MADRID.- Este año, a varias autopistas de peaje les toca pasar un delicado test con sus acreedores. Deben reestructurar la deuda asumida para construir las vías que el Ministerio de Fomento adjudicó en los últimos diez años, según adelanta 'Expansión'.
Entre las refinanciaciones más urgentes, destacan los peajes de Madrid R3 y R5 (renegociación de 500 millones de euros antes el verano), en los que participan Sacyr, Abertis y FCC. Otras sociedades, como el Eje Aeropuerto, de OHL, o la autopista Madrid-Toledo, participada por Isolux y Comsa-Emte, disfrutan de financiaciones a largo plazo, pero, sin embargo, se encontrarían técnicamente quebradas por la falta de tráfico.
El denominador común de estas empresas y del resto de sociedades afectadas (al menos, ocho autopistas que han movilizado inversiones por 4.000 millones de euros) es el incumplimiento sistemático de su plan de negocio. Ninguna alcanza la previsión de ingresos inicial, los accionistas ya no pueden asumir más ampliaciones de capital para sanear su balance y, ante esa situación, se enfrentan al riesgo de quiebra.
Solución
Fomento lo sabe desde hace tiempo y, por eso, se ha puesto a trabajar para encontrar una solución rápida. Para el Gobierno, se trata de un asunto vital, ya que de él depende que la banca mantenga la confianza en el modelo y respalde el plan extraordinario de infraestructuras de 15.000 millones de euros que el titular del departamento, José Blanco, quiere presentar este mes.
"Es una condición sine qua non. Si no se resuelven previamente nuestros problemas, el plan de Fomento corre un alto riesgo de fracasar, ya que ni nosotros ni nuestros acreedores querrán participar", asegura el responsable de una de las autopistas de peaje afectadas. Fomento analiza, al menos, dos opciones. Ambas forman parte del paquete de enmiendas a la nueva ley de captación de financiación para concesiones, en tramitación parlamentaria.
La primera consiste en una fórmula contable por la que la sociedad concesionaria abre una cuenta a cobrar del Estado en su balance (cuenta de compensación). En ella, y durante un plazo de entre 10 y 20 años, la empresa anotará la diferencia entre los tráficos previstos en su plan económico-financiero y los ingresos reales. Al vencer el plazo, si el saldo es negativo, el Estado compensa a la concesionaria. Si resulta positivo, en teoría, se devuelve a la Administración.
"No entra dinero en caja y, por lo tanto, no tiene impacto en términos de gasto público. Se parece más a una garantía de cobro que, en principio, facilitará la renegociación con los bancos", remarcan las potenciales empresas beneficiadas. La adopción de esta medida depende del grado de acuerdo de Fomento, Hacienda y los grupos parlamentarios encargados de la presentación de enmiendas.
En principio, PSOE, PP y CiU están de acuerdo con el planteamiento, que ha superado, además, los informes jurídicos preceptivos. Esta fórmula, similar al déficit de tarifa de las eléctricas, ya ha sido aplicada por Fomento en la autopista AP-7, gestionada por Abertis.
Aunque positiva, los grupos de infraestructuras consultados consideran la medida insuficiente. "Corrige un problema puntual de algunas autopistas, como las radiales R5 y R3, pero no soluciona la crisis estructural del sector", advierten. En esta situación, se encuentran los peajes entre Madrid-Toledo, la conexión con la T4 del aeropuerto de Barajas y la autopista entre Cartagena y Vera, de FCC y Ploder (esta última constructora, al borde del concurso).
Para estas empresas, Fomento baraja la aportación de capital mediante créditos participativos (se devolverían cuando la sociedad entre en beneficios). El inconveniente de esta medida es que sí se produce un compromiso financiero del Estado, en un momento en el que el Gobierno quiere aplicar un recorte a la inversión en infraestructuras para conseguir un ahorro de 50.000 millones de euros en cuatro años.
Otra opción, más radical, es el levantamiento de los peajes. En principio, esta decisión requeriría del rescate de la autopista por parte del Estado con la debida compensación a la sociedad concesionaria. Según los expertos, la autopista entre Madrid y Toledo podría encajar en este esquema.
Sus responsables tienen planteada una demanda contra Fomento en el Tribunal Supremo que asciende a unos 400 millones de euros. Entre sus argumentos, figura el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión, entre ellas, la extensión del corredor hasta Córdoba.
Urgencias
1. El Ministerio de Fomento ya dio un primer paso al admitir y asumir parte del coste de las expropiaciones de las autopistas radiales de Madrid e introducir una fórmula de compensación para autovías de primera generación.
2. Ahora, se trata de alejar el fantasma de quiebra de varias sociedades concesionarias que no han cumplido con sus previsiones de tráfico y ven peligrar su viabilidad si los bancos y la Administración no les apoyan.
3. Para hacerse una idea del alcance del problema, el peaje M-12 de OHL (Eje Aeropuerto), en Madrid, preveía tráficos de hasta 50.000 viajeros día, cuando la intensidad real en 2008 fue de algo más de 10.000 vehículos diarios.
4. A la crisis del sector, se suman las dificultades particulares de algunos de los accionistas de las autopistas, como Ploder-Uicesa, que participa con FCC en el tramo Cartagena-Vera. Ploder está al borde del concurso de acreedores.
5. La medida llega en un momento clave, ya que hay sociedades, como la que gestiona los peajes R3 y R5 de Madrid, que debe refinanciar pronto un crédito de 500 millones de euros. En esta empresa participan Sacyr, Abertis y FCC.
Garantías
Una de las opciones barajada es ofrecer una garantía de cobro mediante una nueva cuenta a compensar en el balance de la concesionaria que recoja la diferencia entre tráfico real y previsto.
Crédito participativo
Es la más fácil de articular, pero tiene un coste financiero para el Estado. Se trata de una vieja fórmula poco utilizada, que está recogida en la nueva ley de captación de financiación.
Levantar peajes
Se trata de un mecanismo por el que el Estado llega a un acuerdo para convertir la carretera en gratuita. En teoría, obligaría al Gobierno a rescatar la concesión al alterar los términos del contrato.
8 comentarios:
¡Hay, Corvera!
Hacía tiempo que no leía una noticia con tamaña sinvergonzonería. Si nos va bien, nos lo embolsamos. Si nos va mal, que pague papá estado. Lo que tiene que hacer el estado es rescatar la concesión. La gente no usa las autopistas de peaje construidas innecesariamente. Lo del posible fracaso del PEI es una estupenda noticia en lo ambiental. Ya era hora. Lo que es vergonzante es la esclavitud del PSOE-Blanco bajo el yugo de banca y constructoras. Muy vergonzante para las personas de izquierda.
Primero los bancos, después los ayuntamientos, ahora las autopistas..
Este plan de rescate empieza a oler mal, pero que muy mal; pues así estan el 90% de las empresas españolas, y..¿no hay rescate para ellas?.
Sugiero otra medida: que los españoles ofrezcan a sus mujeres, o las españolas a sus maridos, según los gustos, y que, lo que se gastaban estos avispados directivos de altíísimos salarios en polvos de alto standing, se lo ahorren y lo deriven del gasto.
Mas no se puede hacer.
¡Que se jodan! Que paguen los accionistas y los bancos que para eso llevan un montón de años hinchandose a ganar dinero. De socializar las pérdidas NADA DE NADA. ¡Ya está bien Zapatero, comportate como un socialista y no como un neoliberal. No nos sigas fallando.
Esta autopista era innecesaria, se hizo para la especulacion, el entorno de los accionistas de la autopista compraron terrenos en la zona y al explotar el boom turistico, hay que salir como sea de hay, el estado ya esta como avalista en los prestamos de los bancos y cam a la sociedad que se jodan y paguen las expropiaciones que todavia deben.-
La solución justa sería que el Estado rescatara esta autopista pagando a sus promotores un precio de saldo. O, como mucho, por los usuarios que realmente la utilicen. Los negocios ruinosos deben ser responsabilidad de sus promotores.
Si los estudios de tráfico de esta autopista fueron manifiestamente falsos, nadie nos puede hacer pensar que los del aeropuerto sean verdaderos. Aquí estamos a tiempo de no continuar con otra estafa económica, ambiental y social.
Yo participé en los estudios de tráfico de este vial y apenas pasaban 10 coches a la hora.
Y si se construyó, fue para poner una alfombra roja a las urbanizaciones de Cabo Cope, junto con lo del aeropuerto de Corvera. Que lástima que en esto no haya participado el hermano de Alfonso Guerra.
La que se hubiera liado.
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