con rotundidad la gran mayoría de comunidades.
El
Gobierno de Aragón señala que «debe efectuarse una armonización en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que evite diferencias
injustificadas entre contribuyentes en función de la residencia del
fallecido o del donatario». El Principado de Asturias llama a evitar
«una competencia desleal a la baja». Engracia Hidalgo se defiende así:
«A pesar de las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid en el
presente impuesto, Madrid fue la segunda región con mayores ingresos,
ligeramente por detrás de Cataluña (...) La Comunidad de Madrid no está
de acuerdo con establecer tipos mínimos de gravamen, y mucho menos en
establecer tipos uniformes para todas las CCAA, eliminando la competencia fiscal».
Por
su parte, la Junta de Castilla y León (PP) defiende, en general ,el
principio de que «la armonización suponga un menoscabo del principio de
corresponsabilidad fiscal» pero pide «evitar el uso de la competencia
tributaria como herramienta de competencia fiscal a la baja». Tanto esta
comunidad, como La Rioja inciden también en la competencia fiscal de
las comunidades forales.
En cuanto al reparto del dinero
en el nuevo sistema de financiación vuelve a reproducirse el sudoku del
que se quejaba Pedro Solbes en la pasada década a la hora de abordar la
reforma. Cada comunidad pide ponderar el factor que más conviene
lógicamente a sus intereses.
El Gobierno balear destaca reclamando más autogobierno fiscal en general e incluso poderes de inspección de contribuyentes reservados hasta ahora a la Agencia tributaria estatal.
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