MURCIA.- Los abogados del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, anunciaron hoy que esta semana les ha sido notificado un auto por el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana procede a la devolución del pasaporte del primer edil, que hasta el momento tenía retenido, así como a la devolución de 52.500 euros de fianza que en su día fue depositada en el mismo.
Aunque los abogados de la defensa consideraron que dicha resolución "debía de haberse adoptado ya con muchísima anterioridad", dijeron sentirse "satisfechos con el resultado de la misma que contaba, por lo demás, con el informe favorable del representante del Ministerio Fiscal", según informaron fuentes de González Franco Abogados en un comunicado.
La defensa atribuyó la decisión de dejar "al mínimo" las medidas cautelares impuestas, así como la decisión que en su día adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el sentido de no imponerlas en el procedimiento que allí se sigue, a una "inexistencia absoluta de los requisitos que motivan su imposición, pues evidentemente no hay necesidad de asegurar la presencia del alcalde el día del juicio oral, quien, por lo demás, es el máximo interesado en comparecer para confirmar su inocencia".
En el tiempo transcurrido, el alcalde "no sólo ha cumplido escrupulosamente con las obligaciones que le fueron impuestas, sino que sigue ejerciendo su cargo al frente del Ayuntamiento y en interés del municipio de Totana y los totaneros", explicó la defensa, que consideró que "todo ello hace insostenible restringir sus derechos, siquiera levemente, con la imposición de medidas cautelares".
"Esto resulta si cabe más evidente si atendemos a que en el hecho más grave de los que se le imputaban -el supuesto cohecho que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia-, ni siquiera se le ha impuesto ninguna de estas medidas sino, todo lo contrario, se procedió a sobreseer su imputación, decisión que sin duda será confirmada al finalizarse la instrucción", precisaron.
Por ello, estimaron "inaceptable que allí donde todo un Tribunal Superior de Justicia no aprecia necesidad de adoptar esta clase de medidas, un Juzgado de Instrucción de Totana sí la aprecie, tratándose del mismo sujeto y de infracciones de entidad menor".
Al respecto, explicaron que "no cabe la menor duda de que nuestro defendido es el principal interesado en que la celebración del juicio oral tenga lugar a la mayor brevedad, para poder disipar cualquier sombra de duda sobre su inocencia".
Precisamente, apuntaron que "es eso lo que, a ojos del Tribunal Superior de Justicia, ha hecho innecesario desde un principio asegurar su presencia mediante la imposición de fianza alguna", y concluyeron que el Juzgado de Instrucción "se aproxima con este último auto a la correcta apreciación del Tribunal Superior de Justicia, aunque es de lamentar que haya tardado todo un año en adoptar esta decisión".
Aunque los abogados de la defensa consideraron que dicha resolución "debía de haberse adoptado ya con muchísima anterioridad", dijeron sentirse "satisfechos con el resultado de la misma que contaba, por lo demás, con el informe favorable del representante del Ministerio Fiscal", según informaron fuentes de González Franco Abogados en un comunicado.
La defensa atribuyó la decisión de dejar "al mínimo" las medidas cautelares impuestas, así como la decisión que en su día adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el sentido de no imponerlas en el procedimiento que allí se sigue, a una "inexistencia absoluta de los requisitos que motivan su imposición, pues evidentemente no hay necesidad de asegurar la presencia del alcalde el día del juicio oral, quien, por lo demás, es el máximo interesado en comparecer para confirmar su inocencia".
En el tiempo transcurrido, el alcalde "no sólo ha cumplido escrupulosamente con las obligaciones que le fueron impuestas, sino que sigue ejerciendo su cargo al frente del Ayuntamiento y en interés del municipio de Totana y los totaneros", explicó la defensa, que consideró que "todo ello hace insostenible restringir sus derechos, siquiera levemente, con la imposición de medidas cautelares".
"Esto resulta si cabe más evidente si atendemos a que en el hecho más grave de los que se le imputaban -el supuesto cohecho que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia-, ni siquiera se le ha impuesto ninguna de estas medidas sino, todo lo contrario, se procedió a sobreseer su imputación, decisión que sin duda será confirmada al finalizarse la instrucción", precisaron.
Por ello, estimaron "inaceptable que allí donde todo un Tribunal Superior de Justicia no aprecia necesidad de adoptar esta clase de medidas, un Juzgado de Instrucción de Totana sí la aprecie, tratándose del mismo sujeto y de infracciones de entidad menor".
Al respecto, explicaron que "no cabe la menor duda de que nuestro defendido es el principal interesado en que la celebración del juicio oral tenga lugar a la mayor brevedad, para poder disipar cualquier sombra de duda sobre su inocencia".
Precisamente, apuntaron que "es eso lo que, a ojos del Tribunal Superior de Justicia, ha hecho innecesario desde un principio asegurar su presencia mediante la imposición de fianza alguna", y concluyeron que el Juzgado de Instrucción "se aproxima con este último auto a la correcta apreciación del Tribunal Superior de Justicia, aunque es de lamentar que haya tardado todo un año en adoptar esta decisión".
2 comentarios:
Vergonzoso en un ayuntamiento que despilfarra el dinero de los contribuyentes y no paga a sus proveedores. Veremos al final si los jueces "de los suyos" no les exoneran de todo.
¿Conocen Uds. la expresión "dar pasaporte"? Pues eso es lo que deberían haber dado a Andreo hace ya tiempo...
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