Un proyecto de la UMU investigará la corrupción urbanística en España

MURCIA.- La corrupción urbanística en España desde la perspectiva de los problemas del control de la integridad de los representantes públicos es el tema de estudio de un proyecto de investigación que se realiza en la Universidad de Murcia y que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, según informaron fuentes del centro docente.

Los investigadores parten de la hipótesis de que el marco institucional en que se ha llevado a cabo la política urbanística en España hasta la Ley del Suelo de 2007 ha generado incentivos para la corrupción.

El estudio pretende analizar el marco legal e institucional, la forma en que operan e interactúan las redes de actores involucrados en estas políticas y el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control.

Esta investigación será realizada por el grupo de investigación de Análisis Político, cuyo investigador responsable es Fernando Jiménez Sánchez.

En concreto, el proyecto abordará la corrupción urbanística desde la perspectiva de los problemas del control de la integridad de los representantes públicos y partirá de la hipótesis de que el marco institucional en que se ha llevado a cabo la política urbanística en España hasta la Ley de Suelo de 2007 «ha generado formidables incentivos para la corrupción».

El estudio tratará de analizar la forma en que operan e interactúan las redes de actores involucrados en estas políticas, «así como el funcionamiento y el rendimiento de los mecanismos institucionales de control con los que el sistema político y legal trata de evitar el uso en beneficio particular del desempeño de un cargo público, esto es, la corrupción política, y cuáles son las estrategias con las que los actores que participan en las redes de corrupción procuran desactivarlos».

El proyecto analizará y evaluará los efectos de la Ley 8/2007 de Suelo para la contención de la corrupción urbanística en la segunda fase de la investigación, y pretende «constituir un grupo estable para la investigación de la corrupción política y el control de la integridad de los representantes públicos».

Por otra parte, el profesor de la Universidad de Murcia José Miguel Martínez Carrión ha sido nombrado secretario general de la Asociación Española de Historia Económica para el periodo 2009-2011.

Profesor de la Facultad de Economía y Empresa, recibió el apoyo de esta entidad que agrupa a unos 450 miembros que representan al colectivo de historiadores económicos españoles, aunque también hay socios de otros países.

Una de las primeras propuestas hechas por el nuevo secretario general ha sido la de crear el Premio Vicens Vives al Mejor Libro de Historia Económica de España y América editado en lengua castellana, que tendrá una periodicidad anual.