La querella, elevada por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier, denuncia al senador y otras personas tras la decisión del Ayuntamiento, por modificación de un plan urbanístico, de solicitar la firma de un convenio a distintos empresarios por el que se solicitaba la propiedad de sus locales para el Consistorio, que a su vez permitía la explotación industrial de los mismos durante 15 años.
El querellante no apreció ventajoso el referido convenio, lo que derivó posteriormente según relata el auto en el cierre de su negocio, la negación de la tramitación de la expropiación y se le impide que pueda vender su local a terceras personas que estaban dispuestas a comprarlo a condición de que el Ayuntamiento permitiera la firma del convenio.
Ante esa situación, el Supremo considera que es "preciso examinar la causa" y analizar "su relevancia penal" para comprobar la supuesta existencia de indicios sobre la participación del senador en los supuestos hechos delictivos.
Por consiguiente, el Alto Tribunal acepta la competencia para proceder a la investigación de los hechos aludidos por el querellante debido a la condición de aforado de Pedro José Pérez, y designa como instructor al magistrado Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
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