En concreto, y según datos a los que tuvo acceso Europa Press del organismo de cuenca, se recogieron dos alegaciones del Gobierno central, pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Cartagena (Ministerio de Fomento) y a la Demarcación de Costas (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino).
Asimismo, se recogieron quince alegaciones de Administraciones locales, de las cuales una fue presentada por el Ayuntamiento de Villena (Alicante), mientras que en lo que respecta a consistorios de la Región de Murcia los que presentaron aportaciones fueron los de Puerto Lumbreras, Cieza, Lorca, Abarán y Murcia.
Además, desde Albacete llegaron alegaciones por parte de los ayuntamientos de Letur, Nerpio, Yeste, Elche de la Sierra, Molinicos y Socovos.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia realizó tres aportaciones, tanto a través de la Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura y Agua, como de la Sección de Medio Acuático de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la misma consejería.
También presentó una alegación la Dirección General del Agua de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la Dirección General del Agua de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Igualmente, se recibieron diez aportaciones de asociaciones ecologistas, dos de colegios oficiales, quince de comunidades y asociaciones de regantes, dos de empresas, una de un organismo científico, tres de universidades, y 36 de otras asociaciones.
Por su parte, los partidos políticos efectuaron cuatro alegaciones, los sindicatos tres, y los ciudadanos 357, aunque fuentes de la CHS explicaron que, de éstas últimas, más de la mitad son una misma alegación repetida, presentada por distintas personas, todas ellas de la Vega Baja.
La Confederación Hidrográfica del Segura puso en marcha, con el fin de facilitar la participación pública, un total de ocho mesas territoriales durante los 6 meses de plazo de consulta pública.
Según el organismo de cuenca, estas mesas de participación "han permitido conocer en profundidad por todas las partes interesadas los problemas detectados, tanto desde el punto de vista de los nuevos requerimientos medioambientales, así como aquellos ligados a la adecuada satisfacción de las demandas consolidadas e igualmente han sido debatidos las distintas alternativas que preliminarmente se han planteado por las administraciones competentes".
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