lunes, 4 de enero de 2010

Diego de Ramón denuncia a Valcárcel ante el Tribunal de Cuentas y pide que intervenga el Fiscal ante tan 'graves violaciones' de la ley

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha instado en escrito de alegaciones al Tribunal de Cuentas, tras su demanda contra la Administración Regional murciana, a que intervenga el Fiscal para que, una vez testimoniada toda la documentación aportada por él, se abran diligencias penales por presunta prevaricación contra determinados miembros del Consejo de Gobierno y funcionarios responsables de "violaciones graves" de la ley, antes de una liquidación provisional de cuentas prevista para el próximo día 14 de enero en Madrid.

En concreto solicita se expida testimonio al actual consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, para ser entregado al Fiscal y que se abran diligencias penales por presuntos delitos de prevaricación de los funcionarios y otros comportamientos injustos (artículos 404, 405 406 del vigente Código Penal) y sobre todos los miembros del Consejo de Gobierno (a excepción de aquellos consejeros que se hubieran abstenido o votado en contra) que adoptó el acuerdo del día 1 de agosto de 2008 pese a tres informes en contra del Interventor General de la Comunidad Autónoma, director general de los Servicios Jurídicos y dictámen del Consejo Jurídico Consultivo de la Región, puesto que "sirvió posteriormente para seguir cometiendo violaciones graves contra la ley".

Entiende el demandante que en las alegaciones vertidas por la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma se "ratifica y refrenda con total claridad y contundencia, los extremos vertidos en mi demanda inicial y posterior escrito ampliatorio y constructivo de hechos y derechos controvertidos y violados por la Administración demandada."

La citada demanda tiene que ver con la sistemática desviación de presupuesto "a posteriori" de concesiones de obras de centros educativos en la Región de Murcia y de la falta de penalizaciones por retrasos en su ejecución, en claro perjuicio para la Administración Pública murciana, y de seguridad para alumnos y profesores.

Se apoya De Ramón en el informe-memoria del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia 2008 cuando, en referencia a las obras públicas mayores, dice que se observa el que no haya un presupuesto de obra contratada que no se vea modificado posteriormente, sin rebasar milimétricamente el 20% para no ser sacada otra vez a concurso público, aunque haya informes contrarios.

En concreto la actuación del letrado murciano se basa en la aprobación de una de estas obras el 1 de agosto de 2008 pese a todos los informes expertos en contra y, a su juicio, con "violación grave de la ley contable sujeta a la normativa".

Ennumera De Ramon en su escrito todos los defectos de la citada concesión de obra, con una desviación de 364.807, 12 euros sobre un contrato de 2.450.000, citando el informe en contra del interventor general, el de los servicios jurídicos de la propia Comunidad Autónoma, dictámen contrario del Consejo Jurídico Consultivo, posterior informe del interventor delegado advirtiendo de la omisión de fiscalización en el expediente de contratación tras ser entregadas al uso público sin la preceptiva comprobación, y dejación de funciones por parte del señor Sotoca Carrascosa quien, sabiendo todas estas irregularidades, no las pone en conocimiento de la Justicia alegando un supuesto 'interés público'.

Por otra parte, el célebre letrado murciano, José Luis Mazón Costa, prepara acciones legales contra el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá Cerdá, por una presunta actuación delictiva muy grave, cometida en función de su cargo, y que se conocerá en toda su extensión durante los próximos días, según se comenta en medios jurídicos regionales y de la propia Administración murciana.

(Diego de Ramón ante la Oficina Antifraude de la Unión Europea, en Bruselas, tras realizar otras denuncias contra actuaciones de las Administraciones Públicas)

16 comentarios:

Anónimo dijo...

Lamentablemente el hacer oidos sordos a toda sugerencia o movimiento de oposición (constructiva o no constructiva)lleva a estos extremos. Es la única opción para acabar con este régimen antidemocrático que nos gobierna.

Anónimo dijo...

Lo de Mazón con Cerdá parece que es de inhabilitación clara y cárcel segura y que en la calle Génova estarían muy preocupados por la repercusión negativa que tendrá a nivel de toda España para el PP, mucho peor que el Gürtel...

Anónimo dijo...

El señor De Ramón se merece una estatua en el Malecón cuando acabe derribado el valcarcelato y todos sus prohombres entre rejas. Ha sido el principal ariete contra todos sus desmanes y abusos de poder. Tiene un par bien puestos... y soy un militante del PP, avergonzado eso si.

Anónimo dijo...

A Mazón hay que levantarle otro monumento y a Cerdá ponerlo cuanto antes a disposición de la Justicia para que responda de todo lo que ha hecho y sigue haciendo desde la Consejería. Como salga todo a la luz van a flipar en colores los votantes del PP incluidos los regantes

Anónimo dijo...

Lo de Cerdá es un clamor y no se entiende para nada la pasividad con este sujeto del fiscal anti corrupción en Murcia

Anónimo dijo...

Cerdá terminará entre rejas si logran probarle una mínima parte de lo que se dice dentro de su propia consejeria

alcuadrado dijo...

Diego de Ramón me quito el sombrero, ole, ole y ole.

alcuadrado dijo...

¿Donde están los "hombres buenos" de Murcia? Sinvergüenzas.

alcuadrado dijo...

Art.404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

alcuadrado dijo...

Art. 405. A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrase o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

alcuadrado dijo...

Art. 406. La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, conmbramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

Anónimo dijo...

Con lo tranquilo que estaría Cerdá leyendo el periódico en el CEBAS, haciendo compañía a otros ilustres, .....

El anónimo dijo...

No es por enfriar el entusiasmo, pero si se da tanto bombo y tan pronto a las denuncias es porque hay muy pocas esperanzas de que prosperen. De lo contrario, ya se guardarían mucho de abrir la boca antes de tiempo para dejar que la Justicia hiciera su trabajo y no levantar la liebre.

Así que tranquilidad y buenos alimentos. El escándalo que estáis esperando no va más allá de estas líneas de hoy. Otra vez será.

Anónimo dijo...

Por casualidad, los beneficiarios de las adjudicaciones de obras, no serán los ínclitos Miguel del Toro (Trimtor) y su socio martinez Esparza (Urdemasa) que se llevan la mayoría de obras de educación.

cyborg-serie55 dijo...

Lo que no termino de entender es la ausencia del PSOE, UGT,IU y CCOO
en el movimiento de oposicion frontal a éste nacional-catolicismo de guante blanco y codicia sin límite.
A qué aspiran; ¿ a obtener los réditos políticos del trabajo de los ciudadanos?.
Presiento que desapareceran todos juntos.

REDTHOR dijo...

Ojalá todo esto llegue a buen puerto. Como residente en un pueblo donde la agricultura tiene un gran peso, por mucho que mi corrupto alcalde piense lo contrario, espero que Cerdá tenga el justo premio a su "deleznable" géstión como consejero.