El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, manifestó en un comunicado su "satisfacción" y su "confianza" ante la continuación del proceso.
"Italia quiere que se respeten los profundos valores religiosos cristianos enraizados en la mayoría de los ciudadanos italianos", escribió.
La Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que había criticado severamente la decisión del tribunal europeo, elogió también la medida, que constituye "un paso adelante en la dirección justa".
El pasado 3 de noviembre la Corte Europea de Derechos Humanos decretó que no se deben colgar crucifijos en las aulas italianas, lo que suscitó debates en todo el Viejo Continente.
La decisión fue rechazada casi unánimemente por los italianos y desató la airada protesta del número dos del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, quien lamentó la medida que deja a Europa "sólo con las calabazas de Halloween".
La Corte, formada por cinco magistrados, reunida el pasado 1 y 2 de marzo, aceptó el recurso presentado por el Gobierno italiano el 28 de enero pasado.
El caso será examinado por la Cámara Alta que se deberá dar un dictamen definitivo en unos meses.
La sentencia del tribunal europeo considera que la exhibición del crucifijo en las aulas viola el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas.
Italia estableció por ley en la década de 1920, bajo el fascismo, que las escuelas debían tener crucifijos y pese a que no se aplica estrictamente desde 1984, cuando el catolicismo dejó de ser religión de Estado, el debate sigue abierto.
La medida fue denunciada ante la Corte Europea por una madre italiana, Solie Lautsi, cuyos hijos de 11 y 13 años de edad, eran alumnos en 2001-2002 del colegio público de Abano Terme (noreste de Italia), en el cual todas las aulas tenían un crucifijo colgado en la pared.
Solie Lautsi consideró ese hecho contrario al principio de laicismo e informó a la escuela de su posición, invocando un dictamen del Tribunal de Casación que juzgó la presencia de crucifijos en locales electorales contraria al laicismo del Estado.
El caso llegó al Tribunal Constitucional y luego al Gobierno, que sostuvo que el crucifijo no es sólo un símbolo religioso sino también un símbolo del Estado italiano.
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