Libre, sin cargos y sin fianza, el arquitecto Sotelino, que no ha comparecido ante el juez

ÁGUILAS.- El arquitecto aguileño Jorge Sotelino Vico, ha sido puesto en libertad esta tarde después de pasar la noche, y declarar esta mañana en presencia de su abogado, en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, de Murcia, sin pasar, siquiera, a disposición judicial, según fuentes próximas a su despacho profesional. Tampoco la Fiscalía ha interesado su retención. Y ya se encuentra descansando en su domicilio de Águilas, donde llegó antes del almuerzo.

Al parecer, los investigadores no han encontrado, ni en la documentación incautada ni en las declaraciones del detenido, pruebas suficientes como para incriminarle en el 'caso Zerrichera' y, tras pedirle disculpas, lo han puesto en libertad a primeras horas de esta tarde sin tener que acudir a presencia judicial y, por tanto, sin imputación alguna.

A continuación ha regresado a Águilas acompañado de su abogado, Juan Carlos García Renovales.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que los policías anticorrupción habían descubierto el ingreso de unos 60.000 euros por parte de este arquitecto en, la cuenta bancaria de una hija del alcalde Juan Ramírez del PP.

Sospechando que pudiera tratarse de un posible pago por algún favor urbanístico -esto es, un supuesto que habría podido obtener la calificación penal de cohecho-, los agentes procedieron a detener y a interrogar a Sotelino.

El interrogatorio al arquitecto ofreció, sin embargo, unos datos con los que los policías no contaban a priori. En concreto, y según las mismas fuentes, Sotelino explicó que el ingreso de 60.000 euros respondía a la compra de un barco de recreo y de un punto de amarre en el Club Náutico, dos propiedades que la hija del alcalde le habría transferido.

Durante unas horas, a lo largo de la mañana, los policías realizaron diversas gestiones dirigidas a determinar si las explicaciones del sospechoso tenían una base cierta o, al contrario, sólo constituían un intento de desviar la atención de los investigadores policiales.

Cuando los datos aportados por Sotelino comenzaron a confirmarse como verosímiles, los agentes pusieron los hechos en conocimiento del juez instructor del caso Zerrichera, Antonio Alcázar, y éste coincidió con los policías en que, en esa tesitura, lo único razonable era dejarlo en libertad, y con la mayor rapidez posible. Minutos después abandonaba las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en la que había permanecido 24 horas.

La investigación de los agentes de Madrid, que trabajan estrechamente con los especialistas de la UDEV de Murcia, se dirige ahora a analizar minuciosamente la documentación intervenida en los registros practicados en la vivienda y en el despacho profesional de Vitelino, así como a la búsqueda de nuevas pruebas que permitan reorientar la investigación.

Caso Limusa

Por otra parte, la esposa del ex gerente de la empresa municipal de limpieza de Lorca, también trabajadora de esta firma, ha acudido hoy a declarar, en calidad de imputada, ante el juez instructor del "caso Limusa", que investiga una presunta trama de corrupción en esta empresa pública.

La imputada, a la que se le atribuye participación en presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, llegó al juzgado de Instrucción Número Cuatro de Lorca minutos antes de las diez de la mañana, acompañada por su abogado y otra persona.

La esposa de Francisco Gil, considerado principal cerebro de la presunta trama, ha saludado a los periodistas que la esperaban a la puerta del juzgado con un escueto "buenos días" y no ha hecho declaraciones.

Su comparecencia en el juzgado, prevista en principio para la jornada de ayer, se produce hoy después de que su abogado solicitara un aplazamiento, ya que el letrado tenía fijado un juicio en Murcia a la misma hora para la que se dispuso la citación de la trabajadora de Limusa.

La mujer pidió la semana pasada en un centro médico de Lorca la baja laboral, aunque desde la detención, el pasado marzo, de su marido y ex gerente de la empresa, que estuvo ingresado varios meses en prisión provisional y que ahora se encuentra en libertad con cargos, se ha mantenido en su puesto de trabajo.

Hasta ahora, además de Gil Eguino, están imputados en el caso el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro (PSOE), los ex ediles socialistas Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia también ha encontrado indicios de delito en el ex concejal Bartolomé Soler, actual parlamentario regional del PSOE.

Asimismo mantienen la condición de imputados un notario, un dentista, un corredor de seguros, un empleado de banca, dos empresarios y el ex secretario del ayuntamiento de Lorca.

El juez Sergio Romero, instructor del caso, ha llamado a declarar, también como imputados, a seis funcionarios del ayuntamiento de Lorca, que comparecerán el día 27 de noviembre.

La instrucción del "caso Limusa" comenzó a principios de este año tras las denuncias sobre el comportamiento irregular del entonces gerente y los supuestos negocios paralelos a la empresa pública que realizaba en la sede de esta, así como de sus elevados gastos que realizó un trabajador de la misma, que también denunció acoso laboral.

Por orden del juzgado se puso en marcha la "Operación Reciclaje" que propició las detenciones de los imputados y el registro policial de varias empresas y viviendas.

El secreto de sumario de la primera fase de las investigaciones se levantó el pasado verano e incluye más de 3.000 folios y 50.000 documentos adicionales sobre las presuntas actividades ilícitas realizadas a la sombra de la empresa municipal de limpieza.

El magistrado ha ordenado ahora reanudar las investigaciones y ampliar las imputaciones a los seis funcionarios municipales y a la trabajadora de Limusa.

De forma paralela a la investigación judicial funciona una comisión municipal de fiscalización y control de la empresa, con representantes del PP, PSOE e IU, creada para depurar las responsabilidades políticas del caso.