CARTAGENA.- El Consejo de Administración de Española del Zinc (Zincsa) ha acordado por unanimidad presentar en los tribunales una demanda civil a 'Quórum' por su presunto incumplimiento de contrato tras comprar los terrenos de la antigua factoría de Torreciega y adeudarle todavía mas de 90 millones de euros, que considera esenciales para su viabilidad, según un comunicado de prensa difundido a los medios por el nuevo consejero-portavoz de la empresa, José Luis Moya.
Moya también se refiere en esa nota a la interrupción del proceso de recalificación de los terrenos de Torreciega, diciendo que "con recalificación es posible todo, sin recalificación no es posible nada", tras apelar a que "el sentido común debe prevalecer porque no recalificar significa paro, y recalificar significa empleo y proyecto industrial en Cartagena".
"Ni Española del Zinc, ni sus responsables han hecho o quieren hacer operaciones inmobiliarias con Quórom y quien diga lo contrario miente. El Consejo no va a permitir ni una sola falacia más sobre ladrillazos, pelotazos o especulación. Muy al contrario, esta compañía ya le ha costado siete millones de euros de su propio bolsillo a algún accionista", dice Moya, según recoge la citada nota.
"Aquí la única sociedad que se dedica al negocio inmobiliario es Quórum, y ante la situación actual, y pensando en los trabajadores, los acreedores y los accionistas, se hace necesario reclamarle en los tribunales los 91 millones que no se han pagado, según el contrato que firmamos", añade.
Moya también se refiere en esa nota a la interrupción del proceso de recalificación de los terrenos de Torreciega, diciendo que "con recalificación es posible todo, sin recalificación no es posible nada", tras apelar a que "el sentido común debe prevalecer porque no recalificar significa paro, y recalificar significa empleo y proyecto industrial en Cartagena".
"Ni Española del Zinc, ni sus responsables han hecho o quieren hacer operaciones inmobiliarias con Quórom y quien diga lo contrario miente. El Consejo no va a permitir ni una sola falacia más sobre ladrillazos, pelotazos o especulación. Muy al contrario, esta compañía ya le ha costado siete millones de euros de su propio bolsillo a algún accionista", dice Moya, según recoge la citada nota.
"Aquí la única sociedad que se dedica al negocio inmobiliario es Quórum, y ante la situación actual, y pensando en los trabajadores, los acreedores y los accionistas, se hace necesario reclamarle en los tribunales los 91 millones que no se han pagado, según el contrato que firmamos", añade.
El Consejo de 'Zincsa' se compromete públicamente a garantizar, de ganar el contencioso, que "hasta el último céntimo de esos 91 millones de euros se destinará a pagar a los trabajadores, saldar la deuda con los acreedores concursales y posconcursales, e iniciar el proyecto industrial en Los Camachos, que ha sido, es y sigue siendo el único objetivo", afirma el nuevo portavoz , José Luis Moya.
Moya se compromete a que el Consejo de Administración "incremente su nivel de información y transparencia pública, y a seguir emitiendo comunicados de prensa para que todos los trabajadores, accionistas y acreedores sepan lo que pasa en Española del Zinc en este momento crucial para la compañía", concluye.
2 comentarios:
Si Zincsa cobra se quedará con el dinero y los trabajadores, que están que muerden, seguirán sin ver un duro. Lo peor es que algunos de ellos siguen culpando de todo al gobierno central. Teresica, a ver si haces un poco más de campaña...
Aquí lo que tenemos, son unos accionistas-propietarios anonimos y de fuera, que quieren hacer caja a costa de la recalificación de los terrenos y a unos conocidos especuladores locales a los que les ha salido el tiro por la culata por culpa de la crisis del ladrillo y ahora se agarran a un clavo ardiendo para no pagar (hay que descontaminar primero) y a una administración regional y un Ayuntamiento complices locales que ahora dicen que si Zincsa no paga alos trabajadores y no hace la nueva fábrica, no hay recalificación. Los trabajadores son solo un instrumento para el chalaneo y arma arrojadiza que utilizan a su antojo unos y otros, les importan un pijo.
El asunto tiene que acabar en el juzgado, pero en lo penal por prevaricación, estafa, negociaciones prohibidas, violación del derecho de los trabajadores, manipulación para alterar el precio de las cosas, etc.
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